Hoppe y la producción privada de la defensa

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The Private Production of Defense apareció por primera vez en 1998 en una serie de ensayos de economía política publicada por el Instituto Mises. La edición que resumo aquí fue publicada como libro en 2009.

El libro de Hoppe tiene 10 partes:

1 – La producción privada de la defensa

Abogar por la producción privada de defensa empieza por desmitificar la necesidad de la seguridad colectiva del Estado. Este mito puede ser llamado el mito hobbesiano que se basa en la idea de que en un estado de naturaleza estaríamos unos sobre otros en constante conflicto. Por lo que una infraproducción de seguridad prevalecería. La solución a esto, según Hobbes y sus seguidores, es la institución del Estado. El Estado se constituye en una supuesta tercera parte independiente, en un soberano que insiste en que sus súbditos solo pueden, y están obligados, a acudir a él y pagar el precio (los impuestos) por la seguridad colectiva que el mismo brinda. La tesis de Hobbes equivaldría a que el hombre, impulsado singularmente por la agresión, desaparecería de la faz de la tierra. Sin embargo, evidentemente, este no es el caso. La pregunta es si la solución hobbesiana puede ser realmente mejor que la provisión privada de seguridad. Sin importar qué tan malo sea el hombre, su naturaleza no cambia por volverse soberano. ¿Y cómo entonces puede mejorar la protección de sus súbditos con la posibilidad de cobrar impuestos? ¿No hay aquí una contradicción de un protector expropiador de la propiedad?

Desde luego, el soberano hará la «paz» entre sus súbditos, siempre que a cambio pueda robarles de manera rentable. Ahora el soberano está bien protegido y cuanto más lo está, menos protegidos estarán los súbditos ante el soberano. El Estado consigue su propia seguridad mediante la expropiación. Algunos arguyen que el Estado resultaría de una especie de contrato constitucional, ¿pero quién accedería a que su protector tuviera tal poder de fijar y requerir violentamente los precios unilateralmente de manera irrevocable?

Asumida la tesis hobbesiana, si existen más Estados, y como en un estado de naturaleza no puede haber paz entre las personas, no podría haber paz entre Estados que permanecerían en este estado de naturaleza entre sí. Entonces, en pos de la paz mundial, el establecimiento de un único Estado mundial sería necesario.

Empíricamente, es correcto que los Estados hacen la guerra entre ellos y que la tendencia hacia la centralización política y la gobernanza mundial existe. La cuestión es si esto es una mejora comparada con la seguridad y protección privadas. Pero si persiste este estado de naturaleza entre Estados, debería persistir lo mismo entre súbditos de los diferentes Estados; no obstante, esto no es lo que sucede. Las relaciones privadas son significativamente menos belicosas que las relaciones entre los gobiernos. Después de todo, el soberano puede apoyar el peso de sus aventuras extranjeras en los hombros de los pagadores de impuestos. Y dada la naturaleza hobbesiana y agresiva del hombre, ¿no sería obvio que el soberano sería más agresivo contra extranjeros si puede externalizar en otros sus costos del comportamiento agresivo? Y, sin duda, existe una tendencia estatal expansionista de que la competencia interestatal desembocaría en un gobierno mundial. ¿Pero cómo puede ser esta una mejora comparada a la seguridad y protección privadas? ¿No sería el poder de un Estado mundial abrumadoramente superior al de cualquier individuo?

2 – La evidencia empírica

Este mito hobbesiano permanece ampliamente indiscutible en la mayor parte del público. ¿Pero es cierto? ¿Qué dice la evidencia? En su declaración independentista, el gobierno americano fue establecido de manera hobbesiana para proteger exclusivamente la vida y la propiedad de las personas y debería confirmar la validez de la afirmación hobbesiana del Estado protector. Luego de dos siglos de estatismo protector, ¿fue el experimento americano un éxito? De acuerdo a sus gobernantes y sus apologistas, fue un éxito. Los americanos están más protegidos que nunca de los «enemigos públicos» como el calentamiento global, la pobreza, la homofobia, la extinción de animales y plantas, el hambre, el sexismo y otros.

Sin embargo, para proveer esta «seguridad», los agentes estatales expropian anualmente más del 40% del ingreso de los productores privados. Aparte de la deuda pública y otros compromisos, la sustitución del oro por el papel moneda del gobierno ha incrementado la inseguridad financiera con depreciación continua de la moneda. Todo aspecto de la vida privada ha sido invadido y regulado por el Estado, exacerbando la incertidumbre legal y usurpando e impidiendo el derecho de exclusión propio del mismo concepto de propiedad privada y la libre asociación. Así, en el historial de los presidentes y de casi todo congresista se puede encontrar a miles y millones de víctimas de la ruina económica, la bancarrota, el empobrecimiento y la desesperación.

Las cosas empeoran con los asuntos exteriores. Nunca en su historia Estados Unidos fue atacado territorialmente por ningún ejército extranjero, a excepción de Pearl Harbor, que fue el resultado de una provocación anterior. Sin embargo, el gobierno americano declaró la guerra contra gran parte de su propia gente y participó en el asesinato sin sentido de cientos de miles. Mientras las relaciones entre americanos y extranjeros no parecen tan polémicas, el gobierno americano ha practicado casi desde siempre un expansionismo agresivo implacable hasta convertirse en el poder imperialista dominante en el mundo. Por esto, casi todos los presidentes americanos desde principios del siglo anterior también han sido responsables de la aniquilación y el hambre de innumerables extranjeros inocentes alrededor el mundo, mientras que el gobierno, cada vez más descarado y agresivo, ha vuelto más indefensos, pobres e inseguros a los propios americanos.

La evidencia empírica es muy clara. La creencia en el Estado protector es totalmente errada y el ejemplo del experimento americano es un fracaso total. Pues el gobierno americano no solo no protege a los americanos, sino que constituye la más grande amenaza a la vida, la propiedad y la prosperidad de los mismos; y así también la más grande amenaza contra cualquiera que se le oponga en el resto del mundo.

3 – Cómo pensar sobre la respuesta estatista

Los estatistas no niegan necesariamente los hechos decepcionantes, pero se defienden sobre la base de que estos son desviaciones del «verdadero» o «ideal» estatismo. Los estatistas interpretan toda la aparentemente contradictoria evidencia como accidental. Tan solo se necesitaba uno u otro presidente, uno u otro cambio institucional, etc.

Así como hemos aprendido de Mises a enfrentar el socialismo, demostrando su imposibilidad para llevar a cabo su objetivo de una economía más eficiente y próspera que la posible con el mercado libre y la propiedad privada de los medios de producción, así hemos de aprender de Rothbard para demostrar que no solo el socialismo no puede ser reformado sin la propiedad privada y el cálculo económico, tampoco puede serlo el estatismo. Dado el monopolio del Estado sobre la justicia y el cobro de impuestos, cualquier noción de limitar realmente su poder y salvaguardar los derechos del individuo es ilusoria. Una agencia monopolista de la protección financiada con impuestos llevará a más impuestos y menos protección. Es una contradicción en términos como la economía socialista, que es incapaz de economizar eficientemente los recursos más allá de lo que una economía primitiva de un hogar autosuficiente puede hacerlo. Este hecho respecto al Estado, la justicia y la protección ha pasado mucho más desapercibido que el argumento destructor de la economía socialista.

Incluso si el Estado se limitara a lo que se supone que debe hacer, la protección de los derechos de propiedad privada preexistentes, quedaría sin responder cuánta protección debe producirse. Debido al interés particular, la desutilidad del trabajo y el poder para el cobro de impuestos, la respuesta será la de maximizar gastos y minimizar producción. Ante la ausencia de competencia en los servicios de justicia y protección, la calidad de estos bajará. La justicia y la protección se pervierten a favor del gobierno a pesar de los intentos de constituciones y cortes contra esto, porque, finalmente, las mismas son constituciones y cortes compuestas por agentes de la misma institución. Por lo tanto, así como es imposible reformar el socialismo, y debe ser abolido en pos de la prosperidad, tampoco el Estado puede reformarse, y debe ser abolido en pos de la justicia y la protección.

Así, todos podrán participar de los beneficios de la división de trabajo en un mercado libre de oferentes de justicia y protección más allá de la autodefensa y la cooperación con los distintos propietarios, como es posible con el resto de los bienes y servicios ofrecidos en competencia en un mercado libre. Y todos podrán discontinuar los servicios de justicia y protección de uno u otro oferente para buscar otros acuerdos o afiliaciones.

4 – El caso de la seguridad privada

Además de demostrar el error que implica la idea de la seguridad colectiva del Estado, es necesario demostrar el caso a favor de la producción privada de defensa, incluso en un orden general en que existen Estados.

Dentro del marco de la gran división del trabajo de una economía moderna compleja, los candidatos más probables en la especialización del servicio son las agencias de seguros o aseguradoras. Cuanto mejor sea la protección, menores serán los costos que las aseguradoras tengan para lidiar con los daños. Para la eficiencia de la protección, las aseguradoras, además de tener que al menos aparentar y, de hecho, contar con la capacidad económica y material de poder lidiar con el asunto y ofrecer correctamente sus servicios, irán a proveer una amplia gama de servicios de protección e indemnización para sus clientes privados, incluso a gran escala territorial y más allá de la adyacencia de Estados.

Además del interés manifiesto de las aseguradoras en la eficiencia de la protección y su gran capacidad económica y material, todas se conectan por una red de acuerdos contractuales, de arbitraje y de agencias de reaseguros internacionales, que en combinación representa una capacidad económica que supera cuando menos a la mayoría de los gobiernos existentes.

Con el objeto de clarificar la idoneidad de las aseguradoras para la protección, es necesario recalcar que uno no puede asegurarse contra todo riesgo en la vida; uno no puede asegurarse contra los casos en que se tiene el control total o parcial sobre la posibilidad de cierto evento. Estos riesgos deberían asumirse personalmente. ¿Pero qué hace de la protección y la defensa algo asegurable? Antes que nada, la protección incondicional, si fuese posible en absoluto, solo puede ser practicada personalmente, porque nadie más puede proveerla para toda posibilidad invasora de los derechos de propiedad. Y solamente las invasiones y ataques no provocados por la víctima son asegurables. Así, la protección se vuelve asegurable cuando la aseguradora restringe contractualmente las acciones del asegurado, excluyendo toda posible provocación del mismo. La definición de esto puede diferir de una aseguradora a otra, pero el principio de que cada una debe excluir sistemáticamente la provocación y agresión entre sus clientes es el mismo.

Toda esta explicación sobre las características de los servicios de protección es de fundamental importancia porque implica:

  1. A) que los agresores y provocadores conocidos no tendrían ninguna chance de contratar tales servicios y se verían económicamente aislados y vulnerables;
  2. B) que cualquier que quisiera contratar tales servicios tendría que someterse voluntariamente a normas de conducta civilizada y no agresiva. Asimismo, debido a la libre competencia, los precios por valores de propiedad asegurada tenderían a bajar.

Por otra parte, cuanta más gente se asegure, más presión económica se ejercerá sobre los no asegurados para contratar los servicios y adoptar el actuar pacífico y civilizado de los asegurados.

A la vez, se pondrá en marcha una tendencia hacia la unificación y estandarización de la ley sobre la propiedad y los contratos, y a partir de la constante cooperación entre aseguradoras y árbitros, se producirá una tendencia a la estandarización y unificación de las reglas de procedimientos, evidencia y resolución de conflictos, y un incremento constante en la certidumbre legal. Y mediante la compra de un seguro de protección, todas las personas se vincularían a una iniciativa competitiva por la minimización de la agresión, maximizando la protección, y todos los conflictos y reclamos se encontrarían en la jurisdicción de una o más aseguradoras específicas con sus arbitrajes definidos.

5 – Más sobre el seguro contra la agresión

En el caso de los desastres naturales, las aseguradoras podrán discriminar riesgos de manera grupal, determinadas regiones pueden tener mayores primas respecto a otras sobre la base de la probabilidad conocida sobre determinados desastres. Y las primas deberán cubrir los posibles costos en tal periodo de tiempo, de manera de que rindan beneficios económicos para la iniciativa comercial propia de las aseguradoras.

En contraste con los desastres naturales, los riesgos industriales asegurables no pueden ser puestos en un mismo conjunto, sino que deben ser considerados de manera individual porque son frutos del actuar humano, y tanto los productores como los procesos de producción responden a diferentes patrones y posibilidades particulares y deben ser considerados de manera individual así como cada elemento puede tener distintas amplitudes con relación al intervenir humano, y si bien normalmente el actuar humano no está destinado o no se dirige a causar daños en este aspecto, debe concebirse un margen de error y una diferencia en esto entre uno y otro proceso o productor porque cada productor o tecnología de producción está sujeto a posibles inconvenientes más allá del control humano.

Lo que se recaude durante un cierto tiempo con las primas de seguro no será necesariamente suficiente para atender todos los reclamos por daños de ese periodo de tiempo, pero para generar beneficios se espera que toda la recaudación de muchos periodos baste para hacer frente a los reclamos durante ese periodo de tiempo. Por esto, la aseguradora debe tener reservas de capital para cumplir con sus obligaciones contractuales, y también debe considerar el valor actual de estas reservas para calcular sus primas.

Debido a la constante mejora científica y tecnológica, todo conjunto mutuo asegurable puede hacerse con el tiempo menos homogéneo y más específicamente asegurable. Es muy notable, por ejemplo, esta tendencia en el mercado de seguros de la salud.

Mientras que todo riesgo asegurable debe ser accidental, el accidente de la agresión es claramente distinto al riesgo de los desastres naturales y los accidentes industriales. Estos últimos resultan de las fuerzas y de la operación de las leyes de la ciega naturaleza que no discrimina entre las personas, así sea en un momento o a lo largo del tiempo. En cambio, la agresión es el resultado de la acción humana que discrimina y ataca deliberadamente a víctimas específicas y elige el momento para hacerlo.

6 – Las fronteras políticas y los seguros

Con posible alusión a un argumento a favor de la seguridad colectiva, se suele hacer una analogía entre las regiones que pueden ser azotadas en la probabilidad de ciertos desastres naturales (como inundaciones y terremotos) y las regiones limitadas por fronteras políticas de un país respecto a los ataques de otros, y entonces que en ambos casos sería propicio un tratamiento similar sobre los riesgos individuales compartidos colectivamente en cada región. Sin embargo, existen diferencias fundamentales. Por un lado, mientas las regiones respecto a desastres naturales responden a causas y condiciones naturales, las regiones políticas son limitadas arbitrariamente. Y, por otro lado, la destrucción de los desastres naturales es indiscriminado sobre regiones o recursos más o menos valiosos. A diferencia de esto, el agresor-invasor discrimina entre lugares y objetos con valor. Ceteris paribus, cuanto más valiosos sean, más probabilidad de invasión habrá.

A pesar de que las fronteras políticas son arbitrarias y los ataques no son indiscriminados, sino intencionados sobre ciertos lugares y objetos valiosos, puede haber fronteras no arbitrarias que separen zonas de distintos riesgos de seguridad. Tales fronteras son aquellas de la propiedad privada, pues todos los lugares y objetos valiosos son extensivos con las fronteras de toda propiedad. Solo los lugares y objetos sin valor no tienen dueño.

Toda propiedad es valiosa y, por tanto, pasible de ataques de los deseos agresivos de cualquier otro hombre. En consecuencia, la elección de la ubicación y la forma de toda propiedad puede ser influenciada por las preocupaciones de seguridad. Y la manifestación de cualquier hombre al no abandonar su propiedad demuestra su intención de defender y proteger la misma.

Incluso más que en el caso de los accidentes industriales, el seguro de una propiedad contra la agresión sería más el caso de una protección individual antes que de una protección grupal.

Mientras que el riesgo de accidente de un proceso particular de producción es normalmente independiente de la ubicación, el riesgo de agresiones contra la propiedad privada del lugar de producción puede variar según la ubicación. Como bienes producidos y apropiados de manera privada, toda propiedad, siempre separada y distinta, está ubicada en un lugar diferente y bajo el control de alguien diferente, y su ubicación constituye un riesgo singular de seguridad. Todas las propiedades y ubicaciones son distintas entre sí. Y sin importar donde se encuentren, pueden ser transformadas o modificadas para lograr una mayor seguridad y reducir el riesgo de agresión. Por lo tanto, todo propietario debe asegurarse individualmente.

7 – El Estado democrático y la guerra total

Así como la agresión nunca es indiscriminada, sino siempre dirigida y selectiva, así también es la defensa. Pero cualquier similitud entre los desastres naturales y la agresión externa no se debe a la naturaleza de la agresión, sino a la naturaleza especial de la agresión estatal. La existencia de los Estados no solo incrementa la frecuencia de la agresión, sino que cambia todo su carácter; implica que la guerra tenderá a convertirse en una guerra total e indiscriminada, en especial en el caso de los Estados democráticos.

En un mundo sin Estado, en donde la gran mayoría esté asegurada por empresas multinacionales con grandes capitales, casi todos los agresores, ya no asegurados por los riesgos que conllevan, dirigirían sus esfuerzos en atacar principalmente al resto de no asegurados y evitar todo «daño colateral» para no verse luego enfrentados a grandes y multimillonarias agencias profesionales de la defensa.

Además, toda violencia defensiva sería altamente selectiva y los agresores de los asegurados serían personas o grupos específicos en lugares específicos y con recursos específicos a los que las aseguradoras apuntarían específicamente para tomar represalias, y con la intención de evitar daños colaterales que le hiciesen responsables ante otras agencias de seguro.

Todo esto cambia en un entorno estatista. El ataque de cualquier Estado sobre otro no se centra en determinados individuos con sus respectivos recursos en lugares específicos, sino que se vuelve en el ataque de los ciudadanos de un país y todos sus recursos sobre otro país. Como, en principio, todo ciudadano paga sus impuestos, este se ve, quiera o no, envuelto en todo ataque de su gobierno. Si bien es falso que, por ejemplo, todo italiano tendría el mismo riesgo de ser atacado por una agresión externa (un romano estaría más expuesto que el campesino en algún otro lugar recóndito de Italia), todo italiano se ve involucrado activamente, aunque no siempre voluntariamente, en la participación agresiva de su gobierno.

Así como cada italiano se ve involucrado, cada ciudadano del país atacado se ve envuelto en la defensa correspondiente de su gobierno también en virtud de los impuestos. La guerra se ha vuelto total: es la guerra de todos los italianos contra todos los japoneses, por ejemplo.

Por la inevitable escasez, el agresor tendrá que dirigir sus ataques selectivamente, pero tendrá poco o ningún incentivo para evitar o minimizar el daño colateral. Y dado que toda la población y su riqueza se ven involucradas en la defensa, los daños colaterales de vidas o bienes serían incluso deseables. Ya no existe una distinción clara entre combatientes y no combatientes, todos son enemigos y toda propiedad proporciona apoyo al gobierno atacado.

Así también será para el país que se defiende, pues todo ciudadano y toda propiedad del agresor es un enemigo que se convierte en posible objeto de represalia. Además, debido a este carácter de guerra interestatal, los países desarrollarán y usarán más armas de destrucción masiva en lugar de armas de precisión de largo alcance. Por tanto, la similitud de destrucción y devastación aparentemente indiscriminadas de la guerra y las catástrofes naturales es una exclusividad del mundo estatista.

8 – Los seguros y los incentivos

Toda propiedad real es privada y toda defensa debe ser asegurada individualmente, similarmente al seguro industrial de accidentes. En el caso del seguro de defensa, la ubicación y la prima por valor asegurado importan y varían. Además, la tecnología y el armamento de los agresores y sus movimientos pueden cambiar, y su carácter general alterarse con la presencia de Estados. Y con esto, el precio por valor asegurado puede variar con los cambios en el entorno social y los alrededores de la ubicación.

Para saber cómo un sistema de agencias de seguro y protección en competencia respondería al desafío de la presencia de Estados, es preciso recalcar que, siendo todo lo demás constante, los propietarios prefieren generalmente bajos costos de seguridad y creciente valores de propiedad por sobre altos costos de seguridad y decrecientes valores de propiedad respectivamente. Por lo que existe una tendencia migratoria de personas y bienes desde las zonas de los últimos hacia las zonas de los primeros.

Entonces, los costos de protección y los valores de propiedad se relacionan, ceteris paribus, los altos costos con los valores decrecientes o menores de propiedad y viceversa. Estas leyes y tendencias moldean el sistema de agencias de seguro y protección en competencia.

Mientras que el monopolista financiado por impuestos tenderá subir los costos y precios de protección, las agencias de seguro en competencia, regidas por el balance de pérdidas y ganancias, intentarán disminuir los costos, y esto traerá la disminución de los precios. Los agencias de seguro están, además, más que interesadas en elevar los valores de propiedad, no solo por sus posesiones, sino porque podrían asegurar la propiedad de más personas. Por el contrario, si los riesgos aumentan y los valores disminuyen, el costo de la protección y el precio del seguro aumentan y el valor para asegurar disminuye, lo que se traduce en peores condiciones comerciales para una aseguradora. Por consiguiente, las aseguradoras estarían bajo una presión económica permanente para evitar tal situación desfavorable.

La estructura de incentivos en medio del sistema de agencias de seguro y protección tendrá un impacto no solo en la operación de las agencias, sino en la política de lucha contra el crimen. Pues si bien el interés del Estado es proteger la propiedad contra el crimen común, siendo financiado con impuestos, el mismo tiene poco o ningún interés en prevenirlo o, dado el caso, poco o ningún interés en compensar a las víctimas o en capturar y castigar a los victimarios.

Bajo la democracia, si todos pueden votar y ser electos, se pone en marcha una redistribución sistemática de los derechos de propiedad, desde los no agresores a los agresores y desde los residentes de áreas más seguras a los de áreas menos seguras, promoviéndose así el crimen. Incluso peor, además de no prevenir el crimen, y en lugar de compensar a las víctimas, el gobierno hace que estas paguen forzosamente vía impuestos por la captura, castigo, encarcelamiento, rehabilitación y hasta entretenimiento de sus victimarios. Y en vez de exigir precios de protección más altos en lugares de alta criminalidad, como lo harían las aseguradoras, el gobierno grava más en los de baja criminalidad y alto valor de propiedad, o incluso subsidia a los residentes de los primeros a expensas de los segundos, promoviendo así las condiciones sociales favorables al delito y erosionando las desfavorables.

En claro contraste al orden estatal democrático, las agencias de seguro se dedicarán activamente a la prevención, ya que en caso de no poder prevenir los crímenes, deben hacerse cargo de los costos de compensación. Y cuando ya no se ha podido evitar el crimen, las agencias nuevamente intentarán hacer un buen trabajo en la búsqueda y captura del victimario; de esta manera, podrían hacer pagar las consecuencias al victimario.

Y como el riesgo de agresión de la propiedad privada aumenta con la proximidad de agresores potenciales y el aumento de su capacidad agresiva, las agencias de seguro estarán interesadas en acumular la información sobre crímenes y verdaderos criminales y compartir esta información con el resto de las agencias; así como los bancos comparten información sobre malos pagadores, pues estará en el interés de las agencias disminuir los daños potenciales. Además, debido al interés especial en la prevención, las aseguradoras correlacionarían la frecuencia y la descripción de delitos y delincuentes con el entorno social, y desarrollarían y refinarían continuamente un sistema de indicadores sociológicos y demográficos del delito.

Grupos, barrios y ubicaciones podrán ser evaluados en sus riesgos según una multitud de características (sexo, etnia, raza, religión, profesión, edad, lenguaje y otros) de posible convergencia como indicadores de criminalidad en ciertas circunstancias. En consecuencia, toda redistribución de ingreso y riqueza entre tales características desaparecería, y con ello, también una fuente permanente de conflictos. Así, la estructura de precios tenderá a reflejar correctamente los riesgos particulares y nadie tendrá que pagar por riesgos ajenos a sus propias circunstancias. Debido a este proceso continuo de mejoramiento procedimental del sistema de agencias en competencia y a la tendencia migratoria de las zonas de alto riesgo y bajo valor de propiedad a las de bajo riesgo y alto valor, se promoverá una tendencia de progreso civilizatorio.

Por otra parte, a través de su política impositiva y redistributiva y de integración forzosa, los gobiernos erosionan las zonas «buenas» y promueven las «malas». La integración forzosa hace que los propietarios y residentes de los buenos lugares enfrentados con el problema inmigratorio deban convivir o encontrarse con quienes de otra manera no querrían tener que hacerlo; prohibidos por el gobierno para discriminarlos, tampoco pueden evitar a quienes pudieran considerar como riesgos potenciales a su seguridad a partir de la inmigración. Y para los propietarios y residentes de las zonas malas, quienes enfrentan más emigración que inmigración, la integración forzosa les impide deshacerse de agresores conocidos porque el gobierno los obliga a permanecer con los mismos alrededor. En cambio, las aseguradoras promoverían una tendencia a mejorar tanto las zonas buenas como las malas, debido al interés en aumentar el valor de las propiedades y reducir los costos de protección.

Las aseguradoras, a diferencia de los Estados, y además de tener cuenta las preferencias de sus clientes, adoptarían una clara política de discriminación orientada a elevar el valor de las propiedades y disminuir los costos y riesgos para la protección. En lugar de que la discriminación se eliminase, esta se perfeccionaría y racionalizaría. Se llegaría a una formulación y estimación cuantitativa de los costos de discriminar o no a potenciales inmigrantes, según los estudios interrelacionados de los datos de la inmigración y los inmigrantes y las estadísticas del crimen. En las zonas malas, los intereses de asegurados y aseguradoras también coincidirían. Y estas no suprimirían las intenciones de los asegurados de expulsar a criminales conocidos, sino que ofrecerían rebajas de precios dependientes de las operaciones de expulsión específicas. Las aseguradoras incluso querrían expulsar a estos criminales más allá de la vecindad inmediata y así expulsarlos de toda la civilización.

9 – Los seguros contra la agresión del Estado

Es importante primero recordar que los Estados son inherentemente despilfarradores e ineficientes en sus actividades. Por lo que los mismos no estarán capacitados para competir en un mismo territorio con las agencias aseguradoras financiadas voluntariamente. En relación con las reglas y restricciones de inmigración para bajar los costos de protección y elevar el valor de las propiedades, las aseguradoras, en vista del peligro y la amenaza estatal permanente, discriminarían contra los agentes estatales, restringiendo o impidiendo su ingreso y requiriendo a sus asegurados al menos restringir su contacto con los mismos. Por lo tanto, donde operen las aseguradoras, y en todos los territorios libres, los agentes estatales serían considerados parias indeseables y potencialmente más peligrosos que los delincuentes comunes.

Por consiguiente, los agentes estatales estarían destinados a dirigir sus vidas principalmente en territorios separados y en los límites de los territorios libres, y debido al efecto negativo de los Estados sobre la productividad económica, los gobiernos se verían cada vez más debilitados por la emigración de sus residentes más valiosos y productivos.

Y si un Estado quisiera agredir e invadir un territorio libre, no serían, presumiblemente, las empresas aseguradoras quienes lo hayan provocado. Y si alguna agresión hubiera contra el Estado, esta provendría de algún individuo específico, y tanto las aseguradoras como el Estado estarían interesados en capturar al agresor y hacerle pagar las consecuencias.

Pero si no hay agresor, el Estado tendría que justificar un ataque, o incluso uno indiscriminado. No obstante, el poder de todo gobierno descansa en última instancia en la opinión y el consentimiento; y si bien los jefes de Estado pueden ordenar ataques, debe haber personas que obedezcan estas órdenes, que estén dispuestas a marchar, a matar o morir, como también debe haber personas dispuestas a financiar todo esto. Y si no hubiera consentimiento porque las órdenes se consideraran ilegítimas, incluso el gobierno más poderoso se volvería ineficaz y colapsaría, como lo ilustra el ejemplo de la Unión Soviética.

Por lo tanto, el ataque a territorios libres sería considerado muy riesgoso, y ninguna propaganda bastaría para cambiar el hecho de que sería una agresión contra víctimas inocentes. En este sentido, los gobernantes, preocupados por la pérdida de legitimidad ante sus gobernados, evitarían la expansión estatal.

Y si aun así, un Estado atacara, este no encontraría una población desarmada, pues no sería esta una población a la cual un Estado haya desarmado para dominarla mejor. En cambio, las aseguradoras, no solo no querrían desarmar a sus clientes, sino que los animarían a armarse a través de ciertos recortes de precios. Y aparte de la oposición armada de ciudadanos privados, el Estado agresor se toparía, muy probablemente, con la resistencia de varias aseguradoras y reaseguros, que en el caso de un ataque e invasión exitosos, tendrían que enfrentar cuantiosos pagos de indemnización.

En igualdad de condiciones, el riesgo de una agresión estatal sería mayor en las proximidades o adyacencias de territorios estatales. Y para justificar un precio más alto para la defensa, las aseguradoras tendrían que demostrar una capacidad defensiva inmediata para defender a sus clientes de tales ataques, en la forma de servicios de inteligencia, armas y materiales adecuados, personal militar y entrenamiento. Es decir, las aseguradoras estarían equipadas y entrenadas para la contingencia de un ataque estatal y listas para responder.

En los territorios libres, las aseguradoras estarán preparadas para capturar, castigar y expulsar a invasores y agresores mientras disminuyen todo daño colateral. En los territorios estatales, las aseguradoras estarán listas para identificar al agresor en represalia (el Estado), y estarían listas para contraatacar y matar, con armas de precisión o comandos, a agentes estatales, desde el rey, el presidente o el primer ministro hasta abajo, evitando o minimizando todo daño colateral a la propiedad de civiles inocentes (agentes no estatales). Alentando así la resistencia interna contra el gobierno agresor, promoviendo su deslegitimación y eventualmente la liberación y transformación del territorio estatal en uno libre.

10 – La recuperación de nuestro derecho a la autodefensa

La idea del Estado protector basada en errores teóricos fundamentales tiene como consecuencias la guerra perpetua y la destrucción e inseguridad de toda propiedad privada. La respuesta correcta a la defensa es la misma respuesta privada del mercado de todos los demás bienes y servicios: los propietarios y la cooperación basada en la división del trabajo y la libre competencia del mercado. Un sistema de competencia entre aseguradoras regidas por pérdidas y ganancias promueve una tendencia hacia la civilización y la paz perpetua. Implementar estas ideas significa retirar del Estado nuestro consentimiento y cooperación y promover su deslegitimación pública para persuadir a otros a hacer lo mismo.

Sin la percepción pública errónea y la opinión del Estado como justo y necesario y sin la cooperación voluntaria del público, incluso el gobierno aparentemente más poderoso implosionaría y sus poderes se evaporarían. Así, liberados, recuperaríamos nuestro derecho a la legítima defensa y podríamos acudir a las agencias de seguros liberadas y no reguladas para una asistencia profesional eficiente en todo lo relacionado con la protección y la resolución de conflictos.

—Hans-Hermann Hoppe.

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