La desastrosa guerra contra las drogas de México

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Incluso si la guerra contra las drogas acabara hoy, seguiría habiendo delitos en las calles de México. Sin embargo, estos problemas tendrían una escala radicalmente menor. Las bandas callejeras de México nunca podrían llegar al nivel del crimen organizado sin los beneficios masivos de las drogas ilegales para pagar las necesarias armas, matones, protección política, etc.

Por la misma razón, el dinero del mercado negro de las drogas inicia un ciclo vicioso de delincuencia descontrolada que va mucho más allá del tráfico de drogas. En otras palabras, los cárteles de México son organizaciones criminales diversificadas que no se limitan el contrabando de drogas.

El robo de petróleo es un gran problema en varios países y que beneficia a las organizaciones criminales y terroristas, particularmente al ISIS. Este delito se ha expandido también rápidamente para convertirse en el negocio ilegal más lucrativo no relacionado con las drogas de México. Los ladrones de combustible o “huachicoleros” pinchan las tuberías y luego venden el combustible a precios muy bajos en el mercado negro.

Mucho de este combustible se vende en la parte trasera de camiones en pequeñas jarras de agua. Una buena parte también se vende directamente a los dueños de estaciones de servicio. Esto ha sido siempre un problema para el gobierno mexicano, pero solía ser a una escala mucho menor. Sin embargo, esta actividad ilegal ha aumentado en más del 2.000% en los últimos diez años después de que los cárteles se convirtieran en los principales participantes. La mayoría de los huachicoleros están, o trabajando directamente para los cárteles, o independientemente al tiempo que pagan para evitar la extorsión.

Todos los días se roban aproximadamente 20.000 barriles a la empresa petrolera pública de México, PEMEX. Este delito generó 1.500 millones de dólares en pérdidas para la compañía el año pasado, un impacto importante para la financiación pública. El robo de combustible se produce en diversos lugares del país, pero donde se produce la mayoría de estos delitos es en un área con numerosos oleoductos conocida como el “Triángulo Rojo”. El Triángulo Rojo está en el estado de Puebla, que no ha sido históricamente un lugar en el que haya habido una gran actividad de los cárteles hasta que se expandió este mercado negro. Ahora la violencia de los carteles está aumentando, incluso aunque esta área no sea un punto esencial para el tráfico de drogas.

Unos pocos cárteles están compitiendo por el control de este floreciente comercio ilegal, como Los Zetas, el Cártel de la Nueva Generación de Jalisco y el Cártel del Golfo. Los Zetas es el principal grupo criminal, con aproximadamente el 40% del mercado ilegal. De hecho, un aliado de Los Zetas, la banda Meza Flores, poseyó en un tiempo una gran empresa de distribución de gasolina que recibía contratos del gobierno. Por tanto, parece que Los Zetas en realidad ganaban dinero por dos lados en sus actividades criminales al desarrollar una sofisticada red de blanqueo de dinero que en realidad vendía el combustible robado de nuevo al gobierno.

En respuesta a la crisis del robo de combustible, se han desplegado en regiones clave aproximadamente 2.000 tropas del ejército mexicano. Su presencia no ha disminuido el número de barriles robados, pero ha llevado a varios conflictos armados con los huachicoleros. Mientras que el gobierno mexicano dedica recursos masivos para proteger sus reservas petrolíferas, el ciudadano mexicano medio tiene que protegerse por sí mismo contra el terror infligido por los carteles.

Después de batallar por establecer un territorio, varios cárteles ven muchos otros delitos como despojos de guerra, como violaciones, asesinatos contratados, robo, extorsión, secuestro, etc. Probablemente ningún cártel aterrorice a los residentes de su territorio más que Los Zetas. La DEA una vez los describió como el cartel “más avanzado tecnológicamente, sofisticado y violento”.

Este cártel tiene una cultura y estructura militares. De hecho, fue el primer cártel que reclutó constantemente antiguos miembros del ejército y eso tiene algo que ver con las raíces de la organización. La mayoría de los Zetas originales ha sido parte de una unidad de élite de las fuerzas especiales de México, la GAFE, que era conocida por cometer atrocidades masivas contra ciudadanos de su propio país.

Paradójicamente la formación de Los Zetas se produjo indirectamente por la intervención estadounidense en la guerra contra las drogas. Los primeros miembros de Los Zetas crearon su organización no mucho después de recibir formación contra narcóticos en Fort Benning, Georgia. La formación se realizó a través del tristemente célebre programa de la Escuela de las Américas, ahora conocido como el Western Hemisphere Institute for Security Cooperation (WHINSEC).

Los Zetas empezaron en 1997 como la rama policial del Cártel del Golfo. Sin embargo, el grupo se independizó y los cárteles rivales tomaron nota de su modus operandi. Los Zetas aumentaron el nivel de violencia requerida necesaria para proteger el modelo de negocio de un cártel. Todos los grandes cárteles acabaron contratando ahora exasesinos formados por el gobierno.

Como consecuencia, se ha desatado una guerra sobre los ciudadanos de México. ProPublica publicó un artículo desalentador, “How the U.S. Triggered a Massacre in Mexico”, que mostraba con todo detalle el salvajismo de este cártel. Ya en marzo de 2011, la DEA informaba a las autoridades del gobierno mexicano acerca de un informador criminal relacionado con Los Zetas y esa información se filtraba consecuentemente al cártel.

En respuesta, Los Zetas atacaron el pueblo de Allende en busca de esta persona. Casas enteras fueron reducidas a ruinas y mataron a un número desconocido de personas que se estima que fue de 60 a 300, incluyendo mujeres y niños. A pesar de ser bombardeados con llamadas de urgencia, nadie del gobierno vino al rescate. Incluso después de esta tragedia, el gobernador del estado, Rubén Moreira, llevó a cabo una tímida investigación que todavía no ha producido una sola acusación de asesinato.

Dos meses después, los Zetas cometieron una atrocidad similar en el norte de Guatemala. Hubo 27 muertos en la que fue la peor masacre producida en su país desde que en 1996 acabó su guerra civil de 36 años. (Más de 200.000 personas murieron durante ese periodo en Guatemala, con el 93% de las violaciones de derechos humanos atribuidas a fuerzas públicas respaldadas por EEUU o paramilitares).

Uno a uno, este grupo de 27 granjeros y campesinos fueron torturados y asesinados. 25 de las víctimas fueron decapitadas. Esas personas eran temporeros que no tenían nada que ver con el tráfico de drogas. Para su desgracia, trabajaban en un rancho ganadero propiedad de Otto Salguero, de quien Los Zetas decían que les había robado un gran cargamento de cocaína.

Uno de los líderes de esta masacre, Hugo Álvaro Gómez Vásquez, es guatemalteco. En realidad, había sido parte de un famoso grupo de fuerzas especiales de Guatemala formado en Estados Unidos, los Kaibiles, conocido por cometer numerosos crímenes de guerra.

Gómez Vásquez fue uno de los varios antiguos miembros de los Kaibiles a quienes reclutaron con éxito Los Zetas. Como consecuencia de esta estrategia, el cártel empezó a expandir su territorio en Guatemala a principios de la década del 2000 y acabaron eliminando a una de las principales organizaciones de tráfico de drogas del país, Los Leones. La obtención de poder de Los Zetas fue lo suficientemente importante como para que pudiera realizar amenazas creíbles de muerte en el 2009 al entonces presidente Álvaro Colom.

Volviendo a México, el hecho de que los miembros de Los Zetas hayan operado con tal impunidad ha permitido florecer el negocio de la extorsión. Como consecuencia, Tamaulipas es la capital de los secuestros del país. Sin embargo, el cártel realiza este delito en todo el país. Después de no pagar sus “cuotas”, el cartel incendió una vez un casino de Monterrey matando a 52 personas. Después, el anterior presidente de México, Felipe Calderón, criticó públicamente al gobierno de EEUU por no reducir la demanda de drogas que está impulsando este terrorismo.

Otra masacre relacionada con la extorsión apareció en la prensa estadounidense este año. Doce personas fueron heridas y cinco personas murieron, incluyendo un universitario estadounidense, en un tiroteo de un club nocturno en enero. Los miembros de Los Zetas fueron los responsables de esta tragedia en la turística Playa Del Carmen. Posteriormente, el dueño del club reconoció que había rechazado pagar a Los Zetas porque ya había pagado extorsiones al Cártel del Golfo y a Los Pelones.

Todos los cárteles de México se benefician de la extorsión, algunos más que otros. Este delito violento es particularmente visible en Acapulco, que ha tenido la tasa más alta de asesinatos de México en los últimos dos años. Consecuentemente, el turismo ha declinado enormemente en esta ciudad turística del pacífico que solía ser un imán para celebridades de primera fila. Y esta violencia no se debe únicamente al combate mutuo entre delincuentes, ya que se estima que 150 dueños de negocios han sido asesinados en Acapulco desde enero de 2016.

No se equivoquéis, la extorsión no es un delito que solo afecta a los ricos. Prácticamente cualquier profesión, de los vendedores de tacos a los granjeros pobres, es víctima de este delito. En particular, los empleos de clase trabajadora controlados por los sindicatos, como taxistas y maestros, se han visto enormemente infiltrados por el crimen organizado. La amenaza sido tan grave que una vez se cerraron 140 escuelas en Acapulco debido a amenazas de extorsión y secuestro.

Esencialmente, nadie es inmune a esta explotación en una región dominada por un cártel. En este sentido, el Catholic Media Center llevó a cabo una encuesta y descubrió que más de mil sacerdotes habían sido víctimas de extorsión por un cártel.

Una de las revelaciones más terribles acerca a este tipo de delito se produjo cuando se descubrió una fosa común con 193 cuerpos en San Fernando en 2011. Las víctimas eran emigrantes de América Central que estaban en ruta hacia Estados Unidos. De forma inquietante, estas personas fueron enviadas a los Zetas por la policía local. Finalmente, el cártel mató a quien no pudo pagar el rescate o rechazó trabajar como traficante de drogas. Notablemente, otra fosa común de 72 inmigrantes y relacionada con los Zetas fue descubierta asimismo en San Fernando un año antes.

Historias como esta explican por qué la mayoría de las víctimas de la extorsión no se molestan en informar de estos delitos a la policía. Después de todo, muchos agentes de policía están en la nómina de los carteles, ya sea como informadores o en algunos casos participando activamente en el crimen organizado. Como consecuencia, México está en una situación en la que el estado de derecho realmente no existe. Si esto suena provocador, fijaos en el estudio realizado por el Instituto de Tecnología de Monterrey. Descubrió que el 98,5% de todos los delitos en México en 2010 quedaron sin castigo.


El artículo original se encuentra aquí.

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