El Beacon Center, un think tank libertario ubicado en Nashville, ha presentado una nueva película destacando y describiendo el impacto del bienestar corporativo en Tennessee. Protagonizada por el profesor de la universidad de Tennessee, Glenn Reynolds, Rigged cuenta la historia de dueños de pequeños negocios en Memphis que se vieron dañados por las desgravaciones fiscales masivas que el gobierno del condado de Shelby ofreció al gigante de los muebles Ikea por abrir una tienda en el área de Memphis. La película ha generado una renovada atención sobre el corporativismo a lo largo del estado.
Hace poco, las cuatro mayores empresas de información en el estado publicaron los resultados de una investigación de diez meses sobre los programas de subvenciones e incentivos de Tennessee. Descubrieron que los programas de bienestar corporativo involuntario del estado ascendían a 2.500 millones de dólares anuales. El Times Free Press informa de que el Departamento de Desarrollo Económico y Comunitario, cuya razón de ser es repartir privilegios estatales, aumentó su gasto en un 80% desde que Bill Haslam se convirtió en gobernador.
La investigación también lamentaba la falta de supervisión y responsabilidad. El Times Free Press concluye que es imposible concluir si estos programas de bienestar corporativo han tenido éxito, incluso bajo sus propias métricas, en la creación de empleo. Algunos cargos ni siquiera tienen registros del volumen de sus desembolsos. Sin embargo, no hace falta tener números para demostrar que el corporativismo es de por sí perjudicial para una economía.
Por qué el corporativismo es una misión imposible
El principal beneficio publicitado por los defensores de los programas de bienestar corporativo es su capacidad para crear empleos. Los defensores sostienen que las empresas que reciben subvenciones, desgravaciones fiscales y otros privilegios no serían capaces de ubicarse de forma rentable dentro de su comunidad. El establecimiento de estos negocios significa más y potencialmente mejores trabajos para los trabajadores en su área. Estos empleos proporcionan rentas a los trabajadores y por tanto aumentan también sus niveles de vida. Sin programas de bienestar corporativo, sus defensores sostienen que probablemente habría desempleo y dificultades económicas.
El primer defecto en este razonamiento es la idea de que no se crearían empleos en ausencia de políticas de bienestar corporativo. Aunque es verdad que las empresas pueden verse atraídas a áreas diferentes a través de estas políticas, centrarse en estos resultados inmediatos y visibles es ignorar los efectos completos de la política.
Los defensores del bienestar corporativo no ven los empleos que habrían existido en ausencia de sus programas. Los recursos que fueron redirigidos por el estado a estos nuevos negocios mediante subvenciones y otros privilegios habrían sido usado por otros negocios para producir otros bienes. En términos más sencillos, los consumidores habrían usado su dinero para demandar bienes que atendieran más eficazmente sus necesidades y los empresarios habrían usado los recursos en estas comunidades, incluyendo la mano de obra, para producirlos. Después de todo, hay que negar la naturaleza humana para pensar que los empresarios no aprovecharían oportunidades rentables de negocio.
El párrafo anterior toca tal vez el defecto más esencial de estas políticas. Los beneficios del bienestar corporativo no están determinados por la decisión del consumidor, sino por las decisiones políticas de parlamentarios y burócratas. En el mercado libre, en el que se permite a los consumidores intercambiar libremente, pérdidas y ganancias están determinadas naturalmente por lo bien que un negocio predice y satisface necesidades del consumidor. A través de este mecanismo esencial, los consumidores se aseguran de que los recursos se están usando de la manera más eficaz y eficiente, ya que las empresas improductivas se ven consumidas por las pérdidas y las productivas son generosamente recompensadas con beneficios.
De hecho, la única razón por la que un negocio necesitaría una subvención o una desgravación fiscal para existir sería que no es capaz de atender adecuadamente las necesidades del consumidor. A través del bienestar corporativo, los gobiernos fuerzan a mandar los recursos a líneas ineficientes de producción, permitiendo que existan empresas fracasadas a costa de los consumidores. La estructura de producción de la economía queda distorsionada y ya no refleja las demandas reales de las personas. La mala asignación de recursos causada por las políticas corporativas del estado significa que se está creando menos riqueza real de la que habría en su ausencia, que las decisiones del consumidor se atienden mal y que la riqueza va a las manos de aquellos que no se la han ganado.
Una vez se reconoce esta mala asignación de recursos, cualquier empleo que esté soportado por bienestar corporativo resulta ser de naturaleza temporal. Salvo que haya cambios importantes en los datos económicos, estas empresas son solo sostenibles mientras se sostengan los propios programas de bienestar corporativo. Tan pronto como se detengan o se hagan insuficientes de alguna otra manera, el negocio quebrará y los trabajadores que emplee se verán de nuevo en un periodo de desempleo. La gravedad de este periodo transitorio es probable que aumente, ya que los trabajadores se especializan cada vez más en estos campos privilegiados, haciéndoles más difícil pasar a otros sectores.[1]
Aunque indudablemente sea algo doloroso a corto plazo para los afectados, la liquidación de estas empresas debería considerarse como muy positiva a largo plazo. Al desaparecer la interferencia del estado, los recursos se dirigirán de nuevo por las pérdidas y ganancias a estructuras de producción que reflejen más apropiadamente las preferencias del consumidor. Una vez desaparecido el bienestar corporativo, se desperdiciarán menos recursos y se atenderán más necesidades del consumidor.
Una manera mejor de promover el crecimiento
El bienestar corporativo debe terminar si queremos una economía que cumpla su propósito de la mejor manera, mejorando las vidas de la mayor cantidad de gente. La verdad es que los buenos negocios sencillamente no necesitan los desembolsos del estado. Solo los malos. Si los legisladores realmente desean ver crecer y desarrollarse su comunidad, serían inteligentes buscando otras reformas.
La mejor iniciativa que puede seguir una asamblea legislativa es apartarse del camino del sector privado. El crecimiento económico se ve ralentizado, detenido o incluso invertido cuando el estado grava, regula o viola de cualquier otra manera los derechos de propiedad privada. Eliminar leyes de licencias, rebajar impuestos y derogar regulaciones onerosas serían las grandes decisiones para acelerar el desarrollo económico y promover el bienestar de las comunidades locales. Es esencial que estas reformas sean tan generalmente aplicables como sea posible para evitar los mismos efectos dañinos y distorsionadores de los actuales programas de bienestar corporativo.
El artículo original se encuentra aquí.
[1] Estoy en deuda con el siempre ingenioso Bernardo Ferrero por este último punto.
