[Artículo publicado el 19 de agosto de 1977, por el Wall Street Journal]
Siempre he defendido el patrón oro y luego la fijación de tasas de cambio, no porque pensara que su resultado es un dinero particularmente bueno, sino porque proporcionaron la única protección efectiva contra el abuso gubernamental de su monopolio para emitir dinero.
Pero ahora, cuando esta disciplina se ha roto, no veo ninguna esperanza de que sea restaurada.
Por lo tanto, a menos que cambiemos fundamentalmente las cosas, nuestra perspectiva parece ser la aceleración indefinida de la inflación, empeorada por los controles de precios, seguida de un rápido quiebre del mercado, de las instituciones democráticas y, en última instancia, de la civilización tal como la conocemos.
Pero, como Shakespeare nos enseñó: “las enfermedades desarrolladas desesperadamente, o son aliviadas por aparatos desesperados, o no son aliviadas en absoluto”.
Hace dos años sugerí una cura radical, es decir, quitarle al gobierno el monopolio de emitir dinero y entregar la tarea a la industria privada, en parte como una broma amarga.
Sin embargo, al pensarlo un poco más, esta idea me fascinó cada vez más. Porque ahora parece ofrecer un remedio efectivo a nuestros problemas monetarios y abre un capítulo nuevo e inexplorado de la teoría monetaria.
No solo nuestros problemas con el dinero, sino que la inestabilidad de la economía capitalista y el crecimiento del gobierno se deben totalmente a que los gobiernos le niegan a la libre empresa el derecho a suministrar el buen dinero que necesita, dinero que indudablemente la competencia hubiese proporcionado hace ya mucho tiempo, si no hubiese sido prohibido por el gobierno.
Desde que Bodin, en el siglo XVI, declaró por primera vez el derecho de acuñación como uno de los atributos esenciales de la soberanía, se ha afirmado que el gobierno necesitaba ese poder para abastecerse de dinero. Sin embargo, ha habido pocos intentos de justificar el monopolio monetario del gobierno con el argumento de que proporcionaría un mejor dinero, al menos no desde que el problema del dinero se refirió únicamente a la acuñación. E incluso esa prerrogativa generalmente fue abusada por los gobiernos.
Pero las cosas se han vuelto completamente desalentadoras desde que los economistas modernos comenzaron a enseñar a los gobiernos que lo estaban haciendo bien gastando más de lo que los ciudadanos estaban dispuestos a darles a través de los impuestos.
Dos malentendidos
No tengo dudas de que la competencia sería mucho más ingeniosa al proporcionar el tipo de instituciones monetarias necesarias para el funcionamiento adecuado de los mercados. Pero dos malentendidos tendrían que ser tratados.
El primero, es que debe haber una oferta legal. De hecho, no es necesario en absoluto. Los economistas liberales del siglo XIX entendieron que “moneda de curso legal” significaba simplemente que el gobierno obligaba a las partes en un contrato a cumplir su obligación de manera que no tuviesen la intención de concluir el contrato.
Como señaló Carl Menger hace 85 años, los economistas inexplicablemente se dejaron persuadir por los abogados de que la moneda de curso legal era un atributo esencial del dinero perfecto. Sin embargo, el experto financiero de hace 100 años -que informó que luego de siglos de abuso, los chinos habían recuperado su confianza en el papel moneda “porque no era de curso legal y no era una preocupación del Estado”- entendía las cosas mucho mejor que la mayoría de los abogados. Por supuesto, en China, el Estado pronto volvió a interferir y lo estropeó todo.
La segunda objeción es, ¿qué pasa con la Ley de Gresham? ¿No sería el dinero malo el que inevitablemente expulsaría al bueno?
Pero la Ley de Gresham no se aplica a la competencia entre dinero de diferentes denominaciones, cuyo tipo de cambio está normalmente determinado por el mercado. Solo cuando la gente tiene la opción de pagar con dinero bueno o malo, inevitablemente eligirán el malo y dejarán el bueno para otros fines.
Si las tasas de cambio entre diferentes medios de intercambio fuesen variables, la gente (como se ha demostrado al final de todas las grandes inflaciones) se negaría a vender a cambio de dinero malo. Insistirían en que se les pague en el bueno.
Si yo estuviera a cargo de uno de los grandes bancos de acciones en Zurich, y asumiendo que no hubiese prohibiciones legales, anunciaría la emisión de certificados y apertura de cuentas de cheques en términos de alguna nueva unidad monetaria. Reclamaría derechos exclusivos por ello, y me responsabilizaría de canjear a pedido, a elección del titular, por un número específico de dólares estadounidenses, francos suizos o marcos alemanes.
Anunciaría además mi intención, aunque sin asumir una obligación legal, de controlar la cantidad de la emisión para mantener su poder de compra lo más constante posible (medido en relación con una lista específica de productos).
Agregaría a este anuncio que entendí completamente que el éxito de mi negocio, que debería ser muy rentable ya que prestaría dinero, depende del cumplimiento de la expectativa que tenga el público de que se mantenga mi moneda al valor real anunciado. Estoy convencido de que podría satisfacer esa expectativa.
Todos los funcionarios ejecutivos del banco emisor serían guiados en sus decisiones sobre préstamos y compra o venta de monedas u otros activos por un número guía, cuyo valor actual exhibiría un computador ante ellos constantemente.
El número guía sería, en efecto, un promedio ponderado de los precios monetarios, probablemente de las materias primas y los alimentos comercializados internacionalmente, tomados en primera instancia en términos de las monedas en que se comercializaron, y convertidos a la tasa actual de intercambio.
En otras palabras, sería un índice numérico continuamente calculado sobre la base de la última cotización de cambio y precio recibida. Si la base de este número de índice fuera, digamos, 1.000, un aumento a 1.003 informaría instantáneamente a todos los funcionarios del banco que redujeran levemente sus préstamos y compras. Del mismo modo, una caída en, por ejemplo, 998, les diría que pueden relajarse un poco.
La misma información, por supuesto, sería utilizada por el mercado y los medios de comunicación, con el resultado de que cualquier desviación de la norma anunciada sería rápidamente notificada al público.
Los consumidores individuales probablemente se contentarían de pagar con cualquier dinero generalmente aceptado que no se deprecie notablemente. Pero las grandes empresas manufactureras y corporaciones comerciales elegirían el dinero que hiciera posible una contabilidad de capital confiable, minimizara al máximo la incertidumbre posible sobre el movimiento futuro de precios particulares, y fuera internacionalmente aceptada. Eventualmente, se desarrollaría un estándar común de productos básicos, representado por un número de diferentes monedas especificadas.
Dado que los activos de cualquier banco consistirían principalmente en préstamos a corto plazo en términos de su propia moneda estable, no debería haber ningún problema sobre la posibilidad de controlar los importes pendientes. A los efectos de la liquidez instantánea, debería contener una cierta reserva limitada en otras monedas, pero su situación sería exactamente la de todos los demás bancos que hayan existido alguna vez, a saber, que no podrían cumplir todas sus obligaciones de demanda si fueran todas requeridas al mismo tiempo.
El éxito en la consecución de tal política significaría que si la moneda nacional en la que la privada fuese legalmente convertible continuara siendo inflada, la moneda privada llegaría a flotar cada vez más alto. Desde el principio se hubiese valorado más que cualquiera de las monedas en las que se podía canjear a opción del titular, simplemente porque gracias a esa opción era menos riesgoso. Pero a medida que las monedas oficiales continuasen depreciándose, la diferencia crecería de manera constante, y con la conciencia pública de las ventajas de una moneda estable.
La aparente rentabilidad de este negocio obviamente atraería competidores.
¿Qué preferirá el público?
Esto plantea la pregunta: ¿qué dinero preferirá el público si puede elegir entre varios tipos, con diferente carácter y estabilidad? La respuesta dependerá del éxito o fracaso de las monedas competidoras, que pueden basarse en estándares diferentes. Es decir, podría haber diferencias entre los diferentes productos básicos a los que está vinculado el índice monetario, diferencias en el grado de estabilidad y diferencias en el crecimiento del banco.
Pero una vez que el público muestre preferencia por un estándar en particular (o tal vez varios estándares), nada puede evitar que otros bancos basen su propia moneda (aunque con otro nombre) en ese mismo estándar.
Anticipo que finalmente prevalecerán unas normas únicas o muy pocas, sin duda en grandes regiones y tal vez en todo el mundo.
También anticipo que las monedas que apuntan a los mismos estándares serían emitidas bajo diferentes nombres por muchos bancos diferentes, que seguirían compitiendo en cuanto a la fiabilidad de su fidelidad a esos estándares y en cuanto a todos los demás servicios que ofrecerían a los usuarios de su moneda.
Eliminar el monopolio del gobierno en la emisión de moneda legal no solo nos proporcionaría dinero estable, sino que también eliminaría esas pirámides de crédito en determinados países donde un sistema de reserva fraccionaria hace que sea igualmente imposible que el banco central y el banco comercial ejerzan un control efectivo sobre la cantidad de todo el dinero de una denominación particular.
Lo absurdo de este sistema con su “inherente inestabilidad ” y “elasticidad perversa” del crédito se ha comprendido desde hace mucho tiempo, pero hombres como Walter Bagehot y Ludwig von Mises sintieron que debía ser tolerado por el momento porque la gente se había adaptado a él.
Ahora no tenemos más remedio que cambiar nuestro sistema monetario, tarde o temprano. Y una de las principales necesidades, si queremos eliminar las grandes fluctuaciones del crédito, es eliminar la distinción entre el efectivo emitido por el gobierno y el crédito monetario que crean los bancos.
Creo que comprenderemos al fin que lo único que el gobierno de un país libre no debe poseer exclusivamente es la impresión de dinero. Cuanto antes aprendamos, mejor para todos nosotros y nuestras instituciones libres.
Traducción por Virna Vega.
