Se está negociando actualmente un tratado internacional clandestino entre partes que incluyen a Estados Unidos, Canadá, Nueva Zelanda, la Unión Europea, Japón, Singapur y Marruecos. Puede calificarse con justicia como la mayor amenaza de nuestro tiempo al avance de la civilización humana. Considerando la magnitud de otros abusos del poder que abundan hoy en el mundo, podría parecer una exageración, pero el Anti-Counterfeiting Trade Agreement (ACTA) contraviene todos los principios de la sociedad civilizada, tanto en su contenido como en la naturaleza de los precedentes que llevaron a su creación.
Amenaza con deshacer los logros de la gran revolución de Internet y empujar a la humanidad hacia atrás a un tiempo en que los individuos no tenían voz pública ni poder de contrarrestar a las instituciones mercantilistas privilegiadas políticamente. El ACTA pisotea derechos esenciales que incluso han logrado el reconocimiento generalizado: la inocencia hasta que se pruebe la culpabilidad, proceso debido, privacidad personal y uso justo de contenidos publicados. Además, con su designación como acuerdo comercial, el ACTA podría imponerse al pueblo de los Estados Unidos por el presidente, sin ni siquiera una votación del Congreso.
Puede encontrarse excelente información sobre el ACTA en posts de Stephan Kinsella (aquí y aquí) y Justin Ptak (aquí), así como un comunicado detallado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Washington. El primer texto de borrador oficial del ACTA sólo se hizo público el 20 de abril de 2010, a pesar de que el tratado se ha venido negociando desde 2006. Se filtró un posterior borrador el 1 de julio de 2010. El 22 de mayo de 2008 apareció en WikiLeaks un borrador previo. De hecho, el extremo secreto con el que se han llevado las negociaciones del ACTA debería generar las mayores dudas acerca de los méritos y la deseabilidad de las intenciones de sus promotores.
Las solicitudes relacionadas con el ACTA basadas en la Ley de Libertad de Información han sido denegadas en Estados Unidos bajo la justificación de la “seguridad nacional”, aunque a los principales grupos de interés que apoyan la propiedad intelectual se les ha permitido accesos privilegiados a las negociaciones. Estos grupos incluyen a los sospechosos habituales, la Recording Industry Association of America (RIAA), la Motion Picture Association of America (MPAA), Sony Pictures y Time Warner, que fueron invitados nada menos que por el Representante del Comercio de Estados Unidos a dar su “opinión” sobre el tratado.
Los miembros del pueblo en general, a quienes se supone ostensiblemente que representan los gobiernos nacionales, no han estado autorizados a conocer las negociaciones del ACTA durante años. Entretanto, los asientos delanteros de la mesa de negociaciones se han ofrecido a las organizaciones parasitarias que han acabado con la libertad real de los creadores, arruinado las vidas de miles de personas con sus demandas improcedentes de millones de dólares.
Aquí me limitaré a resumir los abusos más destacados que aparecen en este tratado, pero animo a los lectores a aprender tanto como puedan acerca de este acuerdo verdaderamente totalitario. Mi otro objetivo actual es demostrar el enorme peligro que encierra el ACTA: amenaza con devolver a la civilización humana de vuelta a la Edad Oscura preelectrónica.
Las provisiones del ACTA amplificarían las ya onerosas del Digital Millennium Copyright Act (DMCA) de 1998. Antes de la DMCA, vulnerar el derecho de autor era una falta civil: si el poseedor de “derechos de propiedad intelectual” sobre una obra no estaba de acuerdo con su distribución no autorizada, podía demandar al “infractor” en los tribunales. La DMCA criminalizó la vulneración del derecho de autor y ha sometido a miles de creadores inocentes a avisos de retirada notorios y no justificados, pero mantuvo importantes protecciones para consumidores individuales y proveedores de servicios de Internet (ISP, por sus siglas en inglés). Por ejemplo, las provisiones de “puerto seguro” de la DMCA absolvían al ISP de responsabilidades de cualquier vulneración del derecho de autor por parte de sus clientes. El ACTA eliminaría esta protección y obligaría al ISP a convertirse en un brazo armado del tratado, bajo amenaza de que los propios ISP serían multados o cerrados si no obedecen.
Bajo el régimen actual de derecho de autor, al poseedor de “derechos de propiedad intelectual” se le requiere al menos formalmente que recoja evidencias de cualquier infracción y presente una queja formal. Con el ACTA, se eliminaría este requisito y el poseedor de “derechos de propiedad intelectual” ni siquiera tendría que quejarse para que los gobiernos persiguieran al supuesto infractor.
Es fácil de entender lo absurdo de esta postura. De hecho, hoy muchos propietarios de derechos de autor (desde estrellas de la música a creadores de contenidos en línea a tiempo parcial) miran deliberadamente hacia otro lado cuando otros reproducen su obra sin permiso previo: esperan beneficiarse de la exposición resultante. Bajo el ACTA, los gobiernos podrían atacar a los fans de esos creadores, ¡contra los propios deseos de esos creadores! Incluso aceptando la validez de los derechos de propiedad intelectual (cosa que yo no hago), ¿quién sería entonces el poseedor de los derechos, los creadores o los gobiernos y las grandes asociaciones comerciales políticamente privilegiadas que están apoyando este tratado?
Bajo el ACTA, la mera sospecha o suposición de haber descargado o incluso accedido a material con derechos de autor en línea permitiría buscar en nuestro ordenador sin autorización judicial. Se aplicarían multas y otras sanciones por rechazar autorizar una búsqueda, aunque cualquiera que consienta una búsqueda casi indudablemente sería culpable de alguna “infracción”. Bajo el ACTA, incluso ver un sitio web que contenga material que infrinja los derechos de autor (sin que quien lo vea sepa de la existencia de dicha infracción) sería considerado como auxiliar e incitador al incumplimiento.
Además, el ACTA consideraría a los individuos sujetos de investigaciones y sanciones incluso por la sospecha de poseer materiales que podrían haberse obtenido a través de canales de distribución que sean similares a los utilizados para obtener copias no autorizadas. Así que si alguna vez descargamos un fichero mp3 gratuito de un artista que comparte toda su obra en línea gratis, podríamos no estar a salvo. Y esto no se aleja demasiado de los que quieren los impulsores del ACTA. Recordemos que, con la fuerza de la ley de EEUU de su lado, la RIAA ni siquiera permite a artistas no miembros ofrecer sus propios trabajos gratis en ciertos canales, como la radio por Internet. Esta organización (el epítome del mercantilismo y el proteccionismo para los grandes estudios con conexiones políticas) disfrutaría de nada menos que de la muerte de los contenidos compartidos en línea libre y legítimamente.
Igualmente importante es recordar que la gente que nunca infringe el derecho de autor de nadie tiene la misma probabilidad de sufrir el ACTA, particularmente si tienen algo inteligente y controvertido que decir en línea. Si hay algo que nos enseña a historia de las notificaciones de abusos de la DMCA, es que las expresiones sofisticadas de ideas nunca están a salvo de demandas maliciosas y artificiales de infracción de los derechos de autor.
Miles de creadores en YouTube, cuyos trabajos no contienen materiales con derechos de autor, han recibido durante años avisos de borrado de la DMCA por parte de fanáticos que están muy en desacuerdo con sus ideas. El sistema de respuesta automático mecánico de YouTube a los avisos de la DMCA ha hecho que las cuentas de estos creadores se hayan suspendido y a veces directamente borrado, incluso cuando sus acusadores violaban claramente la ley aportando acusaciones injustificadas. Bajo el acta estas mismas acusaciones injustificadas pueden ocasionar mucho más que el borrado de la cuenta del vídeo: los gobiernos asumirían el papel de aplicadores y (a juzgar por los precedentes como la guerra contra las drogas y las “seguridad en los aeropuertos”) pueden estar seguros de que no serán ni de lejos tan escrupulosos con los derechos individuales como YouTube.
Aunque el actual tratamiento de la propiedad intelectual por parte de nuestro sistema judicial ha sido indudablemente defectuoso, cuando se compara con el ACTA, el un ejemplo relumbrante de respeto por los derechos individuales. A lo largo de los años, los tribunales han detallado una serie de excepciones al derecho de autor en su utilización para proteger a los individuos que pretenden utilizar partes de material para investigación, enseñanza, sátira y debate, entre otros fines dignos de mención. El ACTA restringiría mucho el ámbito del uso justo y en buena parte eliminaría estas cuestiones de nuestros sistemas judiciales nacionales y las trasladaría a un cuerpo normativo internacional creado específicamente por el tratado.
Bajo el sistema actual, al menos existe la esperanza de que otros objetivos políticos perseguidos por los mismos entes públicos (como el crecimiento económico y el comercio semilibre) puedan imponerse a medidas draconianas sobre infracciones de dudosa calificación. Pero una organización dedicada principalmente a perseguir a los infractores del derecho de autor no tendría esas consideraciones compensatorias. La teoría de la captura regulatoria sugiere que este ente rápidamente sería tomado para servir a los programas de la RIAA, MPAA y otros parásitos del derecho de autor.
Comentarios concretos de los negociadores del ACTA niegan que gobiernos vayan a usar el tratado para lanzar búsquedas masivas por parte de la policía de fronteras en los ordenadores portátiles y mp3 de los viajeros individuales. Sin embargo, el borrador del tratado y sus discusiones sí contienen provisiones autorizando exactamente este tipo de búsqueda. Es indiferente si lo que se pretende o no es dirigirse contra operaciones de “piratería” comercial transfronteriza masiva: donde exista la autorización para realizar ciertos actos contra individuos ordinarios, se invocará en algún lugar, en algún momento, por alguien.
Es verdad que las búsquedas serían dispersas y aplicadas irregularmente: no afectarían a todos en todo momento. Pero la forma correcta de realizar una búsqueda así sería ofrecer una justificación formal para incomodar y sancionar a individuos que pueden disgustar a las autoridades por otras razones, pero quienes, en ausencia del ACTA, no ofrecerían ninguna causa probable para que se revisaran sus dispositivos. Citando al villano de Ayn Rand en La rebelión de Atlas, el Dr. Floyd Ferris:
No hay manera de gobernar a hombres inocentes. El único poder que tiene cualquier gobierno es el de apresar a los criminales. Bien, cuando no hay suficientes criminales, se crean. Se declaran como delito tantas cosas que resulta imposible a la gente vivir sin vulnerar las leyes. ¿Quién quiere una nación de ciudadanos cumplidores de la ley? ¿De qué nos vale eso? Aprobemos simplemente el tipo de leyes que no pueden cumplirse ni aplicarse o interpretarse objetivamente y crearemos una nación de incumplidores de la ley y luego nos aprovecharemos de su culpabilidad.[1]
No todas las personas verían revisado su portátil o mp3 en la aduana bajo el ACTA, pero la posibilidad de dicha revisión sería una espada de Damocles sobre cada viajero, aplicable bajo el capricho de la autoridad. ¿Se arriesgaría usted a viajar con un dispositivo electrónico bajo un régimen así o se atendría a la más segura pesadez de viajar sin él, como ocurría antes de la edad de la electrónica?
El ámbito del ACTA también se extiende a la esfera de las patentes. El ACTA restringiría mucho la competencia de las medicinas genéricas frente a las grandes marcas más caras, creando aún más monopolios farmacéuticos y convirtiéndose en otra ley que contribuya a los siempre rápidamente crecientes costes de la sanidad. Por ejemplo, si un envío de una medicina genérica viaja del País A (cuyas leyes la autorizan) al País B (cuyas leyes la autorizan) pero resulta pasar por el País C, donde las leyes de patentes, la prohíben, los funcionarios del País C podrían confiscar el envío. Además, los productores de sustancias utilizadas en genéricos que infrinjan patentes podrían ser perseguidos bajo el ACTA, incluso si el uso de su producto en las drogas se produce sin su conocimiento. Igual que cualquier ley que afecte a la disponibilidad de las medicinas, el énfasis de Frédéric Bastiat en los efectos que no se ven es aquí esencial. ¿Cuántas vidas se perderían por la confiscación de medicinas genéricas asequibles y seguras debido al ACTA?
Los lectores que hayan llegado a este punto pueden estar pensando: “Vale, el ACTA va desencaminado y es abusivo en muchos aspectos, pero ¿no es una exageración calificarle de la mayor amenaza a la civilización?” Ahora asumiré el reto de demostrar esta parte más ambiciosa de mi argumentación.
Internet y otras tecnologías personales han salvado los últimos 20 años. En cualquier otro aspecto, las sociedades occidentales en 2010 resultan ser mucho más disfuncionales y tiránicas que en 1990. Recordemos que hace 20 años se estaba desmoronando el totalitarismo en el bloque soviético y empezaba a ser rechazado conscientemente en China; hoy en el propio Occidente, nuestro progresivo totalitarismo avanza al galope. Hace veinte años, podíamos llegar al aeropuerto media hora antes del vuelo, pasar una seguridad somera y apenas perceptible y disfrutar de un vuelo relativamente cómodo. Hoy los aeropuertos están plagados de maquinas que te desnudan virtualmente, mientras que las líneas aéreas rescatadas y subvencionadas infligen múltiples pequeños abusos a los pasajeros.
Incluso la tortura del submarino bajo la administración Bush parece benigna comparada con la prerrogativa que ha asumido la administración Obama de ordenar unilateralmente el asesinato de cualquier persona (incluidos ciudadanos estadounidenses) por la mera sospecha de actividad terrorista. Las enmiendas Primera, segunda, Cuarta, Quinta y Décima de la Constitución de EEUU han infligido graves abusos que habrían sido impensables en 1990. Entretanto, grandes segmentos de la población continúan pensado que todo esto es correcto por nuestro propio bien. Sin embargo, sin Internet la mayoría de estos abusos simplemente se habrían silenciado, como probablemente se ha hecho durante la mayoría de la historia humana.
Las acciones de los gobiernos nacionales no han sido los únicos signos de deterioro durante los pasados 20 años. En 1990, las grandes empresas occidentales aún mantenían una apariencia de competencia y se centraban en satisfacer los deseos de los consumidores; hoy, la mayoría hacen cola para ser rescatadas. Han renunciado a innovar y rechazan ajustar estructuras institucionales obsoletas para aprovechar las nuevas posibilidades tecnológicas. Como es previsible, empezaron a quebrar.
En prácticamente todos los aspectos de la vida (transportes, finanzas, ocio y educación) los individuos empezaron a buscar proveedores con más visión de futuro y más fiables y esto se ha visto ayudado grandemente por Internet. Incapaces de competir en el libre mercado potenciado tecnológicamente, las viejas instituciones clamaban cada vez más por una protección política.
De hecho, el ACTA es en sí misma un ejemplo de esta tendencia. La obsoleta industria del entretenimiento de Hollywood (con sus gigantes discográficas devoradoras de capitales, estudios de cine y cultura de servir basura embrutecedora del mínimo denominador común a tanta gente como le sea posible) se ve incapaz de competir con un nuevo paradigma donde los creadores y los consumidores individuales están realmente al mando.
En la nueva cultura, las barreras de entrada son mucho menores, las tecnologías para divulgar el arte y el entretenimiento son mucho más accesibles y existen numerosos nichos de mercado para consumidores sofisticados que rechazan la vacua y conformista cultura de masas divulgada por las empresas de entretenimiento existentes.
La aparición de los sitios de vídeo en línea y la licencia Creative Commons ha llevado aún más a la irrelevancia a organizaciones como la RIAA y la MPAA. Pero al igual que lo bancos y las compañías de automóviles del establishment estadounidense, estas organizaciones no se adaptarán a las nuevas realidades tecnológicas, tampoco se retirarán dignamente. Prefieren mantenerse como los vampiros, perpetuándose chupando la sangre de la economía y manteniendo férreamente cualquier vestigio del desperdicio y la ineficiencia que llevó al actual aprieto económico. Los políticos, sabiendo de dónde vienen las contribuciones a sus campañas, están muy felices de cumplir y convertir los viejos acuerdos institucionales en leyes. El ACTA es el TARP del establishment del entretenimiento.
La cultura libre y gratuita de Internet tiene el potencial de debilitar y acabar eliminando el abrazo asfixiante de las viejas instituciones en las sociedades occidentales. En “The Effects of the Economic Crisis on Young People” explico que la prometedora nueva generación debería crear una economía alternativa utilizando Internet y la tecnología personal para inmunizarse ante los ataques de las empresas rescatadas y las autoridades monetarias inflacionistas. Pero si esta cultura de la actividad creativa en Internet es acallada por el ACTA, las instituciones vampiro podrían persistir eternamente.
No sería la primera vez en la historia en que el estancamiento y la decadencia caracterizan eras enteras. El antiguo Egipto, los imperios romano y bizantino, la Edad Media europea, la Francia borbónica y la Unión Soviética son unos pocos ejemplos; las instituciones obsoletas y parasitarias, con fuerza suficiente, pueden arruinar las vidas de múltiples generaciones antes de derrumbarse finalmente bajo la opresión de su propio peso.
Es verdad que el ACTA no acabaría totalmente con Internet, al menos no directamente. Pero si incluso los usos rutinarios de Internet (sin mencionar tratar de desarrollar nuevas tecnologías en línea para la creación y distribución de contenido) nos hacen susceptibles de persecución criminal, ¿cuánta gente normal a la que no le gusta el riesgo querrá participar? Ni siquiera haría falta la apariencia de incumplir la ley para verse afectado por el ACTA.
En realidad puede ya verse el modelo de que ocurriría a una escala mucho mayor bajo el ACTA observando las medidas recientes del gobierno federal de EEUU sobre blogs inocentes y legítimos. El 16 de julio de 2010, las autoridades federales cerraron Blogetery.com, un sitio que alojaba 73.000 blogs, bajo la acusación de que algunos de ellos reproducían material con derechos de autor. Cualquier persona razonable reconocería, por supuesto, que probablemente la mayoría de los propietarios de los blogs no había cometido ninguna infracción, pero sin embargo se eliminaron millones de horas de trabajo humano mediante este nuevo tipo de censura arbitraria y al azar. ¿Invertiría usted tiempo y energía en desarrollar un blog de alta calidad si temiera que fuera destruido en cualquier momento, y no por algo que usted haya hecho?
De alguna forma, dudo que las autoridades federales estén experimentando punzadas de culpabilidad o lamentando estas acciones. Después de todo, es mucho más fácil controlar a una población que sólo tiene acceso a tres canales de noticias por la tarde y que son copias exactas uno del otro. Bajo el ACTA, los libros quemados por la Inquisición española palidecerían en comparación con el conocimiento humano y el trabajo creativo que se vería erradicado para siempre bajo la razón de aplicar unos dudosos derechos de propiedad.
Preveo que el ACTA generará una guerra en Internet, similar a la guerra contra las drogas. El uso de Internet no desaparecería, pero muchas actividades perfectamente legítimas se relegarían a algún tipo de mercado negro, junto con los consiguientes males del genuino delito físico, el fraude y un estado de naturaleza hobbesiano creado artificialmente. También disminuirá la calidad del producto, pues la gente dirigirá sus esfuerzos más a evitar demandas que a innovar.
El creador en línea sofisticado se convertirá en un delincuente y las que podrían haber sido indudablemente actividades beneficiosas o al menos inocuas pueden verse manchadas en asociación cosas más siniestras, igual que la guerra contra las drogas ha creado nebulizadores criminales con las medicinas para el resfriado. Para la “gente respetable”, Internet no se considerará como el nexo de progreso salvador de la civilización que es, sino más bien otra forma de gansterismo o, como mínimo, un confuso campo de batalla que la gente que busque un poco de estabilidad en sus vidas haría bien en evitar. El estridente efecto resultante en el progreso sería la mayor tragedia a largo plazo concebible en nuestro tiempo.
Debería hacerse algún esfuerzo por parte de todas las partes que se ven efectivamente aterrorizadas ante los abusos que puede producir el ACTA. Por suerte pueden encontrarse muchos aliados de diversos ámbitos y perspectivas intelectuales para esta batalla en concreto. Por desgracia, los defensores del ACTA harán todo lo que puedan para eludir los canales del gobierno y la sociedad civil donde sería posible un debate amplio y completo.
La incapacidad de los parlamentos nacionales de votar sobre el tratado es particularmente preocupante, ya que permite una implantación expeditiva y subrepticia sin la posibilidad de un fracaso político de los defensores del ACTA en razón de sus votos. No queda más opción que que los miembros de la sociedad se opongan directamente al ACTA directamente empleando cualesquiera métodos de comunicación pacífica y persuasión que estén a su alcance.
Es importante recordar que convencer a otros para que se opongan a este tratado no requiere una conversión intelectual completa al libertarismo en contra de la propiedad intelectual. Aunque personalmente rechazo el concepto de propiedad intelectual, también es posible apoyar la idea general, pero detestar el régimen draconiano que implantaría el ACTA. Espero que la justificación de la propiedad intelectual para la censura y terror a gente inocente desaparezca con el tiempo, pero detener este tratado es un objetivo mucho más urgente y el tiempo apremia. Si el ACTA se atasca o fracasa, entonces quizá la civilización tendrá una oportunidad de pelear.
El objetivo a medio plazo seria que los consumidores, a través de sus elecciones pacíficas y perfectamente legitimadas, hagan que el establishment del entretenimiento deje de existir. Mientras continúen existiendo las instituciones vampiro, continuarán cabildeando a favor de un proteccionismo violento a costa de las libertades individuales básicas. Es el momento de dejar de comprar los productos completamente inanes de estas instituciones y dejar de tener nada que ver son sus productos. Como consecuencia, la cultura mejorará mucho y los creadores autónomos e inteligentes sólo se verán beneficiados.
Deberíamos aumentar deliberadamente el uso y consumo de obras Creative Commons y remunerar a sus productores mediante donaciones y recomendaciones. Muchos creadores verdaderos y respetuosos con el consumidor continúan produciendo bajo el modelo de los derechos autor e inconscientemente lo apoyan, aunque evitando convertirlo en un arma contra los consumidores pacíficos: también su trabajo debe ser alabado. Sin embargo, los tipos que deliberada y conscientemente ayudan a la RIAA, la MPAA y similares deberían dejar de recibir el patrocinio de personas amantes de la libertad que no deseen verse colgados de las cuerdas de sus propias bolsas.
Detener el ACTA es absolutamente indispensable a corto plazo y relegar la propiedad intelectual al vertedero de la historia es un objetivo a largo plazo que merece la pena. Sin embargo, entretanto es importante reconocer que, incluso si se le derrota ahora, el ACTA puede resucitar en otras formas. Es el momento de lanzar una rebelión intelectual contra las organizaciones que nos endilgarían la tiranía del ACTA.
[1] Cito a Ayn Rand con pleno conocimiento de su fuerte apoyo a la propiedad intelectual. Sin embargo, estoy convencido de que hay mucho en el ACTA que habría horrorizado a Rand si estuviera viva. De hecho, la oposición acérrima de Rand al totalitarismo probablemente habría hecho de ella uno de sus principales opositores.
Traducido del inglés por Mariano Bas Uribe. El artículo original se encuentra aquí.