“Apropiado y necesario” es lo que digamos que es

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El Tribunal Supremo ha escuchado recientemente los alegatos verbales en Michigan vs. EPA discutiendo las regulaciones que recortan las emisiones de mercurio de las centrales eléctricas de combustibles fósiles. Sin embargo, lo esencial no era, como se presentaba habitualmente, impedir el daño del mercurio. Lo esencial era el uso del mercurio como excusa para restricciones más estrictas sobre emisión de partículas finas. La EPA usó lo que el juez Scalia llamaba “una forma tonta de leer” la ley para hacer lo que el juez principal Roberts describía como un “regate” en torno a los límites legales y el caso ilustra bien cómo las agencias del gobierno son capaces de usar legislación abierta para conseguir todo lo que quieran.

Las enmiendas de la Ley de Aire Limpio de 1990 ordenaban a la EPA estudiar si la exposición al mercurio planteaba un riesgo de salud que hiciera “apropiado y necesario” restringirla. Por tanto, la justificación requería primero demostrar el daño del mercurio.

Eso resultó imposible de hacer de forma honrada. Las encuestas de la CDC demostraban que los niveles de mercurio en la sangre de mujeres y niños estadounidenses disminuían y estaban ya por debajo de los niveles considerados seguros por EPA, FDA y WHO. La EPA incluso rechazó un estudio de alta exposición al mercurio simplemente porque no encontraba “efectos observables en la salud”. Así que mintieron.

La EPA por el contrario creó un modelo de mujeres hipotéticas que “consumen cantidades extremas (99º percentil) de los peces más contaminados de las masas de agua más contaminadas”, según un resumen amigo. Luego añadió un 50% de “factor de cocina ajustado”. Luego estimó “el efecto potencial de esta exposición sobre el desarrollo neurológico de sus hipotéticos hijos en el útero”. Dado que las centrales eléctricas añaden una fracción muy pequeña de deposiciones de mercurio, ese efecto era minúsculo. Incluso después de más suposiciones asombrosas para aumentar el daño, la ganancia económica estimada de reducir la exposición al mercurio es de 6 millones de dólares o menos anualmente.

Ignorando los costes de la regulación

Sin embargo, la EPA estimó entonces que su “solución” a las emisiones de las centrales eléctricas de combustibles fósiles costaría 9.600 millones de dólares anuales. Esa desproporción de 1.600 a 1 muestra claramente que es una mentira cualquier aseveración de que esas regulaciones del mercurio sean “apropiadas y necesarias”. Así que la EPA eludió ese pequeño detalle afirmando que no estaba obligada a considerar los costes al llegar a una decisión sobre un riesgo para la salud.

Pero no hay manera de saber si una regulación es apropiada (o sensata, adecuada o apropiada) en ausencia de una consideración de los costes. Tanto la propia palabra como la realidad de que cada decisión impone un coste significan que los costes son innegablemente relevantes. Se podría incluso mencionar que la “acción arbitraria y caprichosa de la agencia” por parte de la EPA y otras agencias públicas impone costes independientes propios sobre la sociedad.

El regalo legal que sigue aplicándose

Habiendo supuestamente justificado la regulación del mercurio  “encontrando” creativamente beneficios e ignorando los costes, la EPA recurrió a los que se convertiría en su mecanismo para conseguir que sus beneficios políticos superen a sus costes: la contaminación de partículas finas. Prácticamente todo dólar de beneficios que estimaban en la reducción de mercurio (de 36.000 a 89.000 millones de dólares anuales, aunque usando una metodología muy engañosa) en realidad proviene de la reducción de emisiones de particular finas, no de reducciones de mercurio.

Sin embargo, la EPA ha regulado la contaminación de partículas finas durante treinta y cinco años bajo las secciones 108-110 de la Ley de Aire Limpio, como parte de los National Ambient Air Quality Standards (NAAQS). Y bajo la Sección 109, la EPA ya establece los patrones de calidad del aire ambiental nacional que “permitiendo un adecuado margen de seguridad, se requieren para proteger la salud pública”. Si el patrón federal de partículas finas que establecieron en 2013 es “adecuado para proteger la salud pública”, ¿cómo pueden los beneficios de mayores reducciones en emisiones ser decenas de miles de millones dólares anuales? No pueden.

Emprendimiento legal por agencias públicas

¿Por qué quiere entonces la EPA acumular la restricción del mercurio a una carta blanca para las partículas finas? Porque bajo los NAAQS, pueden establecer un patrón para partículas finas que los estados deben cumplir, pero los estados determinan cómo cumplirlos. La EPA no puede destacar a las centrales térmicas de carbón como sus “víctimas”. Además, no pueden determinar la forma o grado de su victimización. Pero si pueden emplear como una excusa un daño minúsculo o imaginario del petróleo y encajar restricciones más estrictas a las partículas finas a las centrales eléctricas como si se ocuparan del daño del mercurio, pueden aumentar su poder limitado para determinar patrones para partículas finas hasta órdenes directas casi ilimitadas y controlar quien quiera que elijan como objetivo, incluso si la Ley de Aire Limpio le niega ese poder.

En otras palabras, la ley como fue aprobada por el Congreso proporciona tantas opciones y tantas herramientas a la EPA que es solo cosa de mezclar y reunir distintas piezas legales para atacar a quienquiera que quieran para conseguir cualquier cosa que quieran. La “puerta trasera” del mercurio que declara la EPA, continuando un patrón continuo, demuestra su determinación de conseguir cada vez más lo que quieran independientemente de lo que la ley pueda decir.


Publicado originalmente el 4 de abril de 2015. Traducido del inglés por Mariano Bas Uribe. El artículo original se encuentra aquí.

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