Sólo han pasado cinco meses desde que el gobierno socialista de Michelle Bachelet tomó el poder en Chile, pero han sido suficientes para colapsar el crecimiento económico del país. La principal causa de esta repentina y drástica caída de la actividad económica es la incertidumbre, cada vez mayor, que genera el nuevo gobierno chileno. Este gobierno apunta a acercarse a tabula rasa a las instituciones de libre mercado que le permitieron a Chile convertirse en el país más próspero de Latinoamérica.
Una de las propuestas más dañinas es una reforma fiscal completa, que ya fue aprobada, y le aumentará a las empresas los impuestos sobre la renta, dejando a Chile por encima del promedio de la mayoría de los países que forman parte de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OECD por sus siglas en inglés). Además, esta reforma fiscal –a la que por cierto se han opuesto las asociaciones de emprendedores chilenos y que está perdiendo el apoyo popular– le concede a la agencia nacional fiscal un poder arbitrario sobre los contribuyentes.
Otro blanco al que apunta el programa socialista radical de Bachelet es el sistema de pensiones en Chile. Como es ampliamente conocido, Chile fue el primer país en introducir un sistema de seguridad social que es manejado por empresas privadas, basado en cuentas de capitalización individual. Bajo este plan, cada mes los trabajadores chilenos depositan un porcentaje de sus ingresos en su cuenta personal, la cual es administrada por empresas privadas llamadas Administración de Fondo de Pensiones (AFP).
De esta forma, cuando los trabajadores chilenos se jubilan –a diferencia de otros sistemas de pensiones que hay en el mundo– no dependen de que otros trabajadores tengan que seguir contribuyendo con el sistema para poder recibir su jubilación; sino que simplemente reciben todo el dinero que habían depositado, ajustado por la inflación y aumentado por los intereses ganados.
A diferencia del sistema de pensiones estatal creado por Bismarck y copiado en todo el mundo, llamado sistema de pensiones de reparto, el sistema chileno es solvente en su totalidad porque no depende de estadísticas demográficas o en tasas de natalidad para seguir funcionando.
Además, este sistema, al incentivar el ahorro, ha llevado a un proceso intenso de acumulación de capital; pues dichos ahorros fueron invertidos en la propia economía chilena, algo que fue esencial para el notorio crecimiento económico que el país experimentó a finales del siglo XX y principios del siglo XXI.
En muchos sentidos, esta disposición ha transformado a los trabajadores chilenos en capitalistas. En Chile, todos están pendientes de cómo evoluciona su Cuenta AFP, así como lo están de la liga nacional de fútbol, o incluso más: los chilenos reciben cada mes su estado de cuenta detallando cuánto ha sido agregado a su cuenta, cuánto recibiría cada mes si se jubilara en ese momento y cuánto recibirá si sigue depositando hasta que cumpla 65 años… Así que, para cualquier grupo o asociación política, se ha convertido en una maldición querer perturbar este sistema para su beneficio; dichos grupos no tienen el apoyo de la población.
Todo esto, reconocido por las publicaciones económicas, es despreciado por el gobierno socialista actual.
Determinada en que el Estado vuelva a manejar las pensiones, la señora Bachelet y sus ministros ya empezaron a implementar un plan para crear una empresa estatal para el sector de pensiones. Como es fácil de predecir, ésta creará una competencia injusta para las empresas privadas, quienes no podrán con los costos de la administración de una empresa que es subsidiada con dinero de impuestos. Por otra parte, si la agencia estatal tiene una mala administración, será rescatada con más dinero proveniente de impuestos.
En otras palabras, hay un peligro inminente en que el nuevo Estado se convierta en una amenaza a la existencia de la reforma más importante de todas las que fueron hechas en la década de 1980 en Chile a favor del libre mercado.
Otras reformas del programa socialista de Bachelet incluyen terminar con la estructura del actual sistema de asistencia médica privada, la cual sería gestionada de forma socialista. Las pólizas y primas que los trabajadores chilenos pagan, de forma individual, por sus seguros médicos, serían ahora socializadas y transferidas a las arcas del Estado. El propósito de esto sería crear un «sistema universal de asistencia médica», un término tan a la moda en el vocabulario global…
Pero aún hay más…
Entre otras reformas, el actual gobierno socialista planea hacer un profundo cambio en las leyes laborales del país, las cuales le otorgarían a los sindicatos –que son la base electoral del actual gobierno– poderes impresionantes e históricos, que afectarían en gran medida, la productividad. La actual administración también tiene pensado promulgar una reforma educacional que acabará con el sistema que actualmente existe, y creará uno subvencionado y controlado en su totalidad por el Estado, incluyendo la «gratuidad» en la educación universitaria; algo idéntico a lo que existe en Brasil y Argentina con resultados poco envidiables.
Para ponerle la guinda al pastel, los partidos de izquierda están planeando introducir una nueva Constitución, la cual fue escrita –según el expresidente socialista Ricardo Lagos– «en página en blanco». Como Lagos recientemente dijo, la nueva Constitución debe abolir el principio de subsidiariedad que está en la Constitución actual, la cual establece que el Estado sólo puede intervenir cuando la iniciativa privada haya fallado en resolver los problemas sociales urgentes. En la nueva Constitución socialista, el gobierno sería el principal conductor de la economía y el progreso social, un modelo que Chile había llevado desde la década de 1930 y que terminó de forma desastrosa en 1973.
Para hacer más claras las intenciones del partido, Bachelet declaró recientemente que comparte las mismas metas que el antiguo presidente marxista Salvador Allende, quien dirigió al país en el período de 1971 a 1973.
A diferencia de Allende, la señora Bachelet no quiere que Chile se convierta en un régimen comunista; sin embargo, no es un secreto el hecho que ella apoya, en gran medida, la antigua filosofía estatista. Y no hay duda alguna, que si su administración puede implementar estos proyectos, Chile dejará de ser un modelo a seguir para América Latina. La pregunta es si aquellos que quieren que siga el progreso que ha tenido Chile en las últimas décadas, serán capaces de impedir que el país adopte el modelo de Argentina en destruir instituciones. Mientras tanto, el futuro de Chile es poco alentador.
Axel Kaiser es un columnista chileno de la revista Forbes
Traducido por Rudy Villatoro Molina.
