Los gobiernos se rodean de mitos que exageran sus capacidades de mejorar la situación de los países e individuos. Uno de los más comunes es la idea de que el dirigismo estatal puede disminuir el desempleo de forma sostenida.
Cuba trató y fracasó
Cuba, utopía obrera, paraíso sindical, confirmó la falsedad del citado título mientras celebraba el VI Congreso del Partido Comunista en abril de 2011. Disfrazado con eslóganes anticapitalistas y alusiones al triunfo revolucionario de 1959, el gobierno cubano puso sello oficial a un proceso de reforma radical, dando marcha atrás a políticas de más de medio siglo de antigüedad. Quizás la medida más reportada por los medios internacionales ha sido el despido paulatino de 500 mil funcionarios públicos. La pregunta natural es, ¿por qué un gobierno cuyo objetivo es darle trabajo a cada uno de sus ciudadanos, decide recortar en casi 10% la fuerza laboral de su país? La respuesta: porque es incapaz de cumplir este objetivo. Los políticos cubanos se han dado cuenta que son incapaces de crear empleos a la fuerza, es decir, de eliminar el desempleo con intervención del gobierno. Su error durante varias décadas consistió en tener una meta equivocada y, peor aún, en asignarla a la planificación central. En lugar de ver el empleo como un medio para lograr mayor productividad – más bienes y servicios a más personas por menores precios – lo veían como un objetivo en sí mismo. El empleo es incidental a la productividad, no al revés como creía el gobierno cubano. Esta miopía creó una situación contraria a la deseada, donde la creación de más puestos de trabajo públicos resultó en menor productividad y mayor desempleo en la economía general. Ahora, finalmente, el antiguo objetivo de crear empleos está siendo reemplazado por el de permitir más productividad. Y la principal fuente de productividad es la iniciativa privada del mercado.
“La experiencia práctica nos ha enseñado que el exceso de centralización conspira contra el desarrollo de la iniciativa en la sociedad y en toda la cadena productiva, donde los cuadros se acostumbraron a que todo se decidiera ‘arriba’ y en consecuencia, dejaban de sentirse responsabilizados con los resultados de la organización que dirigían.”
Estas palabras del Presidente Raúl Castro en su informe al Congreso del Partido Comunista, reconocen que el camino a seguir debe ser el de dejar operar al libre mercado y no enfrascarse infructuosamente en conseguir lo inalcanzable. En el caso cubano, será un camino largo ya que 5.1 millones de personas (en una población de 11 millones) son de algún modo ocupados en el sector público. Los 500 mil despidos son entonces apenas la punta del iceberg.
Prioridades equivocadas: ¿Qué es el empleo?
Parte central del mito del gobierno como erradicador del desempleo es un concepto equivocado de qué es el empleo. Una cosa es crear una plaza artificial de ocupación donde, por una actividad innecesaria, una persona recibe un pago quincenal o mensual. Muy distinto es un empleo dado en respuesta a una exigencia del mercado, donde surge una actividad necesaria para producir algo demandado por otras personas o empresas. De lo contrario no es más que una limosna glorificada. Por ejemplo, si una empresa de tecnología crece porque ofrece servicios que agilizan los trámites bancarios o demás aspectos de la vida cotidiana, probablemente empleará a más programadores para poder suplir esta demanda. En cambio, un gobierno puede crear miles de cargos públicos mal remunerados, pero lo hará por cumplir una promesa propagandística – parte del clientelismo del sistema – y no por una demanda natural de la economía. Una anécdota frecuentemente atribuida al economista Milton Friedman capta la inutilidad de esta tarea estatal. Mientras visitaba una obra de ingeniería civil patrocinada por un gobierno comunista asiático, Friedman preguntó por qué los trabajadores del proyecto utilizaban palas en lugar de excavadoras modernas y rápidas. Un funcionario le contestó que por ser un programa de creación de empleos, había que darle trabajo a mucha gente. A lo que Friedman respondió punzantemente: “entonces utilicen cucharas en vez de palas y van a necesitar muchos más trabajadores.” En resumen, esta intervención del gobierno reduce la productividad del país: desvía el recurso humano y monetario hacia actividades menos productivas y más empobrecedoras. Los políticos necesitan dinero para pagar su enorme planilla, dinero que es obtenido de mayores impuestos o sustraído de otros programas, como la educación. A su vez, los empleados públicos reciben un salario magro pero fácil por realizar actividades que no benefician a nadie más que a ellos, y que les quita el incentivo de prepararse para ser más competitivos. El gran efecto multiplicador de este agujero negro es que al tratar el gobierno de crear trabajos artificialmente, el resultado es una sociedad con poca iniciativa privada y por ende con menor demanda real de empleos necesarios. Eventualmente, enfrentados a la insolvencia de un sistema inoperante, tienen que hacer recortes drásticos o arriesgarse a caer en una severa depresión que generaría el desplome del gobierno. No es de extrañar, entonces, que Raúl Castro afirme que “nuestros empresarios, salvo excepciones, se acomodaron a la tranquilidad y seguridad de la ‘espera’ y desarrollaron alergia por el riesgo que entraña la acción de adoptar decisiones, o lo que es lo mismo: acertar o equivocarse”.
Gobierno intervencionista = sociedad atrofiada
Igual que la ley de la gravedad, el caso cubano respecto al desempleo y la productividad tiene aplicación universal. Sin importar la geografía o la idiosincrasia del país, en la medida en que se pretenda usar la intervención del gobierno para crear trabajos, habrán más empresarios afligidos por la “alergia al riesgo” y con ello una sociedad inmóvil, acostumbrada a la ayuda desde “arriba” de políticos paternalistas.
Existe una infinidad de factores – nacionales y extranjeros – que determinan donde y cómo deben ser empleadas las personas. En Panamá por ejemplo, la reciente ola migratoria y turística de la cual nos hemos beneficiado ha dado lugar a una variedad de servicios (y empleos) ofrecidos por la iniciativa privada para suplir una demanda que antes no había. Hay nuevos servicios bancarios, legales, inmobiliarios y hoteleros que responden a exigencias poco relacionadas con la actividad del gobierno. Si bien el Gobierno Nacional promociona a Panamá alrededor del mundo y da ciertos incentivos a compañías extranjeras, son las empresas privadas y los individuos los que se encargan, de manera autónoma, de proveer la plataforma de servicios que hacen del país un destino atractivo. Las cientos o miles de empresas involucradas en este proceso están colectivamente mejor capacitadas que un puñado de políticos para ofrecer todos los productos conexos con la inmigración y el turismo. Éstas construyen hoteles y viviendas, operan restaurantes y bancos, organizan giras turísticas, y brindan asesoría legal. Y para lograr esto, emplean a personas capacitadas en distintas áreas. Es decir, toda esta productividad genera empleos que no existirían bajo un gobierno planificador. Los políticos a cargo del estado, por muy bien intencionados que sean, no cuentan con suficiente información para atender todas las exigencias de la sociedad. Lo más que pueden hacer es inventar cargos con funciones innecesarias, que a la vez le restan ímpetu productivo a otros sectores.
Aprender de otros
Para los panameños y demás latinoamericanos, el mejor ejemplo del fracaso del gobierno en la creación de empleos es el de Cuba. Las palabras de Raúl Castro son la advertencia de un pueblo que vivió la planificación centralizada y ahora está pagando las consecuencias: “Esta mentalidad de la inercia debe ser desterrada definitivamente para desatar los nudos que atenazan al desarrollo de las fuerzas productivas.” Mejor resumido, imposible. El gobierno se ha convertido en un ancla y no en un impulsor de la creatividad y una mejor calidad de vida. Para evitar este camino en Panamá, debemos rechazar las propuestas clientelistas que ofrecen cargos a cambio de votos o inscripciones en los partidos. Tenemos que exigirle a los políticos, no que hagan, sino que dejen hacer. En lugar de esperar que nos den trabajos, debemos pedirles que se mantengan al margen de una tarea que nunca podrán realizar eficazmente. La sociedad, colectivamente, cuenta con mucha más información que un grupito de funcionarios, para saber de qué manera se deben invertir los recursos, hacia donde se deben dirigir las fuerzas productivas, cuáles son las actividades realmente necesarias y donde se deben emplear las personas.
En Cuba, la estrategia nacional para crear trabajos no funcionó porque fue decretada de arriba hacia abajo, y los puestos asignados no guardaban relación con lo que la realidad en la calle exigía. Finalmente han comenzado a revertir el curso, reconociendo la contribución única de la empresa privada en dar respuestas a necesidades reales (y no imaginadas) y en aumentar la prosperidad de las personas. Si en Panamá, los electores y la clase dirigente aprendiera las lecciones de Cuba, evitaremos caer en el abismo de tener que despedir a miles de dependientes del estado porque no los podemos seguir manteniendo.
La planificación del gobierno no puede eliminar el desempleo. Más bien, lo empeora y crea pérdidas imprevistas como la baja productividad y la falta de iniciativa en la sociedad. Le quita energías a los empresarios privados y los acostumbra a depender del estado. Es tentador para los políticos intervenir en la economía para darle trabajo a sus electores, pero al largo plazo el efecto es dañino y la corrección inevitable es dolorosa. La solución al problema del empleo está en darle rienda suelta al ingenio y productividad del individuo y del libre mercado. Solo así se obtendrán mayores niveles de prosperidad, con más trabajos reales.
