[Review of Austrian Economics, 1988, 2, pp. 59-72]
La elección pública puede definirse como la aplicación de teoría y metodología económica al estudio de la política y sus instituciones, ampliamente definidas. La teoría neoclásica de los precios ha sido una de las principales herramientas para el teórico de la elección pública, habiéndola aplicado para ocuparse de cuestiones como por qué vota la gente, por qué funcionan mal los burócratas, los efectos de la financiación del déficit en el gasto público y multitud de otras cuestiones con respecto al funcionamiento y las actividades de los gobiernos. Realmente ha habido una “revolución” de la elección pública en la economía. Pero la teoría neoclásica de los precios tiene sus limitaciones, muchas de los cuales han sido investigadas por economistas austriacos. Estas limitaciones tienen implicaciones para el estudio de la elección pública. Es decir, si la teoría neoclásica los precios es de por sí defectuosa, tal vez sus aplicaciones al estudio de la toma de decisiones políticas hayan producido resultados falsos.
En este artículo, exploraré dos ramas de la economía austriaca (la teoría la competencia y la teoría del emprendimiento) y sus implicaciones para la teoría de la elección pública. No pretendo proporcionar un examen exhaustivo de la teoría la elección pública desde una perspectiva austriaca, sino solo ofrecer unas pocas ideas. La primera sección señala algunas limitaciones a la hora de aplicar el modelo competitivo neoclásico al estudio de la toma de decisiones políticas. El siguiente explica las implicaciones de dar más énfasis al papel del emprendimiento político en el estudio de la elección pública. La sección final contiene un resumen y las conclusiones.
Competencia, emprendimiento y elección pública
Un área en la que el modelo competitivo neoclásico ha sido aplicado por teóricos de la elección pública es la economía de las finanzas públicas locales. Existe un gran volumen, sobre todo de investigación empírica, que afirma que cuando las áreas metropolitanas están compuestas por un mayor número de gobiernos, la competencia entre gobiernos por la población y, consecuentemente, la base fiscal les induce a ser más conscientes de los costes, impulsando así a la baja las presiones sobre el gasto público (DiLorenzo, 1981a, 1981b, 1982, 1983). Así que, con respecto a la eficiencia, los economistas de la elección pública a menudo adoptan la posición de que es mejor que haya más gobiernos dentro de un área metropolitana que menos. Es una aplicación directa del modelo competitivo neoclásico, que sostiene que más empresas en un sector llevan a fuerzas competitivas más fuertes. También deriva del paradigma relacionado de la estructura dirige el rendimiento (EDR) de la teoría de la organización industrial.
Organización industrial y elección pública
El paradigma EDR afirma que una estructura de mercado más concentrada es probable que sea más monopolista porque, en esa situación, el coste de la colusión es más bajo. Pero esta suposición ha sido puesta en cuestión por investigación que constituye de por sí otra revolución en la teoría económica: una revolución en el campo de la organización industrial (Goldschmidt, Mann y Weston, 1974; Brozen, 1982). Una de las características significativas de la “revolución” en el campo de la organización industrial es que muchos investigadores han adoptado una visión más dinámica del mercado como proceso. Así, se han acercado más a la visión austriaca de la naturaleza de la competencia. Al adoptar una visión más dinámica de cómo evolucionan las industrias a lo largo del tiempo, los economistas han aprendido (o reaprendido según DiLorenzo y High, a continuación) que una razón importante por la que se concentran las industrias es la eficiencia superior de una o unas pocas empresas. Las empresas “dominantes” solo pueden permanecer en esa situación si continúan ofreciendo productos competitivos a precios favorables, en ausencia de barreras de entrada impuestas por el gobierno. Sustitutivos y entradas potenciales han establecido límites eficaces sobre los precios de monopolio en empresas en sectores concentrados (Brozen, 1982). Así, la tradicional prescripción antitrust de la desinversión para evitar la monopolización se cree ahora mismo con amplitud que a veces es dañina. Centrar la atención sobre las razones por las que las industrias se concentran ha mejorado nuestro conocimiento con respecto a los días en los que se suponía sencillamente que concentración de mercado significaba monopolización y “poder de mercado”.
Este cambio de énfasis en la investigación es bienvenido por muchos austriacos, quienes durante décadas han criticado el modelo competitivo neoclásico como casi desprovisto de contenido conductista, dado su énfasis en las condiciones del equilibrio estático en lugar del proceso de competencia. “La competencia es por su naturaleza un proceso dinámico cuyas características esenciales son eliminadas por las suposiciones que subyacen el análisis estático. (…) Publicidad, rebajas [de precios] y mejoras (…) los bienes y servicios producidos están todos excluidos por definición y: competencia ‘perfecta’ significa en realidad ausencia de toda actividad competitiva” (Hayek, 1948, p. 96). Al ver la competencia como una condición de equilibrio estático en lugar de como un proceso dinámico y de rivalidad, los economistas son propensos a condenar las actividades competitivas como monopolistas.
Esta evolución de la economía de la organización industrial es relevante para el estudio de la elección pública. Si el modelo competitivo neoclásico (y su derivado, el paradigma EDR) tiene defectos, tal vez las aplicaciones del modelo para el estudio del “sector” del gobierno local también puedan someterse a dudas. Creo que al confiar en modelos de estructura estática del mercado del “sector” del gobierno local los economistas de la elección pública han llegado a menudo a conclusiones falsas. Sin embargo, al confiar en modelos estáticos, no han errado en la misma dirección que los economistas de la organización industrial estructuralista. En lugar de condenar como monopolistas muchas prácticas que son de por sí competitivas, han hecho lo contrario. Al centrarse en la estructura del gobierno en un punto del tiempo en lugar de en el proceso dinámico e histórico por el que evoluciona la estructura institucional del gobierno, han alabado a veces como “competitivas” acciones del gobierno que son de por sí monopolistas.
Consideremos, por ejemplo, cómo interpretan a menudo los economistas de la elección pública los datos de la Oficina del Censo de EEUU sobre estructura pública local. Entre los economistas de la elección pública que han estudiado el gobierno local hay un acuerdo general en que cuanto mayor sea el número de unidades de gobierno en un área metropolitana (cuanto más “fragmentada” esté la estructura gubernamental), mejor. La fragmentación crea competencia interjurisdiccional, que supuestamente proporciona incentivos para rebajar los costes de la provisión de servicios. Esto supuestamente rebaja los gastos y los impuestos y también genera servicios públicos de mayor calidad. Estas conclusiones se sacan normalmente de datos cruzados sobre gasto público, sobre los que se hace una regresión de varios “determinantes” de los gastos públicos, con algún tipo de representación para la competencia interjurisdiccional, es decir, el número de unidades de gobierno en un área metropolitana. Más a menudo que no, la variable independiente para la estructura del gobierno revela que áreas metropolitanas más fragmentadas tienen niveles más bajos de gasto público, ceteris paribus. Estos estudios empíricos son similares al primer trabajo empírico en organización industrial que descubría una correlación positiva entre concentración de mercado y rentabilidad. Gobiernos metropolitanos más concentrados se pensaba que llevaban a mayores niveles de “beneficios” políticos en forma de mayor gasto del que se había producido en otro caso.
Pero igual que adoptar una visión más dinámica histórica de la estructura del mercado industrial puede generar distintas interpretaciones de las causas de la concentración del mercado, también puede cambiar la opinión personal del significado de una estructura más o menos concentrada del gobierno local. Consideremos el ejemplo del gasto público fuera del presupuesto a nivel estatal y local (Bennett y DiLorenzo, 1983).
El gasto fuera del presupuesto y el proceso de gobierno
Históricamente, las revueltas fiscales y las limitaciones fiscales en forma de restricciones legales o constitucionales sobre los gravámenes, el gasto o los préstamos tomados por el estado y a niveles locales del gobierno han sido realizadas por políticos que no atienden “la voluntad del pueblo”, sino más bien subvirtiendo esa voluntad creando empresas fuera de presupuesto (EFP) que les permiten predicar el conservadurismo fiscal y continuar practicando prodigalidad fiscal. La “solución” que han aplicado durante más de un siglo los políticos al “problema” de las reclamaciones de los contribuyentes de limitaciones en impuestos o gastos es apabullantemente sencilla: Se crean entidades empresariales independientes por parte de estados y gobiernos locales, que pueden emitir bonos que no están sometidos a las restricciones legales sobre deuda pública o siquiera a la aprobación del votante. Esas entidades reciben una multitud de nombres, incluyendo distritos, consejos, autoridades, agencias, comisiones, corporaciones y trusts. Independientemente de su título, una característica esencial de todas esas organizaciones es que sus actividades financieras no aparecen en el presupuesto de la unidad gubernamental que las creó. Una característica importante de las EFP es que sus operaciones, al menos en teoría, no se financian con impuestos, sino con ingresos generados por sus actividades. Como no se considera al contribuyente responsable de las obligaciones financieras de las EFP, no hace falta aprobación de los votantes para la deuda emitida por esas organizaciones y, lo que es más importante, no son aplicables las restricciones de deuda. Sin embargo, la idea de que las finanzas fuera de presupuesto no deberían requerir aprobación de los votantes porque los proyectos se autofinancian es un mito, pues se usan miles de millones de dólares de los contribuyentes para subvencionar la actividad de las EFP (Bennett y DiLorenzo, 1983). La diversidad de actividades asumidas por las EFP es muy grande e incluye la financiación de edificios escolares, aeropuertos, estacionamientos, centros de ocio, tribunales, metros, puentes, túneles, carreteras, parques, lagos, sistemas de alcantarillado, estadios deportivos, instalaciones eléctricas, circuitos de carreras, programas de espacio exterior (en California) y viviendas, por dar unos pocos ejemplos. En resumen, cualquier actividad que sea asumida por gobiernos estatales y locales (o empresas privadas, en el mismo sentido) también es asumida por EFP em todos los estados.
Incluso si no existieran las restricciones de deuda, los políticos se beneficiarían de las actividades fuera de presupuesto. El sector público está limitado por múltiples regulaciones pensadas para proteger el interés público. Prácticamente ninguna de ellas es aplicable a ninguna EFP. Por ejemplo, las restricciones funcionariales no se aplican, así que a los políticos les resulta más fácil crear empleos patrocinados fuera de presupuesto; no hay requisitos de concurso abierto para contratos, así que pueden obtenerse contribuciones de campaña y puede recompensarse a los leales: los miembros de los consejos de dirección de todas las EFP son nombramientos políticos que no son elegidos ni responsables ante los votantes, de forma que las voluntad de los políticos no puede verse fácilmente frustrada por una burocracia recalcitrante. A las EFP se les dan amplios poderes mediante ley. Se les conceden franquicias monopolísticas, pueden tener poderes de expropiación, pueden evitar ordenanzas urbanísticas, están exentas de regulaciones y papeleos que imponen fuertes costes a las empresas privadas, no tienen restricciones en las negociaciones colectivas y habitualmente están exentas de las leyes antitrust con respecto a la fijación de precios.
Por desgracia, es imposible obtener datos precisos sobre el número de EFP que existen o sobre sus actividades. La mayoría de los estados no mantienen estadísticas sobre sus cifras. Sin embargo, hay algo que podemos saber con seguridad: Hay miles de EFP a lo largo de la nación, incluyendo más de 2.500 solo en Pennsylvania en 1977 (Schlosser, 1977).
Una implicación de esta investigación para la teoría de la elección pública es que la estructura del sector público local en cualquier momento en el tiempo no revela necesariamente lo “competitivo” que es un gobierno. Los datos de la Oficina del Censo sobre el número de unidades públicas en áreas metropolitanas incluyen muchas EFP, designándolas como distritos especiales, corporaciones públicas, autoridades legales, etcétera. Pero un aumento en el número de dichas entidades habitualmente ocasiona un gobierno que está cada vez más alejado de del consentimiento de los gobernados, no está sometido a la aprobación directa del votante en las urnas y que se concede a sí mismo poderes extraordinarios (incluso para los patrones del gobierno) de expropiación, autoridad urbanística e inmunidad frente al funcionariado, la negociación colectiva, antitrust y otras leyes que deben cumplir otros en la sociedad. Puede argumentarse con contundencia que evitar las reclamaciones de los contribuyentes de limitaciones fiscales es el único propósito del gasto fuera de presupuesto, que hace al gobierno más monopolista. Calificar a esta evolución como “competitiva” o “eficiente” induce a equívoco, en el mejor de los casos. Pero este es precisamente el problema al que se enfrentan los economistas de la elección pública cuando aplican el modelo competitivo neoclásico al estudio del gobierno local (ver, por ejemplo, Blewitt, 1984).
La eficiencia y la estructura del gobierno local
Los economistas neoclásicos alaban los mercados competitivos porque, entre otras razones, promueven la eficiencia asignadora. Sin embargo, los economistas austriacos hacen poco uso de dichas nociones debido a su creencia en que todos los costes y beneficios son subjetivos. Decir que cierta asignación de recursos es asignadoramente eficiente y maximiza el “bienestar social” es suponer que beneficios y costes son objetivos y medibles por algún observador/ingeniero social externo. Además, afirmar que una asignación de recursos es superior a otra sobre bases de eficiencia neoclásica requiere se hagan comparaciones interpersonales, algo completamente imposible. Por ejemplo, si se juzga que un sector está produciendo por debajo del nivel competitivo, una receta política habitual para promover la eficiencia es inducir de alguna manera a las empresas a aumentar su producción (por ejemplo, mediante desinversión). Esto puede dañar a los productores, ya que les obliga a hacer algo que no decidieron hacer voluntariamente, se dice que es eficiente debido a la ganancia de utilidad para algún otro grupo en la sociedad (normalmente los calificados como consumidores) que se dice que supera a la utilidad perdida por los productores.
Las recomendaciones políticas basadas es esas normas de eficiencia a menudo atenúan los derechos de minorías políticas como los productores “monopolistas” sobre la base de que su pérdida de utilidad se ve superada por las ganancias de utilidad de otros. Esto supone arbitrariamente que los derechos de propiedad del primer grupo no son importantes. En resumen, lo que se presenta como ciencia está cargado de juicios normativos.
Hay una definición alternativa (e igualmente normativa) de las instituciones “eficientes” que tiene su raíz en La riqueza de las naciones de Adam Smith y adopta la noción de normas individualistas del derecho de propiedad: Esas instituciones son eficientes al facilitar intercambios voluntarios mutuamente ventajosos (Buchanan, 1964). Desde esta perspectiva, una asignación “mejor” de los recursos solo puede determinarse por las propias personas, no por optimizadores profesionales de funciones de bienestar social. El patrón de evaluación es en último término el consentimiento entre individuos. Asimismo, desde esta perspectiva, la proliferación del número de gobiernos locales no puede considerarse “eficiente”, ya que el crecimiento del gobierno encarna una mayor reasignación de recursos de sector privado al sector público. El sector privado es el dominio exclusivo del intercambio mutuamente ventajoso. Fuera de su papel de aplicar y proteger los derechos de propiedad privada, toda asignación pública de recursos es necesariamente coactiva en ausencia de democracia directa y reglas de voto que exijan un consentimiento unánime. La proliferación de unidades de gobierno local, dentro y fuera de presupuesto, representa una expansión del dominio del comportamiento en búsqueda de rentas, que es necesariamente coactivo, a costa de un sector privado contraído y del dominio del intercambio voluntario.
Los economistas de la elección pública normalmente critican una estructura pública local consolidada por monopolista, comparada con la alternativa de un mayor número de jurisdicciones dentro de un área metropolitana. En muchos casos, esta crítica probablemente esté justificada. Por ejemplo, un distrito escolar centralizado es probable que sea aún más monopolista que si hubiera varios para elegir “votando con los pies”. Como habría dicho George Orwell, todos los gobiernos son monopolistas, pero algunos son más monopolistas que otros.
Sin embargo, no está claro que la alternativa relevante a una estructura pública fragmentada dentro de un área metropolitana sea un gobierno centralizado y monopolista. Otra alternativa es una vuelta a la provisión por parte del sector privado de los bienes privados ahora suministrados por gobiernos locales: educación, bibliotecas, hospitales, operación de aeropuertos, protección frente incendios, gestión de estacionamientos, suministro de agua, protección policial, alcantarillado, parques y áreas recreativas, funcionamiento de tiendas de alcohol, transporte masivo y multitud de otras actividades. Una cosa que tienen en común todas estas actividades es que no puede hacerse una buena defensa de ninguna de ellas como bien público. Todas son divisibles en el consumo y la exclusión no resulta costosa. Además, todas son cosas que se suministran a través del país tanto por empresas privadas como por gobiernos, llevando a cuestionar la existencia de cualquier justificación económica para su provisión pública.
Los gobiernos normalmente se conceden distintas ventajas siempre que se permite competencia directa con el sector privado (algo que a menudo no sucede) al no tener que pagar impuestos o cumplir con costosas regulaciones impuestas a las empresas privadas. Así que éstas son a menudo operaciones para ganar dinero para los gobiernos locales que se han apropiado de servicios que en otro caso habrían sido proporcionados por empresas privadas. El imperialismo público es una explicación más probable que el fracaso del mercado para por qué estas actividades se llevan a cabo por parte de cientos de jurisdicciones gubernamentales locales. Los gobiernos están redirigiendo recursos del sector privado al público al prohibir a las empresas privadas competir con los monopolios públicos o al expulsarlas debido a las ventajas especiales que tienen los proveedores públicos de servicios. Visto de esta manera, parece que la caracterización de la elección pública de la organización “eficiente” del gobierno local resulta enormemente errónea.
Elección pública y emprendedores políticos
Los economistas austriacos a menudo afirman que la economía neoclásica ignora muchos fenómenos económicos importantes al no destacar suficientemente el papel del emprendedor en la organización económica. Ludwig von Mises definían en general al emprendedor como alguien que abarcaba a capitalistas, trabajadores, consumidores y otros: “La economía, al hablar de emprendedores, no se fija en hombres, sino en una función concreta” (1966, p. 246). La función del emprendedor no depende de la igualación de precios con costes marginales, la condición familiar de equilibrio de la teoría neoclásica de los precios, sino, más bien, “depende del grado de éxito con el que las fuerzas del mercado puedan confiar en las correcciones espontáneas generadas (…) en tiempos de desequilibrio” (Kirzner, 1974, p. 6). El emprendimiento es el motor del crecimiento económico y la creación de riqueza de las economías capitalistas, pues de acuerdo con Robert Tollison:
Cuando se considera la competencia como un proceso dinámico, creador de valor y evolutivo, resulta crucial el papel de las rentas económicas en la estimulación de las decisiones emprendedoras y en animar la asignación eficiente de recursos. (…) la búsqueda de beneficios en un orden competitivo del mercado es una característica normal de la vida económica. Los retornos de los poseedores de recursos se dirigirán a niveles normales (…) por la búsqueda de beneficios competitivos al ganar algunos poseedores de recursos rentas positivas que promueven la entrada y ganar otros rentas negativas que causan su salida. La búsqueda de beneficios y rentas económicas está de por sí relacionada con la eficiencia del proceso competitivo de mercado. Esas actividades dirigen el sistema de precios competitivos y crean valor (por ejemplo, en nuevos productos) en la economía (1982, p. 577).
Pero la economía neoclásica no considera la competencia como un “proceso dinámico, creador de valor y evolutivo”. Por el contrario, es una condición de equilibrio estático. Y en el equilibrio no hay lugar para la función del emprendimiento, ya que en el equilibrio no hay cambios en los datos dados de talento, tecnologías o preferencias. Al rebajar o ignorar el papel del emprendimiento y de la competencia como un proceso dinámico y de rivalidad, la economía neoclásica probablemente ha infravalorado las capacidades de creación de riqueza y mejora del bienestar del capitalismo.
Igualmente, aplicando el modelo estático neoclásico al estudio de los “mercados” políticos, los teóricos de la elección pública probablemente hayan rebajado e ignorado el papel del emprendimiento político. Pero eso no les ha llevado a ignorar el papel del emprendimiento a la hora de crear riqueza y facilitar el intercambio, como con el estudio de los mercados privados. La esencia del emprendimiento político es destruir riqueza a través de un comportamiento de búsqueda de rentas de suma negativa. Así, el seguimiento del modelo estático neoclásico es probable que nos lleve a infravalorar los efectos económicos benéficos de los mercados privados, mientras que, cuando se aplica a estudiar elección pública, nos lleva a entender los efectos destructivos de la política.
En mucha de la teoría de la elección pública, los grupos de interés se ven como entidades que se fusionan para expresar una demanda de transferencia de riqueza. Al buscar beneficios políticos, los políticos responden proporcionando las transferencias a través de legislación y regulación. A los políticos se les califica por tanto de “intermediarios” de legislación (Tollison y McCormick, 1981). Así, igual que una empresa perfectamente competitiva maximizadora de beneficios atendería las demandas de los consumidores, los políticos responderían pasivamente a los deseos de los grupos de interés. Pero la analogía con la teoría de precios no es del todo apropiada, pues en un mundo de incertidumbre los productores están constantemente buscando y creando oportunidades de beneficio haciendo publicidad, ofreciendo productos nuevos o diferentes y realizando otras actividades dirigidas a estimular la demanda de sus bienes o servicios. No se limitan a responder a las demandas cambiantes del consumidor. Igualmente, los emprendedores políticos no se limitan a responder pasivamente a las presiones de los grupos de interés: también tratan de estimular la demanda de sus “servicios”, es decir, la provisión de transferencias de riqueza (Mitchell, 1984). Aunque se haya olvidado relativamente en la literatura de la elección pública, Richard Wagner (1966) describía la importancia del emprendimiento político en un ejemplo hipotético en el que se prohibían los grupos de interés.
Consideremos los intereses de los granjeros después de que se prohibieran los grupos de presión. Parece claramente contrario a la intuición y el sentido común afirmar que los granjeros ya no realizarían actividades [políticas] para aumentar sus rentas reales. Para una reconciliación debemos recurrir al emprendedor político y observar el impacto de la prohibición del cabildeo sobre sus oportunidades de beneficio. Si existía un beneficio político antes del cambio institucional [es decir, la prohibición del cabildeo], ¿qué razón existe para la creencia de que dicho beneficio no existiría después del cambio? Está claro que, para una reducción del beneficio político de los votos de los granjeros, deben cambiarse las reglas de voto u organizativas. Como la prohibición de grupos de presión no está relacionada con ninguna de estas dos características, el beneficio debe seguir existiendo después de prohibir los grupos de presión. Por tanto, algún empresario político llevaría su causa al congreso (p. 165).
Wagner indicaba demás que a menudo aparecen diversas disposiciones institucionales para promover intereses individuales cuando los problemas de los free-riders impiden la formación de grupos efectivos de interés. Por ejemplo, un papel de las burocracias públicas de servir los deseos de los emprendedores políticos con los que comparten un objetivo común: una expansión de la actividad (y el presupuesto) de la agencia. Las burocracias tienen fuertes incentivos para promover y estimular una necesidad percibida para sus actividades: toda burocracia es un cabildero vigoroso. Peter Woll (1977) señalaba la importancia del cabildeo burocrático en su libro, American Bureaucracy:
La capacidad de las agencias administrativas para aunar apoyos a favor de programas concretos se pone a menudo fuertemente a prueba y, como consecuencia, las agencias han creado frecuentemente departamentos de relaciones públicas sobre una base permanente para conseguir el consentimiento para sus propuestas legislativas. Se ha estimado que el poder ejecutivo gasta casi 500 millones de dólares [en 1971] al año en relaciones públicas y programas de información pública. (…) las agencias están gastando enormes cantidades de dinero tiempo y esfuerzos en actividades indirectas y directas de cabildeo (p. 194).
Como ejemplos recientes de gastos de cabildeo burocrático, el Departamento de Agricultura de EEUU empleó oficialmente en 1984 a 144 personas a tiempo completo para asuntos públicos, con un presupuesto de 6,5 millones de dólares. Todo el departamento, incluyendo las subagencias, emplea a 704 personas implicadas en asuntos públicos (Palmer, 1985). El Departamento de Educación tenía 21 profesionales de asuntos públicos y un millón y medio de dólares de presupuesto y el Pentágono tenía 1.066 empleados de relaciones públicas a tiempo completo. Con seguridad pueden encontrarse programas similares en otras instituciones.
El efecto de la publicidad política es probable que sea la aprobación pública del continuo crecimiento del proceso de transferencia de riqueza del gobierno. Al contrario que la publicidad privada, la publicidad política no estimula la competencia ni rebaja los precios facilitando la comparación de las compras, pues no se permite ninguna comparación. Los gobiernos normalmente se conceden monopolios legales en los bienes y servicios que proporcionan. Tampoco hay fuertes limitaciones sobre la publicidad engañosa por parte del gobierno debido a la ausencia de presiones competitivas. Por ejemplo, pocas empresas privadas arriesgarían a criticar la publicidad falsa de las empresas públicas por miedo a represalias regulatorias por parte de las autoridades públicas. Nadie puede esperar que las instituciones regulatorias públicas como la Comisión Federal de Comercio actúen en contra de afirmaciones fraudulentas realizadas por el propio gobierno. Por tanto:
No se puede hacer a los políticos responsables de sus promesas. Si un fabricante de salchichas cuyos productos deberían ser todo carne resultan tener un 30% de pollo y migas de pan, probablemente tenga dificultades con el gobierno incluso si los consumidores compran el producto. Pero cuando el producto comparable del gobierno resulta tener un 60% de engaño no actúa ninguna agencia reguladora (Wagner, 1976, p. 81).
Además, la función principal de la publicidad política “parece ser promover la aceptación de las políticas públicas prevalecientes. El propósito de la publicidad pública sería reafirmar en los ciudadanos que el hecho de que sus bienes públicos estén compuestos en un 60% por engaño indica un buen rendimiento” (Wagner, 1976, p. 97). De esta manera, el emprendimiento político en forma de publicidad pública facilita el proceso de búsqueda de rentas.
Otro ejemplo de emprendimiento político es la política financiada con impuestos (Bennett y DiLorenzo, 1985). Cientos de millones de dólares son entregados cada año por el gobierno federal a grupos de intereses especiales, incluyendo grupos de consumidores al estilo de Ralph Nader, ecologistas, cabilderos de derechos sociales, organizaciones de derechos civiles, sindicatos, organizaciones de la tercera edad y diversos activistas políticos conservadores, por nombrar unos pocos ejemplos. Los fondos se obtienen ostensiblemente a través de concesiones y contratos para ayudar a los consumidores, los desempleados, los ancianos, las minorías, el medio ambiente y así sucesivamente, pero luego se desvían (ilegalmente) a políticas partidistas. En estos ejemplos, el Congreso está estimulando directamente la demanda percibida de sus “servicios” dando dinero de los contribuyentes a intereses especiales para cabildear, hacer campañas, registrar votantes, publicar libros (así como artículos y manuales de formación política), realizar eventos en medios de comunicación y llevar a cabo todas las formas de políticas partidistas. Los políticos usan la política financiada con impuestos para crear demandas de legislación y actividad del gobierno para estimular la demanda de sus servicios. Los grupos de interés que reciben financiación pública pueden ser más descarados en sus actividades políticas que los funcionarios públicos, ya que es ilegal que los empleados públicos se dediquen a actividades políticas en su trabajo. Y, como ha señalado Gordon Tullock (1983): “los grupos de interés normalmente tienen interés en disminuir la información del votante medio. Si pueden venderle algún falso cuento que apoye su esfuerzo particular (…) merece la pena. (…) Producen desinformación” (p.71).
En resumen, centrarse en el papel del emprendimiento político es probable que mejore nuestra comprensión del proceso de gobierno. Los modelos del lado de la demanda del proceso político (como el modelo del votante mediano) pueden ser erróneos si no incorpora el hecho de que los emprendedores políticos son expertos en crear falsas crisis para convencer al público para que acepte sus propuestas políticas. Los votantes son racionalmente ignorantes y mucha de la información acerca de la política que reciben es propaganda emitida por políticos con intereses propios, grupos de intereses y burocracias. No merece la pena estar tan bien informado acerca de la política como acerca de los asuntos personales propios, lo que permite a los emprendedores políticos crear una falsa “voluntad del pueblo”. Joseph Schumpeter (1942) ya se daba cuenta de esto hace más de cuatro décadas: “La naturaleza humana de la política, al ser la que es, permite [a los políticos] dirigir y, dentro de límites muy amplios, incluso crear la voluntad del pueblo. A lo que nos enfrentamos en el análisis de los procesos políticos no es en buena parte a una voluntad genuina sino a una fabricada. (…) la voluntad del pueblo es el producto y no el motivo que impulsa al proceso político” (p. 263).
Aunque tanto el emprendimiento privado como el político sirven para transmitir información, producen resultados esencialmente distintos. La naturaleza de la actividad mercado es mejorar la propensión de la gente a negociar e intercambiar (generalmente un juego de suma positiva) y el emprendimiento facilita este proceso. Por el contrario, la naturaleza de la mayoría de la actividad del gobierno, incluyendo el emprendimiento político, es promover transferencias de riqueza, lo que es, en el mejor de los casos, es un juego de suma cero. Mancur Olson (1982) proporciona evidencias de que dicha búsqueda de rentas es, de hecho, un juego de suma negativa y una causa importante de estancamiento económico.
Conclusiones
La economía austriaca y la elección pública son dos de las áreas más interesantes de la investigación económica. Con su énfasis en la competencia como un proceso dinámico y de rivalidad y el papel del emprendimiento, la economía austriaca aclara cómo funcionan los mercados. La teoría la elección pública ha sido absolutamente revolucionaria al centrar la atención en cómo pueden emplearse las herramientas de la economía para entender mejor cómo funcionan los gobiernos. Este artículo es al menos una sugerencia para considerar los dos programas investigación como complementarios. El razonamiento económico puede aplicarse y se aplicará para mejorar nuestra comprensión del proceso político, pero no hace falta adoptar todo el marco económico neoclásico para hacerlo. Las dos ramas de la economía austriaca explicadas aquí (teorías de la competencia y del emprendimiento) ofrecen algunas ideas dentro del proceso del gobierno que la economía neoclásica ignora, en el mejor de los casos, y posiblemente incluso malinterpreta. Una implicación de esto es que el tipo de investigación de la elección pública realizado podría adoptar un enfoque diferente. En concreto, sería una sabia inversión de recursos intelectuales llevar a cabo más estudios históricos de la evolución de las instituciones políticas desde una perspectiva de la elección pública. La elección pública es a menudo un estudio de instituciones comparativas, pero la historia económica es una aproximación investigativa que ha sido, por desgracia, relativamente olvidada por los teóricos de la elección pública. Hay mucho para aprender de la historia económica y política desde una perspectiva de la elección pública que sencillamente no puede entenderse con ecuaciones de regresión de los “determinantes” del gasto público, los impuestos y los préstamos.
Una consideración cuidadosa de la utilidad de la economía austriaca para el estudio de la elección pública no solo puede expandir nuestro conocimiento de las instituciones públicas: puede también impedir que cometamos errores. He afirmado en otro lugar (DiLorenzo, 1984) que la economía de búsqueda de rentas se ha vuelto confusa. Una razón para esto es el fracaso a la hora de distinguir apropiadamente entre búsqueda de rentas y búsqueda de beneficios, al no ver la competencia en el mundo real como un proceso dinámico de rivalidad. Consecuentemente, algunos autores han condenado como “ineficiente búsqueda de rentas” muchas actividades (por ejemplo, publicidad competitiva, innovación en productos, investigación y desarrollo, el mercado del control corporativo) que son una parte esencial de un mercado dinámico y competitivo. Es un paso atrás en la revolución de la elección pública, algo que podría haberse evitado siendo consciente de algunas de las limitaciones del modelo competitivo neoclásico y sus aplicaciones a la elección pública.
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