“Muchas ciudades son lugares caros para vivir”. Esa era la primera frase y la premisa principal de un reciente artículo de opinión del Los Angeles Times, que defendía que las ciudades con altos costes aumenten los salarios mínimos para mitigar el problema. Me sorprendió el hecho de que durante años se usó exactamente la misma base por los mismos grupos de liberales de izquierdas para justificar controles de rentas. Aparentemente, los altos costes de vida, en buena parte causados por una panoplia de impuestos regulaciones y restricciones públicas, justifica aún más coacción impuesta por el gobierno tanto en el mercado laboral como en el de la vivienda. Por desgracia, estas “soluciones” públicas no solo están basadas en defectos en lógica económica básica, sino que son mutuamente contradictorias.
Tanto el salario mínimo como el control de rentas, a pesar del hecho de que el primero empuja los precios al alza y el segundo a la baja, reducen la cantidad del bien intercambiado en cuestión. Eso los hace “soluciones” contraproducentes para los problemas afrontados por los que son incapaces de vender suficiente sus servicios laborales o incapaces de comprar suficientes servicios de vivienda. Pero la retórica empleada oculta el hecho de que empeoran en lugar de mejorar el problema central.
Para la gente sin cualificación, los defensores del salario mínimo plantean el asunto como “Si pudieras ganar más por hora, estarías mejor”. Pero eso parte del falso supuesto de que querer trabajar más con salarios mayores significa que podrás trabajar más, cuando esos salarios son impuestos por el gobierno.
Los trabajadores no cualificados estarían dispuestos a trabajar más con salarios más altos, en igualdad de condiciones (reflejando la ley de la oferta). Sin embargo, salarios mayores reducen cuántos de sus servicios contratarán los empresarios (reflejando la ley de la demanda). Por tanto, la voluntad incrementada de los trabajadores no cualificados por ofrecer servicios a contratar será irrelevante para los resultados reales, porque habrá disponibles menos trabajos. En lugar de poder vender más servicios a salarios mayores, podrán realmente vender menos servicios y algunos se verán completamente imposibilitados para encontrar empleo debido a los precios, no ganando nada.
Simétricamente, los defensores del control de rentas plantean el asunto como “Si pudieras alquilar por menos, estarías mejor”. Pero eso parte del falso supuesto de que queriendo alquilar más vivienda a un precio inferior significa que podrás alquilar más, cuando esas rentas las impone el gobierno.
El control de rentas aumentará la cantidad de arrendatarios que quieran “comprar” (reflejando la ley de la demanda). Sin embargo, reducirá cuánto están dispuestos a ofrecer los propietarios (reflejando la ley de la oferta). Por tanto, la cantidad aumentada de viviendas que desean las familias, gracias a las rentas obligatoriamente más bajas, será irrelevante para los resultados reales, porque el control de rentas hará que haya disponibles menos viviendas en alquiler. En lugar de poder consumir más vivienda con rentas menores, los arrendatarios tendrán menos viviendas y algunos se quedarán totalmente sin ellas debido a los precios.
Más allá de aumentar los problemas esenciales que afrontan las familias con dificultades financieras en los mercados laboral e inmobiliario, en lugar de mejorarlos, el argumento para mayores salarios mínimos muestra el flagrante error en el argumento para rebajar los precios máximos de rentas y viceversa.
Si salarios obligatoriamente más altos aumentan la voluntad de ofrecer servicios laborales, lo contrario también debe ser verdad. Salarios menores deben reducir la voluntad de los trabajadores de ofrecer servicios laborales. Pero si es así, los controles de rentas deben también reducir la voluntad de los propietarios de proveer viviendas y el control de rentas restringirá en lugar de expandir las opciones de los arrendatarios.
Similarmente, si rentas obligatoriamente más bajas aumentan la voluntad de alquilar viviendas, lo contrario también debe ser verdad. Rentas mayores reducirían la voluntad de las familiar por la vivienda en alquiler. Pero si es así, salarios más altos deben también reducir la voluntad de los empresarios de contratar trabajadores no cualificados y el salario mínimo restringirá en lugar de expandir las opciones en el mercado laboral de los trabajadores no cualificados. El que los que respaldan ambas políticas usen argumentos no solo defectuosos, sino contradictorios, revela lo defectuosos que son sus alegatos.
La misma disonancia cognitiva infecta también la justificación de que topes máximos y mínimos de precios y otros decretos del gobierno están justificados para ayudar a quienes hayan sido víctimas de alguna forma de discriminación. De hecho, ambos aumentan dicha discriminación contra los pobres, los menos cualificados y otros grupos desfavorecidos, haciendo menos costoso discriminarles. Y aumentar la discriminación contra grupos desfavorecidos hoy es una extraña manera de “resolver” discriminaciones anteriores.
Salarios mínimos más altos que aumentan la cifra de los dispuestos a trabajar, mientras reduce los trabajos disponibles, disminuye el coste para un empresario de desechar a un solicitante concreto con alguna característica indeseable a sus ojos (incluyendo menores habilidades) a prácticamente cero, porque hay un gran número de solicitantes sin esa característica. Similarmente, rentas más bajas que aumentan la cifra de los deseosos de alquilar, pero reduce la oferta de alquileres, también disminuye el coste para un propietario de desechar a un solicitante concreto con alguna característica indeseable a sus ojos (incluyendo mayores posibilidades de impago) a prácticamente cero.
Los que defienden controles de precios como salarios mínimos y controles de rentas justifican ambos por la compasión. Pero ignoran con mucho las violaciones por compasión impuestas a los derechos de propiedad de empresarios y propietarios de viviendas (reflejando la broma de Will Rogers de que “Recuerdo cuando ser progresista significaba ser generoso con tu propio dinero”).
A pesar de sus abusos coactivos, debido a lapsus lógicos, ambos presentan también a personas y familias de rentas más bajas menos opciones en lugar de más, dañando a muchos pretendidos beneficiarios. Y ninguna cantidad de compasión justifica dañar a empresarios y propietarios de viviendas al obligarles a imponer también daños a trabajadores sin cualificación y familias de rentas bajas.
Publicado el 15 de abril de 2014. Traducido del inglés por Mariano Bas Uribe. El artículo original se encuentra aquí.
