La administración Obama anunció la semana pasada que está aplazando una porción clave de la implantación del Obamacare, refiriéndose a las sanciones financieras a pequeñas empresas que no lo cumplan. La idea dominante en los medios parece ser que no deberíamos en modo alguno suponer que haya algún problema con la Affordable Care Act (ACA), que este tipo de retrasos siempre son esperables, que el programa sigue siendo popular, que no deberíamos buscar nada en su solidez estructural y así sucesivamente.
Jon Gruber, el economista del MIT cuyo nombre y reputación están muy ligados a la ley de atención sanitaria, dijo: “Básicamente, fue el juicio [de la administración] de que estaba causando muchos dolores de cabeza logísticos y políticos y no era esencial para la ley, así que decidieron simplemente retrasarlo un año y asumir la pérdida de ingresos”.
Gruber muestra las cartas, dejando claro que parte del propósito de diseñar un sistema tan complicado era asegurarse buenos ingresos de estas empresas que no podían cumplirlos.
La opinión de Gruber fue repetida por Judy Solomon del (pro-Obamacare) Center on Budget and Policy Priorities: “El objetivo de la reforma sanitaria es proporcionar cobertura a todos los estadounidenses, ya sea mediante Medicaid, palnes privados en el mercado y cobertura de empleados. Nada en los anuncios de ayer supone un obstáculo en este camino”.
En otras palabras: Circulen, aquí no hay nada que ver.
Pero indudablemente el retraso es un obstáculo, porque se esperaba que muchas, si no todas, las pequeñas empresas con 50 o más empleados hubieran inscrito ya a sus empleados a tiempo completo en uno de los programas. Eso es lo que votó el Congreso en 2012 (sin leer la legislación) y lo que los modelos de Gruber prometían que pasaría. Su resistencia ha llevado a la decisión política de retrasar la implantación hasta las elecciones de mitad de ciclo del año que viene.
Esta falta de cumplimiento es una forma de resistencia pasiva e incluso de anulación, que no solo pone a la administración en una posición incómoda, también ilustra el poder evidente de no hacer nada. Para acabar con este impulso, la legislación ya subvenciona pagos para los primeros años, ostensiblemente para “asegurar la estabilidad del mercado”, una expresión que parece un eufemismo para enmascarar el coste completo del programa para la gente hasta que se acostumbre al mismo. Aun así me gustaría saber: ¿Qué porcentaje de pequeñas empresas sería multada si el plazo original se mantuviera? ¿Sería el 70%? ¿El 80%? ¿Y cómo influyen en la decisión el informe de empleo de la pasada semana, que muestra el deterioro continuo del empleo a tiempo completo?
Que diferentes serían hoy las cosas si, dado el estado del sistema sanitario en 2008, los políticos hubieran actuado sencillamente permitiendo que los precios asignaran los escasos recursos de la atención sanitaria. Esto habría implicado abolir o al menos debilitar las patentes farmacéuticas, refrenar la mortífera FDA y eliminar leyes que cartelizan a las aseguradoras sanitarias. Muchos economistas de libre mercado pidieron durante años tales reformas, especialmente después de que la administración Bush, centrada en Iraq, aprobara la expansión de la cobertura de medicinas con receta en 2003, mostrando cómo los estados de guerra y bienestar siempre crecen simbióticamente.
Esos economistas eran (y son) los verdaderos radicales (una palabra que viene del latín radicalis, que significa “de las raíces”) porque están reclamando una vuelta al sistema económico que hizo excepcional a Estados Unidos. Como escribía Murray Rothbard en su ensayo de 1972 “Capitalismo frente a estatismo”:
Está menos claro que un progresismo de estado corporativo a largo plazo tampoco es compatible con una civilización industrial. (…) La alternativa es volver a los ideales y la estructura que generó nuestro orden industrial y que es necesaria para que dicho orden sobreviva a largo plazo, la vuelta al sistema que nos proporcionó industria, tecnología y un rápido avance hacia la prosperidad sin guerras, militarismo o agobiante burocracia gubernamental. El sistema de capitalismo de laissez-faire, lo que Adam Smith llamó “el sistema natural de libertad”, un sistema que se base en una ética que apoye la razón, la determinación y los logros individuales.
Por desgracia, con respecto a la sanidad cada vez nos alejamos más de tal sistema añadiendo nuevas capas de burocracia, multas y amenazas de cárcel para quienes no cumplen. Esos son los medios violentos del estado, no un laissez faire pacífico y voluntario. En un sentido radical, hay algo muy poco estadounidense en todo el proyecto.
Publicado el 11 de julio de 2013. Traducido del inglés por Mariano Bas Uribe. El artículo original se encuentra aquí.
