Una historia de los sindicatos desde los tiempos coloniales a 2009

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Los que os dicen que los sindicatos se empeñan en aumentar los salarios solo con persuasión moral son como la gente que dice que os habla de tigres que viven en naranjas. –Henry George, 1891.[1] Se ha definido a los sindicatos como “combinaciones privadas de trabajadores” que tratan de aumentar los salarios y mejorar las condiciones de trabajo para sus afiliados. ¿Pero cómo? ¿Qué medios usan los sindicatos? Como sugiere Henry George, los sindicalistas no son famosos por su amabilidad con los extraños y sus maneras gentiles.

Desde tiempos coloniales, los sindicalistas encontraron constantes dificultades en Norteamérica. No había una ideología prevaleciente de “solidaridad de clase trabajadora” y los sindicatos estaban lejos de ser respetables; de hecho tuvieron una bien ganada reputación de ser antisociales, incluso criminales. Algunos sindicatos fueron sociedades secretas con juramentos secretos y los sindicalistas se dedicaron a la intimidación, las amenazas, el vandalismo y la violencia, especialmente contra trabajadores no colaboradores denunciados como “esquiroles” y “rompehuelgas” subhumanos. La propiedad privada, la libertad de contratación, la competencia y la libertad de movimiento entre profesiones (aparte de la esclavitud y la servidumbre obligatoria) eran conceptos famosos, mientras que los monopolios y cárteles concedidos por el gobierno no eran populares en tiempos de la fundación de la República Americana.

Tampoco a los tribunales les gustaban los métodos sindicales y empleados, consumidores y trabajadores a menudo se resistieron a los sindicatos “militantes”. La competencia de los bienes importados también hizo difícil su vida. Algunos trabajadores eran intensamente anti-sindicales, no solo los empresarios. Estados Unidos era una sociedad abierta, una sociedad de frontera, dominada por las granjas, en crecimiento y libre y los salarios a menudo doblaban los pagados en Inglaterra porque la mano de obra era aquí muy escasa. Aunque no hay disponibles estadísticas fiables, la sindicalización probablemente se mantuvo por debajo de 1% de la fuerza laboral durante la mayoría de los años que van de los tiempos coloniales a la década de 1870.

Si un sindicato declaraba y perdía una huelga, normalmente se desplomaba y desaparecía. La mayoría de los sindicatos desaparecían durante las recesiones de negocios al declinar trabajos, afiliados e ingresos. Mientras que los salarios caían por todas partes en respuesta a las condiciones empresariales deprimidas, los sindicatos insistían tercamente en mantener los niveles salariales (“rigidez salarial”), intensificando su propio fracaso. Al hacerse menos cara (mas “asequible”) la mano de obra no sindicalizada e inducir a una mayor contratación, los costes de producción caían, reduciendo así el desempleo. Esa flexibilidad en el precio de los salarios acortaba las recesiones empresariales al expandir la producción y el empleo, actuando así como “amortiguadores” en la economía.

En la enorme superficie de la primera economía estadounidense, los sindicatos fueron una curiosidad más que una característica importante confinada en buena parte a trabajos cualificados en grandes ciudades y ferrocarriles. Hasta finales de la década de 1870 y la próspera década de 1880, cuando la filosofía política empezó a variar hacia el colectivismo y la “era progresista”, los sindicatos no consiguieron una implantación nacional real.

Tiempos coloniales

A principios de la era moderna, el sistema europeo de gremios consistía en monopolios profesionales y productivos locales altamente regulados, que nuca se implantaron realmente en América. Existieron unos pocos gremios con aprendices en las grandes ciudades durante el siglo XVIII (carpinteros, impresores, zapateros, sastres, sombrereros) y los obreros de estos gremios junto con “sociedades benevolentes” de trabajadores formaron los principales sindicatos de principios del siglo XIX. Sin embargo la mayor parte de las manifestaciones laborales fueron acciones espontáneas como la reportada en 1763, cuando, según la Charleston Gazette, los deshollinadores negros “tuvieron la insolencia, poniéndose de acuerdo entre ellos, de aumentar los precios usuales y rechazar hacer su trabajo”.

Antes de 1800, impresores y zapateros se organizaron en Philadelphia y Nueva York. Los impresores de Philadelphia realizaron la primera huelga registrada por mejores salarios en 1786, oponiéndose a un recorte salarial y reclamando un salario mínimo de 6$ semanales.[2] Los empresarios aceptaron rápidamente, confirmando la generalización en las relaciones industriales de que los sindicatos ganan las huelgas cortas y pierden las largas. Como el salario diario medio para los trabajadores era de 0,53$ y de 1,00$ para artesanos en el área de Philadelphia, no está claro que la huelga mejorara los salarios para la mayoría de los impresores, pero se evitó un recorte.[3]

¿Ciudad del amor fraterno?

Philadelphia fue una ciudad de primicias sindicales: la primera huelga laboral registrada, el primer periódico sindical, la primera ciudad centralizadora de sindicatos y la primera actividad política sindical.

Tácticas sindicales

Los sindicatos en la primera república buscaban el control monopolístico de la mano de obra local con el “taller cerrado”, un acuerdo que obligaba a los empresarios a contratar solo afiliados del sindicato. La admisión selectiva de aprendices restringía las posibilidades de ser afiliado, limitando así artificialmente la oferta de mano de obra cualificada a contratar y poniendo una presión al alza en los salarios.

Igual que en Inglaterra, amenazas y violencia acompañaban a las huelgas. La huelga típica buscaba obligar a los empresarios a pagar más de lo necesario por mano de obra disponible en el mercado abierto. El corolario silenciado era que todos (afiliados o no del sindicato) debían hacer también huelga, es decir, abandonar su trabajo, lo quieran o no, y rechazar un empleo que pague menos de lo reclamado por los huelguistas. Alternativamente, el empleado tenías que verse intimidado y desanimado contundentemente para que no contratara a trabajadores de reemplazo (“esquiroles”). Una advertencia sindical de la década de 1830 sugiere cómo los sindicatos desanimaban a los intrusos: “Debemos ocuparnos de todos los extraños  y quienes trabajen como herreros, de que si van  trabajar para cualquier empresario por precios por debajo de los anteriores, deben asumir las consecuencias”.[4]

Cuanto más fuerte es un sindicato, más actúa como un estado privado, seguro en su poder y con poca necesidad abierta de usar la violencia. La cultura e ideología local desempeñan un papel importante porque la respuesta de policía, tribunales y políticos locales a las agresiones sindicales es esencial. En 1810, las tácticas sindicales estaban completamente formadas: negociar “colectivamente”, demandar salarios mínimos fijos, obligar talleres cerrados, huelgas por etapas con piquetes, listas de esquiroles, fondos de huelga y tarjetas de viaje y promover la unidad entre trabajadores cualificados y no cualificados y la solidaridad entre gente local en el mismo sector.

¿Pero cómo podía la violencia colectiva amenazada y la violencia real por sindicatos antagonistas ajustarse con el derecho de cada persona a buscar sus mejores oportunidades, libre de interferencias? ¿Forzar una negociación para un empleo legal, un derecho firmemente asentado en la costumbre y el derecho? No podía ser. La coacción sindical es incompatible con la libertad individual de contrato, una fea realidad ignorada por la mayoría de los escritores laboristas. Pero, como escribió Mises, “En realidad la violencia sindical se tolera dentro de márgenes muy amplios (…) las autoridades, con la aprobación de la opinión pública, perdonan esos actos”.[5]

El derecho

Los tribunales discutieron el estatus legal de los sindicatos desde el principio: ¿eran legales o no esas combinaciones o cárteles laborales? Según algunas doctrinas legales, los sindicatos eran “conspiraciones criminales para restringir el comercio” y combinaciones ilegales para fijar precios (por servicios laborales).

Estos asuntos se discutieron en los tribunales estatales desde 1806 a 1842. En la famosa causa penal de 1806 de los zapateros de Philadelphia, Commonwealth v. Pullis, un juicio de tres días llevó al jurado a condenar a los sindicalistas acusados por conspiración criminal para fijar precios y a ocho encausados se les multó con 8$ a cada uno, poco más del salario de una semana. Solo se condenó a 18 sindicalistas por acusaciones de conspiración cuando esta doctrina estaba en su apogeo.[6] En 1842, el Juez Principal de la Corte Suprema Judicial de Massachusetts, Lemuel Shaw, en la influyente sentencia de Commonwealth v. Hunt, decidió que el sindicato de fabricantes de botas era una asociación legal con derecho legal a organizarse y dejar colectivamente de trabajar (derecho de “huelga”). Los tribunales no llegaron a autorizar amenazas y violencia de los sindicatos como “armas del trabajador” legales durante las huelgas, pero, como apuntaba Mises, la aplicación del derecho era y es laxa en muchas disputas laborales. Así que el estado fracasa en su supuesto propósito básico, proteger vida, propiedad y libertad individual frente a agresiones (privadas).

1850-1900

Se intentó casi todo de una manera u otra durante esta época: socialismo, sindicalismo, anarquismo, cooperativas, sindicalismo político y, la idea más atractiva de todas, reunir a todos (¡salvo camareros y banqueros!) en un sindicato gigantesco. Algunos fueron sociedades secretas con nombres como los Caballeros de San Crispín, los Molly Maguire y los Caballeros del Trabajo. Aun así, el pegamento principal de los sindicatos británicos y europeos (los fáciles antagonismos de clase) estaba ausente en América y los sentimientos de estilo marxista acerca de la opresión de clase trabajadora nunca se convirtieron en la actitud dominante, frente a lo que dicen algunos relatos históricos. Más a menudo, la opinión pública estadounidense estaba horrorizada y disgustada por los estallidos de violencia laboral y la interrupción sindical de la producción, especialmente si los estallidos tenían tonos muy revolucionarios.

Finalmente una forma de sindicalismo apareció como sobreviviente en este entorno desfavorable. Los experimentos con el radicalismo político dieron paso al llamado “sindicalismo de negocio”, la idea de que los sindicatos deben buscar el beneficio inmediato y material dentro del sistema de libre empresa. La idea subyacente era aceptar salarios, precios y sistema político capitalistas y alcanzar ganancias marginales para los afiliados dentro del mismo. Por consiguiente, las ambiciones de los visionarios sociales y radicales de izquierdas que veían a los sindicatos como un vehículo para un cambio radical se quedaron gradualmente en la cuneta.

La tradición del sindicalismo del siglo XX en EEUU fue en buena medida labor de la American Federation of Labor (AFL) y su líder, Samuel Gompers. Fundada en 1881, fue una federación de sindicatos nacionales, cada uno compuesto por afiliados de una rama concreta como maquinistas o carpinteros. Los afiliados del sindicato a principios de la década de 1890 apenas sumaban 200.000, pero al irse expandiendo la economía tras el Pánico de 1893 los sindicatos encontraron métodos más eficaces de organización y su número llegó a 447.000 en 1897. Dada la fórmula del sindicalismo nacional, crecieron hasta una porción modesta de la fuerza laboral sin una gran intervención del gobierno, aparte de la laxitud hacia las amenazas sindicales y el uso real de violencia.

Al acabar el siglo, la sindicación en Estados Unidos era de solo 500.000 personas, menos del 2% de la fuerza laboral. Solo una docena de sindicatos afirmaba tener más de 10.000 afiliados. El sindicato más grande era el de maquinistas, con 30.000 afiliados; los tabaqueros eran los segundos con 28.300. Samuel Gompers, el presidente más famoso de la AFL, por ejemplo, provenía de los tabaqueros, que desaparecieron con una fusión con el sindicatos de ventas al por mayor y al por menor en la década de 1970.  Aunque existían sindicatos en muchos sectores al acabar el siglo, organizaban una parte sustancial del empleo en pocos casos, sobre todo la construcción, ferrocarriles, imprentas y servicio postal.

Solo los sindicatos ferroviario y postal eran beneficiarios directos de la legislación federal pro-sindicatos. Sin embargo 17 parlamentos estatales aprobaron leyes durante las décadas de 1880 y 1890 prohibiendo a los empresarios despedir a empleados por pertenecer o afiliarse a sindicatos, reflejando un emergente clima político pro-sindical durante este periodo, un preludio a la “era progresista”.

Siglo XX

A principios del siglo XX los afiliados de los sindicatos ascendían al 6% de la fuerza laboral. Había 2,7 millones de afiliados en 1913 y la porción se mantuvo en torno al 6-7% hasta 1917. Fue la “era progresista” de 1900 a 1918, que

impuso un estado de bienestar y guerra en Estados Unidos que ha establecido el modelo para el resto del siglo XX (…) debido a que una serie única de condiciones había destruido a los demócratas como un partido de laissez faire y dejado un vacío de poder para el triunfo de la nueva ideología de cartelización obligatoria mediante un acuerdo entre el gran gobierno, empresas, sindicatos, tecnócratas e intelectuales.[7]

Primera Guerra Mundial

Antes de la Primera Guerra Mundial, los sindicalistas estaban relativamente a raya. Desde 1842 en adelante, los sindicatos tuvieron el claro derecho legal a existir y los trabajadores podían unirse a esas organizaciones de “autoayuda”, pero los empresarios no estaban obligados a “negociar” con estos sindicatos. Los tribunales asimismo tendían (en último término) a restringir tácticas sindicales como las amenazas de violencia, la propia violencia, la acción de matones y la interferencia con el intercambio voluntario. Además, los tribunales tendían a hacer pocas distinciones entre “restricciones a la competencia” de empresas y sindicatos. Por ejemplo, sentenciaron que las acciones sindicales en un boicot organizado por los Sombrereros Unidos de Danbury, CT, contra los productos de D. E. Loewe and Company (1908) restringían el comercio bajo la Ley Sherman Anti-Trust de 1890 y multaron a sindicalistas concretos responsables de los actos del sindicato (los sindicatos nunca se formalizaron para no ser responsables como organización por los daños que causaban). Por tanto, los sindicalistas reclamaban sobre todo privilegios públicos y montaban campañas persistentes e intensas en busca de una legislación favorable.

En 1912, el Congreso proporcionó nuevas ayudas con la Ley Lloyd-LaFollette que obligaba a la negociación colectiva en Correos de EEUU y favorecía ser afiliados del sindicato postal. En 1914, el Congreso aprobó la Ley Clayton con disposiciones para exceptuar a los sindicatos de la Ley Sherman Anti-Trust, restringir el uso de requerimientos judiciales en disputas laborales y declarar a los piquetes y tácticas sindicales similares como no ilegales. Samuel Gompers calificó a la Ley Clayton como la Carta Magna del trabajo, pero posteriores interpretaciones judiciales neutralizaron las disposiciones pro-sindicales.

La “emergencia nacional” de la entrada de EEUU en la Primera Guerra Mundial proporcionó mucha de la experiencia y precedentes para posteriores intervenciones en favor del sindicalismo, así como para otra políticas cartelizadoras similares. Por ejemplo, el historiador William E. Leuchtenburg apunta: “La panoplia de procedimientos desarrollados por el Comité del Trabajo de Guerra y el Comité de Políticas Laborales de Guerra proporcionaron las bases en años posteriores para una serie de disposiciones que culminaron con la Ley Nacional Wagner de Relaciones Laborales de 1935”.[8] Bajo la presión de la Primera Guerra Mundial y las intervenciones públicas, la afiliación sindical se disparó, llegando al 12% de la fuerza laboral.

El Comité del Trabajo de Guerra y el Comité de Políticas Laborales de Guerra, este último presidido por Felix Frankfurter y creado por un decreto de Franklin D. Roosevelt que representaba a la Armada de Estados Unidos en el comité, proclamaron el apoyo público a los sindicatos y aplicaron medidas pro-sindicales en la industria. Por ejemplo, los comités ordenaron el establecimiento de “consejos laborales” compuestos por representantes de empleados y se apropiaron de las empresas que se opusieron.

El gobierno incluso creó un sindicato, la Loyal Legion of Loggers and Lumbermen, y obligó a los leñadores a unirse a su batalla contra los izquierdistas radicales del Industrial Workers of the World (IWW, conocidos como “wobblies”). La Loyal Legion desapareció tras la guerra a pesar de los esfuerzos del gobierno por mantenerla viva, mientras que otros sindicatos se convirtieron en los llamados sindicatos de empresa o independientes, posteriormente prohibidos por la Ley Wagner de 1935.

Igual que el Comité de Industias de Guerra liderado por Bernard M. Baruch y el general Hugh S. Johnson fue el precursor de la cartelización de 1933-1935 bajo la National Industrial Recovery Act (NIRA) administrada por Johnson, los comités laborales de guerra fueron los precursores de los consejos federales laborales utilizados para administrar la Sección 7(a) de la NIRA y el posterior Consejo Nacional de Relaciones Laborales (NLBR, por sus siglas en inglés) creado por la Ley Nacional Wagner de Relaciones Laborales de 1935.

La década de 1920

El final de la guerra acabó con las intervenciones a favor de los sindicatos. En 1924, la porción de la fuerza laboral sindical había caído al 8% y en 1933 se había erosionado hasta el mismo 6% de treinta años antes.

Pero las ayudas en tiempos de paz no estaban lejos. La primera ayuda duradera al sindicalismo del “sector privado” fue la Ley Laboral Ferroviaria de 1926. Las disputas laborales que estallaban periódicamente en los ferrocarriles eran muy visibles, violentas, impopulares y políticamente embarazosas. Aunque la cláusula del comercio interestatal de la Constitución de Estados Unidos, como se interpretaba entonces, restringía la capacidad del gobierno nacional a intervenir en la mayoría de los asuntos económicos, el Congreso tenía en poder indiscutido para regular el comercio entre estados. Una serie de layes federales, a partir de 1888 regularon los asuntos laboral ferroviarios y el Congreso aprobó la ley de 1926 de una forma casi idéntica a lo acordado por las grandes ferroviarias y sindicatos. La ley, enmendada en 1934, esencialmente obligaba a la negociación colectiva a todos los ferrocarriles interestatales y creaba una maquinaria para la intervención pública en disputas laborales.

Era un ejemplo evidente de intervención de monopolio a favor de un sector. Los ferrocarriles ya sindicalizados encontraban cómodo imponer una negociación colectiva obligatoria en todos los ferrocarriles interestatales, algunos de los cuales resistían mejor que otros la presión sindical. La Comisión de Comercio Interestatal (ICC, por sus siglas en inglés), a su vez, fijaba tasas de carga para ferrocarriles basadas en los “costes”, que eran más altos debido a los sindicatos. Así que la determinación de salarios y precios en los ferrocarriles  se trasladó del mercado a la arena política.

La década de 1930

Durante la Gran Depresión, el Congreso emitió en una asombrosa secuencia de seis importantes piezas de legislación laboral favorecidas por los sindicatos, revolucionando virtualmente los mercados laborales: las leyes Davis-Bacon (1931) y Norris-LaGuardia (1932), la Ley Nacional de Recuperación Industrial (1933), la Ley Nacional Wagner de Relaciones Laborales (1935), la ley Walsh-Healey (1936) y la Ley de Estándares Laborales Justos (1938), conocida popularmente como ley del salario mínimo. Esta avalancha legislativa para reforzar a los sindicatos se aceleró por la doctrina prevalente de los líderes empresariales de la década de 1920, de que “salarios altos y crecientes eran necesarios para un flujo completo de poder adquisitivo y, por tanto, para los buenos negocios”, lo que venía seguido por su corolario, que “reducir las rentas del trabajo no es un remedio para la depresión empresarial, es una causa directa y contribuidora”.[9] Esta forma ignorante de hablar invierte la verdadera línea causal: los salarios altos son un efecto de la alta productividad y prosperidad, no su causa. Si fuera de otra manera, en lugar producir riquezas, las naciones podrían simplemente declarar que todo los bueno sea barato y todos los salarios altos y así abolir la pobreza con piadosas esperanzas.

Ley Davis-Bacon: Esta propuesta se aprobó en 1931, tras una brusca caída en la actividad de la construcción al principio de la Gran Depresión. Los gastos en construcción pasaron de 11.000 millones de dólares anuales a 3.000 millones, con más de la mitad de la actividad reducida financiada por el gobierno. La competencia por contratos y empleos era feroz y las contratas móviles que utilizaban mano de obra emigrante entraban en el mercado cobrando menos que algunas contratas locales. Muchos contratistas y sindicatos de la construcción dieron la bienvenida a la ley para protegerse de la competencia de los que un congresista llamó “contratistas invasores avispados”.[10]

La ley obliga a que los trabajadores en construcciones financiadas federalmente reciban salarios a “los niveles que prevalezcan localmente” para un trabajo similar en la construcción. Lo que se pretendía claramente era proteger a los trabajadores y contratistas locales de la competencia de gente de fuera. La ambigüedad de los salarios prevalentes daba al Departamento de Trabajo de Estados Unidos espacio para establecer salarios mínimos al nivel de los salarios sindicales en casi la mitad de sus decisiones salariales. Esto ha costado a los contribuyentes al menos 1.000 millones de dólares anuales en costes de construcción y administrativos más altos.

Desde 1931, el Congreso ha extendido la provisión de los salarios prevalentes para incluir a la mayoría de la construcción ayudada federalmente, ya sea el gobierno estatal, local o nacional el comprador directo. Enmiendas adicionales en 1964 añadían prestaciones adicionales a los cálculos de salarios prevalentes. El efecto de la administración de la ley del Departamento de Trabajo no es proteger a los contratistas locales ante los competidores sino dar las obras públicas a contratistas con altos costes y sindicatos de la construcción. La ley Davis-Bacon regular en torno al 20% de la construcción. Los trabajadores de la construcción están entre los mejor pagados de Estados Unidos, ganando el doble por hora que los empleados en el comercio al por menor. La mayoría de los estados aprobaron “pequeñas leyes Davis-Bacon” para sindicalizar aún más el sector de la construcción y “construir caro”.

Ley anti-laudo de Norris-LaGuardia: Firmada por el presidente Herbert Hoover el 23 de marzo de 1932, esta propuesta fue aprobada por la Cámara 363-13 y el Senado 75-5. Era la culminación de 50 años de campaña sindical contra el “gobierno por laudo”.

El triple propósito de la ley era

  1. Declarar los acuerdo de empleo no sindicalizados (contratos “yellow-dog”) inaplicables en tribunales federales (sección 3).
  2. Conceder a las organizaciones laborales inmunidad por responsabilidad por actos injustos bajo la ley anti-trust (secciones 4 y 5).
  3. Dar a los sindicatos inmunidad ante demandas privadas de daños y anular los poderes de mando (eliminación de laudo) de los tribunales federales en disputas laborales (secciones 7-12).

El objetivo primordial de la ley era librar a los trabajadores organizados de las limitaciones que tienen empresarios y otros, permitiendo a los sindicatos más ámbito para utilizar sus tácticas agresivas y violentas. El número de huelgas se duplicó repentinamente entre 1932 y 1933 hasta 1.695 y continuó aumentando hasta un máximo en la década de 1930 de 4.740 en 1937.  Este estallido de huelgas se produjo durante un periodo de profunda depresión y desempleo masivo, mientras que las anteriores recesiones empresariales siempre habían disminuido la actividad huelguística y hecho que muchos sindicatos desaparecieran. Como resumía Hayek: “Hemos llegado a un estado en el que [los sindicatos] se han convertido en instituciones únicamente privilegiadas a las que no se aplican las reglas generales del derecho”.[11]

Ley Nacional de Recuperación Industrial: Estaba entre las muchas intervenciones de Roosevelt para subir precios y salarios sobre la errónea teoría de que la caída en precios y salarios estaba causando la depresión en lugar de ser ajustes dirigidos por el mercado para recoordinar la economía restaurar la producción y el empleo. La LNRI (el nuevo sistema fascista de códigos para cartelizar tanto la industria como lo mercados laborales y empujar los precios al alza en toda la economía) fue echada abajo por el Tribunal Supremo en el famoso caso Schechter Poultry de 1935 debido a que la ley delegaba poder legislativo virtualmente ilimitado en el presidente. La sección 7(a) de la LNRI promocionaba a los sindicatos y a las prácticas de la negociación colectiva. Posteriormente el Congreso reempaquetó  regulaciones laborales similares y nuevas intervenciones, pieza a pieza en legislación superviviente como las leyes Wagner, Walsh-Healey y de Estándares Laborales Justos.

Ley Nacional de Relaciones Laborales (LNRL): También conocida como Ley Wagner, la LNRL fue una reescritura de la sección 7ª de la LNRI. La ley se aprobó en el Senado 63-12 y con un voto no registrado en la Cámara y Roosevelt la sancionó el 5 de julio de 1935.

La LNRL sigue siendo hasta hoy el marco general laboral en Estados Unidos. Declara que la política laboral del gobierno federal es el estímulo de la práctica y procedimiento de negociación colectiva, así como la protección del nombramiento por los trabajadores de representantes para negociar términos y condiciones de empleo. Utiliza la coacción federal para hacer más fácil sindicalizar empresas y empelados en el sector privado que de otra manera no participarían en la sindicalización y la negociación colectiva. Las principales características regulatorias de la ley eran las siguientes.

  1. La creación de un consejo nombrado políticamente, el Consejo Nacional de Relaciones Laborales, para aplicar la ley, escapando así de las decisiones apolíticas (“anti-sindicatos”) demasiado frecuentes de los tribunales.
  2. La especificación de múltiples “prácticas laborales injustas” por empresas para obstaculizar su resistencia al trabajo organizado.
  3. La aplicación del CNRL de elecciones mayoritarias para la representación sindical.
  4. La determinación del CNRL dela elegibilidad para votar.
  5. La aplicación del CNRL de una negociación exclusiva (monopolio) para todos los empleados en una “unidad” de negociación solo por sindicalistas certificados por el CNRL.
  6. La aplicación del CNRL de pagos sindicales para todos los empleados representados, fueran afiliados a sindicatos o no.

En abril de 1937, contrariamente a las expectativas de muchos en el Congreso que habían esperado que el Tribunal Supremo anulara su obra como inconstitucional, como había hecho con la LNRI, el tribunal declaró constitucional la Ley Wagner con un voto 5-4 en medio de la famosa amenaza de Roosevelt de aplastar al tribunal. No es exagerado decir que la sentencia Wagner marcó el abandono general judicial de protección constitucional contra la intrusión federal en los derechos económicos y el proceso debido.

Años después, el disgusto público con el sindicalismo antagonista y la corrupción subterránea produjo legislación federal para modificar la Ley Wagner (principalmente la Ley de Relaciones de Dirección Laboral (Taft-Hartley) en 1947 y la Ley de Informe y Divulgación de la Dirección Laboral (Landrum-Griffin) en 1959) que ha sido menos favorable para los sindicatos, aunque esto puede resultar exagerado. Ninguna ley afectó a los privilegios e inmunidades básicos anteriormente concedidos al trabajo organizado. Como dice el experto legal Richard Epstein, la Ley Taft-Hartley fue una victoria sindical parcial porque mantuvo la estructura original de los estatutos, haciendo más difícil volver al derecho común.[12]

Mi sección favorita (la 602A) en la Ley Landrum-Griffin, aunque intentaba frenar los abusos de los cargos sindicales sobre los derechos de los afiliados, destaca las inmunidades que el estado concede a los sindicatos:

Será ilegal realizar piquetes en las instalaciones de cualquier empresario o cerca de ellas para el fin, o como parte de cualquier conspiración o promocionando cualquier plan o propósito para el beneficio personal o enriquecimiento de cualquier individuo (excepto un aumento bona fide en salarios u otros beneficios para el empleado) tomando u obteniendo cualquier dinero u otra cosa de valor de dicho empresario contra su voluntad o sin su consentimiento. [Cursivas añadidas]

La exclusión entre paréntesis es bastante sorprendente. Esas excepciones abiertas (privilegios e inmunidades) para los sindicatos eran necesarias en la legislación si el objetivo del derecho laboral nacional desde la década de 1930 ha de promoverse y alcanzarse. En concreto, implica un movimiento laboral organizado libre de las limitaciones normales de la civilización para extraer dinero a los empresarios contra su voluntad con la  disposición de que el botín se pagará principalmente los afiliados sindicales en salarios y prestaciones.

Ley de contratos públicos (Walsh-Healey): Aprobada en 1936, esta ley trataba de lograr para los sindicatos en general lo que la Ley Davis-Bacon había logrado para sindicatos de la construcción, pero resulto ser relativamente ineficaz. La Ley Walsh-Healey buscaba la administración burocrática de las condiciones de empleo para todas las contratas públicas por encima de 10.000$. La ley permitía al Secretario de Trabajo fijar escalas de salarios mínimos en casi todas las empresas que contrataran con el gobierno. Las empresas “responsables” (es decir, los empresarios sindicalizados) generalmente pedían que se impusieran estándares para disciplinar a su competencia “sin escrúpulos” (de bajo coste, no sindicalizada), aunque el Departamento de Trabajo nunca pudo establecer un método coherente para determinar el “salario prevalente” para tal multitud de trabajos, habilidades individuales y sistemas de pago. La evidencia de que la Ley Walsh-Healey está muerta a afectos de fijación de salarios y horarios puede verse en el hecho de que la ley ya no genera polémica en la comunidad empresarial, mientras que la Ley Davis-Bacon sigue haciéndolo.

Ley de Estándares Laborales Justos: Aprobada en el Congreso en 1938, esta ley establece un salario mínimo nacional de 25 centavos la hora. Se estima que era aplicable a un 43% de los empleados en trabajos privados no agrícolas y gradualmente creció hasta cubrir casi el 90%. Las leyes estatales de salario mínimo cubrían a la mayoría de los empleados restantes. En julio de 2008, el mínimo federal era de 6,55$ la hora y se convirtió en 7,25$ la hora el 24 de julio de 2009, multiplicando por 29 el primer salario mínimo de 1938.[13] Se aplica un mínimo de 4,25$ la hora durante 90 días a trabajadores de menos de 20 años. A los empleados “no exentos” cubiertos deben pagársele tasas por horas extra de una vez y media la paga regular para un horario superior a 40 horas en una semana. El general, el salario mínimo ha fluctuado entre el 35% y el 50% del salario mínimo por hora en las fábricas.

¿Cómo ayuda a los sindicatos el salario mínimo? Menos del 10% de todos los empleados asalariados tienen niveles salariales tan bajos como para verse directamente afectados por el salario mínimo. Esencialmente, los sindicatos se benefician por poner fuera del negocio a competidores por precio y potenciales noveles no sindicalizados. Mucha gente joven, mujeres, gente mayor y miembros de minorías, como los negros del centro de la ciudad, encuentran más difícilmente puestos de aprendices porque los salarios mínimos y sindicalizados los sacan del mercado. Pero aceptar un empleo con salario bajo en su formación en el trabajo no es distinto en principio a pagar por ir a la escuela. Los estudios económicos muestran que aproximadamente la mitad de la formación en la economía de EEUU se produce en el trabajo en lugar de en la escuela.[14] La disminución de oportunidades de empleo causada por la ley del salario mínimo ha arruinado carreras, más notablemente entre jóvenes negros en la continua tragedia de los centros de nuestras ciudades. Milton Friedman llamaba a la ley de salario mínimo la ley más anti-negros de los códigos.[15] ¡Un dispositivo contra la pobreza!

Segunda Guerra Mundial

En 1940 el Congreso aprobó el primer reclutamiento obligatorio en tiempo de paz obligando a los reclutas  a servir en el ejército, un preludio a la economía dirigida de la Segunda Guerra Mundial.[16] De los 16 millones que sirvieron en las fuerzas armadas durante la guerra, 10 millones eran reclutas y el exceso de mano de obra de la depresión se convirtió en una escasez en tiempo de guerra. La política del gobierno pasó de promover artificialmente precios altos para servicios laborales a mantener los precios bajo en tiempo de guerra. Se encargó a una serie de comisiones y consejos temporales la planificación y coordinación de la movilización económica fijando precios y salarios por debajo de los niveles de liquidación del mercado, entre muchísimas otras intervenciones. Socialismo de guerra, en otras palabras.

En enero de 1942, Roosevelt creó el Consejo Laboral Nacional de Guerra, siguiendo el patrón del Comité del Trabajo de Guerra de la Primera Guerra Mundial, para resolver disputas mediante mediación y arbitraje. El consejo podía intervenir e intervino fábricas de acuerdo con la ley de reclutamiento de 1940. También a principios de 1942, el presidente creó la Comisión de Personal de Guerra y hacia el final de la guerra trató de convertirlo en una poderosa agencia de compulsión en la línea “trabaja o lucha”, aunque el Congreso nunca aprobó una ley de servicio nacional en toda la economía.

Si s los salarios se les hubiera permitido liquidar los mercados laborales aumentando rápidamente, los negocios con precios controlados se habrían visto atrapados en una presión de coste-precio y quebrado financieramente, así que en octubre de 1942 Roosevelt consiguió tener autoridad sin límites sobre todos los precios y salarios. El Consejo Laboral de Guerra aplacó a los sindicatos con acuerdos de garantía, suavizando administrativamente sus controles salariales y otros privilegios, pero a cambio consiguió poca “paz laboral” de los sindicatos, a pesar de que se prometiera lo contrario, ya que los paros laborales aumentaron hasta su peor año en 1943.

Tras la Segunda Guerra Mundial

Ley (Taft-Hartley) de relaciones trabajadores-dirección: Esta ley fue aprobada por un Congreso de mayoría republicana por encima del veto del presidente Truman en 1947. Hubo más demócratas uniéndose a los republicanos al votar la propuesta y la superación del veto, que votando en contra. En lugar de un rechazo directo de la Ley Wagner pro-sindicatos, la Ley Taft-Hartley desgraciadamente añadía una lista de acciones sindicales prohibidas o “prácticas laborales injustas” para equilibra la LNRL, que antes solo prohibía prácticas laborales “injustas” de los empresarios. La Ley Taft-Hartley prohibía prácticas sindicales como huelgas jurisdiccionales, huelgas salvajes, huelgas políticas (“solidarias”), boicots secundarios, piquetes en sitios comunes, fábricas cerradas y donaciones monetarias de sindicatos a campañas políticas federales.  En la tierra de los una vez libres, también obligaba a los cargos sindicales a firmas declaraciones de no ser comunistas ante el gobierno. Las empresas sindicalizadas, que obligan a estar afiliado y/o a pagar como condición para mantener un empleo, se restringieron y se permitió a los estados aprobar leyes del “derecho al trabajo” que prohibieran las empresas sindicalizadas. Finalmente, el ejecutivo del gobierno federal podía conseguir autos en los tribunales federales si una huelga inminente o actual “pusiera en peligro la salud o seguridad nacional”, una disposición que ha sido interpretada generosamente por los tribunales.[17] El presidente George W. Bush invocó muy recientemente la ley en relación con el cierre empresarial de la International Longshoremen’s and Warehouse Union durante las negociaciones con las empresas navieras y de estibadores de la costa oeste en 2002.

Lay de información y divulgación de la gestión laboral: También conocida como Ley Landrum-Griffin por sus patrocinadores, el demócrata Phil Landrum y el republicano Robert P. Griffin, la LIDGL regula los asuntos internos de los sindicatos de las relaciones de los cargos sindicales con los empresarios. Aprobada en 1959, después de revelaciones muy publicitadas sobre corrupción y prácticas antidemocráticas en la Teamsters, Longshoremen’s Association and United Mine Workers, la ley obliga a los sindicatos a tener elecciones periódicas secretas para las oficinas locales del sindicato y autoriza al Departamento de Trabajo a revisar las reclamaciones de los afiliados sindicales de actividades electorales impropias.

Otras disposiciones:

  • Obligaba a los sindicatos a enviar informes financieros anuales al Departamento de Trabajo.
  • Declaraba que todo cargo sindical debe actuar como fiduciario en el manejo de los activos y llevando los asuntos del sindicato.
  • Limitaba el poder de los sindicatos para poner cuerpos subordinados en fideicomiso, una suspensión temporal de los procesos democráticos dentro de un sindicato.
  • Especificaba unos estándares mínimos antes de que un sindicato pudiera expulsar o tomar cualquier otra acción disciplinaria contra un afiliado.
  • Prohibía a miembros del Partido Comunista y delincuentes convictos ostentar cargos sindicales.[18]

Más sobre afiliación sindical

Con la eliminación de la intervención federal de la Primera Guerra Mundial, los afiliados cotizantes de los sindicatos cayeron a lo largo de la década de 1920, de un máximo reportado de 5 millones en 1920 a menos de 3 millones en 1933. Según las cifras del NBER, la afiliación entonces se invirtió hasta más que doblar con 7,2 millones en 1940, se volvieron a doblar hasta unos asombrosos 13,2 millones en 1945 y aumentaron más lentamente hasta 14,8 millones en 1950. No hubo esa bajada postbélica en la afiliación de después de la Primera Guerra Mundial porque seguía existiendo el marco legal que daba poder a los sindicatos.

La guerra resultó próspera para los sindicatos. Los consejos laborales públicos de la Segunda Guerra Mundial operaban en red para avanzar en la sindicalización, cimentando las ganancias sindicales originalmente creadas por la Primera Guerra Mundial y las intervenciones del New Deal. Entre 1933 y 1945, la fracción sindicalizada de los funcionarios se multiplicó por cuatro, del 5,7% al 22,4%. Esa proporción se erosionó, pero permaneció por encima del 20% durante la década de 1950.

Sin embargo, desde 1960 se ha iniciado un brusco declive en la densidad sindical en todos los países occidentales. Según los datos de la OCDE, la densidad sindical estimada en Estados Unidos era de un 30,9% en 1960, un 22,3% en 1980, un 12,8% en 2000 y un 11,6% en 2007. Aunque la tasa de disminución general se ha ralentizado últimamente, el declive en la afiliación en el sector privado se ha visto parcialmente paliado por el crecimiento sindical en el sector público.

Por ejemplo, entre 2000 y 2008, los datos del BLS muestran una disminución en la sindicalización entre trabajadores asalariados del sector privado de 9,2 millones a 8,3 millones y una erosión en la densidad sindical del 9,0% al 7,6%. La afiliación en el sector privado tuvo su máximo en 17 millones en 1970, así que l afiliación total ha caído en más de la mitad desde 1970. La afiliación entre trabajadores asalariados del sector público creció modestamente, de 7,1 millones a 7,8 millones desde 2000, con una densidad estable del 36,9% en 2000 y el 36,8% en 2008.

La densidad sindical en el sector privado hoy no es mucho mayor de la que había a principio de la década de 1900, a pesar de la masiva intervención federal a favor del sindicalismo desde la Primera Guerra Mundial. El éxito en la mejora salarial de los sindicatos del sector privado ha ido de la mano con su declive en afiliaciones (nada fracasa tanto como el éxito), a medida que las fuerzas silenciosas y constantes del mercado competitivo socavan continuamente los cárteles laborales aprobados por el gobierno.

Sindicatos del sector público

Los sindicatos del sector público están en vías de reclamar en unos pocos años una mayoría absoluta de afiliados sindicales en un movimiento laboral tradicionalmente dominado por el sector privado. El empleo público constituye la parte “sana” del trabajo organizado en el que la competencia externa proporciona poca o ninguna disciplina contra la ineficacia, los costes y los privilegios de los sindicatos. De los 900.000 afiliados sindicales de 1960, la afiliación pública se disparó a 4 millones en 1970, casi 6 millones en 1976 y 7 millones en 1993, con una ralentización de crecimiento hasta 7,8 millones en 2008.

La explicación del repentino estallido de la sindicalización pública es otra intervención, la Orden Ejecutiva 10988 del presidente John F. Kennedy promoviendo el sindicalismo en el funcionariado federal, que aprobó en 1962. Kennedy había recibido un considerable apoyo en campaña de los sindicatos y su orden ejecutiva declaraba que “la administración eficaz del gobierno y el bienestar de los empleados requiere que se mantengan relaciones pacíficas y constructivas entre organizaciones de empleados y directores”. El lenguaje no dice “relaciones pacíficas entre empleados y directores”, sino “entre organizaciones de empleados y directores”. La orden establecía procedimiento para determinar las unidades de negociación colectiva y el reconocimiento de los sindicatos, obligaba a los jefes de agencias a negociar de buena fe y especificaba prácticas laborales injustas para sindicatos y dirección. La orden era menos generosa que LNRL para los sindicatos, ya que prohibía las huelgas y no establecía una burocracia del tipo del NLRB, pero era un principio.

La orden disparó leyes de negociación colectiva en estados como Michigan, Nueva York, Washington y Pennsylvania, todos los cuales tenían un importante sindicalismo en el sector privado. La National Education Association (NEA), con sede en Washington DC (una ubicación poco sorprendente) es el mayor sindicato del sector público en Estados Unidos con 3,2 millones de afiliados, aunque no es parte de la federación de sindicatos de la AFL-CIO.[19]

¿Oposición del empresario o del empleado?

Los sindicatos se quejan amargamente de que únicamente la resistencia de los empresarios estadounidenses, tanto legal como ilegal, ha obstaculizado el deseo de los empleados de sindicalizarse. Si fuera verdad, un control público más estricto para obstaculizar la oposición empresarial y permitir una expresión abierta del deseo de los empleados de sindicalizarse podrían invertir la decadencia del sindicalismo en el sector privado. Esa es la justificación para la Ley de Libre Elección del Empleado (LLEE), respaldada por la AFL-CIO y la administración Obama este año.[20] La propuesta enmendaría la Ley Nacional de Relaciones Laborales para obligar al NRLB a certificar un sindicato como el agente negociador exclusivo (monopolio) para todos los empleados en una “unidad apropiada para la negociación” en busca de que una mayoría haya firmado autorizaciones válidas designando una organización laboral como su representante. Este procedimiento, a menudo llamado reconocimiento de “control de tarjeta”, eliminaría la resistencia del empresario (¡y del empleado!) a la sindicalización de las empresas y sus empleados. Una elección con voto secreto realizada por el National Labor Relations Board, que suelen perder los sindciatos, ya no sería necesaria para la certifciación del NLRB y un empresario se vería obligado a negociar “de buena fe” con el agente negociador exclusivo aunque este no haya conseguido una mayoría en unas elecciones con voto secreto. ¡Hasta dónde ha llegado el movimiento de la “democracia industrial”!

Sin embargo una LLEE difícilmente cambiará las cosas para los sindicatos. Son una reliquia del pasado, sometida a competencia en el mercado. El cambio de los bienes a los servicios y del nordeste y medio-oeste superior al sur y el oeste, una tendencia hacia empresas más pequeñas, productos de tecnología superior y un personal más profesional y técnico continúan erosionando la demanda de afiliaciones en sindicatos privados. Además, los trabajadores estadounidenses, como el público en general, tienen una mala opinión de los sindicatos y sus líderes y las encuestas muestras constantemente que solo uno de cada tres empleados de EEUU votarían por representación sindical en unas elecciones con voto secreto. Organizar algaradas y confrontaciones dramáticas representa numéricamente algo pequeño comparado con las silenciosas reducciones en el número y cantidad de instituciones sindicales y el crecimiento en número y tamaño de instituciones no sindicales.[21]

Una conclusión económica

Aunque los hechos básicos de la historia del trabajo son bien conocidos para especialistas en relaciones industriales e historiadores laborales, su interpretación adecuada no lo es. La mayoría de los historiadores laborales creen que lo que es bueno para los sindicatos es bueno para todo el trabajo. Esta creencia sobreyace las intervenciones estatistas pro-sindicatos en mercados de mano de obra, pero es completamente falsa, tal y como el razonamiento económico y las evidencias prueban más allá de cualquier duda razonable.

Primero, cuando las combinaciones laborales o cárteles consiguen el control de monopolio sobre aquellos a quienes pueden contratar los empresarios e imponer niveles salariales más altos, disminuye el número de trabajos disponibles en estas empresas e industrias. Es el sencillo resultado de la ley de la demanda: cuando los sindicatos aumentan el precio de la mano de obra, los empresarios compran menos. Aunque un aumento en la productividad de trabajo puede compensar parcialmente el mayor coste laboral, la productividad laboral no puede aumentarse de manera barata o ya lo hubiera hecho antes. Los sindicatos son claramente una fuerza anticompetitiva en los mercados laborales.

Segundo, los trabajadores sin trabajo por los sindicatos siguen desempleados u obtienen empleos en empresas no sindicalizadas. Una mayor oferta de mano de obra rebaja allí los salarios, así que los salarios sindicalizados se producen parcialmente a costa de menores salarios no sindicalizados.

Tercero, los cárteles florecen solo donde las recompensas son altas y los costes organizativos bajos. Históricamente, los trabajadores artesanos mejor pagados (conocidos como los “aristócratas del trabajo”) se organizaban, en lugar de los trabajadores “oprimidos” de bajos salarios porque cumplían dos condiciones:

  1. Las salarios sindicales a, menudo disminuían el empleo relativamente poco porque la demanda de trabajadores cualificados era “inelástica”, es decir, los niveles de empleo eran relativamente “insensibles” a los cambios salariales, al menos a corto plazo.
  2. Los artesanos también podían organizarse a bajo coste porque eran pocos, tenían una mentalidad común, bajos sustitutivos y pocos empleadores o geográficamente concentrados.

Muchos economistas tempranos que simpatizaban con los sindicatos sabían que la sindicalización solo podía triunfar si se restringía a una minoría de trabajadores, pero apoyaban los sindicatos como dispositivo para beneficiar a un grupo visible e ignoraban las consecuencias para todos los demás, especialmente los asalariados fuera de los sindicatos. Estos economistas probablemente querían ganar audiencia en lugar de ser desdeñados por “mezquinos”. Eso dejaba el espacio a un puñado de quienes decían la verdad, como W. H. Hutt y Sylvester Petro.  Mises estableció el patrón para la defensa de la dura verdad sin inclinarse ante la mitología laboral: “Nadie ha tenido nunca éxito en el esfuerzo por demostrar que el sindicalismo pueda mejorar las condiciones y aumentar el nivel de vida de todos los dispuestos a ganarse un salario”.[22]

Tal vez la característica más sorprendente revelada por esta historia del sindicalismo estadounidense es que los mercados laborales de EEUU continúen funcionando tan bien como lo hacen. A pesar de todos los privilegios e inmunidades sindicales concedidos y una corriente interminable de intervenciones laborales federales, persiste la famosa flexibilidad de los mercados laborales de EEUU: un hecho verdaderamente notable. Y la inmensa mayoría de los trabajadores estadounidenses sigue estando tercamente sin sindicalizar a pesar de los grandes esfuerzos de los sindicatos, el gobierno federal, sus intelectuales cortesanos y los grandes medios de comunicación.

Referencias adicionales

Foner, Philip S. History of the Labor Movement, Volume I From Colonial Times to the Founding of the American Federation of Labor. Nueva York: International, 1947.

Reynolds, Morgan O. Power and Privilege: Labor Unions in America. Nueva York: Universe, 1984.

— — . Making America Poorer: The Cost of Labor Law. Washington, D.C.: Cato Institute, 1987.

— — . “Labor Unions“. The Concise Encyclopedia of Economics.

Una cronología sindical

1684 El gobierno de la ciudad de Nueva York suspende y despide a los carrteros en huelga

1746 Huelga de carpinteros en Savannah

1763 Deshollinadores negros en Charleston, Carolina del Sur, hacen un apro laboral para conseguir precios más altos

1770 Toneleros de Nueva York condenados por conspiración para restrigir el comercio por hacer huelga tener tarifas más altas

1779 Huelga de marineros por salarios mayores en Philadelphia; se usan tropas y se encarcela a algunos huelguistas

1785 Zapateros de Nueva York hacen huelga durante tres semanas

1786 Impresores de Philadelphia hacen huelga con éxito por un salario mínimo de 6$/semana

1790s Se forman sociedades benevolentes y de “ayuda mutua” laboral

1792 Carpinteros de Philadelphia fracasan en una huelga un horario de 10 horas diarias y pago de horas extras

1792 Zapateros forman el primer sindicato laboral permanente en Philadelphia

1799 Primera huelga de un sindicato permanente (zapateros de Philadelphia) en oposición a un recorte salarial, fracasa tras 10 semanas

1806 En Commonwealth v. Pullis, un jurado condena a ocho zapateros por conspiración criminal para aumentar tarifas, son multados, se deshace el sindicato

1819 Pánico financiero, la mayoría de los sindicatos desaparecen

1823 Sombrereros de Nueva York condenados por conspiración

1825 Costureras sindicalizadas de Nueva York  realizan la primera huelga íntegramente femenina

1829 Se crea el Partido de los Trabajadores de Nueva York

1820s-1830s Fracasan los intentos de transformas los sindicatos locales en sindicatos nacionales

1834 El primer intento de una federación nacional, la National Trades Union, se lleva a cabo en la ciudad de Nueva York.

1834 Huelga de la Factory Girls’ Association en Lowell, Massachusetts

1837 Un pánico acaba con la National Trades Union y la mayoría de los sindicatos

1840 Jornada de 10 horas sin reducción en la paga para empleados públicos federales

1842 El Tribunal Supremo de Massachusetts sentencia que el sindicato de fabricantes de botas y su amenaza de huelga no son ilegales

1842 Connecticut y Massachusetts aprueban leyes prohibiendo que los niños trabajes más de 10 horas diarias

1845 Primera asociación de maestro formada en Massachusetts

1847 New Hampshire, primer estado en aprobar una jornada de 10 horas

1850 Delegados de 43 sindicatos acuden a una convención de trabajadores en Nueva York

1835 Depresión, quiebran muchos sindicatos

1852 Fundada la Typographical Union (“impresores”), se convierte en el sindicato sobreviviente más antiguo en su disolución en 1986

1860 Huelga con éxito de unos 20.000 zapateros en Nueva Inglaterra; Abraham Lincoln comenta: “Gracias a Dios tenemos un sistema laboral en el que puede haber una huelga”.

1861-65 Guerra de Secesión, los sindicatos pasan de 79 a 300

1863 Se funda la Hermandad de Maquinistas

1866-86 Muchos sindicatos comerciales locales se alían en una docena de sindicatos nacionales

1867 Se fundan los caballeros de San Crispín como sindicato abierto a todos los trabajadores en el sector de la fabricación de zapatos

1868 Jornada de 8 horas para todos los empleados manuales federales

1868 Primera oficina laboral estatal fundada en Massachusetts

1869 Formación de los Caballeros del Trabajo, posteriormente sustituida por la American Federation of Labor (AFL), formada in 1881

1870s Huelgas fracasadas en textiles y minas

1873-78 Pánico de 1873; durante la deflación de la posguerra los sindicatos se resisten a las rebajas laborales y disminuyen de 30 a menos de 10; se pierde tres cuartas partes de la afiliación

1873-74 Molly Maguires, un grupo terrorista secreto irlandés, desprecia a los sindicatos convencionales y comete una ola de asesinatos; los jefes acuden armados al trabajo

1874 Primera etiqueta sindical, utilizada por la Cigar Makers International Union, dice a los clientes que es un producto hecho por manos blancas

1876 Se organiza el antecesor del Partido Laborista Socialista

1877 Cuatro miembros de Molly Maguires, condenados y ahorcados en Pennsylvania por asesinato

1877 Primera huelga en toda la nación en los ferrocarriles (“Gran Huelga de Ferrocarriles de 1877”) en oposición a las rebajas salariales, obstrucción a los trenes de mercancías, algunas milicias urbanas se unen a los huelguistas, se usa por primera vez tropas federales

1881 Se forma en Pittsburgh el antecesor de la American Federation of Labor (AFL)

1881 Se celebra el primer Día del Trabajo en Nueva York

1882 Ley de Exclusión de Chinos, que negaba la ciudadanía a los inmigrantes chinos, apoyada por líderes sindicales, refuerzo de los controles de inmigración por leyes aprobadas en 1884, 1886 y 1888

1884 Se establece la Oficina Federal del Trabajo dentro del Departamento de Interior

1885 Ley Foran (de Contratos Laborales con Extranjeros) que prohíbe a los empresarios reclutar y pagar billete a trabajadores extranjeros; los sindicatos apoyan limitar la oferta de mano de obra, algunos empleados como saboteadores de huelgas

1886 Disturbios de la Haymarket Square de Chicago (4 de mayo) 8 policías y un número desconocido de civiles muertos, cinco condenados y ejecutados, inspira la celebración del día de mayo por los trabajadores

1888 Primera ley federal de relaciones laborales, aplicada a ferrocarriles

1890 Se forma la United Mine Workers of America

1892 Huelga de Homestead (Carnegie Steel) en Pennsylvania que acaba en batalla campal entre miembros de Pinkerton y huelguistas, 7 muertos, 2 docenas de heridos; los Pinkerton pierden la batalla, pero los sindicatos pierden a largo plazo ya que Carnegie/US Steel sigue sin sindicalizarse durante 45 años

1893 Pánico empresarial y depresión eliminan de nuevo muchos sindicatos

1894 Huelga contra la empresa Pullman Car, liderada por Eugene Debs, que se extiende a ferrocarriles, no se acepta el laudo, se llama a las tropas federales por interferencia de los huelguistas en la entrega del correo, 13 huelguistas muertos, extenso daño en propiedades

1898 La Ley Erdman, que proporciona mediación y arbitraje para disputas ferroviarias, sucede a la ley de 1888

1901 US Steel derrota de nuevo al sindicato del acero después de una huelga de 3 meses

1901 Se funda la United Textile Workers

1902 Los mineros del carbón aceptan el arbitraje del comité presidencial para acabar con una huelga de 5 meses

1903 Se crea el Departamento de Comercio y Trabajo de EEUU

1903 Mother Jones (Mary Harris Jones) lidera la “Marcha de los Niños Trabajadores” hasta la casa del presidente Theodore Roosevelt en Nueva York

1905 Se forma en Chicago la Industrial Workers of the World (los “bobblies”)

1905 En Lochner v. New York, el Tribunal Supremo declara inconstitucional una ley de jornada máxima de Nueva York

1905 La Typographical Union hace huelga con éxito por una jornada de 8 horas

1906 Upton Sinclair publica La jungla, exponiendo los problemas sanitarios y de seguridad en el sector cárnico de Chicago

1908 En Muller v. Oregon, el Tribunal Supremo declara constitucionales las leyes de jornada máxima para las mujeres debido a la “estructura física y (…) funciones maternales” de la mujer

1908 Sentencia United States v. Adair, que declara que los contraltos llamados de perro amarillo (acuerdo de empleo de no afiliarse a un sindicato) constitucionales en los ferrocarriles interestatales, revocando la Ley Erdman

1910 En el “crimen del siglo”, se pone una bomba en la oficina central del Los Angeles Times, matando a 21 personas; el periódico es un poderoso opositor al trabajo organizado, los líderes de la Iron Workers Union son condenados por el delito; el sindicato ha realizado una campaña de bombas en toda la nación desde 1905

1911 Gompers v. Bucks Stove and Range ordena a la AFL a cesar en un boicot illegal

1912 Massachusetts aprueba la primera ley de salario mínimo para mujeres y menores

1913 Se establece en Departamento de Trabajo de EEUU, el secretario de trabajo tiene poder para “actuar como mediador y nombrar comisionados de conciliación en disputas laborales”

1914 Ley Clayton, que limita los laudos laborales y apoya los piquetes y tácticas sindicales similares,  pero un tribunal la anula en 1921

1914 En la masacre de Ludlow, Colorado, una batalla de todo un día entre huelguistas y Guardia nacional culmina con un ataque a un campamento de 1.200 huelguistas y familiares, con un balance de 20 muertos, incluyendo 11 niños

1915 Ley LaFollette de Marineros, que regula las condiciones de trabajo de estos

1916 Ley Adamson, que impone la jornada de 8 horas en ferrocarriles para evitar una huelga en estos

1916 Ley federal de trabajo infantil, luego declarada inconstitucional

1917 Comisión de mediación en tiempo de guerra encabezada por el secretario de trabajo

1917 El gobierno nacionaliza todos los ferrocarriles

1918 El presidente Wilson establece el Comité Nacional del Trabajo de Guerra

1919 Los sindicatos pierden la “gran huelga del acero” en toda la nación

1919 Los líderes sindicales recomiendan cláusulas laborales para crear la Organización Internacional del Trabajo en el Tratado de Versalles

1919 Primera huelga de policías en Boston, pero derrotada por el entonces gobernador Coolidge, dándole fama nacional

1920 Ratificada la enmienda del sufragio femenino

1921 El Tribunal Supremo anula las disposiciones pro-sindicatos de la Ley Clayton

1921 En Truax v. Corrigan, el Tribunal Supremo anula la ley de Arizona prohibiendo los laudos laborales y permitiendo los piquetes

1921 Ley de Cuota de Emergencia, que restringe la inmigración de Europa del Sur y del Este

1922 En la “masacre de Herrin”, huelguistas del carbón en el sur de Illinois asesinan a 19 esquiroles y dos alfiliados sindicales

1924 La Ley (Johnson-Reed) de Inmigración limita el número de inmigrantes al 2% del número de personas de ese país viviendo ya en Estados Unidos en 1890, dirigida especialmente a limitar la inmigración japonesa

1924 William Green sucede a Samuel Gompers como presidente de la AFL

1926 Aprobada la Ley de Trabajo en Ferrocarriles redactada por ferroviarias interestatales y sindicatos

1929 Ley Hayes-Cooper, que restringe el envío interestatal de bienes fabricados con trabajo recluso

1929 El crash bursátil de octubre “inicia” la Gran Depresión

1930 El Tribunal Supremo apoya la Ley de Trabajo en Ferrocarriles en Texas and NOR v. Brotherhood of Railway Clerks

1930 El presidente Hoover prohíbe en la práctica los inmigrantes por decreto

1931 Ley Davis-Bacon

1932 Ley Norris-LaGuardia

1932 Wisconsin aprueba el primer programa de prestaciones por desempleo

1933 La sección 7(a) de la LNRI promueve los sindicatos y la negociación colectiva

1933 Francis Perkins nombrada secretaria de trabajo, primer cargo femenino en el gabinete

1933 Ley Wagner-Peyser, que establece el Servicio de Empleo de EEUU en el Departamento de Trabajo

1934 Los trabajadores fabriles se van del trabajo en el “gran levantamiento de 1934”

1934 Estados Unidos se une a la OIT

1935 El Tribuinal Supremo echa abajo la LNRI en Schechter Poultry v. United States

1935 Se aprueba la Ley Wagner (LNRL)

1935 Se forma el Comité para la Organización Industrial (CIO, por sus siglas en inglés) dentro de la AFL para promover sindicatos industriales

1935 Ley de la Seguridad Social que obliga en la práctica a los estados a adoptar programas de prestación por desempleo

1936 Los United Rubber Workers (CIO) utilizan la primera “sentada de huelga” para conseguir el reconocimiento en Goodyear Tire

1936 Los United Automobile Workers utilizan una sentada en la fábrica de GM

1936 Ley Barnes, que prohíbe el traslado interestatal de esquiroles

1936 Ley Walsh-Healey de Contras Públicos

1936 Ley de Trabajo en los Ferrocarriles enmendada para incluir a los empleados de aerolíneas

1937 NLRB v. Jones & Laughlin Steel, el Tribunal Supremo encuentra inconstitucional la LNRL (Ley Wagner)

1937 GM y US Steel reconocen a los sindicatos como únicos negociadores colectivos

1937 En la “masacre del Memorial Day”, pequeños fabricantes de acero rechazan sindicalizarse, los manifestantes sindicales en Chicago toman las calles, la policía bloquea su camino y dispara a la multitud, matando a 10

1937 AFL expulsa a COI por “sindicalismo dual”

1938 Ley de Estándares Laborales Justos

1938 Se crea el Consejo Federal del Trabajo Marítimo

1938 CIO cambia de nombre a Congreso de Organizaciones Industriales, se nombra presidente a John L. Lewis

1938 En NLRB v. Mackay Radio & Telegraph, el Tribunal Supremo dictamina que los empleados en huelga siguen siendo “empleados”

1940 En Apex Hosiery v. Leader, Tribunal Supremo dictamina que las sentadas (en realidad una ocupación de una fábrica por sindicalistas, pocos de los cuales estaban empleados en ella) no eran una restricción legal del comercio interestatal

1941 Ford Motor Co. reconoce al UAW. Firma un acuerdo sindical

1941 Estados Unidos entra en la Segunda Guerra Mundial (8 de diciembre), algo buscado por FDR y AFL y CIO anuncian promesas de no hacer huelga y luego las incumplen voluntariamente

1941 Orden Ejecutiva 8802 o Ley de Empleo Justo, que prohíbe la discriminación racial en el sector de la defensa

1942 Se establece el Consejo Nacional del Trabajo de Guerra, la Ley de Estabilización da a Roosevelt autoridad para “estabilizar” los salarios

1943 Roosevelt emite una orden ejecutiva estableciendo un Comité sobre Prácticas Justas de Empleo para eliminar la “discriminación en el empleo” en sectores bélicos

1943 Ley Smith-Connally (de Disputas Laborales de Guerra) que autoriza la nacionalización de fábricas para “evitar interferencias con el esfuerzo bélico”[23]

1945 Termina la Segunda Guerra Mundial

1946 Gran ola de huelgas al relajarse los controles de tiempo de guerra

1947 Ley Taft-Hartley (LRDL)

1947 United States v. John L. Lewis sostiene que la prohibición de la Ley Norris-LaGuardia contra laudos laborales no es aplicable al gobierno federal

1948 GM y UAW acuerdan la primera cláusula de revisión salarial basada en el Índice de Precios del Consump

1948 United States v. CIO sostiene que la defensa del sindicato de que los afiliados voten por candidatos concretos al Congreso no viola la enmendada Ley Federal de Prácticas Corruptas

1949 Una enmienda a la LELJ prohíbe directamente el trabajo infantil

1949 CIO empieza a expulsar sindicatos controlados por comunistas

1950 GM y UAW llegan a un acuerdo por 5 años con plan de pensiones, actualizaciones salariales al coste de la vida y una empresa casi sindicalizada

1952 El presidente Harry Truman nacionaliza el sector del acero después de que este rechazara las recomendaciones del Consejo de Estabilización Salarial, se produce una huelga de 8 semanas después de que el Tribunal Supremo declare inconstitucional la acción de Truman

1952 George Meany se convierte en presidente de la AFL y Walter Reuther se convierte en presidente de la CIO

1955 AFL y CIO se reúnen con Meany como presidente

1955 Ford Motor Co. y UAW acuerdan una prestación suplementaria de desempleo financiada por la compañía

1957 AFL-CIO expulsa a Teamsters, Bakery Workers y Laundry Workers por corrupción

1959 Ley Landrum-Griffin (LIDDL)

1962 El presidente John F. Kennedy emite la Orden Ejecutiva 10988 para promover el sindicalismo y la negociación colectiva en el empleo federal

1963 Ley de Igual Paga, que prohíbe las diferencias salariales basadas en el sexo

1964 Ley de Derechos Civiles: El Título VII prohíbe la discriminación en el empleo

1965 Ley de Inmigrantes, que elimina cuotas de origen nacional a favor de nuevos criterios de control

1967 Ley de Discriminación por Edad en el Empleo, que hace ilegal contratar y despedir a personas entre 40 y 65 años basándose en la edad

1968 UAW abandona la AFL-CIO para unirse a los camioneros en la nueva Alliance for Labor Action (ALA)

1969 El Departamento de Trabajo interviene a favor del empleo de las minorías en el sector de la construcción de Philadelphia

1970 Primera huelga nacional en correos

1970 Ley de Seguridad e Higiene Ocupacional

1973 Washington es el primer gobierno estatal en permitir la sindicalización obligatoria de los empleados públicos

1974 Ley de Seguridad de Rentas de Empleados Jubilados, que regula y subvenciona los planes de pensiones quebrados

1974 La AFL crea el departamento de empleados públicos

1981 El presidente Reagan despide a los controladores del tráfico aéreo por huelga ilegal

1986 Ley de Inmigración y Control

1989 Ley de Notificación de Ajuste y Re-formación del Trabajador (WARN, por sus siglas en inglés), que obliga a los empresario con más de 100 trabajadores a avisar con 60 días de antelación los cierres de fábricas y despedidas en masa

1990 Ley de Inmigración

1990 Ley de Estadounidenses con Discapacidades (ADA, por sus siglas en inglés), que se ve como una ley de derechos civiles que prohíbe la discriminación basada en la discapacidad, definida como “disfunción física o mental que limite sustancialmente una actividad vital importante”

1991 Ley de Derechos Civiles, que trata de anular las restricciones del Tribunal Supremo sobre los “derechos” laborales de los empleados bajo la ley federal del trabajo

1993 Ley Federal de Ausencia por motivos Familiares y Médicos

1994 Los votantes de California aprueban la Proposición 187 para negar a los inmigrantes ilegales el acceso a la escolaridad subvencionada públicamente, los servicios sociales y la atención médica; un tribunal federal la echa abajo por inconstitucional

2009 El lugar de la Masacre de Ludlow (un pueblo fantasma a 12 millas al noroeste de Trinidad, Colorado), propiedad de la United Mine Workers of America, considerado como Lugar Histórico Nacional (28 de junio)

2009 El salario mínimo federal aumenta de 6,55$ a 7,25$ la hora (24 de julio)

2009 La Employee Free Choice Act (EFCA) consigue impulso político, sustituiría los “controles de tarjeta” para las elecciones secretas del CNRL para que un sindicato conseguiría la certificación como negociador exclusivo


[1] Henry George, “The Condition of Labor: An Open Letter to Pope Leo XIII”, The Land Question (Nueva York, NY: Rbt Schalkenbach Foundation, 1982 [1891]), p. 77.

[2] “Strikes in the United States”, The Columbia Electronic Encyclopedia, 6ª ed. Columbia University Press.

[3] United States Bureau of the Census, Historical Statistics of the United States, Colonial Times to 1970, Parte 1, p. 163.

[4] Citado por Howard Dickman, Industrial Democracy in America, (LaSalle, IL: Open Court, 1987), p. 362.

[5] Ludwig von Mises, Human Action (New Haven: Yale, 1949), p. 772. [La acción humana]

[6] Morgan Reynolds, Power and Privilege: Unions in America, (Nueva York, NY: Universe, 1984), p. 101.

[7] Murray Rothbard, A History of Money and Banking in the United States, (Auburn, AL: Mises, 2002), p. 179.

[8] Wm. E. Leuchtenburg, “The New Deal and the Analogue of War”, en John Braeman, Robert H. Bremmer y Everett Walters, eds., Change and Continuity in Twentieth Century in America, (Columbus OH: Ohio State University Press, 1964), p. 87.

[9] Murray Rothbard, America’s Great Depression, (Auburn AL: Mises Institute, 2000), p. 267.

[10] Robert W. Merry, “This Year’s Hot Labor Issue”, The Wall Street Journal, 24 de mayo de 1979, p. 20.

[11] Friedrich A. von Hayek, The Constitution of Liberty, (Chicago IL: University of Chicago Press, 1960), p. 260.

[12] Richard A. Epstein, “A Common Law for Labor Relations: A Critique of the New Deal Labor Legislation”, Yale Law Journal 92 (Julio de1983): 1386.

[13] “History of Federal Minimum Wage Rates Under the Fair Labor Standards Act, 1938–2007”, United States Department of Labor Employment Standards Administration.

[14] Jacob Mincer, “On-the-Job Training: Costs, Returns, and Some Implications”, Journal of Political Economy, 70 (Parte 2, Suplemento, Octubre de 1962), pp. 50-73; Mincer, “Human capital and the labor market: A review of recent research”, Educational Researcher 18 (4): 27-34.

[15] Milton Friedman, An Economist’s Protest, Sun Lakes AZ: Horton and Daughters, 1972; para más sobre las consecuencias de la ley del salario mínimo, cf. Morgan Reynolds, Economics of Labor, (Cincinnati OH: Southwestern, 1995), pp. 86-95.

[16] La 13ª Enmienda de la Constitución de Estados Unidos dice: “i en los Estados Unidos ni en ningún lugar sujeto a su jurisdicción habrá esclavitud ni trabajo forzado, excepto como castigo de un delito del que el responsable haya quedado debidamente convicto”, pero el trabajo organizado no tuvo ningún problema con un servicio militar, aunque declararon histéricamente que la Ley Taft-Hartley era una “propuesta de trabajo esclavo”.

[17] “Taft-Hartley Act”, Wikipedia.

[19] “National Education Association“, Wikipedia.

[20] “H.R. 1409”, Government Printing Office.

[21] S.G. Bronars y D.R. Deere, “Union representation elections and firm profitability”, Industrial Relations, 29 (Invierno): 15-37.

[22] Ludwig von Mises, Human Action (New Haven: Yale, 1949), pp. 764-765. [La acción humana]

[23] “A Curriculum of United States Labor History for Teachers”, Illinois Labor History Society.


Publicado el 17 de julio de 2009. Traducido del inglés por Mariano Bas Uribe. El artículo original se encuentra aquí.

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