Este artículo fue extraído del libro Crimen Organizado, escrito por Thomas DiLorenzo y traducido por Juan José Gamón Robres. Descarga el libro aquí.
CAPÍTULO 36.- Por qué es el gobierno responsable de la crisis sub-prime del mercado hipotecario
No cumplir las prescripciones de la “Equal Opportunity Act” o de la “Regulation B” puede acarrear a la institución financiera responsabilidades civiles para resarcir los perjuicios así como penalidades tanto en procedimientos individuales como a resultas de acciones colectivas. Las penalidades pueden alcanzar los 10.000 dólares en el caso de reclamaciones individuales y en el caso de acciones colectivas a la menor de las dos siguientes cuantías: 500.000 dólares o el uno por cien del valor del patrimonio neto del acreedor.
Se dijo a todos los prestamistas hipotecarios (bancos, compañías hipotecarias independientes, etc …) que tenían que tener mucho cuidado con “leyes y reglamentaciones como la ‘Ley de Igualdad de Oportunidades‘ (Equal Opportunity Act conocida como Regulation B), la ‘Ley de Vivienda Justa’ (Fair Housing Act), la ‘Ley que rige las obligaciones de información sobre préstamos hipotecarios’ (Home Mortgage Disclosure Act conocida como Regulation C) y la ‘Ley para la Reinversión en la Comunidad’ (Community Reinvestment Act). El Consejo de Administración (de un banco), si actúa concienzudamente, identificará las potenciales responsabilidades asociadas a su incumplimiento”. La Fed dictó instrucciones a los prestamistas hipotecarios para que ignorasen los criterios tradicionales de evaluación de la capacidad de endeudamiento respecto de “consumidores de minorías raciales y de bajos ingresos”. Se dijo que las normas tradicionalmente utilizadas para analizar la viabilidad de los préstamos hipotecarios contenían “criterios arbitrarios o no razonables para medir la capacidad crediticia”. En vez de ello, se daba instrucciones a los prestamistas para que adoptasen “estándares especiales” para los préstamos, que fuesen presuntamente “apropiados para la cultura económica de los consumidores urbanos no tradicionales de bajos ingresos”. Por ejemplo, los estándares tradicionalmente utilizados para conceder préstamos hipotecarios toman en consideración cosas como la edad, el emplazamiento y el estado de conservación de la vivienda, pero esos son criterios que, según la Fed, deben omitirse en los casos de prestatarios de reducidos ingresos pertenecientes a minorías. La Fed instruyó que se debían ignorar los ratios tradicionales que comparan los pagos de la hipoteca con los ingresos mensuales. No había que preocuparse ya que la Fed también prometió a los prestamistas hipotecarios que el riesgo derivado de la concesión de miles de millones de dólares en préstamos dudosos a prestatarios no cualificados se vería reducido porque Fannie Mae y Freddie Mac les comprarían los préstamos para luego empaquetarlos, titulizarlos y venderlos en el “mercado secundario” de hipotecas. Por supuesto, la Fed también dio instrucciones a los prestamistas hipotecarios para que ignorasen la “ausencia de un historial crediticio favorable” respecto de los prestatarios de bajos ingresos pertenecientes a minorías. “Participar con aprovechamiento en cursillos de asesoramiento financiero” constituía un adecuado sustituto de un historial crediticio favorable, dijo la Fed. Para prestatarios “normales”, buscar un tasador inmobiliario deshonesto que se preste a falsear sus valoraciones al gusto de sus clientes implica sanciones penales. Pero no para las mascotas de la Fed, los prestatarios con ingresos reducidos de las minorías. Si un prestatario “sub-prime” tuviera un problema de tasación de la propiedad que pudiera suponer que se le denegase un préstamo, en ese caso la Fed alegremente intentaría encontrarle “otro tasador experimentado” que presumiblemente falsearía su valoración en provecho del prestatario sub-prime. Después de que para fomentar el acceso a una vivienda en propiedad, la Fed generase la perspectiva de una crisis bancaria por obligar a los bancos a conceder miles de millones de dólares en préstamos hipotecarios a deudores poco fiables, el gobierno intentó atajar esa crisis recurriendo a la “magia” de la “titulización”. Empezando a mediados de la década de los noventa, el Congreso dio instrucciones a Fannie Mae y a Freddie Mac para que acelerasen la compra de préstamos CRA a los prestamistas hipotecarios, los empaquetaran y los vendieran como “títulos-valores” en los llamados mercados secundarios. El Presidente de la Reserva Federal Ben Bernanke se vanaglorió de la supuesta sabiduría y superioridad moral de su política en un discurso que dio el 30 de marzo de 2007 bajo el título “La Community Reinvestment Act: su evolución y sus nuevos retos“. El discurso formaba parte de las celebraciones que el gobierno dedicó al treinta aniversario de la Ley. Según Bernanke,
La titulización de préstamos para la compra de vivienda se expandió, al igual que el mercado secundario de ese tipo de títulos, en parte como resultado de una una ley de 1992 que requirió a las empresas patrocinadas por el gobierno, Fannie Mac y Freddie Mac, que dedicaran una gran parte de sus actividades a lograr objetivos encaminados a facilitar el acceso a la compra de una vivienda.
Además de la ley de 1992 a la que Bernanke se refiere, la ‘Ley Riegle y Neal de Eficiencia Interestatal de los Bancos y sus Filiales‘ (Riegle-Neal Interstate Banking and Branching Efficiency Act) fortaleció las barreras legales a las fusiones bancarias, lo que mejoró en gran medida la influencia y las cuentas bancarias de “grupos comunitarios” de izquierda como ACORN. Bernanke continúa explicando que: “los grupos de presión utilizaron cada vez más el procedimiento de información pública para oponerse a las peticiones de los bancos valiéndose de la legislación CRA”. En otras palabras, hubo una explosión del tipo de actividades de extorsión legal que prevé la CRA; lo que constituyó siempre su objetivo. No es de extrañar que, como dijo Bernanke, “los bancos empezaran a destinar más recursos a sus programas CRA”. Eso no es todo. En 1995 el Tesoro de los Estados Unidos decidió que el gobierno mismo debería implicarse directamente en el negocio de la concesión de préstamos dudosos a prestatarios no cualificados dedicando miles de millones de dólares de los contribuyentes a capitalizar las llamadas ‘Instituciones Financieras de Desarrollo Comunitario’ (“Community Development Financial Institutions”) que prestarían directamente a “prestatarios” sub-prime. Fue también en ese momento, 1995, que el gobierno, con la Fed como brazo ejecutor, empezó a presionar a los bancos para que abandonasen los criterios tradicionales de calificación crediticia para los prestatarios de bajos ingresos adscritos a minorías, como el historial de ahorro y crédito, la verificación de sus ingresos y la comparación del importe del préstamo con sus ingresos mensuales. En 2003, una institución financiera, Countrywide Bank, había dado tantos préstamos CRA, por valor de más de 600 mil millones de dólares, que la Fannie Mae Foundation concedió a Countrywide un premio especial y la destacó como el modelo a seguir por todos los demás bancos. Countrywide Bank solicitó poco después acogerse a un expediente concursal, ahogado en un océano de préstamos CRA impagados.
Traducido del inglés por Juan José Gamón Robres – mailto: juanjogamon@yahoo.es.