El mundo anterior a 1914 no vio problemas ni políticas de inmigración ni controles reales de fronteras. Por el contrario, había libertad de movimientos en su sentido real, no se hacían preguntas, se trataba a la gente con respeto y ni siquiera se necesitaban documentos oficiales para entrar o salir de un país. Todo esto cambió con la Primera Guerra Mundial, después de la cual los estados parecen competir en tener la visión menos humana de los extranjeros en busca de refugio dentro de su territorio.
Las “políticas de inmigración” de los estados modernos sigue siendo un sistema de licenciamiento del siglo XX: el estado ha aplicado licencias a los traslados. Es prácticamente imposible cruzar las fronteras artificiales del territorio estatal en busca de oportunidades, amor o trabajo: se necesita una licencia emitida por el estado para trasladar tu propio cuerpo, ya sea cruzando un río, pasando una montaña o atravesando un bosque. El Muro de Berlín puede haber desaparecido, pero el principio básico vive y prospera.
Estos días con el programa de los estadounidenses primero de Bush y con fronteras reforzadas a costa del contribuyente, parece que el estado está llegando a su clímax en licencias. A una nación construida sobre la inmigración, le debería parecer extraño tener un presidente invirtiendo en mantener fuera los extranjeros y considerando multar a los empresarios que contraten a inmigrantes, pero el objetivo no es una sociedad sana y vigorosa: con los controles de fronteras llega a una vigilancia, regulación y control más sencillos. Los europeos están liderando el camino en su intento de conseguir endogamia y estancamiento en todo el continente, mediante lo que se conoce como “Fuerte Europa”. Nadie entra, nadie sale.
La inmigración no es distinta de otros tipos de licencia aunque se haya ganado un nombre especial. La licencia tiene el mismo resultado independientemente de lo licenciado: la licencia para los médicos causa una mala atención sanitaria con mayores costes, igual que licenciar el negocio del taxi causa un servicio malo e impuntual con un alto coste: la licencia sobre los movimientos significa libertad restringida y altos impuestos para la gente (ya sean “ciudadanos” o “extranjeros”). Desde un punto de vista libertario debería estar claro que deben eliminarse todas las licencias, incluida la de la inmigración.
Pero el tema de la inmigración parece ser una especie de división dentro del libertarismo, con dos opiniones aparentemente en conflicto sobre cómo ocuparse del crecimiento de la población mediante inmigración. Por un lado, no es posible como libertario apoyar una política de inmigración regulada, ya que el gobierno no es nunca legítimo. Esa es en cierto modo el punto de vista libertario clásico sobre la inmigración: las fronteras abiertas.
Por otro lado, la teoría de los derechos naturales y, especialmente, los derechos de propiedad privada nos dicen que cualquiera puede moverse a cualquier sitio, pero primero debe adquirir su propia porción de terreno en la que vivir u obtener el permiso necesario del dueño. De otra forma, la inmigración se convierte en una violación de los derechos de propiedad, una invasión. Esta es la interpretación de una política de inmigración bajo principios libertarios presentada por Hans-Hermann Hoppe hace unos años, y que desde entonces ha ido ganando un creciente reconocimiento y apoyo.
Para un observador no libertario, la discusión de las dos alternativas debe parecer bastante absurda. ¿Qué sentido tiene esta idea libertaria de libertad, si la gente no puede llegar a un acuerdo sobre un asunto sencillo como la inmigración? Trato de demostrar que la idea libertaria es tan poderosa como afirmamos y que no hay razón por la que no podamos llegar a un consenso sobre el tema de la inmigración. Ambos bandos en este debate, tanto la de política antigobierno como la pro-propiedad privada, de alguna forma no se dan cuenta de que no hay contradicción real en sus opiniones.
El punto de vista de la política antigobierno de inmigración (o el argumento de las fronteras abiertas) y la llamada pro-propiedad privada son las dos caras de una moneda, sus respectivos defensores simplemente han caído presa del demonio de los detalles. Analicemos los principales argumentos de ambos bandos y ver sus respectivas fortalezas y debilidades y os demostraré cómo esto es verdad.
El argumento de las fronteras abiertas
La gente que defiende “fronteras abiertas en el tema de la inmigración argumenta que las fronteras del estado son artificiales, son creaciones basadas en los poderes coactivos del estado y por tanto nada relacionado con él puede ser legítimo. Tal y como son las cosas, no deberíamos (o, mejor: no podríamos). Todos tienen derecho a establecerse y vivir donde quieran. Es un asunto de derecho natural: nadie disfruta del derecho a imponerme su decisión salvo que sea un acto de autodefensa cuando estoy violando sus derechos.
En un orden mundial basado en derechos naturales, esto sería verdad. Es una regla de oro, una norma universal la que proscribe que te dejaré en paz si me dejas en paz; si me atacas o tratas de obligarme a hacer algo, tengo derecho a usar fuerza para defenderme y defender lo que es mío. Creo que podemos estar de acuerdo en que este es el acuerdo fundamental que resume la idea libertaria, un “contrato social libertario”, si queréis.
El problema de esta idea es que tiene demasiada perspectiva macro. Mientras que argumenta que no debería haber estados ni por tanto fronteras estatales, presenta argumentos con un punto de partida intelectual en la división de la humanidad en nacionalidades territoriales y etnicidad. Simplemente no es posible llegar a conclusiones sobre la inmigración, por ejemplo, para Estados Unidos, si empezamos nuestra argumentación desde la idea libertaria. ¿Qué es “inmigración” en un mundo sin estados?
El argumento pro-propiedad
Una visión menos macro de la inmigración se da por sentada en el argumento pro-propiedad. Aquí el derecho natural del individuo a tomar sus propias decisiones y su derecho a la propiedad personal son el punto de partida. Como todos tenemos el poder de crear valor poniendo a trabajar nuestras mentes y cuerpos, también disfrutamos de un derecho a hacer lo que nos parezca con lo que hemos creado y de ubicarnos dondequiera que tengamos dueños de propiedad o invitados. O, como dice Hoppe, “en un orden natural, la inmigración es la emigración de una persona de una comunidad vecina a otra diferente”.[1]
Consecuentemente, el asunto de la inmigración se resuelve en términos reales mediante las muchas decisiones tomadas por individuos soberanos, como atúan e interactúan para alcanzar sus objetivos. Puede simplemente no haber política de inmigración, ya que no hay gobierno, solo individuos, sus accione y sus derechos (de propiedad).
El argumento de las “fronteras abiertas” por tanto no solo es irrelevante, ya que tiene un punto de vista macro: tampoco percibe los derechos de propiedad como una regulación natural del movimiento. Como toda propiedad debe tener dueño y ser creada por el individuo, el gobierno no puede poseer propiedad. Además, la propiedad actual bajo control del gobierno fue alguna vez robada a individuos y debería devolverse en el momento en que el estado sea derogado, ya que los derechos de propiedad son absolutos. Consiguientemente, no hay tierras sin dueño a ser ocupadas en el mundo occidental y por tanto “fronteras abiertas” es en esencia un concepto sin sentido.
Utopía libertaria
Así que la inmigración estará naturalmente restringida en una sociedad libre, ya que toda propiedad territorial (al menos en el mundo occidental) será propiedad de individuos. Igual que argumenta Nozick en su obra maestra, Anarquía, estado y utopía, una sociedad basada en derechos naturales en términos absolutos debería respetar los derechos de propiedad en términos absolutos y por tanto los legítimos propietarios de cada propiedad deberían ser identificados a pesar del hecho de que la humanidad haya sido saqueada por una clase parasitaria durante siglos.
Está visión, aunque es filosóficamente apropiada,también es utópica, como demostraba Nozick, ya que no es posible identificar quién tiene un derecho a qué mediante adquisición original. Para empezar, no es posible distinguir correctamente propiedad privada sencillamente porque propiedades justas y robadas se han mezclado una y otra vez a lo largo de siglos. ¿Quién es el justo dueño de una propiedad siendo 9/10 el producto de su trabajo y el 1/10 restante (quizá el terreno sobre el que se construyó la casa) adquirido de buena fe a alguien que no era el justo dueño? Imaginemos ese tipo de cosa ocurriendo una y otra vez durante generaciones.
Tampoco hay nadie que pueda decir que habrían querido hacer los dueños legítimos de propiedad original pero muertos hace mucho con ella si se les hubiese permitido quedarse con ella o si el producto de sus vidas no hubiese sido heredado legalmente por sus familias. No es razonable suponer que todos ellos, en todas la generaciones hubieran hecho que sus hijos heredaran todo si no hubiese sido por la coacción del estado y la iglesia.
Lo que se considerará propiedad justa cuando se acabe aboliendo el estado de bienestar y guerra no está del todo claro. ¿Puede darse por sentado que los súbditos (ciudadanos) de cierto estado tengan derecho a igual porción de lo que está controlando actualmente el gobierno? ¿Son ellos, en absoluto, los legítimos propietarios de lo que controlan ahora con la protección legal del estado? Si pretendemos buscar el origen justo de la propiedad, tenemos que remontar todas las transacciones hasta los tiempos anteriores al estado moderno, anteriores a las monarquías y el feudalismo y probablemente a un tiempo anterior a las ciudades estados de la Grecia antigua. Si lo hacemos, ¿cómo consideraremos los valores producidos de las generaciones que hemos descartado en la práctica?
Probablemente no haya salida a este increíble lío siguiendo la línea de los derechos absolutos de propiedad. Debería hacerse así, pero me atrevo a decir que será un asunto práctico cuando lleguemos a ese punto, en lugar de filosófico.
Un problema estatal de inmigración
Otro problema de la inmigración y la propiedad deriva del sistema de bienestar social financiado con dinero extraído a los ciudadanos. Con el argumento de las fronteras abiertas, los derechos de propiedad privada podrían verse socavados aún más si los inmigrantes tienen derecho a derechos especiales, como vivienda, seguridad social, estatus y derecho de minoría, etc. Asimismo, los inmigrantes se convertirían automáticamente en parte de las masas parasitarias al disfrutar del derecho común a utilizar vías públicas, escuelas públicas y atención sanitaria pública sin pagar por ellas (todavía).
El concepto de los derechos de propiedad privada parecen ofrecer una solución a esto, pero en realidad no es una salida: no es tan sencillo como “Derechos de propiedad privada: ¿sí o no?” Los derechos de propiedad privada son una postura que ofrece un marco fundamental moralmente superior para cómo estructurar la sociedad, pero no ofrecen una guía de qué hacer con no-propiedades como las controladas actualmente por el gobierno.
Es engañosamente sencillo afirmar que todos los miembros del estado tienen derecho legítimo a la “propiedad estatal”, ya que tienen derecho a indemnizaciones por años de violaciones de derechos. Sin embargo, esto es solo una parte de la verdad. También es verdad que toda propiedad privada en cierta medida es parte del proceso de violación de derechos, con el apoyo directo del estado mediante subvenciones, exenciones fiscales, leyes de patentes, protección policial, etc. o indirectamente mediante la intromisión del estado en tipos de cambio de moneda, la legislación estatal “protectiva”, mediante propiedad y servicios de propiedad y mantenimiento público para el transporte, etcétera. Simplemente no existe ya propiedad privada justa en su sentido filosófico.
Por tanto es imposible decir que los inmigrantes serían parásitos en un grado mayor que, por ejemplo, Bill Gates: Microsoft Corporation se ha beneficiado enormemente gracias a la regulación estatal del mercado, pero también ha sido castigada de varias maneras. Todos somos tanto víctimas como beneficiarios. Por supuesto, se podría argumentar que los beneficios obligatorios no son realmente beneficios, sino solo un aspecto de la opresión. Bueno, en ese caso eso también sería verdad para los inmigrantes que también son o serán víctimas del estado (aunque quizá no por tanto tiempo como vosotros y yo).
Una postura libertaria sobre la inmigración
No debemos olvidar que el libertarismo no es un dogma teleológico luchando por cierto fin: más bien ve la libertad y los derechos individuales como el punto de partida natural para una sociedad justa. Cuando la gente sea verdaderamente libre, que pase lo que pase. Por tanto la cuestión no es cuáles serían los efectos de cierta política de inmigración, sino si debería haber alguna en absoluto.
Desde un punto de vista libertario, no es relevante discutir si apoyar la política de inmigración A, B o C. La respuesta no es fronteras abiertas, sino ninguna frontera: el alegato libertario no es si los derechos de propiedad privada restringen o no la inmigración, sino que una sociedad libre se basa en la propiedad privada. Ambas visiones son libertarias por igual, pero aplican la idea libertaria desde distintos puntos de vista. El argumento de las fronteras abiertas proporciona la postura libertaria sobre la inmigración desde una visión macro y por tanto destaca los valores libertarios de la tolerancia y la apertura.[2] El argumento de la propiedad privada asume la visión micro y por tanto destaca el individuo y los derechos naturales.
No hay conflicto entre estas opiniones, excepto cuando cada perspectiva se presenta como una política a aplicar por el estado. Con el estado tal y como es ahora, ¿deberíamos como libertarios defender fronteras abiertas o aplicar derechos de propiedad (con las reclamaciones de los ciudadanos sobre “propiedad estatal”? Ambas opiniones son igualmente problemáticas cuando se aplican dentro del marco del estado, pero no se contradicen, no son opuestas.
Publicado originalmente el 8 de diciembre de 2005. Traducido del inglés por Mariano Bas Uribe. El artículo original se encuentra aquí.
[1] Hoppe, “Natural Order, the State, and the Immigration Problem” en el Journal of Libertarian Studies, vol. 16, No. 1, p. 81.
[2] Se podría argumentar que la tolerancia es más bien un valor liberal o liberal clásico, no libertario. Pero la tolerancia es en cierto modo para de los derechos naturales, ya que el acuerdo fundamental en el contrato social libertario (“Te dejo en paz si me dejas en paz”) reclama aceptar las decisiones de otros como propias. No necesito apoyarlas, pero tengo que respetarlas y no interferir con ellas.
