¿Quién crea las leyes federales? Los libros de educación cívica dicen que es el Congreso, pero la respuesta real hoy puede ser el poder ejecutivo. Este mismo año, James Gattuso y Diane Katz informaron de que solo las 229 regulaciones más importantes aprobadas desde 2009 añadieron más de 100.000 millones de dólares en costes anuales (de acuerdo con las agencias regulatorias), correspondiendo 22.000 millones a 2015. Con estimaciones del costo regulatorio total excediendo ahora mismo los ingresos del impuesto de la renta en más de dos billones de dólares anuales, las regulaciones fueron mucho más onerosas para muchos estadounidenses que la legislación.
Por desgracia, desapareció de este proceso la responsabilidad ante los ciudadanos. En respuesta, algunos miembros del Congreso han apoyado la “Ley de regulaciones del ejecutivo que necesitan escrutinio” (REINS, por sus siglas en inglés), que obligaría al Congreso a aprobar las regulaciones importantes antes de poder aplicarlas.
¿Por qué es necesario esto cuando la constitución de EEUU asigna específicamente todos los poderes legislativos al Congreso? Porque el Congreso ha abdicado continuamente de su responsabilidad de crear leyes, delegando su poder a través de leyes y órdenes vagas a las instituciones del ejecutivo, que imponen y aplican así las regulaciones reales que obligan legalmente a los estadounidenses.
La ley REINS, al hacer que las regulaciones importantes solo tengan efecto si son aprobadas por el Congreso, acabaría con la delegación efectiva del poder legislativo en los burócratas regulatorios y restauraría parte de la erosionada separación de poderes de la Constitución. Ofrecería alguna responsabilidad política real, al devolvernos a la comprensión inicial de los estadounidenses de los poderes legislativos, destrozados en U.S. v. Grimand (1911) y posteriores sentencias de los tribunales.
Antes de Grimand, el Congreso ya había empezado a dar poder a las agencias administrativas para formular normas concretas para implantar objetivos de política general de aquel. Pero en Grimand el Tribunal Supremo daba a esas disposiciones administrativas toda la fuerza de la ley, creciendo vertiginosamente la delegación desde entonces.
El resultado ha sido un poder siempre creciente para los burócratas federales, aplicado a través de montones de reglas, imponiendo grandes costes masivos a los estadounidenses. Pero los burócratas no necesitan explicar claramente sus políticas ni sus consecuencias para el público, ni mucho menos someterse a la aprobación del votante. Y siempre que un escándalo revela algún abuso o fracaso regulatorio, los políticos esconden su responsabilidad culpando a los burócratas en los que delegaron el poder y a los que no supervisaron adecuadamente.
Hay otra razón muy práctica para frenar nuestra actual caja de Pandora de la delegación del Congreso. El hecho de que los legisladores deban dejar vagos los detalles de la política (para que otros los completen posteriormente) ilustra cómo los miembros del Congreso no conocen lo suficiente los problemas que supuestamente están tratando.
Tratar adecuadamente un problema social requiere un conocimiento detallado del problema y los detalles de cómo se “arreglará”. Pero los legisladores que se hubieran ocupado realmente de dichos detalles lo proclamarían a cada oportunidad para asegurarse de obtener el mérito. Así que cuando delegan detalles políticos en burócratas de las agencias, revelan que no conocen los detalles de una solución viable.
A pesar de la ineficacia de una delegación legislativa que designa vagamente la responsabilidad de las instituciones del ejecutivo, esta prevalece porque da la apariencia de una solución legislativa sin obligar a los legisladores a tener realmente una solución. Dado el precario conocimiento de los votantes de los problemas sociales, políticas y posibilidades, esa dramatización puede funcionar para los políticos casi tan bien (sido mejor) que las soluciones reales. También proporciona a los políticos cabezas de turco inmediatas siempre que la política se caliente, permitiéndoles absolverse de una responsabilidad real.
Los estadounidenses escuchan constantemente los compromisos verbales de los funcionarios con la responsabilidad. Pero es más un lema que una realidad. Reinstaurar un requisito de que el Congreso apruebe todas las leyes, que, si somos sinceros, equivalen a las principales normas regulatorias, restauraría algún significado a esas palabras. Obligaría a los cargos electos a responder por los excesos y fracasos de las instituciones, en lugar de dejarles culpar a los burócratas por su propia falta de soluciones reales. Y dar mayor responsabilidad tanto a las instituciones del ejecutivo como a un Congreso controlado por los republicanos sería una manera excelente de que el presidente electo demostrara su compromiso de “secar el pantano” de los abusos y abusadores federales.
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