Hace tiempo inventé la expresión “fascialismo” para describir el sistema estadounidense de economía política. Fascialismo significa una economía que es en parte fascista, en parte socialista. El fascismo económico no tiene nada que ver con dictaduras, militarismos o extravagantes teorías raciales. El fascismo en un tipo de socialismo que fue el sistema económico de Alemania e Italia a principios del siglo XX. Se caracterizaba por la empresa privada, pero una empresa privada que estaba completamente regulada y reglamentada por el estado, aparentemente “por el interés público” (definido arbitrariamente por el estado).
El socialismo empezó significando propiedad pública de los medios de producción, pero pasó a significar igualitarismo promovido por impuestos “progresivos” y las instituciones del estado del bienestar, como indicaba F.A. Hayek en su prólogo ala edición de 1976 de Camino de servidumbre. Los problemas del sistema estadounidense de atención sanitaria están causados completamente por el hecho de que el gobierno somete al sistema a intervenciones masivas, algunas de las cuales son de naturaleza fascista, mientras que otras son socialistas.
En 1992, la Hoover Institution publicó un ensayo de Milton Friedman titulado “Input and Output in Medical Care”, en el que este documentaba cómo, a principios del siglo XX, en torno al 90% de los hospitales eran empresas privadas con ánimo de lucro. Los gobiernos estatales y locales empezaron entonces a apropiarse del sector hospitalario. Así que a principios de la década de 1990 solo un 10% de los hospitales estadounidenses eran empresas privadas con ánimo de lucro. El socialismo caracteriza al menos al 90% de los hospitales. Muchos otros hospitales han recibido subvenciones públicas y con las subvenciones llegan resmas de regulación, haciéndolos fascistas por definición.
El efecto de esta vasta apropiación pública del sector hospitalario, documentaba Friedman, es el que esperaría cualquier estudioso de la economía de la burocracia: cuanto más se gastaba en atención sanitaria, peor se hacía la calidad y cantidad de atención, gracias a los efectos de la burocratización pública. Según Friedman, a medida que los gobiernos se apropiaban de una parte mayor del sector hospitalario (estando exento de las leyes antitrust) el personal de hospital por cama ocupada se quintuplicó, al tiempo que se multiplicaron por diez los costes por cama.
Friedman concluía que la “Ley de Gammon”, denominada así por el médico británico Max Gammon, “a esta en plena vigencia para los hospitales de EEUU desde el final de la Segunda Guerra Mundial”. La Ley de Gammon dice que “En un sistema burocrático, los aumentos en el gasto igualarán a una caída en la producción. (…) Esos sistemas actuar como ‘agujeros negros’ en el universo económico, absorbiendo recursos y encogiéndose en términos de (…) producción, simultáneamente”. El Dr. Gammon sin duda sabía de qué hablaba, al haber realizado toda su carrera en el Servicio Nacional Británico de Salud.
“El sistema médico de EEUU, en gran parte, se ha convertido en una empresa socialista”, terminaba Friedman. Friedman también sugería un silogismo para explicar el extravagante espectáculo que se ve hoy de responder a problemas causados por el socialismo de la atención sanitaria con aún más socialismo en la atención sanitaria.
El silogismo es el siguiente:
- El socialismo ha sido un fracaso dondequiera que se ha intentado.
- Todos saben esto.
- Por tanto, necesitamos más socialismo.
Capas de legislación se ocupan de cada aspecto de la atención médica y los seguros sanitarios en Estados Unidos. En el sector de los seguros sanitarios, por ejemplo, cada estado impone docenas de órdenes regulatorias a las aseguradoras, obligándoles a incluir cobertura de todo, desde terapias de masaje a implantes de pelo. La razón para las órdenes es que los sectores de las terapias de masaje y los implantes de pelo (y muchos otros) contratan cabilderos para sobornar a los legisladores estatales para cubrir su práctica concreta si quieren vender seguros dentro de un estado. Entre los estados con mayor número de órdenes en 2009 están Rhode Island (70), Minnesota (68), Maryland (66), Nuevo México (57) y Maine (55). Idaho es el que tiene menos órdenes (13), seguido por Alabama (21), Utah (23) y Hawaii (24).
En cada legislatura se aumentan los costes de los seguros sanitarios y probablemente se aumente la póliza de seguro sanitario típica en cientos o miles de dólares anuales. Es un buen ejemplo de fascismo en la atención sanitaria.
La política pública en el sector del seguro sanitario aplica al tiempo frenos y aceleradores. Mientras impone regulaciones onerosas y que aumentan los costes, el gobierno también limita la responsabilidad legal en algunos casos en que una aseguradora rechaza pagar un procedimiento o tratamiento concreto que coste su vida a un paciente. El estado también crea cárteles estatales con leyes prohibiendo la portabilidad de algunos aspectos del seguro sanitario. (Por ejemplo, el seguro sanitario de quien me da empleo cobre los costes farmacéuticos en Maryland, donde resido, pero no en otros estados).
Volviendo al socialismo puro, Medicare, Medicaid y los hospitales de la Administración de Veteranos socializan una buena parte de la atención sanitaria en Estados Unidos, con los mismos resultados predecibles que la socialización de los hospitales: gastos desbocados década tras década, junto con fraudes masivos, como suele ser habitual cuando se permite a los políticos gastar el dinero de otras personas. Incluso el gobierno federal admite que hay actualmente un fraude en Medicare en torno a los 60.000 millones de dólares. Como el gobierno siempre minusvalora el coste de todo lo que hace, es probable que la cifra real sea al menos el doble o el triple de esa cantidad.
Habiéndose apropiado de la mayoría del sector hospitalario, los hospitales gestionados o subvencionados por el gobierno han creado un poder regional de monopolio para sí mismos con la llamada regulación del “certificado de necesidad” (CDN). Este plan regulatorio funciona así: un hospital existente en un área se dará el “derecho” legal a decidir si hay una “necesidad” legítima de más hospitales. En otras palabras, se han dado a sí mismos el derecho de vetar nueva competencia en el sector hospitalario. Es como si Microsoft Corporation tuviera un derecho legal de vetar nuevas competencia en el sector informático.
No es sorprendente que la investigación haya demostrado que la regulación CDN haya aumentado los costes hospitalarios. La regulación CDN se usa también para bloquear también la competencia en diversas profesiones de la atención sanitaria, desde la enfermería a la atención a domicilio. (Una vez me pidieron que ayudara a varias enfermeras a obtener una licencia CDN del gobierno del condado de Fairfax, Virginia, de forma que pudieran empezar su propio negocio local de asistencia sanitaria. El gobierno del condado ya estaba en el negocio y naturalmente vetó su solicitud).
Los médicos han disfrutado desde hace mucho de un grado de poder de monopolio derivado de los parlamentos estatales que delega en la American Medical Association (el sindicato de los médicos) el “derecho” a limitar el acceso a las escuelas médicas mediante acreditación. Solo los graduados en escuela médicas acreditadas (por la AMA) tienen licencia para practicar la medicina. La AMA ha usado estos privilegios concedidos por el estado para limitar tanto el número de escuelas de medicina como el número de graduados en ellas. La oferta reducida de doctores aumenta el precio de la atención médica y las rentas de los miembros de la AMA. Cientos de otras profesiones sanitarias limitan la entrada con la ayuda de regulación de licencias ocupacionales, cuyo efecto principal es crear beneficios de monopolio, no asegurar la calidad de la atención.
La regulación pública de productos farmacéuticos y dispositivos médicos, principalmente por parte de la Food and Drug Administration (FDA), aumenta los costes de la atención sanitaria, niega los beneficios de multitud de medicinas y dispositivos útiles y crea un poder de monopolio. Ha sido literalmente responsable de la muerte prematura de miles de estadounidenses que se han visto privados de medicamentos que hace mucho que estaban disponibles para personas en otros países.
Los burócratas de la FDA tienen una aversión extrema al riesgo: Por un lado, no les cuesta nada personalmente retrasar durante años, si no décadas, un medicamente salvador de vidas, reclamando una prueba tras otra. Por otro lado, si permiten que entre en el mercado un medicamento que resulta ser peligroso, es un desastre para la imagen de la agencia, que no quiere que se le asocie con ella. Por consiguiente, la entrada de nuevos medicamentos y dispositivos médicos en el mercado se retrasa a menudo durante años, costando muchas vidas e infligiendo mucho dolor innecesario en los que ya sufren, al tiempo que aumenta los precios.
La FDA también hace menos competitivo el mercado farmacéutico al restringir lo que puede decir la publicidad para multitud de medicamentos, incluso la aspirina. Los nuevos medicamentos no hacen ningún bien a los consumidores si no saben de ellos. Las restricciones de publicidad impuestas por la FDA, por tanto, aumentan los beneficios de las farmacéuticas establecidas a costa de las recién llegadas en el sector y los consumidores.
El sistema legal público es también responsable de lo que solía llamarse “la crisis de responsabilidad”. La génesis de esta crisis empezó en la década de 1960. Los tribunales públicos empezaron a aceptar el argumento del análisis económico del derecho de la Escuela de Chicago de que asignar toda la responsabilidad en casos de productos a los fabricantes sería una buena forma de minimizar los “costes sociales” de los accidentes. Los fabricantes saben más acerca que nadie de productos como dispositivos médicos, seguía la argumentación, de forma que el derecho contractual y la responsabilidad compartida por accidentes con los usuarios de los productos se tiró por la ventana.
Así que cuando se producen accidentes, los escurridizos abogados los tienen fácil convenciendo a jurados simples para lograr millones, o cientos de millones, de dólares en demandas por daños. Estas demandas han hecho quebrar a los fabricantes de muchos dispositivos médicos, convenciendo al tiempo a otros de que los dispositivos son muy arriesgados de fabricar. El efecto sobre el consumidor de atención sanitaria es una peor atención y precios más altos.
Hay miles de otras regulaciones y controles públicos sobre todos los aspectos de la atención sanitaria, incluso (o especialmente) el sector de la enfermería a domicilio. Como la mayoría de la regulación, tiene poco o ningún efecto beneficioso para el público. Más a menudo que no, es parte de una acción de cártel por algún grupo de profesionales médicos en connivencia con políticos federales, estatales o locales que siempre están más que dispuestos a vender a sus “electores” a cambio de una generosa “contribución” a su campaña.
La única aproximación sensata a la “reforma” de la sanidad sería una privatización masiva de los hospitales socializados de Estados Unidos, combinada con una desregulación de las profesiones médicas para introducir más competencia y una desregulación del sector de los seguros sanitarios. La competencia del mercado libre produciría “milagros” médicos como nunca se habrían visto, rebajando a la vez radicalmente el coste de la atención sanitaria, igual que ha pasado con todos los demás sectores donde se la ha permitido existir de forma importante.
Esto no es probable que ocurra en Estados Unidos, que por el momento parece condenado a descender al abismo del socialismo. Sin embargo, una vez que algunos estados empiecen a independizarse del nuevo estado fascialista estadounidense, habrá oportunidades para restaurar la libertad en la atención sanitaria dentro de ellos.
Publicado el 23 de octubre de 2009. Traducido del inglés por Mariano Bas Uribe. El artículo original se encuentra aquí.
