El monopolio de la educación del estado aumenta los precios y destruye el derecho a elegir

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[Extraído del Capítulo 5 de The School Revolution: A New Answer for Our Broken Education System]

El principio de libre mercado de la entrada abierta se ve desafiado por las restricciones públicas al acceso a los mercados del consumo. Hay muchas justificaciones oficiales para estas restricciones, pero la principal es esta: “Los consumidores no saben lo que es bueno para ellos”. No conocen qué productos comprar, qué precios pagar o qué disposiciones negociar con respecto a devoluciones y sustituciones. Los consumidores son en realidad tristemente ignorantes de lo que necesitan realmente, así que el estado entra en el mercado para restringir lo que se permite legalmente comprar a los consumidores. La idea es que los funcionarios del estado saben lo que necesitan realmente los consumidores frente a lo que los consumidores están dispuestos a pagar.

Una de las justificaciones para esto es que la publicidad engaña a los consumidores. Esto significa que no se considera a estos capaces de distinguir realidad de ficción cuando leen o ven un anuncio. Es interesante que las mismas agencias de publicidad contratadas por empresas para vender productos también son contratadas por políticos para realizar anuncios en años electorales. En otras palabras, la publicidad se acepta como un modo legítimo para motivar a la gente para que actúe en años electorales, pero se pone bajo sospecha cuando se dedica a anunciar productos y servicios. A la gente como votantes se la supone perfectamente capaz de tomar decisiones apropiadas basadas en publicidad. Por otro lado, esa misma gente como consumidores supuestamente es incapaz de tomar decisiones apropiadas basadas en publicidad. Es completamente ilógico, pero es básico para entender a todos los gobiernos modernos en Occidente. (…)

Siempre que el estado interviene en un mercado para restringir la entrada de vendedores, genera precios más altos. Los consumidores no pueden comprar el tipo de bienes que quieren al precio al que están dispuestos a pagarlos. Así que los productores que en otro caso habrían entrado en el mercado se ven obligados a entrar en otros mercados. Estos mercados son menos rentables que los mercados restringidos. Los clientes en los mercados regulados se encuentran en peor situación y lo mismo pasa con los proveedores marginales que abandonan esos mercados.

Podemos ver este principio en funcionamiento en el mercado de la educación. La oferta de educación está limitada por restricciones del gobierno a la certificación académica. Los maestros deben seguir un régimen concreto a nivel universitario para poder enseñar en los sistemas escolares de la nación, financiados con impuestos. Esto reduce la oferta de maestros que puedan ser contratados legalmente por distritos escolares locales. Además, las restricciones en la construcción de escuelas por empresarios privados limita la cantidad de competencia que tienen las escuelas financiadas con impuestos.

Así que a los padres se les obliga a mandar a sus hijos a la escuela, pero el estado restringe el número de escuelas disponibles para los padres. Esto crea un casi monopolio en la educación, desde el jardín de infancia al duodécimo grado, para el estado. El estado usa el dinero de los impuestos para construir escuelas y usa el sistema regulatorio para restringir la creación de escuelas rivales. Es la señal clásica de un monopolio.

La solución del libre mercado es competencia y entrada abierta. La competencia puede ser en forma de calidad. Algunos padres quieren una educación de muy alta calidad para sus hijos y están dispuestos a pagar bastante dinero para comprarla. No tendrían que pagar tanto dinero si hubiera entrada abierta al mercado local de escuelas. Otros padres no pueden pagar la mejor educación para sus hijos, porque no tienen suficiente dinero, así que quieren una educación competitiva en precios. Esto también lo proporcionan los empresarios en el campo de la educación privada. Estos empresarios pueden decidir qué programas son asequibles para qué padres y qué programas atenderán las demandas de padres concretos. A medida que más escuelas entran en la corriente, aumenta el rango de elección para los padres. Es la definición estándar de lo que constituye el crecimiento económico. El crecimiento económico tiene lugar cuando los clientes pueden comprar más bienes y servicios de los que eran capaces de comprar antes del aumento en el crecimiento económico. (…)

Los funcionarios en el campo de la educación, que es casi exclusivamente educación sin ánimo de lucro, tienen prejuicios contra los programas académicos competitivos en precios. Suponen que estos programas son de baja calidad. Piensan que es una buena idea cerrar el mercado a vendedores con cualquier tipo de currículum no certificado por funcionarios educativos. Tienen mayor control sobre el contenido y la estructura de la educación cuando pueden restringir la entrada en el mercado. Bajo la excusa de ayudar a los niños, estos promotores de interesadas restricciones de entrada ocultan el hecho de que son capaces de ejercitar un mayor poder sobre la educación y luego cobrar más por el privilegio de hacerlo.

Por eso los libertarios creen que debería haber entrada abierta en el campo de la educación. No confían en los burócratas del estado para que actúen en nombre de los padres, especialmente de padres que tienen una visión concreta de la mejor metodología y contenido para la educación de sus hijos. Los funcionarios operan siguiendo su propio interés, que es aumentar su poder y renta.

Esto plantea el asunto de la regulación pública de las escuelas. Primero, el gobierno reclama escolarización obligatoria. Segundo, para mantener el control sobre el contenido del currículum, los gobiernos establecen normas y regulaciones que dirigen esas escuelas. A los padres no se les permite enviar a sus hijos a escuelas que no cumplan con estas cualificaciones. Las cualificaciones se fijan muy altas, de forma que no puedan establecerse muchas escuelas para competir contra el sistema escolar público. Esto aumenta el poder del sistema escolar público y el poder de los burócratas que dirigen el sistema.

Un ejemplo de este tipo de regulación puede verse en el requisito de que los institutos privados tengan bibliotecas con al menos 1.500 libros. Los estados en Estados Unidos tenían este requisito o uno similar en la década de 1990. Pero un alumno a principios de la década de 1990 podía llevar un CD-ROM con 5.000 libros: la Biblioteca del Futuro. No importa. Un CD-ROM y computadoras no se consideraba que cumplieran con el requisito de los 1.500 libros. Los libros tenían que ser físicos, así que dinero de los impuestos tenía que ir a eso. Hoy los alumnos tienen acceso a cientos de miles de libros por medio de los celulares en sus bolsillos. Pero los institutos acreditados deben seguir teniendo bibliotecas físicas. Estas bibliotecas deben estar dirigidas por alguien licenciado en biblioteconomía. Conclusión: El requisito de biblioteca no tiene nada que ver con el número de libros en la biblioteca. Tiene todo que ver con el aumento del coste de construir una instalación que se cualifique como escuela y cumpla las regulaciones públicas.

El objetivo de la regulación académica es limitar la oferta de escuelas que compitan contra las escuelas públicas. Esto se hace en nombre de garantizar la calidad educativa de la escuela, protegiendo así a los alumnos. Pero el rendimiento académico de las escuelas públicas continúa declinando y lo ha hecho desde principios de la década de 1960. Los resultados en los exámenes SAT y ACT continúan cayendo. El punto más alto estuvo a principios de la década de 1960. Así que la regulación no ha conseguido garantizar la calidad de la educación. Pero ha tenido bastante éxito en restringir la entrada en el campo de la educación.

En la década de 1980 hubo una gran batalla sobre la educación en casa. Estados en toda la nación aprobaron leyes prohibiendo a los padres sustituir la escuela, ya sea en pública o privada, por la educación en casa. Las escuelas privadas eran tan caras que solo unos pocos padres podían pagarlas. Esto significaba que los padres sencillamente tenían que enviar a sus hijos a las escuelas públicas. La aparición de la educación en casa en las décadas de 1970 y 1980 representaba una amenaza para esta estrategia de restringir la oferta de programas educativos en competencia. Los estados persiguieron a los padres por enseñar a sus hijos en casa.

Un caso importante se juzgó en Texas en 1985, Leeper v. Arlington, en él una coalición de defensores de la educación en casa presentó una demanda contra el estado. El estado perdió el caso en el tribunal supremo estatal en 1994. El tribunal obligó a los distritos escolares a indemnizar a los padres de los niños que plantearon la demanda. Este caso envió un mensaje claro a los distritos escolares locales de Texas. De la noche a la mañana, eliminaron la mayoría de las restricciones contra la educación en casa. Pero hizo falta un juicio para alcanzar este objetivo. (…)

No debería haber nada que se pareciera a un monopolio público de la educación. Los patrones que rigen localmente el sistema público escolar no deberían ser impuestos a padres que decidan sacar a sus hijos de ese sistema. Sin libertad de elección paternal en educación, el estado seguiría una política de extensión de su monopolio sobre la educación. Los funcionarios permanentes y financiados mediante impuestos usarían luego ese monopolio para eliminar ideas que ponen en duda la legitimidad de la interferencia pública en muchas áreas de la vida, incluyendo la educación. El gobierno no tiene que quemar libros para convencer a la nueva generación de votantes sobre ideas que le favorecen. El gobierno solo necesita eliminar libros y materiales que son hostiles a la expansión del estado.


Publicado el 14 de octubre de 2013. Traducido del inglés por Mariano Bas Uribe. El artículo original se encuentra aquí.

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