No hay tiranía más cruel que la que se perpetúa bajo el escudo de la ley y en nombre de la justicia – Charles de Montesquieu
Si hubo algo positivo en los horribles acontecimientos que tuvieron lugar en Ferguson, Missouri, y que perturbaron el mes de agosto, fue que por fin trajo al frente el asunto de la militarización de la policía. Por muy intolerable que fuera la muerte por disparos de un policía del desarmado Michael Brown, de 18 años, fue peor la brutal respuesta policial en forma de tratar a patadas la Primera Enmienda y recurrir a una ley casi marcial ante manifestaciones generalmente pacíficas de residentes locales y activistas. Para muchos observadores, lo que tuvo lugar en el suburbio del medio oeste fue indistinguible de escenas del Iraq ocupado.
¿Cómo ocurrió esto? Para conseguir una respuesta, los escritos del periodista de investigación Radley Balko son un recurso inestimable. Quizá más que nadie, Balko ha informado sustancialmente sobre la militarización de la policía y la injusticia a lo largo del país durante años.
Todos los detalles pueden encontrarse en su libro Rise of the Warrior Cop: The Militarization of America’s Police Forces. Este importante libro, que fue publicado recientemente en su edición de bolsillo, no podría haber llegado en mejor momento. A pesar de realizar un análisis intelectualmente riguroso del derecho, la política y la historia, Balko tiene un don para el relato, lo que destaca muchas historias conmovedoras y hace de Rise of the Warrior Cop una lectura accesible y apasionante.
En el prólogo, Balko empieza con la provocativa pregunta:
¿Cómo pasamos de ser un país cuyos estadistas fundadores eran inflexibles con los peligros de fuerzas públicas armadas y establecidas, un país que consagró la Cuarta Enmienda en la Declaración de Derechos y reverenciaba y protegía la antigua idea de que un hogar es un lugar de privacidad y un santuario, a un país en el que se ha convertido en aceptable que agentes armados del estado con ropas de batalla irrumpan en hogares privados en medio de la noche, no para aprehender a fugitivos violentos o frustrar ataques terroristas, sino para aplicar leyes contra actividades no violentas y consensuadas?
En el primer capítulo, Balko se ocupa de la historia clásica y sus lecciones para los Fundadores de Estados Unidos, así como sus propias experiencias bajo el gobierno británico. Como estudiosos de la Ilustración, estaban familiarizados con cómo desapareció la República Romana a manos de líderes militares ambiciosos y cómo la Guardia Pretoriana en el época del Imperio, que no solo actuaba como guardaespaldas del emperador, sino que también adoptaba muchos roles de policía, fue responsable de muchas intrigas e inestabilidad política. En vísperas de la Revolución Americana, las autoridades británicas utilizaron las odiadas órdenes de asistencia para aplicar impuestos y acabar con el contrabando en las colonias. Este tipo de órdenes generales permitían a las autoridades “buscar en grandes grupos de personas evidencias de cualquier cantidad de delitos, a veces durante largos periodos de tiempo”. Por muy malas que fueran, Balko señalaba que, frente a lo que puede hacer hoy la policía, las órdenes de asistencia no podían aplicarse de noche y obligaban a llamar antes de entrar en una vivienda particular. Finalmente, fue la habilitación de los soldados británicos para aplicar la ley lo que hizo que rompieran a hervir las tensiones de tanto tiempo. Después de la Guerra de Secesión, con sus abusos todavía frescos en sus mentes, los Fundadores escribieron y ratificaron una Constitución con una Declaración de Derechos.
La Cuarta Enmienda, en particular, fue escrita explícitamente para prohibir órdenes generales y reforzar la doctrina del castillo, un principio incluso más antiguo desarrollado por el derecho común británico que puede remontarse a la antigüedad. La doctrina del castillo sencillamente refuerza la idea intemporal de que “la casa de un hombre es su castillo”. Explicada por Balko:
Implícita en la opinión no está solo el derecho a repeler intrusiones criminales, sino también la idea de que el estado solo tiene permitido violar la sacralidad del hogar bajo condiciones que protejan el umbral frente a violencia innecesaria. Así, antes de entrar sin permiso, los agentes públicos deben llamar a la puerta, anunciarse e identificarse, declarar su propósito y dar a los ocupantes la posibilidad de que les dejen entrar pacíficamente. (…) El requisitito de anuncio bajo el derecho inglés no era una formalidad, como se ha convertido hoy en las redadas policiales. Era algo elemental. Su propósito es dar al dueño de la vivienda la oportunidad de evitar violencia, sufrimiento y destrucción de su propiedad.
Balko también explica detalles interesantes con respecto a la Tercera Enmienda, el “lechoncito de la Declaración de Derechos”, que incluye la aparentemente anticuada disposición que prohíbe el acuartelamiento de soldados en casas particulares. La jurisprudencia con respecto a la enmienda es escasa, pero Balko nos pregunta por qué los Fundadores le dieron tanta importancia. Leída a la luz de la doctrina del castillo, tiene sentido que quienes respetaban el principio de “la casa de un hombre es su castillo” no toleraran que sus hogares fueran ocupados por soldados. Pero lo más importante es que: “la enmienda era un referente para la más amplia aversión a un ejército permanente. (…) Representaba un resistencia antigua y profundamente arraigada contra ejércitos patrullando las calles estadounidenses y vigilando sus comunidades”.
Hasta la Guerra de Secesión y la Reconstrucción, las tropas en activo se usaban raramente, si es que lo hacían, para aplicación de derecho nacional. Al principio de la república americana, la aplicación de la ley se dejaba principalmente a manos privadas. Comunidades estrechamente unidas con valores compartidos confiaban sobre todo en el estigma y la deshonra social para mantener el orden. No existían los abogados profesionales a tiempo completo y correspondía a las propias víctimas del delito iniciar los cargos ante un gran jurado, un grupo de ciudadanos privados que tenían el poder de condenar. La milicia ciudadana se convocaba solo para los peores casos que requerían fuerza. Pero al avanzar la urbanización y crecer una población cada vez más diversa, esto trajo la necesidad de cambios.
Un hecho histórico particularmente interesante señalado por Balko es que después de la caída de Roma, no se crearon durante casi dos milenios nuevas fuerzas centralizadas metropolitanas de policía. En lugares que desarrollaron fuertes tradiciones de libertades civiles, como Inglaterra y la república americana, la gente recelaba de ejércitos permanentes, leyes marciales, y ejecutivos poderosos. En Estados Unidos, el Departamento de Policía de Nueva York no se creó hasta 1845. Siguiendo el modelo de los famosos “bobbies” londinenses, los líderes políticos tuvieron que lanzar grandes campañas de relaciones públicas para ganarse la confianza de los ciudadanos. Se realizaron grandes esfuerzos para distinguir a la policía de los soldados y asegurar que eran responsables ante los cargos electos y el público. Pero en muchas jurisdicciones la policía se hizo un poco demasiado responsable ante los políticos, actuando como secuaces corruptos para cualquiera que llegara al cargo y oprimiendo a las minorías y excluidos. El asunto de la corrupción policial era lo bastante serio como para entrar en el programa del movimiento progresista a principios del siglo XX. Los reformadores introdujeron el concepto de profesionalismo que “transformaba el trabajo del policía de una situación de apoyo a un profesión formal con sus propios patrones, conocimiento especializado y mayores estándares y requisitos de entrada de personal”. Aunque ayudó a ocuparse del problema de la corrupción, esta nueva política empezó a separar sutilmente a la policía de las comunidades a las que se suponía que servía y protegía.
Lo mollar en la historia de Balko centrada en la militarización de la policía empieza en la década de 1960. En este periodo, los movimientos de derechos civiles, pacifistas y contraculturales se hicieron muy activos, mientras aumentaban las tasas de delincuencia. Mientras el progresista Tribunal Warren expandía los derechos de los acusados en una serie notables sentencias, la gente de orden se alarmaba enormemente, creyendo que la sociedad se derrumbaba. Mientras sus críticos en la derecha continuaban sus ataques diciendo que era “suave” contra el delito, el presidente Lyndon B. Johnson supervisaba la creación de dos instituciones públicas para luchar contra el delito que tendrían enormes ramificaciones en el futuro:
- La Oficina de Narcóticos y Drogas Peligrosas, que se convertiría en la moderna Drug Enforcement Agency (DEA), la principal agencia pública en la Guerra contra las Drogas.
- La Law Enforcement Assistance Administration (LEAA), para “canalizar la financiación federal, equipos y tecnología para las agencias del orden estatales y locales”.
Esto continuaría para establecer un largo precedente de futuros programas como las concesiones Byrne y el programa 1033 del Pentágono ya que, “los sucesores de Johnson descubrirían rápidamente que introducir una espita de financiación como la LEAA y luego amenazar con eliminarla era una forma eficaz de convencer a los agentes de policía local para que adoptaran sus políticas preferidas”.
La moderna Guerra contra las Drogas empezaría oficialmente bajo el presidente Nixon, después de gana con una campaña de ley y orden y apelando a la “mayoría silenciosa”. El foco de los esfuerzos contra el delito de la Administración Nixon estaría en las drogas, que pensaban que eran el denominador común entre minorías raciales, contracultura y movimiento pacifista que marginaba “los Estados Unidos ignorados”. Los seguidores de Nixon presionaron para una financiación masiva para la Oficina de Narcóticos y Drogas Peligrosas y la LEAA, reclamando órdenes de registro sin llamar para agentes federales antidroga e incluso cerraron temporalmente la frontera con México en la Operación Intercept. En 1969, se llevó a cabo la primera redada de los SWAT en Los Ángeles contra las Panteras Negras. A pesar de que la redada fue un desastre “práctica, logística y tácticamente”, fue un gran éxito en relaciones públicas y los equipos SWAT se extenderían a casi todas las ciudades de Estados Unidos en las siguientes décadas. A pesar de estar pensados originalmente para situaciones de emergencia en las que hiciera falta violencia para acabar con violencia, como robos de bancos y captura de rehenes, era inevitable la deformación de la misión y los equipos SWAT pasarían a ser usados para todo, desde irrumpir en partidas de póker entre vecinos, a aplicar leyes de consumo de alcohol en menores y realizar inspecciones regulatorias, como documenta Balko meticulosamente. Saltando a la actualidad, ahora se estima que las acciones de los SWAT se producen hasta 40.000 veces por año en todo Estados Unidos.
Esto puede remontarse a la administración Reagan, cuando las tácticas de los SWAT empezaron a usarse cada vez más para luchar contra las drogas. La gente de la línea dura de su administración veía “Una lucha bíblica entre el bien y el mal, y en el proceso cambiar[on] a los política de la droga del país a soldados sagrados”. Advirtiendo la incoherente reverencia que tienen por Reagan los supuestos conservadores de gobierno limitado, Balko tiene esto que decir:
Los conservadores siempre han mantenido la postura algo contradictoria de que no puede confiarse en el gobierno en ninguna área de la sociedad excepto en lo que se refiere al poder de arrestar, detener, encarcelar y ejecutar a la gente. Pero Reagan no se andaba con rodeos con la contradicción, sino que la aceptaba. Culpaba del delito al gran gobierno y al mismo tiempo reclamaba que se le diera al gobierno muchísimo más poder para luchar contra él.
Bajo Reagan, se encargó al FBI aplicar las leyes sobre drogas, se purgaron en el funcionariado los profesionales sanitarios que estaban a favor del tratamiento a los adictos y se adoptaron políticas completamente nuevas, como la confiscación civil de activos (la teoría legal de que la propiedad puede ser culpable de un delito y confiscarse incluso sin que el propietario sea acusado). Quizá la acción más radical fue que Reagan pretendió enmendar la Ley Posse Comitatus y unir el ejército a la Guerra contra las Drogas.
Balko señala que:
A finales de la década de 1980, fuerzas conjuntas de actuación reunían a policías y soldados para la interceptación de drogas. Helicópteros de la Guardia Nacional y aviones espía U-2 volaban en los cielos de California en busca de plantaciones de marihuana. Cuando se identificaban los sospechosos, tropas en ropa de batalla de la Guardia Nacional, la DEA y otras fuerzas de orden federales y locales entraban en las plantaciones y capturaban a la gente que las cultivaba.
Después de que Reagan fuera sucedido por el vicepresidente George H.W. Bush, se continuó el mismo rumbo. Bush Sr. nombró al duro Bill Bennnet (que una vez reclamó la decapitación de los traficantes de drogas en Larry King Live e incluso “pidió a los niños que denunciaran a la policía a sus amigos que tomaran drogas) como zar de las drogas y redobló la retórica de que la guerra contra las drogas era una cruzada moral entre en bien y el mal. Los programas de tratamiento de drogadictos perdieron su financiación, mientras se mandaba más dinero a las fuerzas del orden y la construcción de nuevas prisiones. Quizá lo más significativo fueron las concesiones Byrne que se crearon en una ley penal de 1988, que enviarían miles de millones de dinero federal a departamentos de policía durante los siguientes veinticinco años y darían a “la Casa Blanca otra forma de imponer su política penal a las fuerza locales del orden”. Pero en opinión de Balko, el legado más dañino del programa fue la “creación de cientos de fuerzas de narcóticos regionales y multijurisdiccionales”, que a menudo eran irresponsables y eran recompensadas financieramente por realizar muchas incautaciones en las siguientes décadas.
Reformadores y activistas esperaban que la elección de Bill Clinton traería cambios a la Guerra contra las Drigas, pero, tristemente, no sería así. Por el contrario, Clinton “potenció las redadas paramilitares contra delincuentes de bajo nivel, incluso usuarios” y atacó con dureza las instalaciones de marihuana médica para enviar un mensaje político, a pesar de la legalización en algunos estados. Además, las concesiones Byrne se aceleraron, ya que incentivaban a “departamentos de policía en todo el país a priorizar los delitos relacionados con drogas por encima de otras investigaciones”. De manera perversa, los fondos se concedían basándose en “el número total de arrestos, el número de órdenes de detención atendidas o el número de incautaciones de drogas”. Como consecuencia, no se favorecía en realidad la reducción del delito y por el contrario se dotaba a los departamentos de policía que estuvieran realizando muchas incautaciones, independientemente del tamaño o lo fácil de los arrestos (por ejemplo, delincuentes de bajo nivel).
En este tiempo, el Tribunal Supremo continuó recortando la Cuarta Enmienda y se promovió una mayor militarización mediante la creación del tristemente famoso programa 1033, al profundizarse las relaciones entre el gobierno federal y los departamentos locales de policía. Tragedias espectaculares en la década de 1990 que supusieron fuerzas del orden fuertemente militarizadas como Ruby Ridge y el asedio de Waco sirvieron principalmente como munición partidista al convertirse temporalmente la derecha en crítica para quedar solo en silencio cuando George W. Bush se convirtió en presidente.
Bush Jr. siguió el guion de la cruzada moral y continuó los ataques paramilitares contra instalaciones y pacientes de marihuana médica a pesar a algunas declaraciones iniciales de federalismo. Después de los ataques terroristas del 11 de septiembre, los guerreros contra la droga no dejaron desperdiciar una buena crisis y aprovecharon la oportunidad de intentar ligar el nuevo miedo al terrorismo con el uso de drogas. Además, la nueva Guerra contra el Terrorismo creo otro “efecto trinquete” que hinchó un Estado de Seguridad Nacional ya creciente y militarizó aún más la policía. Gracias a generosas dotaciones anti-terroristas del DHS, que hicieron pequeño incluso el programa 1033, lo departamentos de policía en todo el país aumentaron sus arsenales con armas automáticas, drones, vehículos blindados y otro equipamiento militar. Pero como los ataques terroristas son increíblemente raros, la policía uso en su lugar la nueva equipación para perseguir las drogas. Entretanto, el Tribunal Supremo continuaba su asedio a la doctrina del castillo y la Cuarta Enmienda con sus sentencias en United States v. Banks y Hudson v. Michigan.
Mucha gente que deseaba “esperanza y cambio” puso su fe en Barack Obama para una détente en la guerra contra la droga y un repudio completo de las políticas de Bush, pero, como ocurrió con Clinton, tuvieron un desengaño muy amargo. Obama extendió la tendencia a la militarización de la policía entregando 2.000 millones de dólares a las concesiones Byrne. Otros logros notables incluyeron la supervisión de “más redadas federales en dispensarios de marihuana en cuatro años que los que había presidido George W. Bush en ocho”, promoviendo mayores incautaciones mediante el Departamento de Justicia y continuando entrando cientos de millones en equipo militar extraordinario a departamentos locales y estatales de policía.
Casi al final del libro, Balko ofrece una serie de propuestas de reforma para retrotraer la militarización de la policía y restaurar el funcionamiento de una sociedad libre. Estas ideas incluyen cosas practicables, así como otras políticamente inalcanzables, pero, como mínimo, proporcionan una hoja de ruta trabajable:
- Reducir y acabar la Guerra contra las Drogas.
- Acabar con el lento aumento en la misión de los SWAT, prohibiendo por ejemplo su uso por agencias regulatorias.
- Aumentar la transparencia, por ejemplo detallando el seguimiento de las órdenes y obligando al uso de cámaras corporales en acciones, en las que los vídeos puedan hacerse públicos a solicitud.
- Adoptar una verdadera policía de comunidad “sacando a los policías de los coches patrulla para patear las calles y convertirse en parte de las comunidades a las que sirven”, para recobrar la confianza entre la gente a la que sirven.
- Cambiar la cultura de la policía alejándose de la idea de combate “nosotros contra ellos” y destacando el consejo y resolución de disputas para arreglar conflictos en problemas cotidianos.
- Aumentar las responsabilidad y asegurarse de que la policía no está por encima de la ley imponiendo mayores castigos a agentes que cometan errores evidentes (esta propuesta probablemente sería atacada con uñas y dientes por los sindicatos policiales).
Incluso aunque más gente despierte a las realidades de un creciente estado policial, los retos para restaurar una sociedad libre son grandes y probablemente encontrarán resistencia a cada paso por los intereses creados. Como apuntaban Abigail Hall y Christopher Coyne en su análisis político-económico de la militarización de la policía en el número de Primavera de 2013 de The Independent Review:
La tendencia propia de las agencias públicas es a expandirse más allá de los objetivos iniciales de quienes las idearon. Los grupos de intereses especiales exacerban este problema buscando expandir su poder e influencia. La aparición de crisis (reales o inventadas) empieza un largo proceso de largo alcance que erosiona las ya imperfectas limitaciones sobre el poder del gobierno (…) los ciudadanos deben volverse escépticos ante la posibilidad de establecer limitaciones permanentes al poder público. El escepticismo requiere en definitiva reconocimiento y apreciación de las realidades del poder público y un rechazo de la acción pública como solución a las crisis percibidas.
Después de leer Rise of the Warrior Cop, si hay una lección que deberíamos entender, es que la militarización de la policía y al Guerra contra las Drogas estaban íntimamente ligadas. La primera no puede invertirse hasta que acabe la segunda. Gracias a la Guerra contra las Drogas, la doctrina del castillo se tambaleó, Estados Unidos acabó con la mayor población reclusa en la historia mundial y los policías amistosos del ayer se han visto reemplazados de hecho por un ejército permanente vestido como Darth Vader.
Hay hoy una amplia variedad de opiniones entre los comentaristas sobre en qué grado Estados Unidos se está convirtiendo o es un estado policial. En conclusión de Balko, “sería tonto esperar hasta que uno se preocupe”. Si perturban los acontecimientos de Ferguson o te preguntas por qué tu departamento local de policía tiene un vehículo blindado con una ametralladora de calibre .50, tiene que leerte este libro.
Publicado originalmente el 18 de octubre de 2014. Traducido del inglés por Mariano Bas Uribe. El artículo original se encuentra aquí.
