Este artículo fue extraído del libro Crimen Organizado, escrito por Thomas DiLorenzo y traducido por Juan José Gamón Robres. Descarga el libro aquí.
CAPÍTULO 9 – Pagar para que te dejen jugar: ¿A qué viene tanto alboroto?
En 2009, el establishment [1] de Washington y los medios nacionales fingieron indignación por el hecho de que el Gobernador Rod Blagojevich de Illinois vendiese favores políticos. El gobernador, al parecer, había aceptado sobornos para designar a un sustituto para el puesto vacante de senador de los Estados Unidos que había dejado vacante Obama y que le correspondía a él nombrar en su condición de gobernador del Estado. El Fiscal Federal Patrick Fitzgerald dio lugar a la que tal vez fue la mayor carcajada cuando señaló que Abraham Lincoln se revolvería en su tumba de haber sabido que un político de Chicago había sido contratado de una forma tan sospechosa.
En realidad, Lincoln se habría quedado anonadado ante tan estúpida afirmación. Como una vez indicó el biógrafo de Lincoln David Donald, quién recibió un premio Pulitzer por su trabajo, cuando Lincoln se postuló para la presidencia ya se había convertido en un maestro a la hora de tirar los hilos políticos en Illinois. Cuando era joven, Lincoln dijo que su principal aspiración era convertirse en el “DeWitt Clinton de Illinois”, refiriéndose al anterior gobernador de Nueva York a quién se atribuyó la invención y el perfeccionamiento del “sistema de expolio” de la corrupción política institucionalizada.
Como presidente, uno de los primeros actos de Lincoln fue reunir al Congreso en sesión especial en junio de 1861 para empezar a trabajar sobre la ley del ferrocarril del Pacífico, que, eventualmente, daría lugar al mayor espectáculo de soborno y corrupción de la Historia americana hasta entonces (el escándalo del Crédit Mobilier). Lincoln se aprovechó personalmente de dicha legislación que le dio, como Presidente, el derecho a elegir el lugar de la costa Este desde el que arrancaría la construcción del ferrocarril transcontinental. Eligió Council Bluffs, en Iowa, donde había comprado una gran porción de terreno en 1857. Muchos de los destacados compañeros de Lincoln en el Partido Republicano desde Thaddeus Stevens a Justin Morrill pasando por Oakes Ames e incluso el General Sherman, acumularon grandes fortunas gracias a la ley del ferrocarril del Pacífico.
La venta de favores políticos -incluido el nombramiento de puestos para las oficinas del gobierno- es lo que define a la política de Washington (y a todos los demás políticos de Estados Unidos). Con la sola excepción del congresista Ron Paul, en décadas recientes virtualmente todos los políticos de Washington dedican la mayor parte de su tiempo a la compraventa de favores políticos de un tipo o de otro. Se “vende” legislación y reglamentación “a cambio de contribución a las campañas electorales, sobornos, puestos bien remunerados para familiares y amigos, promesas de empleos en el sector privado, favores monetarios, etc …”. Es lo que los políticos hacen y en lo que la política consiste. El gobernador Blagojevich no hacía sino cumplir con la deshonesta jornada de trabajo característica de todo político.
El gobierno se ha hecho tan adepto a vender favores políticos que se han escrito manuales universitarios que constituyen una verdadera ciencia de la extorsión política. Un ejemplo a propósito sería el libro “Money For Nothing: Politicians, Rent Extraction, and Political Extertion” (“Dinero por nada: políticos, extracción de rentas y extorsión política“) de Fred S. McChesney. Mucho se ha escrito respecto de la concesión gubernamental de favores a empresas y a otros grupos a cambio de “contribuir a sus campañas”, pero McChesney se fija en otro fenómeno aún más insidioso: el de políticos que amenazan con imponer costes a las empresas o a completos sectores económicos mediante reglamentaciones e impuestos si esas empresas o esos sectores económicos no pagan y “contribuyen” a sus campañas. Lo califica como “una forma de extorsión política o chantaje”.
La extorsión o chantaje políticos puede tomar la forma de amenazas de imponer controles de precios, por ejemplo, o amenazas de retirada de licencias de ocupación o de actividad o de permisos de obra o instalación. O puede venir en la forma de amenazas de aumentar los costes a determinada empresa mediante un impuesto especial sobre ciertos consumos o mediante una regulación especialmente costosa y onerosa. El propósito de las amenazas es el de solicitar “contribuciones” electorales a los negocios amenazados. Los políticos incluso tienen su propio vocabulario para la extorsión política y el chantaje. Denominan a esa legislación “leyes lecheras“, ya que ordeñan la leche, o sea obtienen o generan fondos para campañas electorales de las empresas que los políticos llaman vacas lecheras.
También hay “leyes exprimidoras” diseñadas para “exprimir” dinero a las empresas amenazadas. Y hay “leyes extractivas” diseñadas con el mismo propósito -para extraer dinero de los lobistas corporativos bajo la amenaza de legislación. Entre los ejemplos citados por el profesor McChesney se encuentran:
- La legislación sobre responsabilidad de los productos que se propone periódicamente para extraer fondos electorales de ambos lados del debate.
- Proponer legislación para restringir intercambios futuros, lo que permite obtener cuantiosos fondos de quienes aspiran a llevar adelante ese tipo de negocios en el futuro.
- Proponer controles de precios sobre las empresas farmacéuticas, lo que hace posible exprimir millones de dólares de la misma.
- Proponer controles de precios sobre las empresas de televisión por cable que produce el mismo efecto.
- Proponer la prohibición de fumar o proponer impuestos aún más altos sobre productos derivados de las labores del tabaco, siempre permite recaudar millones de dólares de la industria tabaquera.
- Propuestas dirigidas a incrementar los impuestos que gravan el consumo de bebidas alcohólicas son verdaderas “leyes exprimidoras” de eficacia probada.
- Propuestas para “aumentar los impuestos que recaen sobre los ricos” y de “hacerles pagar su justa parte” son ejemplos clásicos de leyes extractivas.
Cada vez que se ha recaudado una “suficiente” cantidad de dinero de los individuos, corporaciones o grupos afectados, la legislación que se propuso para amenazarles se abandona. No es pues algo distinto, en otras palabras, de las prácticas propias de los grupos del hampa cuando piden sobornos a cambio de permitir que una empresa exista en su vecindad. El gobernador Blagojevich, a quien se acabó condenando a catorce años de cárcel, fue una ofrenda política, un cordero sacrificado, utilizada por la maquinaria política de la ciudad de Chicago que, en 2009, había emigrado a la Casablanca. Su aparente propósito al perseguir a Blagojevich por lo que ellos mismos habían estado haciendo durante toda su carrera política era intentar hacer creer a la gente que los políticos de Chicago no eran en realidad la banda de ladrones y criminales que tanta gente cree que son.
CAPÍTULO 10 – Criminalidad Fed-ACORN
Hace algunos años, la “Association of Community Organizations for Reform Now” (ACORN), ” Asociación de Organizaciones Comunitarias ‘Reformemos Ahora’ “, el grupo de activistas de izquierda que contrató a Obama tras salir de la Facultad de Derecho, saltó a las noticias después de que uno de sus “asesores fiscales” fuese grabado dando asesoramiento sobre evasión fiscal a dos personas que simulaban ser un proxeneta y una prostituta. Los impostores dijeron al “asesor” que querían un préstamo subvencionado por el gobierno para abrir una casa de citas en la que emplearían a docenas de chicas adolescentes de América Central que traerían al país de forma ilegal. En el video, los “asesores” se jactaban de saber cómo podrían solicitar el préstamo al gobierno sin que las autoridades legales descubriesen lo que perseguían realmente.
Por sórdida que fuera esa historia, palidece en comparación con la función principal de ACORN durante los últimos treinta años. ACORN ha sido uno de los actores principales e lo que puede describirse como una banda legal de estafadores dirigida por el Federal Reserve Board (Consejo de la Reserva Federal), el Comptroller of the Currency (Controlador o Interventor del Tesoro) y otras agencias del gobierno. La estafa empezó con la Community Reinvestment Act de 1977 (CRA) del presidente Jimmy Carter, que dio poderes a “grupos comunitarios” como ACORN para que pudiesen efectivamente extorsionar millones de dólares a los bancos. Tales grupos son habilitados por la referida ley para “reclamar” contra las fusiones o expansiones bancarias. Presentan una denuncia ante la Fed, por la que solicitan que el banco que pretende expandirse o fusionarse haga donaciones millonarias a ACORN para que, supuestamente, ésta preste ese dinero a prestatarios sub-óptimos. Por supuesto que ACORN siempre se queda con una parte del dinero para sus propios salarios y gastos. WaMu Bank, que quebró, presumió una vez de que había ganado 375 millones de dólares con préstamos de ACORN y la Fed concedió a Countrywide Bank un premio después de que ganara 600 mil millones de dólares con ese tipo de préstamos, antes de entrar también en concurso de acreedores durante la crisis de las hipotecas sub-prime de 2008-09.
Gran parte del dinero que ACORN y otros “grupos comunitarios” similares de izquierda reciben de los bancos, se utiliza para actividades políticas como la afiliación en masa de votantes al Partido Demócrata; el apoyo a candidatos políticos de izquierda en todos los niveles de gobierno (cuanto más a la izquierda, mejor); la organización de manifestaciones, protestas y la financiación del esfuerzo de grupos de presión de montajes varios como el de su “People’s Platform“, etc … La “People’s Platform” de ACORN en una ocasión prometió que “Seguiremos nuestra lucha hasta que la vía americana sea una única vía, hasta que la riqueza se comparta…” En otras palabras, socialismo.
La propia ley CRA está basada en una falsedad: que los bancos sistemáticamente renunciarían a ganar miles de millones de dólares en las comunidades de bajas rentas pobladas por grupos raciales minoritarios al evitar ‘trabajar’ en ellas. Se supone que los bancos están tan cegados por los prejuicios (raciales) que el gobierno les debe obligar para que puedan obtener esos beneficios mil millonarios en el mercado de hipotecas sub-prime.
La realidad es que la Fed obliga a los prestamistas hipotecarios bajo la legislación CRA a destinar miles de millones de dólares a préstamos de dudoso cobro a conceder a prestatarios no cualificados. Cuando los columnistas de la revista Forbes Peter Brimelow y Leslie Spence preguntaron a la representante de la Fed de Boston Alicia Munnell por la discriminación sistemática de los préstamos de la Fed de principios de los años 1990, Munnell se vio obligada a admitir que no tenía pruebas de ello. Ella y otros directivos de la Fed (y de la administración Clinton) siguieron de todas formas aumentando los préstamos concedidos al amparo de esa ley. Esto sugiere que el objetivo de la ley ha sido siempre el de redistribuir la renta por la fuerza, no luchar contra la discriminación racial. Las alegaciones de discriminación son utilizadas simplemente como un ardid para intimidar a los prestamistas hipotecarios que no se muestren dispuestos a cooperar.
[1] Establishment es un anglicismo ampliamente divulgado y utilizado en español que se podría traducir por sistema (N. del T.).
Traducido del inglés por Juan José Gamón Robres – mailto: juanjogamon@yahoo.es.
