Muy ligado al asunto del matrimonio gay está el asunto de la adopción gay. El asunto aumenta la apuesta en la controversia nacional actual y, como es habitual, la intervención de estado complica enormemente el panorama.
Más adelanta argumento la validez de la intuición política tanto de la izquierda (las parejas homosexuales no deberían tener prohibido adoptar por ley) como de la derecha (la legalización genera la perspectiva de niños ubicados por tribunales en entornos éticamente disfuncionales y por lo demás se usa como ping-pong político). Mi conclusión es que los conflictos sociales, culturales y religiosos asociados con el matrimonio y la adopción gay se resuelven mejor mediante el laissez faire.
En un artículo terriblemente retorcido sobre gays y matrimonio, Jonah Goldberg escribe “Sigo sin estar convencido de que el matrimonio es un ‘derecho fundamental’ y por tanto inmune a la regulación del gobierno”. En lugar de tratar de desenredar la multitud de confusiones en esta frase, digamos sólo lo evidente: el matrimonio y la familia, igual que la propiedad, son anteriores al estado. Se fundamentan en la libertad de asociación y el derecho a contratar. No necesitan ningún estado para existir. En un estado de anarquía, seguiría habiendo propiedad, matrimonio y familia.
Históricamente, las instituciones religiosas y los clanes, no el estado, tenían los mejores títulos para ocuparse de asuntos relativos al matrimonio, aunque en una sociedad libre la decisión de casarse es de los individuos. (Hace mucho que la Iglesia Católica reconoció el derecho del individuo en la elección de cónyuge y el propio sacramento lo realiza, no el sacerdote, sino la pareja). El estado se apropió de este poder y lo embrolló todo. Debería restituirse a las instituciones privadas y no ser asunto del estado.
¿Debería permitirse a los gays casarse? Michael Kinsley tiene razón: el gobierno no debería inmiscuirse en los matrimonios. La respuesta deriva directamente de la aceptación general del principio de libre asociación: a la gente se le debería permitir hacer lo que quiera siempre que no viole los derechos de nadie. No tienen el derecho a esperara de la Iglesia, los empresarios o cualquier otro que reconozca sus decisiones como válidas y legítimamente morales, por supuesto. Si la gente tiene un problema con la idea de que se casen dos hombres o dos mujeres (como han tenido prácticamente todos en toda la historia del mundo) hay una solución fácil: que no lo reconozcan como matrimonio.
Hacemos esto continuamente. Amo la música pero no reconozco como genuinamente musicales al rap, el heavy metal y la música cristiana contemporánea. Pienso que son basura y me encanta decirlo. De hecho, mi opinión es que quien oiga eso se está dañando a sí mismo y, en sentido lato, está degradando la cultura. Pero escuchar esta música no daña a nadie, salvo a quienes eligen hacerlo, así que no tengo derecho a impedirlo. Respecto de la cultura, no disfruto del derecho de formarla de acuerdo con mis propias opiniones sobre lo que constituye la belleza y el arte y la verdad. (Si lo tuviera obligaría a todos a escuchar música litúrgica del siglo XVI, bien interpretada).
Lo mismo pasa con el matrimonio gay. Si piensa que es una patraña, nada impide decirlo a una persona libre en una sociedad libre, igual que nada impide a nadie llamar a la unión de dos o más personas algún tipo de “matrimonio”. Si no les gusta y creen que la sociedad requiere una autoridad coactiva superior que imponga la estructura familiar, no tienen mucha fe en el orden de la elección humana y no son ustedes liberales en el sentido clásico y no les gustará el resto de este artículo. Basta con decir que la estructura familiar tradicional no es un artificio legal: es una derivación de las tendencias de la naturaleza humana y no va a desaparecer porque algunos hombres en Texas convivan y digan que están casados.
La existencia del estado, así como sus beneficios y derechos legales asociados al matrimonio, añaden una capa de confusión. La misma presencia de protecciones y beneficios maritales legales obliga al estado a definir qué constituye un matrimonio legítimo. En sí mismo es un poder peligroso. Si el estado puede definir un matrimonio, puede decidir también cómo debe funcionar el matrimonio y la familia. Puede vigilar la formación de los niños, secuestrarlos, impedir que trabajen por salarios negociados por contrato, limitar u ordenar el tamaño de la familia y docenas de cosas más.
Está claro que el matrimonio debe privatizarse, pero nos queda una consideración importantísima: los niños. Este factor es la preocupación principal de quienes querrían prohibir las uniones maritales entre homosexuales. Lo que preocupa es que una vez que el estado les permita a los gays definirse como casados, no hay nada que impida que adopten y críen niños, un hecho que da lugar a serias preocupaciones sobre la salud de los niños en un entorno que en todo tiempo y lugar se a considerado éticamente objetable por la ética social dominante.
Pero seamos precisos acerca de qué es lo que les parece ten problemático en particular que muchos creen que la fuerza de la ley debe impedirlo. No puede ser simplemente el deseo de que todos los niños crezcan en entornos hogareños perfectamente estables y morales. Todos conocemos niños que han crecido en circunstancias lejos de las ideales, desde familias monoparentales por muerte o divorcio, a la pobreza, a casos de abandono. Por muy tristes que sean estos casos, difícilmente hay quien piense que el estado debería corregirlos todos imponiendo unas circunstancias ideales, y es correcto.
Vemos esos casos, nos hacen sentir mal, pero los reconocemos como parte de la vida: son esencialmente tragedias privadas (por supuesto, dejo aparte los casos de graves abusos físicos). Es verdad que los niños necesitan tanto padres como madres y es absurdo pretender que algo menos sea igual de bueno. Pero cuando esto no ocurre, ayudamos cuando y donde podemos, pero no creemos necesariamente que el estado deba intervenir activamente para eliminar todas las circunstancias familiares alejadas del ideal.
Es más, no puede excluirse que lo niños criados en un hogar estable con dos padres responsables del mismo sexo sea una situación más preferible que un hogar con padre de sexo diferente o uno monoparental. De hecho, hoy en día la mayoría de la gente conoce a padres homosexuales con hijos y no se ha producido ningún tipo de calamidad social. Esas familias son sorprendentemente burguesas en términos de su vida interna como resultado de esa paternidad sobre los críos. Quizá no sea sorprendente: el deseo de criar a un niño adoptado puede reflejar un deseo de normalización y regularización por parte de los gays.
Nada de lo cual sugiere que la gente deba a aprobar o no las adopciones gays. En todas las sociedades y lugares han existido y existirán siempre casos así bajo el velo de algún grado de desaprobación social. La única cuestión de alguna relevancia política es si el estado debería intervenir activamente para evitarlas o si es un asunto que debe gestionarse por medios no violentos. Tal y como es, no hay nada que el estado pueda o deba hacer acerca de personas solteras que tengan y críen niños fuera de un matrimonio convencional (por supuesto, tampoco debería estar subvencionado por el estado). Así que no está claro por qué no debería permitirse de forma similar las adopciones como una simple consecuencia de la elección individual.
Un problema importante e incipiente en este caso es el sentimiento de que las adopciones gays serían de alguna forma impuestas a la sociedad a través del sistema de tribunales, como una imposición, igual que los tribunales están actuando para otorgar a los gays muchas preferencias especiales en la ley (como el supuesto derecho a no ser discriminado). Podemos imaginar fácilmente agencias estatales de adopción y otras con licencia del estado adoptando una regla de “no discriminación” entre familias gays y no gays, una regla completamente absurda pero que podrían alcanzar los activistas organizados. La presión política para transigir en dicha discriminación a favor o en contra de los gays sería intensa.
Viendo un sistema político tan envenenado políticamente como el actual de acogida, mucha gente sospecha que la demanda del derecho a casarse y adoptar es simplemente una treta para hacer que intervenga el estado de nuevo contra los valores burgueses. No es una suposición sin fundamento. Las agencias de adopción estatales en cuestión, si se les permite elegir padres gays, no estarían completamente preocupadas por el bienestar de los niños o el deseo de la madre donante. Los niños se asignarían con distintas consideraciones burocráticas y políticas en mente.
Incluso ahora, todo el proceso de adopción está plagado de intervenciones que impiden su desarrollo. Los padres adoptivos no pueden comprar derechos de paternidad, por lo que no hay un mercado como tal. Se dificulta a las agencias su capacidad de hacer contratos en todas direcciones. Los servicios privados, incluyendo los que pagarían a madres de alquiler, están, o bien prohibidos, o bien desplazados por los servicios públicos. Luego el primer paso hacia la claridades abolir todas estas intervenciones y no imponer unas nuevas, no codificando ni a favor ni en contra de derechos adicionales para los homosexuales. Puede dejarse todo el problema a organizaciones privadas (no reguladas).
¿Cómo podría funcionar la adopción en una sociedad libre en la que se permite a los gays decir que están casados? El padre donante es una parte contratante y sólo entregaría a un hijo si se asegura que se cumplen ciertas condiciones. Que el niño crezca en un entorno familiar normalizado es una expectativa mínima que la mayoría de las madres (y padres donantes) pediría. Si su hijo iba a ser criado por una familia de dos personas del mismo sexo, seguramente ella tendría que aprobarlo. En general ¿quién está en mejor situación de querer el mejor entorno posible para un niño que su madre?
En una sociedad libre, no hay razón para impedir que las mujeres que tengan niños realicen intercambios pacíficos y acuerdos cooperativos referentes a los derechos de paternidad que tienen desde el principio. Si una mujer concibe un niño, tiene los derechos de maternidad y puede elegir entregarlo venderlo a su voluntad. En este caso, es muy probable que la madre busque familias convencionales para adoptar a su hijo. Podría ser que familias de dos personas del mismo sexo tengan escasos niños disponibles para adoptar. Sin duda tendrían que pagar un alto precio por los derechos, dado que podríamos esperar que menos madres aprueben esas condiciones que familias más convencionales.
Es verdad que los gays tienen ingresos más altos que los no gays y bien podrían pagar el precio. Pero hay otra etiqueta en el precio a considerar en el libre mercado: la propia madre estaría en disposición de ganar dinero contratando con padres sobre derechos de paternidad. Las agencias de donantes concentradas en paternidades no gay se encontrarían en situación de pagar más a las agencias de donantes concentradas en paternidades gay.
De hecho podríamos esperar que agencias y donantes tengan incentivos basados en profundas convicciones morales para superar las ofertas de las agencias de adopción pro-gay y convencer a las futuras madres que no quieran riesgos de que sus hijos deberían ser adoptados por no-gays. Cada parte tendría todos los incentivos para hacer el alegato más fuerte posible a favor o en contra de la adopción gay, ofreciendo así un entorno en que investigaciones y hallazgos sobre la paternidad gay recibirían el máximo estímulo y publicidad.
Así que podemos ver que el libre mercado puede acabar desanimando seriamente las adopciones gays, simplemente porque las madres que renuncien a los derechos de maternidad probablemente prefieran padres no gays a gays. ¿Podrían seguir existiendo familias en las que parejas gays críen a niños adoptados? Probablemente sí, pero lo importante aquí es que todas las partes tienen que estar de acuerdo con lo dispuesto. ¿Habría cláusulas abusivas y entornos moralmente objetables para los niños? Sin duda, pero éstos ya existen ahora, sean las familias gays o no.
Bajo el principio del laissez faire, todas las partes tendrán todos los motivos para continuar verificando los acuerdos una vez cerrados. Además, la experiencia de adopciones gays presentes y futuras tendría un enorme influencia en su prevalecimiento en el futuro lejano. La retroalimentación también funciona aquí: los padres gays tendrían todos los motivos para ahcer el mejor trabajo posible para mejorar la reputación de los padres gays.
Por supuesto, quienes objeten con fundamentos morales continuarían siendo libres de despreciar esos acuerdos, igual que los padres gays tendrían toda la razón para discutir sus declaraciones. Esta solución no resuelve todos los problemas, pero tampoco lo hace la propia libertad. Al menos la libertad deja fuera a la política, lo que es el primer paso hacía el descubrimiento de la verdad en una atmósfera de paz.
Traducido del inglés por Mariano Bas. El artículo original se encuentra aquí.
