En 1800, el Tesoro de Estados Unidos debía 83 millones de dólares. La población era entonces de tres millones. Todo niño nacido ese año tenía que cargar con una deuda de unos 28$; si el tipo de interés era del 6%, el ciudadano recién nacido podía tener que pagar en el futuro una factura de servicios sobre la deuda nacional de 1,68$ por año. Hoy la carga de la deuda de la nación está por encima de los 290.000 millones y la población es, en cifras redondas, 180 millones. Así que mientras que la población se ha multiplicado por 60, la deuda nacional se ha multiplicado por 3.600 e imaginando un tipo de interés del 4%, el coste de manejar esta deuda es, aproximadamente, de 68$ por ciudadano y año. El niño ahora soporta al nacer una carga de 1.700$. Estas cifras podrían ajustarse al incremento de producción por ciudadano y al disminuido valor del dólar. Aún así, se mantiene el hecho de que la posterioridad no liquidará nada de la deuda nacional, que cada administración aumenta la deuda que recibe y que la promesa de liquidación implícita en cada emisión de bonos es una falsa promesa.
La mayoría del aumento en la deuda nacional se ha producido desde 1933, cuando Franklin D. Roosevelt abolió el patrón oro y así hizo que el dinero fuera redimible en… dinero. Cuando el dinero era redimible en oro, de alguna manera se restringía la prodigalidad propia del gobierno, pues si el ciudadano perdía la fe en su moneda o en su bono, podía reclamar oro a cambio y como el gobierno no tenía suficiente oro a mano para atender la reclamación, tenía que recortar su proclividad al gasto en el mismo grado. Pero Roosevelt eliminó este grillete y así abrió las compuertas. El único límite a la inclinación de todo político a gastar dinero con el fin de adquirir poder es el rechazo de la opinión pública a prestar su dinero al gobierno. Por supuesto, el gobierno puede entonces recurrir a imprimir dinero, a crear dinero de la nada, pero al menos la gente no se tragaría la estafa. Por tanto, les ofrezco el siguiente consejo gratuito:
No compren bonos.
El consejo se basa en razones puramente morales, no fiscales. Podría apuntar que cuando el gobierno emite un bono está diluyendo el valor de todo el dinero existente. Todo bono es, en efecto, dinero: el hecho de que el documento muestre el sello del gobierno lo convierte en dinero, aunque puede que no entre en el mercado como tal; no se monetiza durante un tiempo. Es decir, cada bono emitido por el gobierno es inflacionista y por tanto roba a los ahorradores del valor de sus ahorros. Eso, por supuesto es una estafa y es inmoral. Pero la inmoralidad de los bonos es mucho más profunda.
En primer lugar, cuando el Estado gasta más dinero del que recibe en impuestos (un hecho escrito indeleblemente en el bono) está cometiendo deliberadamente un acto de quiebra. Si tu vecino te hiciera eso rápidamente le considerarías una persona deshonesta. ¿La deshonestidad se transforma en su opuesto cuando la comete una entidad legal? ¿Con que multiplicador se puede convertir el robo en virtud? El acto de pedir prestado contra rentas imaginarias es un fraude, no importa quien lo haga y cuando realizamos un préstamo a ese prestatario secundamos un fraude.
La excusa del Estado para pedir prestado es que invierte los ingresos de sus bonos en beneficios de la posteridad. En lugar de poner toda la carga de afrontar el coste de sus actos benéficos en los vivos, propone reclamar a los niños no nacidos su parte en el coste. ¡Muy convincente! ¿Pero no es ésta la imposible doctrina del control de los vivos por los muertos? ¿Qué pensarían ustedes de un futuro padre que deliberadamente cargara una deuda a su esperado descendiente? Eso es exactamente lo que hacen cuando cooperan con el programa de préstamos para el Estado. Están cargando a sus hijos y a los hijos de sus hijos una obligación de pagar por algo en lo que no han podido opinar y por lo que puede no importarles nada. Su “inversión para la posteridad” puede no hacerles ganar nada salvo las maldiciones de la posteridad.
El uso de la palabra inversión en relación con un bono emitido por el Estado es un eufemismo traicionero. Cuando compramos un bono industrial prestamos dinero a una empresa para que pueda comprar una máquina con la que aumentar su producción de cosas que quiere el mercado. El interés que nos pagan es parte de la producción aumentada que hizo posible nuestro préstamo. Eso es una inversión. Sin embargo el Estado no pone nuestro dinero en producción. El Estado lo gasta (eso es todo lo que el Estado es capaz de hacer) y nuestros ahorros desaparecen. El interés que obtenemos proviene del fondo fiscal, al cual contribuimos con nuestra parte y nuestra parte se ve aumentada por el coste de atender nuestro bono. En realidad, nos estamos pagando a nosotros mismos. ¿Es eso una inversión?
Cuando abandonamos este mundo dejamos a nuestros herederos tanto el bono de cobro de impuestos como la obligación de pago de impuestos que representa. O, como suele ser el caso habitual (pues la historia de los bonos es que su propiedad tiende a concentrarse en unas pocas manos), si vendemos nuestro bono, el nuevo propietario en su momento lo legará a sus herederos un derecho sobre la producción de nuestros descendientes. Nuestros biznietos están destinados a trabajar para sus biznietos. Así que el bono se convierte en un legado de esclavitud.
El hecho es que la posteridad nunca liquida sus deudas ancestrales, o no de la forma que se nos hace creer por parte del Estado vendedor de bonos. La generación actual es la posteridad para todas las generaciones que nos precedieron. ¿Estamos liquidando alguna de las deudas en las que incurrieron nuestros antecesores? Difícilmente. Tenemos gastos propios y debemos dejar a nuestra posteridad algunas nuevas deudas, así como todas las heredadas. En realidad, ella hará lo mismo.
Haya o no una obligación de los vivos de liquidar la deuda dejada por un ancestro arbitrario, la máquina política impide que se haga. La liquidación real necesitaría aumentar los impuestos, por un lado, y un recorte del gasto del Estado, por el otro. El Estado siempre da la bienvenida a un aumento en los impuestos, pues cualquier aumento de los impuestos significa un aumento en el poder del estado y los políticos siempre están a favor; nunca pueden gastar un duro en reducir la deuda nacional. Ningún Estado (absolutista o constitucional) ha dejado nunca de lado sus ambiciones de aprovechar sus pagarés. El argumento de que “la posterioridad debería pagar”, a la luz de esta hecho histórico, se convierte en la equipación de un juego de confianza.
¿Qué pasa entonces con la deuda nacional? Crece y crece hasta que, como un globo, estalla. Pero aunque esto sea inevitable, gracias al monopolio del Estado de la fabricación del dinero, lleva mucho tiempo antes de que el globo estalle y deben prevalecer ciertas condiciones para causar la explosión.
Cuando los pagarés de una pequeña nación están en poder de una nación poderosa, se mantiene cierto aspecto de rectitud financiera por medio de los marines: la economía del estado moroso se interviene hasta que se liquida la deuda y a veces por un periodo más largo. Por otro lado, las deudas internas nunca se liquidan. Cuando la carga de atender los vencimientos se convierte en insoportable económicamente y desparece el crédito del Estado, se recurre al repudio o la inflación.
De estos dos métodos, el repudio es con mucho el más honrado. Es una declaración expresa de un hecho: el Estado declara su incapacidad de pagar. La eliminación de la deuda, además, puede tener un efecto saludable en la economía del país, ya que la disminución de la carga impositiva le viene bien a la ciudadanía. El mercado se hace en ese sentido más sano y vigoroso. Los perdedores en esta operación son los pocos que tengan los bonos, pero como también son miembros de la sociedad a largo plazo deben beneficiarse de la mejora de la economía general: pierden como recaudadores de impuestos, ganan como productores.
El repudio se recomienda asimismo porque debilita la fe en el estado. Hasta que el hecho es olvidado por las generaciones posteriores, las promesas del Estado encuentran pocos creyentes: su crédito está destrozado. Desde el repudio ruso de 1917, su régimen nunca ha intentado realizar una emisión de bonos en el exterior, sus operaciones de importación se han realizado en buena parte en efectivo. Internamente, Rusia obtiene sus “préstamos” de sus nacionales como hace un bandolero.
En todo caso, como honradez y política son términos contradictorios, el método habitual del Estado de atender sus obligaciones de deuda es la inflación. Las liquida con grabados de papel. Lo cierto es que incluso cuando emite sus nuevos pagarés para liquidar los vencidos, el proceso inflacionista está en marcha, pues cada bono es de hecho dinero; como dinero, es un título sobre la producción. El bono que compramos aumenta los medios de circulación, deprimiendo así su valor y realmente estamos intercambiando dinero bueno por malo. Nos estamos engañando. Eso es demostrable comparando el poder adquisitivo del dólar en el momento en que compramos el bono con su poder de compra al vencimiento.
El estado puede hacer sinónimos inflación y repudio, como hizo Alemania en la década de 1920: puede inflar para repudiar. Es lo que se llama inflación “desbocada”, otra expresión falsa. Realmente no existe la “inflación desbocada” o “incontrolada” porque las imprentas no funcionan solas: alguien debe arrancarlas y mantenerlas funcionando hasta que se alcance el resultado deseado, la eliminación de la deuda nacional. El inconveniente de este proceso, como pasa con los repudios abiertos, es que al eliminar la deuda se eliminan asimismo los valores que la ciudadanía ha construido laboriosamente: elimina los ahorros. Sin embargo ninguna nación ha recurrido nunca a una inflación “desbocada” hasta que su economía ha sido destruida por la guerra, hasta que la producción haya sido incapaz de atender los gastos del establishment político, no digamos de la deuda acumulada por sus predecesores.
¿Qué pasa empero con el tirón natural del patriotismo? Ante un peligro nacional, ¿no es correcto que aportemos todos a la defensa común? Por supuesto que es correcto y siendo la gente como es, la agrupación de intereses es espontánea cuando se ve amenazada la vida de la comunidad, como en el caso de una inundación, un terremoto o una conflagración o cuando los indios atacan la empalizada. En esas catástrofes regalamos, no prestamos. El patriotismo que calcula el beneficio es de un tipo dudoso. Los bonos no libran guerras. Los instrumentos y materiales de guerra los forjan mano de obra viviente usando las existencias de capital presentes: el gasto debe atenderse con la producción actual. Los bonos se emiten porque los trabajadores y capitalistas son reticentes a dar su producción a la causa común: ponen un mayor valor en su propiedad que en la victoria. Si los impuestos confiscatorios fueran los únicos medios para librar las guerras, su popularidad podría desvanecerse, la guerra tendría que cancelarse.
Este engañoso recurso al patriotismo espurio llega a su culminación en la justificación de libro de la deuda pública. Es algo así como esto: los ciudadanos que tengan una participación financiera en el Estado a través de bonos, tienen un interés más vivo en sus acciones. Así el amor al país resulta coherente con la probabilidad de beneficios, tanto en capital como en botín. Esto apela al tipo de patriotismo que motivaba a los prestamistas de la Edad Media: una vez que invertían en las aventuras de sus reyes no podían permitirse mostrar tibieza en su vasallaje.
No es patriotismo lo que engendra el Estado prestatario. Es sumisión. Con su cartera hasta los topes de bonos, la institución financiera se convierte en la práctica en un socio menor cuyo propio interés le impulsa a obedecer. Una asignación de bonos a un banco toma fuerza porque sus grandes existencias actuales podrían perder valor si hubiera dudas respecto del crédito del Estado. Una caída precipitada de precios en las emisiones federales sacudiría Wall Street hasta sus cimientos, por eso las nuevas emisiones deben cubrirse para proteger a las antiguas. La preocupación de las universidades muy subvencionadas en su existencia por bonos es tal que cualquier duda del profesorado de su contenido moral difícilmente podría tolerarse. Incluso el pacífico ministro de una iglesia rica tendría que ser prudente al proclamar su opinión sobre la deuda pública. Esto es, el propio interés de los tenedores de bonos pagados con impuestos les impulsa a apoyar al Estado y no el patriotismo.
Considerándolo todo, el bono es una institución perfectamente inmoral. No me atraparán con uno de esos papeles.
Este artículo se ha extraído del capítulo 17 de Out of Step, de Frank Chodorov.
Traducido del inglés por Mariano Bas Uribe. El artículo original se encuentra aquí.
