La tierra se ha poseído tanto colectiva como privadamente. La evidencia revela que en los primeros tiempos, antes de que el hombre aprendiera establecer ciudades, reclamaba territorios de caza y pasto, estableciendo una especie de control colectivo sobre la zona. Era una propiedad colectiva, pues excluía al propietario privado y presumía que todas las cosas de valor encontradas en el territorio habían de usarse para el bien del grupo. Las tribus primitivas prohibían la exclusividad privada de la tierra.
Los indios de Norteamérica, cuando los primeros europeos llegaron al hemisferio occidental, generalmente practicaban la propiedad colectiva de la tierra. La tribu poseía el territorio. Los hombres blancos, tratando de firmar tratados con los indios, compraron esos territorios a los indios sin transmitir el significado de su compra a los aborígenes. Los jefes indios, cambiando tierra por hachas y abalorios de cristal consideraban la propiedad que estaban transmitiendo como existente sólo en las cosas que valoraban. Así que les consternó descubrir que los hombres blancos aclaraban el bosque, quitaban los árboles y ponían estructuras permanentes.
Es completamente razonable suponer que muchos jefes, al cambiar su tierra por tantas hachas, pensaran que era un intercambio justo por la caza, la pesca o los derechos sobre el agua en el territorio intercambiado. Quizá, en su escala de valores, estuvieran realizando un hábil negocio en un área donde la mayoría de la caza ya había sido muerta o ahuyentada. Pudieron haber pensado que estaban dando al hombre blanco algo poco o nada valioso por estas cosas elaboradas de cuchillería y decoración, que los indios posiblemente no podían fabricar.
Cuando el hombre blanco cultivó la tierra y así utilizó más completamente el terreno de caza, puede que el indio entendiera tardíamente la naturaleza de las intenciones de aquél. Esto bien pudo haber servido para estimular varias hostilidades y levantamientos indios.
En muchos lugares del mundo, alguna tierra pasó a ser de control o propiedad privada mientras que otro territorio se mantenía como propiedad colectiva básica. En la primera Rusia, bajo el sistema del mir, mucho tiempo en vigor, a cada joven que llegara a la madurez se le cedía un cierto número de acres para su propio uso y el de su familia. Estos acres se tomaban del mir colectivo y se explotaban privadamente. En cierto sentido, este sistema pre-zarista y zarista se ha restablecido en el sistema soviético, que sostiene que toda la tierra es propiedad socialista pero permite que cada familia de una granja colectiva tenga una “agricultura subsidiaria” en una parcela de un tamaño de entre uno y tres cuartos de acre.
Esta “agricultura” se considera generalmente como propiedad “privada” y hasta la fecha, en Rusia, produce proporcionalmente más cosechas que las enormes granjas colectivas. Como la familia no paga impuestos sobre este terreno, existe en Rusia un tipo de propiedad privada que está, en su sentido económico, mucho más en armonía con la propiedad del laissez-faire que nuestro propio sistema. Por supuesto, el gobierno ruso puede confiscar esta tierra en cualquier momento, pero, hasta que lo haga, el campesino ruso tiene una ventaja respecto de su equivalente estadounidense en este sentido.
Actualmente en Estados Unidos, aunque consideramos a la propiedad privada de las tierras como el bastión de nuestro sistema de propiedad del terreno, los impuestos que las gravan realmente perpetúan un tipo de colectividad en la propiedad. El grupo social (la ciudad, el condado o el estado) recauda una tasa por el uso de la tierra. Los gobernantes tienen un embargo preferente sobre cualquier propiedad en la que no se haya recaudado la tasa. En este sentido, toda la tierra de propiedad “privada” en Estados Unidos es fundamentalmente propiedad del colectivo. Esta práctica, unida a las limitaciones del dominio eminente, la planificación central y los ordenamientos, resalta que seguimos pagando tributo al primitivo sistema de propiedad colectiva del suelo.
Un curioso fenómeno en el que la propiedad privada entra en conflicto con los conceptos de propiedad colectiva en este país ser refiere al antiguo conflicto entre vaqueros y pequeños granjeros. Los vaqueros, incapaces de concebir la propiedad privada de las inmensas praderas del centro de Norteamérica, creían aparentemente que esos enormes territorios nunca serían de propiedad privada. Así que consideraron el ganado como propiedad privada y consecuentemente pusieron una marca en los lomos de caballos, vacas y otros animales, marcándolos como propiedad privada. La tierra era un “espacio abierto” que cualquiera podía usar.
Cuando aparecieron los granjeros, vallaron parcelas para fines agrícolas y reclamaron las praderas sin dueño, los vaqueros tomaron sus Winchester para defender la propiedad que ya habían indicado que no era suya. En el intercambio de hostilidades, los colonos permanentes ganaron la discusión al demostrar que una reclamación negativa de no-propiedad por parte de alguien es inferior a una reclamación positiva de alguien. Los vaqueros respondieron, demasiado tarde, quitando las vallas a cientos de miles de acres de forma que los pastos se mantuvieran para ellos.
Si hubieran hecho esto originalmente, probablemente las praderas no se habrían visto erosionadas por el arado y el desarrollo de las llanuras del centro y el oeste habría originado un aspecto completamente distinto del que muestran hoy. Es razonable suponer que en este caso el desarrollo de periódicas tormentas de polvo y la defoliación de las praderas no se hubieran producido, al menos a la escala actual.
Entre los pueblos antiguos, la idea de propiedad privada del terreno apareció en los tiempos prebíblicos. Hay considerables evidencias de que cuando se desarrollaron por primera vez las ciudades, y posiblemente antes, la tierra se reclamaba privadamente para fines de cultivo en Egipto y Oriente Medio. Algunos de nuestros documentos más antiguos en forma de papiro o tablas de arcilla son escrituras de terrenos, privadamente transmitidos de un propietario a otro. La tierra se transmitía también por testamento.
Una de las primeras transacciones de terrenos está registrada en el Libro del Génesis (23:2-18), en el que Abraham compraba una parcela de tierra para enterrar a Sara, su esposa. Las escrituras apuntan un precio de cuatro mil siclos de “moneda corriente” de plata pagados a Efron, hijo de Zohar, por la compra de la cueva de Macpela, para usarla como cripta para la fallecida Sara.
F. de Coulanges, al desarrollar la historia de la gens, revela cómo la tierra era propiedad de familias en lugar de individuos. Esto formaba un tipo de propiedad privada genética en un colectivo familiar. Se creía en India, Grecia y Roma que los límites del terreno los mantenían los dioses familiares, cuya función era, al menos en parte, preservar la santidad de la propiedad.
Los límites de la propiedad no eran contiguos y los espacios entre propiedades se preservaban para el paso libre. El sistema puede haber dado lugar a la idea de los caminos públicos. Se consideraba como una grave afrenta para cualquier dios familiar tocar o traspasar de alguna forma el límite que una gens concreta establecía mediante su religión familiar.
La tierra, al ser el corazón de la familia, no podía transmitirse a otra familia en ninguna circunstancia. Esta antigua costumbre, perpetuada mediante la gens y las fratrías, puede haber llevado al temor manifestado a menudo por los socialistas modernos de que quienes poseen tierras se conviertan en una aristocracia privilegiada y perpetua. Aunque sin duda es cierto que durante largas eras el hijo que heredaba la tierra de su padre bajo las reglas de la primogenitura no podía deshacerse de esta propiedad, esta costumbre hace tiempo que desapareció.
En una economía moderna, la tierra se transmite libremente en el mercado abierto. Es casi un axioma entre los vendedores de propiedad inmobiliaria en Estados Unidos que cualquier pedazo de tierra puede venderse si el precio es el correcto. Las fábricas y el desarrollo de la producción industrial han condenado las antiguas nociones agrarias sobre el uso de la tierra.
Aún así, la mayoría de las teorías relativas al uso y propiedad de la tierra se basan actualmente en antiguas costumbres agrarias que ya no se aplican. Si se asume un mercado libre, aunque la propiedad de la tierra permanezca en propiedad de una determinada familia, no podría aparecer ni aparecería ningún problema. Si la propiedad se utilizara al máximo, toda la economía se beneficiaría independientemente del nombre del propietario. Si la propiedad no se utilizara de acuerdo con su máxima utilidad, en su momento aparecerían los factores del mercado que harían ventajoso alterar su utilización o transferir la propiedad.
En esas naciones, como en de Centro y Sudamérica, donde sigue prevaleciendo una aristocracia terrateniente, lo que hace falta es una revolución y desarrollo industrial, no una revolución política empleada para redistribuir la tierra para fines agrícolas. Los socialistas a menudo defienden la “reforma agraria” buscando redistribuir la tierra por la fuerza… Esa redistribución forzosa casi invariablemente lleva a la colectivización estatal de la tierra en lugar de a la perpetuación privada de la posesión de la tierra.
Un buen ejemplo de este procedimiento se nos muestra en la historia de la tierra en México. Cuando terminó el gobierno de Díaz en México en 1911 y la revolución engendrada por Zapata, Villa y Carranza reclamó una reforma agraria, la razón que se dio fue que los terratenientes aristocráticos impedían que los campesinos poseyeran la tierra. Los revolucionarios tuvieron éxito en establecer su forma particular de expropiación de terrenos y se confiscaron las grandes propiedades de los terratenientes. Pero esto no llevó al establecimiento de muchas pequeñas granjas, como ingenuamente se esperaba. En su lugar, el estado se apropió la tierra y luego descubrió demasiado tarde que el campesino estaba mal preparado para afrontar los muchos problemas de la gestión privada de las granas privadas.
Así que hoy en México existe un sistema muy similar al modelo del mir ruso. A los campesinos individuales se les otorgan parcelas para su uso propio, siempre que realicen este trabajo. Si el campesino no usa su terreno durante un periodo determinado de tiempo, el terreno retorna a ser de estado colectivo para volver a ser parcelado cuando vuelva a aparecer un campesino que aparentemente lo merezca. Por fortuna en México ha empezado recientemente una expansión industrial y el gobierno mexicano, esencialmente socialista de base marxista, ha adoptado políticas más indulgentes con respecto a la propiedad privada y el desarrollo de la tierra para quienes quieran comprar y usar el terreno.
Sigue habiendo muchos que defienden al propiedad colectiva del suelo. Aparentemente creen que poseer tierras es un monopolio, pues como el hombre no puede trabajar para fabricar terreno, no puede legalmente poseerlo privadamente. Los anarquistas de izquierdas creen que la propiedad privada del suelo no se produciría salvo que el gobierno la hiciera posible, protegiendo así a los terratenientes mediante la ley y el privilegio político.
Pero la propiedad colectiva del suelo tiene estas desventajas:
- Cuando toda la tierra es propiedad y está gestionada por el colectivo (gobierno), no puede mantenerse ningún punto de vista o interés privado. Esto genera un cese o abolición de aquellas innovaciones o desarrollos a largo plazo que florecen cuando el terreno es de propiedad y gestión privada.
- La acusación de que la propiedad privada de suelo es un monopolio indudablemente no se ve compensada creando un monopolio gubernamental en lugar de transacciones privadas (y necesariamente en competencia) sobre los terrenos.
- Es evidente que los individuos no trabajan para fabricar terrenos. Pero bajo la misma premisa, el gobierno no trabaja para fabricar terrenos. La tierra es un recurso natural y el origen de casi todos nuestros recursos naturales. Pero aparece un factor evidente. Cuando un individuo posee privadamente terrenos y se sabe propietario de hecho, trabajará en mejorar la tierra con enorme dedicación.Por el contrario, cuando el individuo es meramente un arrendatario, sea de una granja o de una vivienda o de un negocio, su interés será sacar todo lo que pueda para compensar el coste de la renta que paga. Esto es cierto sea el terrateniente una persona privada o un gobierno. En realidad, en aquellos casos en que el gobierno se ha convertido en terrateniente, abundan las evidencias de que los arrendatarios están incluso menos interesados en mejorar y aún mantener la propiedad que ocupan.Si se realiza privadamente una relación terrateniente-arrendatario, el propietario privado de la tierra está en situación de mantener su propiedad e influir en el arrendatario contra su comportamiento descuidado o la destrucción gratuita. Pero cuando el estado es el único terrateniente, la supervisión de la tierra por el representante del estado es igual que la de los administradores antiguos que supervisaban el comportamiento de los siervos. La única tierra disponible es la estatal, luego toda la raza humana se convierte en nada más que arrendataria, completamente a merced de los funcionarios. Si florece la propiedad privada, el arrendatario tiene una solución. Siempre puede comprar suelo y así borrarse de la clase arrendataria.
- La acusación de que la propiedad privada del suelo no podría existir salvo con protección del gobierno no se sostiene a la luz de la evidencia. El papel del gobierno con respecto a la tierra ha sido más bien agresivo que protector. Las propiedades privadas han sido arrebatadas de las manos de individuos o grupos a los que ataca el gobierno, sea por la guerra o por decreto legal.Tanto en el antiguo Egipto como en Asiria, así como en la India, Grecia y las provincias romanas, las propiedades privadas de terrenos se respetaban y se mantenían seguras y sagradas mucho antes de que gobiernos de cualquier tipo pretendieran defender la propiedad de la tierra. La idea de la sacralidad de los límites del terreno aparece en creencias religiosas primitivas y costumbres tribales primarias y el gobierno, como tal, es un participante tardío.
Cuando la tierra es de propiedad privada y la gestiona el propietario o un gestor responsable ante éste, existe un control soberano. El control del propietario es total. Sin embargo está limitado por los límites que marcan los confines de su propiedad. Ningún propietario tiene ninguna autoridad sobre otra propiedad que no sea la suya.
Para que exista la propiedad privada, el control dentro del territorio de su propiedad debe ser total, e inexistente fuera de él. Mediante este proceso puede mantenerse la dignidad y productividad del hombre. Cada hombre se convierte en “señor” de su propio dominio, sea éste grande o pequeño. La primitiva visión británica de que “la casa de un hombre es su castillo” se mantiene. Y sólo mediante este proceso puede mantenerse la libertad del individuo.
Buena parte de la incertidumbre actual relacionada con la propiedad y tenencia de tierra aparece por la tendencia hacia la colectivización de la tierra. Para apoyar la libertad humana y mejorar el desarrollo de una economía vital y dinámica entre los hombres, la propiedad privada del terreno es su esencia primaria.
Cuando la tierra es de propiedad colectiva o se gestiona colectivamente, se produce una dispersión de la autoridad legal. Pensemos en un parque público. Se afirma que “la ciudad” posee el parque. Pero ¿qué es “la ciudad”? Es una palabra que hemos inventado para indicar que un grupo de gente vive en un área urbana compacta.
Decir que la ciudad es propietaria del parque significa simplemente que los residentes dentro del área urbana se ven forzados a pagar un impuesto para mantener el parque. Puede que nunca entren en el parque, pero se les obliga a pagar por su mantenimiento. Los pagos que hacen no pueden reembolsarse. Así que los pagos realizados no constituyen una inversión que pueda venderse o transferirse. Si el residente se va de la zona, no se le devuelve nada. Tampoco puede vender a un recién llegado esa porción del parque que haya pagado.
El residente puede usar el parque, siempre que la “autoridades” de la ciudad se lo permitan. Pero puede verse excluido del parque, a pesar del hecho de que ha pagado en parte por él. Además, aunque se le dice que es uno de los “propietarios”, como se identifica a otros residentes de la ciudad, no tiene autoridad sobre el parque. No se le puede mostrar qué parte en concreto del parque se ha comprado y mantenido con su dinero. No puede manifestar ninguna preferencia acerca de cómo ha de usarse su porción del parque.
Los funcionarios municipales, que no tienen más interés financiero en el parque que él, pueden ejercer autoridad sobre la propiedad, pero él no. Su único recurso si está insatisfecho con la gestión del parque es intentar elegir otros funcionarios.
Así, las líneas de autoridad, que pasan apropiadamente por el comprador y propietario, para abarcar los límites de la propiedad, se dispersan. El “propietario” no puede ejercitar autoridad. Los no-propietarios ejercen la autoridad. Y el uso del parque sigue las decisiones de las autoridades que no son propietarios.
Esto genera un inevitable conflicto de intereses. Un hombre que haya pagado “su parte” en mantener el parque, decide hacer un picnic en el parque con su familia. Se le dice cuando llega que está prohibido hacer picnic. Sus “derechos” sobre el parque, que ha comprado (teóricamente) con su dinero, se consideran inexistentes a favor de otros que también han comprado “derechos” pero no quieren hacer picnic.
¿Qué derechos se imponen? Sólo los de las “autoridades” sostenidas políticamente y no los de los compradores o propietarios. Me recuerda a una noticia que apareció en el Catholic Digest: “Señal en una plaza del centro de un pequeño pueblo de Kansas: ‘Prohibido jugar a la pelota. Prohibidos los perros. Prohibido andar en bicicleta. Prohibido tirara basura. ¡Recuerde, éste es su parque!’”
Lo mismo ocurre con otras instituciones dirigidas por un colectivo. Consideremos la llamada escuela pública. Los contribuyentes pagan la escuela. ¿Pueden decidir qué se va a enseñar y cómo se darán las lecciones? No, no pueden. Mientras que algunos aprobarán lo que las “autoridades” (políticas) decidan, otros estarán en contra.
Si las escuelas pertenecen a la gente, cada contribuyente tiene un derecho igual a decidir lo que debe enseñarse, quién debería ser admitido, etc. Actualmente, y principalmente en el Sur, se han producido enormes conflictos sobre esto. Los contribuyentes negros reclaman, con razón, que sus niños sean admitidos en escuelas que han ayudado a construir y mantener con sus impuestos. Los contribuyentes blancos reclaman el derecho a excluir a los negros. La decisión política siempre irá contra un grupo y a favor de otro, pues ambas políticas no pueden seguirse a la vez en la misma escuela.
Si las escuelas fueran de propiedad y gestión privada, el individuo que quiera educar a su hijo podría seleccionar el tipo de escuela que desea de la misma forma que elige el tipo de iglesia que le gusta. Cada uno puede apoyar la iglesia de su elección y evitar apoyar alguna otra. Pero en la educación “pública” (controlada por el gobierno), todos están obligados a financiar las escuelas, que al ser evaluadas, pocas aprueban realmente. La gestión está en manos de “autoridades” elegidas o nombradas políticamente que imponen decisiones colectivas a todos.
Para maximizar el bienestar humano y minimizar las disputas, debe defenderse la propiedad y gestión privada de la tierra y equipamientos. Además, la tierra no debería soportar impuestos. El propietario debería poseer totalmente, una vez que se eliminen todos los impedimentos.
[Capítulo 8 de The Philosophy of Ownership]Traducido del inglés por Marino Bas Uribe. El artículo original se encuentra aquí.