Me agrada que el Dr. Rizzo[1], en el capítulo 4 [de Tiempo, Incertidumbre y Desequilibrio], señale el sobrevalorado concepto de ”eficiencia” como algo muy cuestionable. Me gustaría llevar la crítica aún más allá. Uno de los puntos principales de Rizzo es que el concepto de eficiencia no tiene significado independiente de la búsqueda de fines específicos. Pero cede demasiado al decir, al menos al inicio de su ensayo, que “por supuesto ella [la common law, o ley común] es eficiente” con relación a ciertos fines específicos. Esto porque existen distintos niveles de falacias graves implicadas en el propio concepto de eficiencia cuando se aplica a instituciones sociales o políticas: (1) el problema no sólo de establecer los fines sino de decidir los fines de quién deben perseguirse; (2) los fines individuales tienden a conflictuar entre sí, y por tanto cualquier concepto agregado (suma) que implique eficiencia social carece de sentido; y (3) ni siquiera las acciones individuales pueden ser asumidas como “eficientes”; de hecho, invariablemente no lo serán. Por lo tanto, la eficiencia es un concepto erróneo aún cuando se lo aplica a las acciones de cada individuo orientadas hacia sus propios fines; y es a fortiori un concepto inútil cuando implica a más de un individuo, no se diga una sociedad entera.
Tomemos un individuo cualquiera. Ya que sus propios fines han sido establecidos y actúa para alcanzarlos, seguramente al menos sus acciones podrían considerarse eficientes. Pero no, no es así, porque para que sus acciones sean eficientes, debería poseer conocimiento perfecto –conocimiento perfecto acerca de la mejor tecnología, o de acciones y reacciones futuras de otras personas, y de eventos naturales futuros. Pero dado que nadie puede jamás tener conocimiento perfecto del futuro, no se le puede llamar a la acción de ninguna persona, “eficiente”. Vivimos en un mundo de incertidumbre. La eficiencia es por lo tanto, una quimera.
Puesto de otra forma, la acción es proceso de aprendizaje. Al actuar el individuo para alcanzar sus fines, aprende y se vuelve más hábil sobre la forma de alcanzarlos. Pero en ese caso, por supuesto, sus acciones no pueden haber sido eficientes desde el principio –o incluso desde el final- de sus acciones, ya que el conocimiento perfecto jamás se alcanza y siempre hay más por aprender.
Y además, los fines del individuo no están realmente dados, pues no existe ninguna razón para asumir que están grabados en piedra para toda la eternidad. Mientras más aprende el individuo sobre el mundo, sobre la naturaleza y sobre otras personas, sus valores y metas tienden a cambiar. Las metas individuales cambiarán al aprender sobre otra gente, pero también por simple deseo. Pero si los fines cambian durante el curso de una acción, el concepto de eficiencia –que solo puede ser definido como la mejor combinación de medios para el logro de fines establecidos- nuevamente se vuelve inútil.
Si el concepto de eficiencia es vano incluso para cada individuo, es a fortiori mucho menos sostenible cuando se lo usa de forma agregada (sumada) para toda la sociedad. Rizzo es extremadamente amable hacia el concepto cuando dice que equivale a “un poco más que maximizar el producto nacional bruto, el cual inmediatamente se destruye cuando las externalidades se introducen en el sistema”. El problema, sin embargo, es mucho más profundo. Ya que la eficiencia sólo tiene sentido con respecto a los fines de las personas –y los fines individuales son diferentes, divergen o se conflictúan. La cuestión central en política entonces es: ¿los fines de quién deben prevalecer?
La ceguera del pensamiento económico hacia las realidades del mundo es sistemática y es un producto de la filosofía utilitarista que ha dominado la Economía por un siglo y medio. Debido a que el utilitarismo sostiene que los fines de todos son realmente los mismos, todo conflicto social es meramente técnico y pragmático; y puede ser resuelto una vez que los medios apropiados para esos fines comunes sean descubiertos y adoptados. Es el mito del fin casi universal lo que permite a los economistas creer que pueden -“científicamente” y de forma supuestamente libre de valores- prescribir qué políticas públicas deben ser adoptadas. Al tomar ese presunto fin universal como algo dado, el economista se permite a sí mismo la fantasía que no ser para nada un moralista si no un estricto técnico profesional “libre de valores”.
El presunto fin común es un nivel de vida más elevado, o, como Rizzo lo plantea, un producto nacional bruto maximizado. Pero supongamos que, para una o más personas, parte del “producto” deseado es algo que otra gente consideraría decididamente un detrimento. Consideremos dos ejemplos, ambos de los cuales difícilmente podrían ser clasificados bajo la gentil rúbrica de “externalidades”. Supongamos que ciertas personas persiguen como un fin altamente deseado la igualdad obligatoria -o uniformidad- de todas las personas, incluyendo que cada persona tenga las mismas condiciones de vida y vista el mismo traje azul sencillo. Pero en este caso, un fin altamente deseado por estos igualitarios se consideraría un perjuicio por aquellos individuos que no quieren ser iguales ni uniformarse con nadie. Un segundo ejemplo de fines conflictivos, o de significados rivales atribuidos al concepto de “producto”, sería el de una o más personas que deseen ardientemente la esclavitud o el asesinato de una raza entera u otro grupo social definido. Claramente, la búsqueda la producción de ese resultado para los opresores-en-ciernes o los asesinos, debe ser considerada un producto negativo o perjuicio por los potenciales oprimidos. Tal vez podamos encuadrar este caso como un problema de externalidades al decir que el grupo social o étnico constituye un “contaminante visual” –una externalidad negativa- para los otros grupos y que esos “costos” externos pueden ser (¿deberían ser?) internalizados mediante forzar al grupo no deseado a pagar a los otros grupos lo suficiente para que sus vidas sean perdonadas. Uno se pregunta, sin embargo, qué tanto el economista desea minimizar los costos sociales, y si su solución elegida será realmente “libre de valores”[2].
En estos casos de fines conflictivos, además, la “eficiencia” de un grupo se vuelve el perjuicio de otro. Los impulsadores de un programa –de uniformidad forzosa o de aniquilar a un grupo social determinado- querrán que sus propuestas se lleven a cabo de la forma más eficiente posible; pero por otro lado, el grupo oprimido ansiará que la consecución del temido fin sea lo más ineficiente posible.
La eficiencia, como Rizzo señala, sólo puede ser relativa a un cierto fin. Pero si existen fines contrarios, el grupo opuesto favorecerá la máxima ineficiencia en la búsqueda del fin indeseado. La eficiencia, por lo tanto, nunca puede servir como un fundamento válido para la ley o las políticas públicas. Nuestros casos de fines contrarios nos llevan a la cuestión de minimizar los costos sociales. La primera pregunta que debe hacerse es: ¿por qué deberían minimizarse los costos sociales?, ¿por qué deberían internalizarse las externalidades? Las respuestas son escasamente auto evidentes, pero aún así las preguntas no han sido satisfactoriamente planteadas y mucho menos contestadas. Y existe como corolario una pregunta importante: aún supuesto el fin de minimizar costos, para objeto de la discusión, ¿debería este fin ser un absoluto o debería estar subordinado –y a qué grado- a otros fines? ¿Y qué razones podrían darse para la respuesta elegida?
En primer lugar, el decir que los costos sociales deberían minimizarse, o que los costos externos deberían internalizarse, no es una perspectiva técnica o libre de valores. La misma presencia de la palabra deberían, el salto mismo hacia una prescripción de políticas, necesariamente convierte esto en una posición ética, que requiere –por lo menos- de una justificación ética. Y en segundo lugar, aún si para efectos de la discusión aceptamos que existe un fin en los costos sociales mínimos, el economista aún debe lidiar con este problema: ¿qué tan absoluto debe ser este compromiso? Decir que es de carácter absoluto, o al menos que es el fin más elevado, es caer en la misma posición que los economistas del costo-beneficio rechazan cuando lo postulan los moralistas: es decir, considerar la justicia o los derechos por encima del análisis costo-beneficio. ¿Y cuál es su justificación para tal absoluto?
En tercer lugar: aún si ignoramos estos dos problemas, existe la grave falacia del propio concepto de “costo social” o de costo aplicado a más de una persona. Para empezar, si los fines chocan, y el producto de un hombre es el perjuicio de otro, los costos de estos individuos no pueden ser sumados. Pero también y más fundamentalmente, los costos, como los austriacos han señalado por más de un siglo, son subjetivos para el individuo, y por lo tanto no pueden ser medidos cuantitativamente ni –a fortiori– ser sumados o comparados entre individuos. Pero si los costos, como los beneficios son subjetivos, y no agregables ni comparables, entonces cualquier concepto de costos sociales -incluyendo el de costos transaccionales- pierde todo sentido.
Y por último, aún en cada persona, los costos no son objetivos ni perceptibles por un observador externo. Ya que un costo individual es subjetivo y efímero; su presencia es solamente ex ante, en el momento antes de que el individuo tome una decisión. El costo de cualquier acción de un individuo es su valoración estimada de lo más valioso que tuvo que sacrificar para tomar su decisión. Esto porque cada individuo intenta, en cada decisión, alcanzar su fin de prioridad más alta; sacrifica o renuncia a los otros –de menor prioridad que podía haber satisfecho con los mismos recursos disponibles. Su costo es su fin de segunda prioridad, es decir, el valor del fin que sacrificó para alcanzar un fin aún más valorado. El costo incurrido en esa decisión es entonces, solamente ex ante; tan pronto como su decisión esta tomada y la opción se ejerce, y el recurso es utilizado, el costo desaparece. Se convierte en un costo histórico, ido para siempre. Y ya que es imposible para un observador externo explorar, en un momento posterior, o incluso al mismo tiempo, los procesos mentales internos del actor, es imposible para este observador determinar, aún en principio, qué costo tuvo una acción.
Gran parte del capítulo 4 [de Tiempo, Incertidumbre y Desequilibrio] está dedicado a un excelente análisis que demuestra que los costos sociales objetivos no tienen ningún sentido fuera del modelo de equilibrio general, y que nunca podemos estar en tal equilibrio, ni haría forma de saber si lo estuviéramos. Rizzo señala que en vista de que el desequilibrio implica expectativas necesariamente divergentes e inconsistentes entre sí, no podemos decir que los precios se aproximan al equilibrio pues existe una importante diferencia de carácter entre éstos y los precios consistentes del modelo de equilibrio.
Rizzo señala también que no existe parámetro que nos permita decidir si los precios están cerca del equilibrio o no. Me gustaría simplemente subrayar sus argumentos y hacer sólo un par de comentarios. En la medida en que la ley de daños (tort law) no sería necesaria en un equilibrio genera l, quisiera añadir que los daños en sí mismos no serían cometidos en tal situación. Debido a que una característica del equilibrio general es la certeza y el conocimiento perfecto del futuro; y presumiblemente con tal conocimiento perfecto ningún accidente puede ocurrir. Inclusive un daño de tipo internacional no ocurriría, ya que un daño perfectamente previsible seguramente sería evitado por la víctima.
Este comentario se relaciona con otro argumento que quisiera hacer acerca del equilibrio general; no sólo que nunca ha existido, ni es un concepto operacional (útil), si no que jamás podría existir. Ya que no podemos concebir realmente un mundo donde cada persona tiene perfecta clarividencia y donde la información no cambia; y más aún, el concepto de equilibrio general es internamente auto-contradictorio, puesto que la razón por la que uno guarda reservas de dinero es la incertidumbre futura, y por lo tanto la demanda de dinero caería a cero en un mundo de equilibrio general, es decir, de total certeza. Por ende, al menos una economía monetaria no podría estar equilibrio general.
Quisiera también sumarme a la crítica que hace Rizzo de los intentos que se hacen de usar la teoría objetiva de las probabilidades como forma de reducir el mundo real y su incertidumbre, a un equivalente lleno de certezas. En el mundo real de la acción humana, virtualmente todos los eventos históricos son únicos y heterogéneos, aunque muchas veces similares, frente a todo el resto de eventos históricos. Ya que cada evento es único e irreproducible, es impermisible aplicar la teoría objetiva de las probabilidades; siendo las expectativas y la predicción un asunto de estimados subjetivos sobre eventos futuros, los estimados no pueden reducirse a una cuestión de fórmula objetiva o “científica”. Llamar a dos sucesos igual no los convierte en homogéneos. Siendo así, dos elecciones presidenciales se llaman “elecciones presidenciales”, pero son eventos sin lugar a dudas altamente distintos, heterogéneos e irreproducibles, cada uno ocurriendo en distintos contextos históricos. No es accidental que los científicos sociales que promueven el uso del cálculo de probabilidades objetivas casi invariablemente citan el ejemplo de la lotería; ya que la lotería es una de las pocas situaciones humanas en que los resultados son en efecto homogéneos y reproducibles, y donde los eventos son aleatorios y ninguno posee alguna influencia sobre los posteriores.
No sólo es la “eficiencia” un mito entonces, si no también cualquier concepto de costo social o agregado, o incluso un costo determinable objetivamente para cada individuo. Pero si el costo es individual, efímero y puramente subjetivo, entonces se entiende que ninguna conclusión sobre políticas, incluyendo conclusiones sobre las leyes, debe ser derivada de o siquiera utilizar un concepto así. No puede haber ningún análisis válido o significativo sobre costo-beneficio en las decisiones legales o políticas, o las instituciones.
Retornemos ahora más específicamente al tratamiento de Rizzo sobre la ley, y su relación con la eficiencia y los costos sociales. Su crítica a los economistas de la eficiencia puede ser planteada aún más contundentemente. Tomemos por ejemplo, el argumento de Rizzo sobre el problema de Buen Samaritano. Tal como lo plantea, él supone que B puede salvar a A “con un costo mínimo para sí mismo”, y concluye que, desde el punto de vista de los teóricos de la eficiencia, B debe ser responsable de daños a A si B no logra salvar a A. Pero existen aún más problemas con el punto de vista de la eficiencia. Para empezar, existe una confusión fundamental entre costos síquicos y monetarios. Eso porque, si los costos de B son puramente síquicos, ¿cómo puede alguien aparte de B, por ejemplo una corte, conocer los costos en que B incurriría? Supongamos que en efecto B es un buen nadador y podría rescatar a A fácilmente, pero resulta que A es un viejo enemigo suyo y los costos síquicos de salvarlo son muy altos. El punto es que cualquier valoración de los costos de B pueden establecerse solamente en términos de los propios valores de B, y que ningún observador externo puede saber cuáles son éstos[3]. Más aún, cuando los teóricos de la eficiencia plantean el caso de que, en palabras de Rizzo, “claramente…A hubiera estado dispuesto a pagar a B más que suficiente para compensar los costos de ser rescatado”, esta conclusión no es para nada clara. ¿Cómo sabemos, o cómo sabe una corte, si A realmente tendría el dinero para pagarle a B, y cómo podría B saberlo –especialmente si tomamos conciencia de que nadie excepto B puede conocer los costos síquicos en que incurriría?
Además, el tema de la causación puede ser planteado de forma más decisiva. El uso por parte de Rizzo de la idea de Mises de que no actuar también es una forma de acción, es praxeológicamente correcto, pero irrelevante para la ley. Esto porque la ley trata de descubrir quien, si existe alguien, en una situación dada ha agredido la persona o la propiedad de otra –en suma, quien ha sido un causante de daño contra la propiedad de otro y es por tanto responsable y penable. Una no-acción puede ser una acción en un sentido praxeológico, pero no pone en movimiento una cadena de consecuencias, y por lo tanto no puede ser jamás un acto agresivo. De ahí la sabiduría del énfasis que hace la ley común (common law anglosajona, n. del t.) en distinguir entre agresión activa y pasividad, entre una agresión malévola contra los derechos de alguien y un abandono a esa otra persona a su propio destino[4].
El caso Vincent v. Lake Erie Transport fue una decisión excelente, porque la corte fue cuidadosa al investigar el agente causal – en este caso, el bote, que claramente chocó contra el muelle. En muchas formas, la ley de daños puede ser resumida como: “No hay responsabilidad material sin culpable, no hay culpable sin responsabilidad material”. La importancia vital de la doctrina de estricta responsabilidad de Richard Epstein reside en que devuelve a la ley común (common law) su estricto énfasis en la causación, la culpabilidad y la responsabilidad, descartando las consideraciones de “negligencia” y seudo-“eficiencia” añadidas recientemente.
Concluyo que no podemos decidir políticas públicas, ley de daños, derechos o responsabilidades legales sobre la base de eficiencias o de minimización de costos. Pero si no nos basamos en los costos o la eficiencia, ¿entonces en qué? La respuesta es que sólo los principios éticos pueden servir como criterio para nuestras decisiones. La eficiencia nunca puede servir como la base para la ética: por el contrario, la ética debe ser la guía y fundamento para cualquier consideración de eficiencia. La ética va por delante. En el campo de la ley y las políticas públicas, como Rizzo señala lúcidamente, la consideración ética primaria es el concepto que “no necesita ser presentado” –el concepto de justicia.
Cierto grupo de gente inevitablemente aborrecerá nuestra conclusión; hablo, por supuesto, de los economistas. Pues en esta área los economistas se han empeñado en lo que George Stigler, en otro contexto, llamó “imperialismo intelectual”[5]. Los economistas tendrán que empezar a hacerse a la idea de que no todo en la vida puede ser analizado desde nuestra propia disciplina. Una lección dolorosa, sin duda, pero compensada por el conocimiento de que puede ser bueno para nuestros espíritus tomar conciencia de nuestros propios límites –y, sólo tal vez, aprender sobre la ética y sobre la justicia.
[1] Professor Mario J. Rizzo, University. Ph.D. (Econ.), University of Chicago, 1977.
– Economista Austriaco, Director del Program on the Foundations of the Market Economy, New York University, y Co-director del Programa de Austrian Economics en NYU, el más prestigioso de las últimas décadas.
[2] “Libre de valores”: Wertfrei, es decir, sin tomar posición o presentar juicios de valor sobre un tema determinado. Pero nada en economía u otros campos de la actividad humana es un tema puramente técnico, como Rothbard demuestra en este ensayo. (N. del T.)
[3] Marc A. Franklin, Injuries and Remedies (Mineola, NY: Foundation Press, 1971), p. 401.
[4] “No existe distinción más fuertemente arraigada en la common law y más fundamental que
aquella entre daño y desatención, entre conducta errónea activa provocando un daño a otros y la inacción pasiva, es decir, no tomar pasos positivos para ayudar a otros o para protegerles de un daño no creado por el acusado.” Francis H. Bohlen, “The Moral Duty to Aid Others as a Basis of Tort Liability,” University of Pennsylvania Law Review 56, no. 4 (April 1908): 219-221; citado en Williamson M. Evers, “The Law of Omissions and Neglect of Children,” Journal ofLibertarian Studies (Winter 1978).
[5] Imperialismo intelectual: la invasión descuidada y arrogante de otras áreas del conocimiento. En este caso, tratar como problemas meramente económicos o economizables áreas de la vida humana como los derechos, las relaciones de personales o de pareja, las relaciones familiares y comunitarias, etc. Esta actividad académica por supuesto -aparte de generar análisis viciados, injustos o inhumanos-sólo puede llevar al desastre político y legal. (N. del T.)
[Traducido por Juan Fernando Carpio ( jfcarpio@mail.com ). Reimpreso de Time, Uncertainty, and Disequilibrium, Mario Rizzo, ed. (Lexington, Mass: DC Heath, 1979), pp. 90-95; The Logic of Action One. Method, Money, and the Austrian School (Cheltenham, UK: Edward Elgar, 1997), pp. 266-273.]
