Crimen organizado – Capítulo 36

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Este artículo fue extraído del libro Crimen Organizado, escrito por Thomas DiLorenzo y traducido por Juan José Gamón Robres. Descarga el libro aquí.

CAPÍTULO 36.- Por qué es el gobierno responsable de la crisis sub-prime del mercado hipotecario

 

La ola de impagados e insolvencias del mercado inmobiliario sub-prime durante la “Gran Recesión” fue resultado directo de la política patrocinada por la Fed de “dinero fácil” unida a una política gubernamental que se extiende a más de treinta años durante los cuales se forzó a los prestamistas a conceder préstamos hipotecarios de más que dudoso cobro, esto es, a personas que no merecían crédito. Cuando tras la caída del mercado bursátil, que tuvo lugar a comienzos de este siglo, la Fed de Greenspan adoptó la política de mantener los tipos de interés lo más próximos posible de cero, el sistema bancario inevitablemente respondió concediendo más y más préstamos hipotecarios a prestatarios marginalmente cualificados. Cuando los tipos de interés eran más altos y no estaban artificialmente bajos a causa de la Fed, los bancos prestaban dinero para comprar casas en función del crédito que tenían los deudores. Pero cuando los tipos de interés se vieron artificialmente reducidos por las decisiones de la Fed surgió una clase de potenciales prestatarios completamente nueva, esto es, la de gente que, teniendo ratios de crédito bajos o inferiores a la media, veía que su calificación como deudores hipotecarios devenía pasable porque la reducción de los tipos de interés minoraba el importe de los pagos mensuales de los préstamos a los que debía hacer frente. Muchos miles de esos prestatarios marginales dejaron de pagar en cuanto llegó la recesión y sus ingresos menguaron. Otros, que habían contratado hipotecas a tipo variable, se encontraron con que, como estaban siempre al borde del precipicio y a punto de no poder atender sus vencimientos mensuales, el pequeño aumento de los tipos de interés les llevaba a incurrir en impagos. Además de los estímulos al insostenible mercado hipotecario sub-prime proporcionado por la política monetaria de la Fed, la Community Reinvestment Act de 1977 (CRA) también jugó un rol prominente. Esta ley de la Administración Carter obligaba a los bancos a conceder préstamos hipotecarios a prestatarios con reducidos ingresos y a lo que los partidarios de la ley llamaron “comunidades de color” que según ellos tenían problemas para obtener préstamos hipotecarios con arreglo a los tradicionales criterios económicos, es decir, no eran personas económicamente aptas para tomar dinero a préstamo con el fin de comprar una casa. Los proponentes originales de la CRA fueron el núcleo duro de la extrema izquierda que apoyó a la Administración Carter, especialmente “organizaciones vecinales” del tipo de la  Association of Community Organizations for Reform Now, conocida por sus siglas como “ACORN”, (que se podría traducir por: Asociación de Organizaciones Comunitarias Para Reformar Ya). Barack Obama trabajó como abogado y “organizador comunitario” para ACORN después de dejar la Facultad de Derecho en Harvard. Los denominados “grupos comunitarios” como ACORN se aprovecharon de la CRA mediante un procedimiento que se parece mucho a una extorsión legal. Cuatro agencias tienen la competencia de hacer cumplir la legislación CRA: la Fed, el Controlador de la Moneda (Comptroller of The Currency), la Oficina de Supervisión de los Thrifts (Office of Thrift Supervision) [1] y la Entidad o Corporación Federal de Seguros de Depósitos (Federal Deposit Insurance Corporation). La ley está redactada de forma que cualquier fusión bancaria, expansión o creación de filiales puede verse retrasada o cancelada por cualquiera de esas cuatro burocracias en el caso de que un “grupo comunitario” como ACORN presente una “reclamación”. Esto puede costar a los bancos grandes sumas de dinero y los “grupos comunitarios” aprovechan esa amenaza como palanca para enriquecerse a costa de los bancos. Piden a los bancos que les den millones (y a veces miles de millones) de dólares y que se comprometan además a conceder miles de millones de dólares en préstamos dudosos a prestatarios no cualificados, prestatarios sub-prime, a cambio de retirar la reclamación. Un hombre llamado Bruce Marks (pronunciado como “Marx”) se hizo bastante famoso presionando a los bancos de Boston, donde trabajaba como “organizador comunitario”, para que destinasen literalmente miles de millones de dólares a su “Asistencia Vecinal Americana” (“Neighborhood Assistance of America”). En una ocasión se jactó en el New York Times de que había “obtenido” compromisos de los bancos por importe de 3,8 miles de millones de dólares mediante el recurso al mecanismo de las reclamaciones que instituía la CRA. Y se trataba de un único “grupo comunitario” en una sola ciudad. Como resultado de la CRA los bancos en cada ciudad de Norteamérica se vieron forzados a tener una cartera de préstamos dudosos. Para compensar este adicional riesgo sistémico que les impuso la Fed, mucho bancos aumentaron las comisiones asociadas a los préstamos hipotecarios, obligando así a los prestatarios cualificados a subsidiar parte de las pérdidas resultantes de los préstamos de dudoso cobro que se vieron obligados a concertar en aplicación de la legislación CRA. También hicieron lo que siempre han hecho los bancos: cargar intereses más altos por préstamos sub-prime inherentemente más arriesgados. Los grupos comunitarios se quejaron de que tales prácticas eran discriminatorias y “predatorias” y presionaron para que se aprobaran medidas legales anti-predatorias que prohibieran esas comisiones. Lo consiguieron en muchos Estados, forzando a los bancos a asumir las pérdidas derivadas de los préstamos sub-prime. En torno a toda esta broma de la CRA, existe una publicación influyente de la Fed de Boston titulada “Closing de Gap: A Guide to Equal Opportunity Lending” (“Eliminando la desigualdad: Una Guía para la igualdad de oportunidades en el crédito“) que es muy reveladora. Y es que, aunque parezca asombroso, según esa publicación hay una desigualdad entre las habilidades que para recibir un crédito tienen: (a) quienes cuentan con suficientes ingresos para permitirse un préstamo hipotecario de cierto importe y (b) aquellos que no tienen suficientes ingresos para ser aprobados para obtener ese mismo préstamo. Por supuesto, según este criterio también existiría una desigualdad a la hora de comprar un automóvil, comprar alimentos, disfrutar de distinto número de días de vacaciones retribuidas al año, etc … El estudio de la Fed de Boston amenaza con emplear los poderes coactivos del Estado para eliminar la “desigualdad en la vivienda” tomando medidas contra los prestamistas hipotecarios para que concedan muchos más préstamos dudosos a prestatarios no cualificados. Además de otorgar más préstamos dudosos, la Fed exigió a los bancos que a la hora de contratar empleados, aplicasen cuotas raciales que favoreciesen a las minorías y ello porque eran de la opinión que empleados pertenecientes a minorías raciales se verían más inclinados a conceder más préstamos dudosos a minorías de su misma raza. La Fed de Boston adujo que su documento se limitaba a ofrecer unas recomendaciones o “líneas de actuación” para las entidades bancarias que operasen en el mercado hipotecario, pero estaba muy claro que cualquier prestamista hipotecario que no las siguiera se exponía a sanciones pecuniarias muy serias. El informe afirmaba con caracteres en negrita que:

No cumplir las prescripciones de la “Equal Opportunity Act” o de la “Regulation B” puede acarrear a la institución financiera responsabilidades civiles para resarcir los perjuicios así como penalidades tanto en procedimientos individuales como a resultas de acciones colectivas. Las penalidades pueden alcanzar los 10.000 dólares en el caso de reclamaciones individuales y en el caso de acciones colectivas a la menor de las dos siguientes cuantías: 500.000 dólares o el uno por cien del valor del patrimonio neto del acreedor.

Se dijo a todos los prestamistas hipotecarios (bancos, compañías hipotecarias independientes, etc …) que tenían que tener mucho cuidado con “leyes y reglamentaciones como la ‘Ley de Igualdad de Oportunidades‘ (Equal Opportunity Act conocida como Regulation B), la ‘Ley de Vivienda Justa’ (Fair Housing Act), la ‘Ley que rige las obligaciones de información sobre préstamos hipotecarios’ (Home Mortgage Disclosure Act conocida como Regulation C) y la ‘Ley para la Reinversión en la Comunidad’ (Community Reinvestment Act). El Consejo de Administración (de un banco), si actúa concienzudamente, identificará las potenciales responsabilidades asociadas a su incumplimiento”. La Fed dictó instrucciones a los prestamistas hipotecarios para que ignorasen los criterios tradicionales de evaluación de la capacidad de endeudamiento respecto de “consumidores de minorías raciales y de bajos ingresos”. Se dijo que las normas tradicionalmente utilizadas para analizar la viabilidad de los préstamos hipotecarios contenían “criterios arbitrarios o no razonables para medir la capacidad crediticia”. En vez de ello, se daba instrucciones a los prestamistas para que adoptasen “estándares especiales” para los préstamos, que fuesen presuntamente “apropiados para la cultura económica de los consumidores urbanos no tradicionales de bajos ingresos”. Por ejemplo, los estándares tradicionalmente utilizados para conceder préstamos hipotecarios toman en consideración cosas como la edad, el emplazamiento y el estado de conservación de la vivienda, pero esos son criterios que, según la Fed, deben omitirse en los casos de prestatarios de reducidos ingresos pertenecientes a minorías. La Fed instruyó que se debían ignorar los ratios tradicionales que comparan los pagos de la hipoteca con los ingresos mensuales. No había que preocuparse ya que la Fed también prometió a los prestamistas hipotecarios que el riesgo derivado de la concesión de miles de millones de dólares en préstamos dudosos a prestatarios no cualificados se vería reducido porque Fannie Mae y Freddie Mac les comprarían los préstamos para luego empaquetarlos, titulizarlos y venderlos en el “mercado secundario” de hipotecas. Por supuesto, la Fed también dio instrucciones a los prestamistas hipotecarios para que ignorasen la “ausencia de un historial crediticio favorable” respecto de los prestatarios de bajos ingresos pertenecientes a minorías. “Participar con aprovechamiento en cursillos de asesoramiento financiero” constituía un adecuado sustituto de un historial crediticio favorable, dijo la Fed. Para prestatarios “normales”, buscar un tasador inmobiliario deshonesto que se preste a falsear sus valoraciones al gusto de sus clientes implica sanciones penales. Pero no para las mascotas de la Fed, los prestatarios con ingresos reducidos de las minorías. Si un prestatario “sub-prime” tuviera un problema de tasación de la propiedad que pudiera suponer que se le denegase un préstamo, en ese caso la Fed alegremente intentaría encontrarle “otro tasador experimentado” que presumiblemente falsearía su valoración en provecho del prestatario sub-prime. Después de que para fomentar el acceso a una vivienda en propiedad, la Fed generase la perspectiva de una crisis bancaria por obligar a los bancos a conceder miles de millones de dólares en préstamos hipotecarios a deudores poco fiables, el gobierno intentó atajar esa crisis recurriendo a la “magia” de la “titulización”. Empezando a mediados de la década de los noventa, el Congreso dio instrucciones a Fannie Mae y a Freddie Mac para que acelerasen la compra de préstamos CRA a los prestamistas hipotecarios, los empaquetaran y los vendieran como “títulos-valores” en los llamados mercados secundarios. El Presidente de la Reserva Federal Ben Bernanke se vanaglorió de la supuesta sabiduría y superioridad moral de su política en un discurso que dio el 30 de marzo de 2007 bajo el título “La Community Reinvestment Act: su evolución y sus nuevos retos“. El discurso formaba parte de las celebraciones que el gobierno dedicó al treinta aniversario de la Ley. Según Bernanke,

La titulización de préstamos para la compra de vivienda se expandió, al igual que el mercado secundario de ese tipo de títulos, en parte como resultado de una una ley de 1992 que requirió a las empresas patrocinadas por el gobierno, Fannie Mac y Freddie Mac, que dedicaran una gran parte de sus actividades a lograr objetivos encaminados a facilitar el acceso a la compra de una vivienda.

Además de la ley de 1992 a la que Bernanke se refiere, la ‘Ley Riegle y Neal de Eficiencia Interestatal de los Bancos y sus Filiales‘ (Riegle-Neal Interstate Banking and Branching Efficiency Act) fortaleció las barreras legales a las fusiones bancarias, lo que mejoró en gran medida la influencia y las cuentas bancarias de “grupos comunitarios” de izquierda como ACORN. Bernanke continúa explicando que: “los grupos de presión utilizaron cada vez más el procedimiento de información pública para oponerse a las peticiones de los bancos valiéndose de la legislación CRA”. En otras palabras, hubo una explosión del tipo de actividades de extorsión legal que prevé la CRA; lo que constituyó siempre su objetivo. No es de extrañar que, como dijo Bernanke, “los bancos empezaran a destinar más recursos a sus programas CRA”. Eso no es todo. En 1995 el Tesoro de los Estados Unidos decidió que el gobierno mismo debería implicarse directamente en el negocio de la concesión de préstamos dudosos a prestatarios no cualificados dedicando miles de millones de dólares de los contribuyentes a capitalizar las llamadas ‘Instituciones Financieras de Desarrollo Comunitario’ (“Community Development Financial Institutions”) que prestarían directamente a “prestatarios” sub-prime. Fue también en ese momento, 1995, que el gobierno, con la Fed como brazo ejecutor, empezó a presionar a los bancos para que abandonasen los criterios tradicionales de calificación crediticia para los prestatarios de bajos ingresos adscritos a minorías, como el historial de ahorro y crédito, la verificación de sus ingresos y la comparación del importe del préstamo con sus ingresos mensuales. En 2003, una institución financiera, Countrywide Bank, había dado tantos préstamos CRA, por valor de más de 600 mil millones de dólares, que la Fannie Mae Foundation concedió a Countrywide un premio especial y la destacó como el modelo a seguir por todos los demás bancos. Countrywide Bank solicitó poco después acogerse a un expediente concursal, ahogado en un océano de préstamos CRA impagados.

 



[1] En EE. UU. los Thrifts son entidades financieras que canalizan el ahorro hacia el mercado hipotecario.

Traducido del inglés por Juan José Gamón Robres – mailto: juanjogamon@yahoo.es.

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