Incluso los federales admiten que los salarios mínimos causan desempleo

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El salario mínimo no se aplica a todos.

Cuando el Congreso estableció por primera vez un salario mínimo en la Ley de Estándares Laborales Justos de 1938, dejó un hueco para negocios que emplean a gente con discapacidades.

La Secretaría, en la medida necesaria para impedir el recorte de oportunidades para el empleo, proveerá por regulación u orden para el empleo, bajo certificados especiales, para individuos (…) cuya capacidad productiva o de ganancia se vea afectada por edad, deficiencia física o mental o lesión, salarios que sean menores que el salario mínimo.

Estos certificados especiales se conocen hoy como permisos 14(c) y miles de empresarios tienen uno. Algunos estudios afirman que más de 300.000 estadounidenses trabajan por un salario por debajo del mínimo bajo los auspicios de esos permisos.

Esto no es muy conocido. Los defensores del salario mínimo a menudo basan su apoyo para la medida en fundamentos éticos, afirmando que todos los trabajadores merecen un grado de compensación independientemente de su productividad. Ese era el razonamiento del alcalde de Seattle, Ed Murray, que aumentó el salario mínimo de su ciudad la pasada semana a un nivel sin precedentes de 15$ la hora bajo el disfraz de “igual acceso y oportunidades para todos”.

Pero los defensores del salario mínimo raramente se ocupan del asunto de las excepciones al salario mínimo. Si se supone que el salario mínimo ayuda a quienes de otra manera no ganarían un “salario de supervivencia”, ¿por qué excepcionar a gente con discapacidades, a menudo los menos productivos de entre nosotros?

Paradójicamente, el Congreso supone que la respuesta a esta pregunta está en la propia legislación del salario mínimo, socavando su lógica en el proceso.

Cuando el Congreso aprobó la excepción 14(c) junto con el salario mínimo en 1938, lo hizo, como se citaba anteriormente “para impedir el recorte de oportunidades para el empleo” de gente con discapacidades. Los autores de la propuesta entendían que el salario mínimo lleva al desempleo de aquellos “cuya capacidad productiva o de ganancia se vea afectada”. Así que, para evitar la publicidad negativa asociada con poner a la gente con discapacidades fuera del mercado de trabajo, la excepcionaron del salario mínimo.

Pero esto plantea una pregunta. Si la gente con discapacidades está exenta del salario mínimo debido a que su capacidad de ganancia está afectada y encontrar empleo podría ser imposible en caso contrario, ¿por qué no merecen una excepción gente sin discapacidad cuya capacidad de ganancia sea también igualmente baja?

Es verdad que esta pregunta es la contraria a la que plantea la mayoría de la gente que conoce la excepción 14(c). Donde se conoce la excepción, se ataca como un acto de discriminación contra gente con discapacidades, nada menos.

Pero como han demostrado los economistas, el salario mínimo no ayuda a las clases más bajas. Prohíbe a los empresarios contratar a aquellos cuya capacidad de productiva o de ganancia esté por debajo del salario mínimo por hora decretado, creando un desempleo permanente entre la gente menos productiva. Como señalaba el economista Murray Rothbard: “las leyes que prohíben el empleo con cualquier salario que sea relevante para el mercado deben hacer que se prohíba el empleo y por tanto causar desempleo”.

Así que al excepcionar del salario mínimo a gente con discapacidades, el Congreso en realidad discrimina a los no discapacitados (aquellos que no pueden trabajar bajo los auspicios del permiso 14(c)) y favorece a la gente con discapacidades.

Pero, por supuesto, si el Congreso pretende que la ley de salario mínimo es eficaz en su objetivo de asegurar que nadie trabaje por menos del salario por hora especificado, no podría ser de otra manera. Si estuvieran exentos todos los que no pudieran encontrar trabajo con el salario mínimo vigente, el salario mínimo sería inútil e ineficaz. Por otro lado, si nadie estuviera exento y todos estuvieran sometidos a la misma ley de salario mínimo independientemente de su condición física, la gente con discapacidades se vería muy apurada para encontrar trabajo y muchos tristemente se convertirían en inempleables.

Es una situación complicada. Al continuar excepcionando del salario mínimo a gente con discapacidades, el Congreso revela su conocimiento implícito de los efectos negativos del salario mínimo sobre la gente menos productiva. Pero acabar con todas las excepciones significa perjudicar a la gente con discapacidad en el trabajo a la que ya les cuesta encontrar empleo. Finalmente, derogar completamente el salario mínimo y permitir que todos negocien salarios libremente significaría admitir un largo error de 75 años que dañó a miles, si no amillones, de trabajadores no cualificados a lo largo del pasado medio siglo que no encontraron empleo en un momento u otro.

La excepción 14(c) para gente con discapacidades revela el quebrantamiento de la ley de salario mínimo. Hace más cruel a la política, ya que los legisladores insisten en aplicar e incluso fortalecer esas leyes mientras muestran un completo conocimiento de cómo daña a la gente menos productiva. Sin embargo acabar con la excepción 14(c) haría más mal que bien. Por el contrario, la excepción debería aplicarse a todos (con o sin discapacidad) que no pueden encontrar trabajo en el actual entorno de salario mínimo. Solo entonces el Congreso impedirá, por usar sus propias palabras, “el recorte de oportunidades para el empleo” para todo el que quiera trabajar.


Publicado el 17 de junio de 2014. Traducido del inglés por Mariano Bas Uribe. El artículo original se encuentra aquí.

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