En las décadas de 1930 y 1940, cuando se desarrollaron los sistemas modernos de contabilidad de renta y producto nacional (CRPN), la extensión del producto nacional fue un tema de acalorado debate. Nada generaba más debate que la pregunta: ¿Debería el producto del gobierno incluirse en el producto interior bruto? Simon Kuznets (Nobel en ciencias económicas en 1971), el más importante contribuidor estadounidense al desarrollo de las contabilidades, tenían importantes reservas acerca de incluir todas las compras del gobierno en el producto nacional. Con los años, otros han desarrollado estas razones y aducido otras.
¿Por qué debería excluirse el producto del gobierno? Primero, las actividades del gobierno pueden verse como dando lugar a productos intermedios, no finales, incluso si el gobierno proporciona servicios tan valiosos como aplicación de derechos de propiedad y resolución de disputas. Segundo, porque la mayoría de los servicios públicos no se venden en mercados, no tienen precios determinados por el banco a utilizar para calcular su valor total para aquellos que se benefician de ellos. Tercero, porque muchos servicios públicos aparecen por motivos e instituciones políticos, en lugar de económicos, algunos de los cuales tienen poco o ningún valor. De hecho, algunos comentaristas (incluyendo al presente autor) acaban llegando a afirmar que algunos servicios públicos tienen un valor negativo: si existiera la alternativa, la gente víctima de estos “servicios” estaría dispuesta a pagar para librarse de ellos.
Cuando el gobierno alcanzó proporciones masivas durante la Segunda Guerra Mundial, este debate quedo apartado durante la guerra y las cuentas se pusieron de le forma en que se acomodaban mejor al intento del gobierno de planificar y controlar la economía para el fin principal de ganarla. La situación, por supuesto, dictaba que el gasto público, que creció hasta constituir casi la mitad del PIB oficial durante los años de guerra más intensa, se incluyera en el PIB, y el Consejo de Producción de Guerra, el Departamento de Comercio y otras agencias públicas implicadas en el cálculo de la CRPN reclutaron grandes contingentes de funcionarios, contables, economistas y otros para llevar a cabo el trabajo.
Después de la guerra, el Departamento de Comercio, que asumió la contabilidad nacional a la que había contribuido durante la guerra (desde 1972, en su Oficina de Análisis Económico [BEA, por sus siglas en inglés]), prefirió naturalmente continuando el uso de sus sistema favorito, que trata todo el gasto público en bienes y servicios finales como parte del PIB. Economistas como Kuznets, que no estaba a favor de este tratamiento, intentaron durante un tiempo continuar con su trabajo siguiendo líneas propias diferentes, pero ninguno podía competir con la enorme y bien financiada organización estadística que poseía en gobierno y casi todos acabaron renunciando y aceptando la CRPN oficial.[1]
Así que el gasto público se alojó en la definición y medición del PIB de una manera que las subsiguientes generaciones de economistas, periodistas, políticos y otros consideraban apropiada y daban por sentada. Sin embargo, no desaparecieron los asuntos de los que se había discutido largamente en las décadas de 1930 y 1940. Simplemente se desdeñaban como si hubieran sido resueltos, aunque no se hubieran resuelto intelectualmente, sino sencillamente barridos bajo la expansiva (y cara) alfombra del Departamento de Comercio. En particular, la inclusión del gasto público en el PIB seguía siendo extremadamente problemática.
Generaciones de alumnos de economía elemental desde la Segunda Guerra Mundial han salido de primero de economía habiendo aprendido, si han aprendido algo, que el producto interior bruto se define como
PIB = C + I + G + (X – M).
Es decir, el PIB para un periodo concreto, normalmente un año, es la suma del gasto en bienes y servicios finales por consumidores privados interiores, inversores privados interiores y gobiernos a todos los niveles, más la compra extranjera de exportaciones de EEUU menos las compras estadounidenses de importaciones de EEUU.
Este tipo de contabilidad proporciona el marco básico para los modelos keynesianos que arrasaron la profesión económica en las décadas de 1940 y 1950, de los cuales se deducía una conclusión política clave: que el gobierno puede variar su gasto para compensar defectos o excesos de gasto privado y por tanto estabilizar el crecimiento económico mientras se mantenía el “pleno empleo”. Desde el principio, la parte más destacada de su conclusión era que los aumentos en el gasto público pueden compensar las bajadas en el gasto privado y por tanto impedir o moderar las contracciones macroeconómicas.
Mucho del gasto público en décadas recientes ha adoptado la forma de aumento en pago de transferencias (pagos por los que el gobierno no recibe a cambio bienes o servicios reales), como pensiones de Seguridad Social, prestaciones a discapacitados y pagos a través de Medicare o Medicaid para subvencionar a servicios de sanidad beneficiarios de programas. En 2000, esos pagos supusieron el 56% de todo el gasto federal; en 2011 fueron más del 61%. Los pagos de transferencias no entran en el cálculo de la renta y el producto nacional, solo las compras de bienes y servicios finales lo hacen. Sin embargo, los economistas keynesianos argumentan que el gobierno puede usar aumentos en pagos de transferencias para atemperar las recesiones empresariales de la misma forma que pueden usar aumentos en sus compras de bienes y servicios finales porque las aumentos en los pagos de transferencias aumentan la renta personal y estimulan un mayor gasto de consumo y por tanto un mayor gasto de inversión y por tanto, de ambas maneras, un aumento en el PIB.
Los temas anteriores han tenido una especial contundencia durante los últimos cinco años, al haber aumentado grandemente el gobierno federal su casto total. Los desembolsos federal totales reales aumentaron un 32%, de 2,729 billones de dólares a 3,603 billones (en dólares constantes de 2005), entre los años fiscales de 2007 a 2011. Aunque mucho de este aumento ha tomado la forma de aumentos en pago de transferencias, la parte que está incluida en el PIB también ha crecido sustancialmente: a nivel federal, aumentó un 15,6% (en dólares reales) entre 2007 y 2011. Parte de este aumento se compensó con una disminución en compras de bienes y servicios finales del gobierno estatal y local, que cayeron un 3% durante este periodo. (Los datos vienen de la BEA, Tabla 1.1.6, Producto Interior Bruto Real, Dólares Constantes).
Como implica el modelo keynesiano básico, los aumentos recientes en el gasto público parecen haber impedido un declive aún mayor en el PIB real durante la recesión que empezó en el invierno de 2007-2008. Pero, sea como sea, como mucho de este gasto puede haber tenido poco o ningún valor (o incluso ser negativo) en sí mismo, sigue quedando la cuestión de si, a pesar de lo que muestran las cifras oficiales de PIB, el verdadero bienestar económico de la población podría haber sufrido una mayor contracción de la que creen en su mayor parte economistas de la corriente principal, periodistas, políticos y otros.
Para resolver esta cuestión, he calculado los que llamo el producto privado interior bruto (PPIB), que es sencillamente el PIB real estándar menos las compras del gobierno que forman parte de él. (Los datos vienen de la BEA, Tabla 1.1.6, Producto Interior Bruto Real, Dólares Constantes). El gráfico muestra el movimiento de esta variable de 2000 a 2011, el último año completo.
Producto Privado Interior Bruto (miles de millones de dólares constantes 2005)
Si el PPIB real hubiera crecido a un ritmo medio a largo plazo en torno al 3% por año durante el periodo de 2000 a 2011, habría aumentado en torno a un 38%. Sin embargo, en realidad, el PPIB aumentó durante este periodo solo un 18%, en torno a un 1,5% anual de media. (El PIB real, en comparación, aumentó en torno a un 1,6% anual, produciendo un pequeño aumento en la porción gubernamental del PIB). Así que, durante este periodo de más de una década, el producto privado creció solo entorno a la mitad de su ritmo medio histórico. Entre 2002 y 2007, mientras la burbuja inmobiliaria estaba dando lugar a lo que parecía un optimista crecimiento incluso más allá de del sector inmobiliario, parecían haber vuelto los buenos tiempos, pero el inevitable declive de 2007 a 2009 y la lenta recuperación desde 2009 llevaron la tasa de crecimiento a medio plazo para 2000-2011 de nuevo a un nivel anémico. La recuperación del periodo 2009-2011, devolvió al PPIB solo a su nivel de 2007, lo que significa cuatro años en los que no se ha producido ninguna ganancia neta y se ha sufrido mucho entre el inicio y el final del periodo.
Tal vez la declaración más positiva que podemos hacer acerca del rendimiento de la economía privada durante este periodo de doce años es que ha sido algo mejor que un completo estancamiento. Pero el producto privado ha perdido terreno en relación con el PIB oficial total. Además, muchas de las medidas tomadas contra la contracción (el enorme incremento del gobierno en gasto y deuda; la gran expansión de las reservas bancarias de la Fed, su asignación directa a empresa en quiebra y sectores con problemas y su acomodación a los gigantescos déficits del gobierno federal y la adopción por el gobierno de normas regulatorias extremadamente inquietantes, especialmente el Obamacare y la Ley Dodd-Frank) han servido para desanimar la inversión privada necesaria para acelerar la recuperación poner las bases de un crecimiento económico más rápido a largo plazo. Para encontrar una tormenta perfecta similar de políticas públicas fiscales, monetarias y regulatorias contraproducentes, debemos remontarnos a la década de 1930, cuando las medidas tomadas por Herbert Hoover y Franklin D. Roosevelt convirtieron lo que probablemente hubiera sido una recesión normal y breve en la Gran Depresión.[2] Si el gobierno y la Fed persisten en el tipo de políticas destructivas que han seguido desde 2007, permanecerá la posibilidad de otra gran depresión. Aun sin una catástrofe así, la economía de EEUU presenta en el mejor de los casos la perspectiva de un débil desempeño durante muchos años en el futuro.
[1] Robert Higgs, Depression, War, and Cold War: Studies in Political Economy (Nueva York: Oxford University Press, 2006), pp. 64-68 y Ellen O’Brien, “How the ‘G’ Got into the GNP”, en Perspectives on the History of Economic Thought, vol. 10, Method, Competition, Conflict and Measurement in the Twentieth Century, ed. Karen I. Vaughn. (Aldershot, Inglaterra: Edward Elgar, 1994), p. 242.
[2] Robert Higgs, Crisis and Leviathan: Critical Episodes in the Growth of American Government (Nueva York: Oxford University Press, 1987), pp. 159-195; Higgs, Depression, War, and Cold War, pp. 3-29.
Publicado el 20 de diciembre de 2012. Traducido del inglés por Mariano Bas Uribe. El artículo original se encuentra aquí: aquí.
