Aunque a los izquierdistas normalmente les guste condenar la anulación como una chifladura de la derecha, la izquierda es bastante buena empleando esa táctica.
Indudablemente, la tendencia de anulación con más éxito que se está produciendo ahora está en los rechazos de los estados a aplicar las leyes federales sobre drogas. Cuatro estados (Colorado, Washington, Oregón y Alaska) han declarado unilateralmente legal la marihuana recreativa.
Anulación de izquierdas
Aunque la aprobación con éxito de estas medidas sí requirió el apoyo de libertarios y conservadores, los esfuerzos de Colorado, Washington y Oregón se beneficiaron especialmente del apoyo de gente a la que la mayoría identificaría como los llamados “liberales” de izquierda.
Muchos otros estados han legalizado también unilateralmente la marihuana para su uso médico y es en el núcleo de los republicanos (es decir, el sur y el medio oeste de las grandes llanuras) donde la resistencia a esta forma de anulación sigue siendo más fuerte. De hecho los cargos electos republicanos del sur y el medio oeste están actualmente demandando a Colorado para obligar a una mayor aplicación federal de las leyes sobre drogas.
Entretanto, los izquierdistas son el motor del llamado movimiento “ciudad santuario”, en el que los cargos locales rechazan cooperar con cargos federales a la hora de aplicar la leyes federales de inmigración.
Además de aprobar estas medidas de anulación, la izquierda continúa con presión a las agencias federales de policía para que no actúen. No es una casualidad que la administración Obama haya decidido seguir una política de no intromisión en ambos casos. Se ha presionado a la administración por parte de grupos clave de interés dentro del partido para dejar pasar todo.
No está claro si una administración republicana debería ser o no tan laissez-faire sobre la materia, pero tanto en la anulación de las drogas como en la anulación local de la ley de inmigración, la táctica está funcionando, por ahora.
Anulación de derechas
Los conservadores han tenido algunos éxitos a su propio estilo. Ocho estados (incitados por los conservadores) han aprobado leyes que anulan las leyes federales sobre armas de fuego dentro de sus fronteras. Como los anuladores de la marihuana, los anuladores de las leyes de armas de fuego simplemente rechazan ayudar a los federales a la hora de aplicar dichas leyes.
Además, los conservadores en Michigan ayudaron a aprobar una ley que prohibía a los cargos estatales a ayudar al gobierno federal en la detención indefinida bajo la NDAA.
También se ha hablado mucho de anular el Obamacare (mediante rechazo a establecer intercambios a nivel estatal) y de la anulación del mandato del matrimonio gay (mediante rechazo a las licencias de matrimonio), pero nada de esto parece estar teniendo mucho éxito.
Tendría mucho sentido que los conservadores, que afirman estar a favor de los llamados derechos de los estados y del “control local”, promovieran esas medidas. Pero los conservadores están asimismo entre los defensores más entusiastas de la NSA y la USA-PATRIOT Act, así que no debería sorprendernos que los conservadores se ataquen a sí mismo en el tema de la anulación sobre la base de su legalidad. La influyente (entre los conservadores) Heritage Foundation, por ejemplo, en 2012, publicó una hoja de hechos condenando la anulación como inconstitucional.
Otros grupos conservadores también se han opuesto enérgicamente a esta.
Los conservadores continúan estando preocupados con la legalidad de la anulación y, habiendo considerado correctamente que es de hecho ilegal (porque la ley federal dice lo que los jueces federales dicen que dice), rápidamente retroceden a los medios más respetables y “legales” de oponerse al poder federal.
Los izquierdistas están más que contentos cerrando filas y condenando estos intentos conservadores de anulación mientras evitan cuidadosamente mencionar sus propios usos de la misma táctica.
Tácticas políticas frente a tácticas legales
La anulación no ha sido nunca una táctica legal. Siempre ha sido extra-legal y política. Derecho y política son dos cosas distintas y el hecho de que algo sea ilegal no significa que se inviable o imposible políticamente.
Indudablemente, la anulación de las leyes de esclavos fugitivos tuvo mucho éxito y también fue muy ilegal. Tuvo de hecho tanto éxito que fue un factor importante en la secesión del Sur. Sabemos esto porque la declaración de secesión de Carolina del Sur lo dice específicamente:
Pero una creciente hostilidad por parte de los estados no esclavista hacia la institución de la esclavitud ha llevado al incumplimiento de sus obligaciones y la leyes del Gobierno General han dejado de poner en efecto los objetos de la Constitución. Los estados de Maine, New Hampshire, Vermont, Massachusetts, Connecticut, Rhode Island, Nueva York, Pennsylvania, Illinois, Indiana, Michigan, Wisconsin y Iowa han aprobado leyes que, o anulan las leyes del Congreso, o hacen inútil cualquier intento de aplicarlas. En muchos de estos estados, al fugitivo [es decir, el esclavo escapado] se le libera del servicio o el trabajo reclamado y en ninguno de ellos el gobierno del estado cumplió la estipulación realizada en la Constitución.
La gente de Carolina del Sur ganó la disputa legal, pero, incluso sin la Guerra de Secesión, habrían perdido la disputa política. La ley federal era clara en que los esclavos fugitivos eran un asunto federal y cualquier que interfiriera en ello estaba violando la ley. Pero eso no detuvo a quienes mintieron a los cargos federales y ayudaron a los esclavos a eludir a los cazarrecompensas. Los anuladores del Norte simplemente no iban a respetar la ley federal en este aspecto porque la consideraban inmoral. La gente de Carolina del Sur concluía correctamente que poco podía hacer y lo incluyeron entre las razones por las que se independizaron.
La anulación funciona cuando quieres inacción del gobierno
Cuando la anulación disfruta o bien de la indiferencia o del apoyo de una porción considerable de la población local y se basa en animar la inacción del gobierno, tiende a funcionar. En el caso de la anulación de las leyes de marihuana e inmigración, los gobiernos locales han rechazado aplicar la ley federal y lo mismo fue cierto con la anulación antiesclavitud. En realidad, los dueños de esclavos, que eran un grupo poderoso de interés a nivel nacional, y que tenían tanto la Constitución como los tribunales federales de su lado, tenían una desventaja asimétrica con los estados individuales porque los dueños de esclavos necesitaban más acción del gobierno y una aplicación de las leyes proesclavitud por parte de los gobiernos estatales. Aún peor (desde la perspectiva proesclavista), la aplicación era costosa. Los activistas antiesclavitud, por el contrario, solamente necesitaban que sus gobiernos estatales miraran hacia otro lado.
Entonces como ahora, los tribunales federales no estuvieron del lado de la anulación. Pero cuando el gobierno federal afronta la aplicación de la ley federal por encima de la objeción a la aplicación de la ley local (que es más sensible a los sentimientos locales) y cuando al menos una rama del gobierno federal está del lado de los anuladores, la cosas se convierten un turbias legal y políticamente.
Y aparentemente esto es lo que entiende la izquierda. Saben que los federales solo pueden contar con ellos mismos para aplicar la ley federal, sin ayuda del gobierno local. Sí, los federales tienen sus propios agentes federales, pero las fuerzas federales de policía son en realidad bastante pequeñas comparadas con las fuerzas locales y estatales de policía (salvo, por supuesto, que los federales acudan al ejército). Pero las grandes operaciones federales de fuerza tienden a ser desastres de relaciones públicas, como en el caso del Bundy Ranch.
Siempre es mejor conseguir ayuda local y, cuando estos rechazan darla, es difícil obligarles a hacerlo.
Sin embargo lo contrario tampoco funciona. Es decir, si la anulación consiste en requerir un papel activo para oficiales estatales y locales, el cumplimiento es un problema. Por ejemplo, si los estados trataran de anular Roe vs. Wade, se verían en problemas, porque ese tipo de anulación consiste en detener activamente a médicos y cerrar clínicas abortivas. Eso es distinto de sencillamente rechazar actuar.
Pero incluso los intentos de anulación de “no hacer nada” siguen sobre una base legal muy endeble. Según las interpretaciones modernas de la Constitución. No hay disposición legal que justifique que oficiales estatales y locales (incluyendo tribunales estatales) rechacen aplicar leyes que los expertos constitucionales modernos afirman que son “el derecho del lugar”. Y si deciden hacerlo, los cargos federales aún pueden aplicar selectivamente la ley usando sus propios agentes.
Pero a un nivel práctico, estos tipos de leyes de anulación sí limitan de hecho la capacidad del gobierno federal de aplicar sus propias leyes. Los federales siempre pueden llamara a la Guardia Nacional y obligar al cumplimiento local, pero no eso no puede hacerse permanentemente. Además, los federales evitan grandes demostraciones ostentosas de supremacía federal, no porque estén limitados por la ley, sino porque están limitados por la opinión pública. Y la opinión política es el factor crucial que los conservadores tienden a ignorar. La derecha parece pensar que las realidades legales se imponen a las políticas, mientras que lo opuesto es cierto más a menudo.
Publicado originalmente el 14 de agosto de 2015. Traducido del inglés por Mariano Bas Uribe. El artículo original se encuentra aquí.
