Cada ciudad -creada con este propósito en una zona deshabitada- sería una zona territorial regulada por sus propias reglas políticas y judiciales para atraer inversión, generar empleo y gestionar sus específicos sistemas de salud y educación, además de promover el desarrollo tecnológico de punta. Su estatuto independiente sería una Carta Constitutiva o Ley General por la cual se administra el territorio y que se fundamentaría en la libertad de comercio, la defensa de los derechos individuales y la protección de la propiedad privada.
Estas cartas o estatutos, varían de acuerdo a los intereses de los ciudadanos de las ciudades-estatuto y el espectro de intervención gubernamental y el propio sistema de gobierno de cada ciudad. De poderse aplicar correctamente puede dar paso a la creación de nuevas ciudades y espacios semiautónomos y autónomos, con un incalculable potencial de libertad y desarrollo.
