El sector financiero offshore está creciendo a un ritmo varias veces superior al del PIB mundial. En los últimos años se ha acentuado la transferencia masiva de capitales desde los países convencionales hacia paraísos fiscales -estos refugios de libertad donde la gente se encuentra a salvo de la voracidad de Hacienda. Este boom de lo offshore presagia un futuro en el que los países “normales” se van a ver obligados a reconocer por fin la libertad económica de las personas y de sus empresas.
El siglo XX pasará a la Historia como el siglo del máximo protagonismo del Estado. Los Estados-nación compactos, con pretensión de uniformidad etnocultural y con vocación de compartimentos estancos tuvieron su mayor auge en la primera mitad del siglo. Su glorificación condujo al totalitarismo y, después de la terrible conflagración bélica de los años cuarenta, mantuvieron su vigencia durante cuatro décadas más a causa de la Guerra Fría. Sólo el abrupto e inesperado final de ésta —y de la correspondiente situación de bipolaridad— ha hecho posible que asistamos ahora a un considerable cuestionamiento del exceso de Estado, y pueda el ciudadano individual recuperar poco a poco fragmentos de la soberanía que, de forma tan sutil como implacable, le había ido arrebatando la insaciable maquinaria estatal. Casi todas las voces coinciden en señalar que, si efectivamente el siglo XX fue una centuria marcada por la hegemonía social, cultural, política y económica de los Estados, el nuevo siglo será el de la máxima devolución de poder a la persona.
Un indicio fundamental de esta tendencia podemos encontrarlo en el auge imparable de la resistencia ciudadana a las hasta ahora numerosas y frecuentemente dolorosas imposiciones del Estado en todos los órdenes de la vida. Esta resistencia, que constituye una auténtica rebelión silenciosa de las generaciones finiseculares contra el poder, ha tenido una multiplicidad de expresiones, desde la temprana revolución sexual de los años sesenta hasta la espiritual de los setenta y la moral de los ochenta, desde el movimiento mundial contra el servicio militar hasta la presión social en favor de la soberanía individual respecto a cuestiones como el aborto, la eutanasia o el consumo de estupefacientes, y desde el cuestionamiento de muchos elementos del Estado-providencia hasta la generalización y popularización de los paraísos fiscales y otras fórmulas de protección frente a la fiscalidad. En todos los casos expuestos, la persona ha reivindicado su libertad y el ámbito en el cual ésta se ejerce, es decir, su propiedad (la propiedad de su vida, de su cuerpo, de sus decisiones, de su trabajo y de su patrimonio). Esta reivindicación choca frontalmente con la autopercepción de los Estados, herederos directos del Antiguo Régimen, que se han civilizado y democratizado en su relación con las masas, pero no tanto en su relación directa con el individuo —relación que constituye la gran asignatura pendiente de la organización sociopolítica actual—.
El Estado tal como hoy todavía lo conocemos, pese a ser consciente de una acelerada deslegitimación por parte de las personas —a la cual, naturalmente, se resiste—, se percibe a sí mismo como el dueño último de cuantos recursos de toda índole se encuentran en su territorio, siendo los ciudadanos una especie de pseudopropietarios a quienes en cualquier momento se puede expropiar si es necesario (antes en nombre de la “patria” o del rey, ahora en función del “interés general” o de la sociedad). Esta condición de dueño último de todo y de todos, de señor absoluto de vidas y haciendas, se denomina “soberanía” y explica la arrogancia con la que los estados se han adueñado de todo tipo de bienes, desde el cuerpo y el trabajo de los seres humanos obligados a trabajar gratis para él (como soldados o en cualquier otra actividad) hasta tierras para construir autopistas, y, explica también el crecimiento desmedido de la presión fiscal a lo largo del siglo, que en algunos países occidentales ha alcanzado más del ochenta por ciento de los ingresos laborales de una persona o de los beneficios de la actividad empresarial, en lo que contituye una auténtica nulificación del autogobierno personal y una infantilización casi total de los seres humanos, con la administración pública como paternal tutor de todos los ciudadanos.
Este nuevo “sheriff de Nottingham”, como el malvado personaje de la novela “Robin Hood”, está siempre al acecho para quitarle a la gente lo que es suyo. Ha moderado sus maneras y ha convencido a la mayoría de la conveniencia de sus impuestos, deslumbrando a las masas con todo tipo de infraestructuras y sistemas de “protección” social (logros, ambos, que la gente habría alcanzado por sí misma y en mejores condiciones mediante esa espontánea organización social que llamamos mercado). Pero la base del sistema sigue siendo la expropiación, y por montos mucho mayores en el siglo XX que los antiguos diezmos.
El Estado enseña los dientes a cualquiera que cuestiona su soberanía, porque es plenamente consciente de que sin este atributo tan cuestionable y obsoleto —al menos en su formulación presente y con sus actuales contenidos—, se tambalearía y daría paso a una situación de máxima libertad en la que los soberanos serían directamente los individuos, y las escasas funciones a desempeñar por entes colectivos no justificarían un Estado como el actual sino uno cien veces más pequeño y limitado. Esto asusta a millones de personas con un interés directo o indirecto en la continuidad del statu quo, desde los empresarios mercantilistas que viven de la protección estatal frente a sus competidores extranjeros hasta los líderes sindicales, desde los enormes regimientos de funcionarios públicos hasta la clase política en pleno. Todos estos sectores representan una coalición formidable, invencible por el ciudadano solo en una confrontación directa con semejante monstruo.
Pero David está ganando a Goliat escapando del sistema, refugiándose en las oportunidades de afirmación de la soberanía individual que hoy permiten las nuevas tecnologías y la popularización de los transportes y las comunicaciones. ¿El Estado le sustrae su derecho a consumir marihuana? Vaya usted a Amsterdam. ¿Le impide abortar? Cruce la frontera o vuele al país más cercano con una legislación más liberal al respecto. ¿Le perjudica la debilidad de la moneda estatal? Protéjase cambiando su dinero a una moneda fuerte. ¿Le está robando a través de unos impuestos confiscatorios? Acuda a un paraíso fiscal. La globalización y la tecnologización de nuestra vida cotidiana son las grandes aliadas de la persona individual en su heroica resistencia frente al megaestado. Lo que no han conseguido los partidos políticos liberales o libertarios, ni los economistas “austriacos” ni el ejemplo de los grandes éxitos del sistema de pensiones chileno o de la revolución económica neozelandesa, lo están logrando los vuelos asequibles, las conexiones a Internet y, en definitiva, la abolición de las distancias en nuestro mundo.
Refugios de libertad
La presión fiscal, la política arancelaria y las diversas formas de intromisión del Estado en los asuntos de la gente son las causas principales, si no únicas, de que en el mundo existan hoy más de cuarenta paraísos fiscales. Es una constante histórica que allí donde alguien intenta limitar la libertad humana, otro se ingenia un sistema para preservarla. No se trata de lugares gobernados por perversos políticos locales decididos a minar la “base fiscal” de los países “normales”, ni de jurisdicciones corrompidas por el dinero de malvados millonarios. Se trata de países y colonias que de forma absolutamente ética y legítima ofrecen a la gente un respiro, una válvula de escape frente a la persecución, es decir, un refugio. De ahí viene su nombre original en inglés: “tax havens” (refugios fiscales), mal traducido al español como “paraísos”. Aunque la palabra “paraísos” es bastante ajustada a la realidad, en contraposición con el infierno fiscal que representa la Hacienda pública de las jurisdicciones ordinarias, creo que el nombre original, “refugios”, da una idea más precisa de lo que acontece en esos lugares. La gente se refugia, se asila. Y si siente esa necesidad es porque en sus lugares de origen ocurre algo injusto. Nadie se tomaría las molestias —y hasta los riesgos— de refugiarse en Liechtenstein o en las Bermudas si se le cobraran unos impuestos de un cinco o diez por ciento, si montar una compañía en los países “normales” fuera cuestión de horas y costara mil dólares, si la actividad empresarial o la simple gestión de los ahorros no fuera una carrera de obstáculos en la que uno percibe siempre en la nuca el aliento amenazador de esos perros de presa humanos: los inspectores de Hacienda.
Cuando una ley es injusta, la gente se resiste a cumplirla. Así, miles de jóvenes en todo el mundo se han resistido a cumplir el servicio militar —y muchos han ido a prisión por ello— y las sociedades generalmente les han dado la razón, hasta el punto de que este intolerable abuso estatal sobre la vida, el tiempo, el cuerpo y el trabajo de las personas ha quedado socialmente deslegitimado y está siendo abolido país tras país. Pues bien, aunque tenga un estigma social a veces insoportable —fomentado por la propaganda estatal pagada con los impuestos de la misma gente a la que se dirige—, el hecho de refugiarse en un paraíso fiscal no dista mucho conceptualmente, mutatis mutandis, de la insumisión a otro supuesto deber como es éste de prestar servicio armado al país.
Una palabra viene de inmediato a la mente cuando se discute la justificación moral de las obligaciones de toda índole que el Estado impone a las personas: “solidaridad”. La conclusión a la que el mundo está llegando tras las últimas décadas de rebelión individual en diferentes campos es que la solidaridad es una cualidad humana indisociable de la voluntad. Se puede incentivar pero no imponer, y suele aflorar por sí sola en cuantía suficiente —como demuestra el auge de las ONG— si se permite la actuación libre de la conciencia humana, en vez de organizarla desde un poder superior y paternal. La solidaridad es demasiado importante para dejarla en manos de los burócratas, y la gente empieza a darse cuenta de ello. La solidaridad forzada no es solidaridad sino abuso y expolio, y si se puede justificar en algún caso sería en muy contadas y excepcionales ocasiones, jamás como un mecanismo sistemático, articulado y planificado desde el poder político. ¿Es insolidario el emigrante que se lleva su capacidad intelectual y física a otro país porque las condiciones laborales creadas por la legislación corporativista y mercantilista le hacen imposible encontrar empleo? ¿Es insolidario el joven que se niega a perder un año de su vida —o su vida entera— en el servicio militar a esa entelequia que llaman “patria”? ¿Es insolidario quien refugia su dinero fuera de las fronteras nacionales, harto de que el “Gran Hermano” le succione su patrimonio para alimentar un sistema caduco e ineficaz? Insolidarios son quienes, ante cualquiera de estas situaciones, criminalizan al individuo en lugar de replantearse el sistema.
El auge de lo offshore
La palabra inglesa “offshore” (“fuera de la costa”) se emplea como sinónimo eufemístico de “paraíso fiscal”, ante la criminalización social a la que estas jurisdicciones han sido sometidas por los medios de propaganda estatales. El sector financiero offshore representa hoy, según los expertos, entre el diez y el quince por ciento de la riqueza mundial, cuando en 1994 no pasaba del cinco por ciento. El crecimiento es tan rápido que al término de la década de 2000 bien podría estar refugiado en estos lugares más de la mitad del capital mundial. Hasta hace unos años, los paraísos fiscales se consideraban como países y territorios reservados a grandes empresas y, sobre todo, a fortunas personales enormes. Pero la elevada presión fiscal del mundo desarrollado, que se ha reducido algo pero que sigue estando muy por encima de la medida esperada por la gente, junto a la simplificación y el abaratamiento de los viajes y las telecomunicaciones, ha hecho de lo offshore un entorno tentador y al alcance de cualquiera. Tener una cuenta cifrada o una sociedad exenta de impuestos ya no es un lujo, y en muchos casos es una necesidad.
¿Quién y cómo puede beneficiarse de los paraísos fiscales? En primer lugar son un refugio ideal para las personas que han ido ahorrando durante años y que o bien viven en países donde se les obliga a tener sus cuentas personales en una moneda nacional insegura (caso de varios países latinoamericanos) o bien han generado parte de su ahorro “en negro”, es decir, fuera del control estatal. En lugar de tener cantidades importantes debajo de la cama o perdiendo valor en la caja fuerte de un banco, ese dinero puede hacerse productivo realizando cualquier clase de inversión bursátil o simplemente manteniéndolo en una cuenta remunerada en un paraíso fiscal. Cualquier suma a partir de unos pocos miles de dólares justifica el recurso a estos territorios. Además, en los banco offshore se puede uno beneficiar de la ausencia de control de cambios y del uso exclusivo de monedas fuertes. Las cuentas bancarias normalmente admiten fondos en varias monedas, por lo que se puede diversificar cómodamente el capital teniendo en la misma cuenta una parte en dólares, otra en yenes y otra en francos suizos, por ejemplo. Las tarjetas de crédito emitidas por estos bancos se pueden utilizar en el país de residencia del interesado, y a veces sin dejar rastro. Y, por supuesto, estos bancos están obligados por ley a no suministrar información a las haciendas de los países “normales”, cosa que tampoco hace el propio gobierno del paraíso fiscal. Las cuentas se abren con enorme facilidad y las comisiones bancarias no son, por lo general, mucho más elevadas de lo habitual. Además de miles de bancos dedicados en exclusiva al negocio offshore, la mayoría de los principales bancos de cada país tienen bien organizada su estructura exterior y ofrecen a sus clientes todo tipo de facilidades para realizar y controlar sus depósitos, muchas veces sin siquiera desplazarse al paraíso fiscal en cuestión.
Empresarialmente, los paraísos fiscales constituyen en la actualidad una pieza clave del comercio internacional. En ellos se puede constituir una empresa en cuestión de horas, sin que se inmiscuya en ello la administración y por unas cantidades asequibles a cualquier bolsillo. Cada vez son más los profesionales independientes que cobran a sus clientes en el extranjero mediante este tipo de sociedades, cuyo precio no suele superar los mil quinientos dólares como mucho. Evitar la doble imposición, aliviar la carga fiscal que soportan y mantener el secreto de algunas operaciones comerciales son los principales motivos por los que las empresas acuden a un paraíso fiscal. No hay una sola multinacional que no tenga una sofisticada estructura offshore, y el tamaño de las compañías usuarias de estos territorios se ha reducido hasta alcanzar a muchas pequeñas y medianas empresas. Una de las ventajas del paraíso fiscal frente a la jurisdicción convencional es que la identidad de los verdaderos propietarios y administradores puede protegerse mediante figuras jurídicas que impiden a los Estados acceder a esa información. La extrema seriedad y confidencialidad de los despachos de abogados y del sector bancario son la clave del éxito de estos territorios, por lo que en la práctica totalidad de los casos uno puede estar tranquilo respecto a la seguridad de sus datos, de su identidad y de su patrimonio.
La hipocresía anti-offshore
Los Estados convencionales han reaccionado de dos formas ante el espectacular incremento del sector financiero offshore. Por una parte, han lanzado toda suerte de campañas de propaganda destinadas a deslegitimar y desprestigiar a los paraísos fiscales, presentándolos ante la opinión pública como nidos de terroristas, narcotraficantes y millonarios egoístas. Por otro, han intentado ponerle puertas al campo, legislando innumerables normas destinadas a dificultar el acceso de los ciudadanos a estos lugares y a asustar a la gente respecto a la utilización de un paraíso fiscal. Pero la realidad se impone y de nada le han servido a los Estados ni sus legislaciones liberticidas ni su hipocresía. Esta última tiene su mayor expresión en la tolerancia de facto de casi todos los grandes Estados frente a aquellos pequeños paraísos fiscales con los que comparten un mismo entorno geográfico y de idioma (Italia sobre San Marino, Francia respecto a Mónaco, Alemania con Luxemburgo, Gran Bretaña respecto a las islas de Man, Jersey y Guernsey, España frente a Andorra, Estados Unidos sobre Bermudas y Grand Cayman, etc.). Esa tolerancia se debe a la presión de la comunidad financiera de cada país, y a la preferencia de las haciendas públicas por mantener esas fortunas cerca, de forma que reviertan de una u otra manera en el país.
Los paraísos fiscales, salvo Suiza, suelen ser países minúsculos. Unos son antiguos y respetados microestados europeos. Otros son pequeñas islas del Caribe o del Pacífico sin muchos más recursos que el turismo y el sector offshore. Muchos son todavía países colonizados cuya escasa extensión y población les mantienen aún bajo depedencia política de la metrópoli, pero con una plena autonomía económica y fiscal. Todos ellos compiten entre sí por el aluvión de dinero que cada año huye de las economías ordinarias hacia el sector offshore. Son en la práctica totalidad de los casos territorios democráticos y con un correcto manejo de la economía doméstica. Algunos han logrado generar un elevadísimo nivel de vida para sus ciudadanos. Sin embargo, no faltan voces puritanas que exigen la anulación de sus “privilegios” y hasta la anexión a los países grandes cercanos, en el colmo de la arrogancia. Es lo que sucedió hace poco en Alemania, cuando se descubrió que el partido democristiano CDU tenía cuentas en Liechtenstein y hubo quienes se permitieron incluso reclamar la anulación de este pequeño país centroeuropeo. La OCDE intentó en 1998 y 1999 organizar a sus Estados miembros en una especie de cruzada contra el sector offshore, pero los mismos países que tanto vociferan contra los paraísos fiscales encontraron mil y un impedimentos para coordinarse. Tampoco las alarmistas conclusiones de la comisión Ruding del Parlamento Europeo motivaron acción alguna por parte de los Quince. En definitiva, la hipocresía no sirve cuando la realidad se impone, y la propaganda anti-offshore no es ni creíble ni eficaz. El dinero es de la gente y la gente quiere ser libre.
Un futuro “paradisiaco”
Los paraísos fiscales no son un mal sino un síntoma. La enfermedad que señalan es el prepotente soberanismo fiscal de los países frente a sus ciudadanos, la glorificación del Estado y la continua amenaza de éste a la propiedad de las personas y de las empresas. Esa y no otra es la dolencia, y la medicina que la combate se llama libertad económica. La globalización está suministrando a los individuos amplias dosis de ese medicamento milagroso. En el Occidente desarrollado hemos conquistado la libertad política, y América Latina se ha incorporado a ella tarde pero bien. Falta la libertad económica, y por ahora sólo los paraísos fiscales nos la proporcionan, mientras nuestros Estados nos la niegan. Además nos ayudan a forzarles para que nos la reconozcan de una vez. La tendencia apunta hacia un mundo donde el sheriffde Nottingham terminará recibiendo un sonoro y humillante corte de mangas y, en vista de no tener nada que recaudar por haber refugiado todos los aldeanos su dinero en el bosque offshore de Sherwood, bien custodiado por Robin Hood y sus amigos, se irá a casa con los bolsillos vacíos y dejará en paz, por fin, a las antiguas víctimas de su vampirismo convertidas ya en ex-súbditos económicamente libres.
