Recientemente, la Cámara de Comercio de EEUU declaraba a través de su portavoz que apoya a los candidatos que apoyan “políticas de libre empresa que alimenten la recuperación económica de Estados Unidos”.
La cámara fue una defensora importante de la SOPA, que da al gobierno la capacidad de incautarse de propiedad privada sin ningún proceso debido en absoluto y apoyó el TARP, que robó alrededor de un billón de dólares de los contribuyentes para que el gobierno de EEUU pudiera comprar enormes participaciones del sector financiero.
También apoyó la No Child Left Behind, el programa de “estímulo” de Obama y los rescates a las empresas automovilísticas.
Y aún así la cámara aún afirma con toda la cara que apoya políticas de libre empresa y que en concreto apoya candidatos que apoyen a la libre empresa. Pero también en este asunto el patrón de la cámara de lo que se considera libre empresa parece estar algo alejado de la realidad.
Por ejemplo, como apuntaba Timothy Carney en 2010:
La Cámara de Comercio de EEUU ha emitido sus calificaciones en el Congreso de 2009 y de nuevo Ron Paul, representante de Texas (sin duda uno de los políticos más pro-mercado en Washington) obtiene la calificación más baja entre todos los republicanos.
Paul fue uno de un puñado de legisladores del Partido Republicano que no ganó el “Premio al Espíritu de Empresa” de la Cámara. Sólo obtuvo un 67%, oponiéndose a la Cámara en cuatro votaciones, incluyendo:
- Paul se opuso a la “Ley de Hoja de Ruta de la Tecnología Solar”, que aumentaba las subvenciones a la no rentable tecnología de la energía solar.
- Paul se opuso a la “Ley de Promoción de Viajes”, que subvenciona al sector turístico con una nueva tasa de los visitantes internacionales.
- Paul se opuso a la mayor propuesta de gasto de la historia, la propuesta de estímulo de 787.000 millones de dólares de Obama.
Respecto de 2010, Paul tiene una tarjeta acumulada del 63%, poniéndole por detrás de incondicionales del libre mercado como Mary Landrieu, de Louisiana, (69%) y Arlen Specter, de Pennsylvania (64%).
No hace falta ser muy listo para ver que “libre empresa”, para la Cámara de Comercio, no es más que algo de lo que hablar en las conferencias de prensa.
Uno podría incluso estar tentado de perdonar a la cámara por este apoyo agresivo al gasto público masivo, las subvenciones y la redistribución de la riqueza si simplemente admitiera que hace poco más que defender dádivas para sus miembros. Sin embargo, el hecho de que continúe manteniendo una especie de defensa de la libre empresa sólo contribuye al mito de que las grandes empresas y el gobierno son necesariamente adversarios y el mito aún mayor de que las grandes empresas son “la minoría perseguida de Estados Unidos”.
Si la Cámara de Comercio de EEUU fuera una especie de jugador truhán en el juego de las cámaras de comercio eso sería una cosa, pero por desgracia, las cámaras de comercio de todos los Estados Unidos y otras ramas cabilderas de la llamada comunidad empresarial están en el negocio de cabildear incesantemente a favor de más gasto público, más subvenciones y más poder estatal en nombre de políticas “amigas de los negocios” que a menudo suponen poco más que programas de subvenciones.
También a nivel local, las cámaras se han convertido en grandes defensoras de los aumentos de los impuestos y de un mayor gasto público.
Por ejemplo, en el 2005 en Colorado, la Cámara de Comercio de Denver fue el principal apoyo del Referéndum C, un referéndum estatal que aumentaría el gasto público en más de 3.500 millones de dólares. El referéndum eliminaría reembolsos que habrían ido a los contribuyentes a favor de más gasto público en proyectos no especificados. El efecto era un aumento nuevo en la carga fiscal de los ciudadanos del estado y más gasto. El referéndum tenía que aprobarse con una votación en todo el estado y los proponentes gastaron 8 millones de dólares en convencer a los contribuyentes que aprobaran el plan de gasto, aportando la Cámara de Comercio más de 700.000 dólares del total.
En 2010, numerosas cámaras de comercio en Kansas se opusieron a lo que describían como recortes “drásticos” y “devastadores” del gasto en el estado. Bernie Koch, ejecutivo de la asociación estatal de cámaras locales, opinaba en el Kansas City Star que apoyar los “nuevos ingresos” es la solución correcta y citaba una declaración de un grupo de cámaras de comercio que decía que “si deben aumentarse los ingresos para servicios públicos básicos, nuestras cámaras pueden apoyar aumentos de ingresos racionales del estado”.
En otras palabras, las cámaras querían aumentos de impuestos.
Por supuesto, esto no tiene nada de sorprendente. Desde tiempo inmemorial, los intereses de los negocios han intentado utilizar el poder público para mejorar sus rentabilidades y limitar la libertad de los competidores. En tiempos modernos, llamamos a esto búsqueda de rentas y las cámaras de comercio son excelentes en esto.
Las cámaras y otras ramas cabilderas de la comunidad empresarial juegan a socializar sus costes y privatizar sus beneficios. Naturalmente, estos grupos buscarán impuestos más bajos para sus beneficios, por ejemplo, pero apoyarán a menudo con entusiasmo impuestos a rentas o ventas a nivel estatal que costarán bastante a la mayor parte de la población, pero beneficiarán desproporcionadamente a los grupos empresariales.
Tomemos, por ejemplo, los centros de convenciones pagados por los contribuyentes. Los cabilderos empresariales afirman que estos centros de reuniones benefician a todos, utilizando el probado y falso argumento de que lo que es bueno para General Motors es bueno para Estados Unidos.
Sería mucho más apropiado describir los nuevos centros de convenciones financiados por impuestos como subvenciones a la comunidad empresarial. Proporcionan espacio para reuniones y exposiciones a los grupos empresariales, añadiendo prestigio a los cabilderos empresariales y políticos locales que pueden realizar fiestas y alardear de los nuevos edificios construidos a costa del público.
Por supuesto, lo mismo vale para otros proyectos de prestigio como estadios deportivos, villas olímpicas y proyectos de transporte público, como el tren ligero. Todos se construyen con un masivo gasto público aunque a veces producen poco o nada a la mejora del nivel de vida de los residentes locales. Los estudios que prueban que los estadios deportivos no añaden nada a la riqueza regional, por ejemplo, se han vuelto tan numerosos como para ser casi un cliché.
Menos evidente es cómo las empresas también intentan socializar costes defendiendo educación, carreteras y viviendas asequibles. Puede contarse prácticamente siempre con las cámaras y los grupos de cabildeo empresarial, como en el caso del Referéndum C, para aumentos en el gasto público para que se gaste más dinero en carreteras, escuelas y subvenciones a la vivienda.
Las carreteras públicas ahorran costes de transporte y las subvenciones a la vivienda permiten a los negocios en áreas de renta alta acceder a una mayor mano de obra que en otro caso no podrían ser capaces de vivir en el área. Esto permite a su vez a las empresas pagar salarios menores.
Los cabilderos empresariales también buscan más gasto en educación y especialmente en educación superior. Las universidades resultan ser un medio útil de utilizar los dólares del contribuyente para formar a futuros empleados mientras proporcionan un cómodo mecanismo para seleccionar personal a través del requisito de que los empleados tengan titulaciones universitarias.
Uno puede ciertamente argumentar que los ciudadanos privados que reciban una formación universitaria subvencionada también se benefician de la generosidad pública y también es verdad para quienes conducen muchas millas en las carreteras públicas. Sin embargo, la otra cara de la moneda es que la gente que no tiene una educación universitaria o no utilizan las interestatales sencillamente no obtienen nada de los impuestos que se ve obligada a pagar gracias al cabildeo de las cámaras. Quienes usan estas instalaciones reciben un beneficio, pero ¿es ese beneficio igual que la carga fiscal que se ven obligados a aceptar? Casi nunca es así.
Discutir si todos los contribuyentes reciben algún tipo de beneficio indirecto o psíquico de la mera existencia de un centro de convenciones o equipo deportivo es brujería económica y equivale a poco más que una afirmación de que los beneficiarios de los bienes no deberían ser quienes pagaran por ellos.
La idea fundamental tras el cabildeo de las cámaras para tratar de poner cada vez más dinero de los contribuyentes en el bolsillo público es sencillamente que no puede confiarse en que los contribuyentes gasten su dinero de forma “correcta”.
Si no se gravara el dinero, quedaría en manos de ciudadanos privados la decisión de gastárselo en lo que éstos creyeran que debía gastarse. Algunos podrían invertir dinero y algunos lo gastarían en comida, otros en educación, otros en automóviles y así sucesivamente, en una serie casi infinita de posibles combinaciones. Cada transacción de intercambio voluntario aumentaría a su vez la riqueza de cada participante en el intercambio.
Por otro lado, si el dinero se grava y gasta en cosas “correctas” (definidas por los que estén bien conectados políticamente), no hay ningún aumento neto en la riqueza por encima de lo que habría sucedido en el mercado privado. De hecho, la riqueza neta disminuirá, porque el gobierno tendrá que llevarse su parte por administrar los fondos sin producir nada. Todo lo que ha ocurrido es una transferencia de riqueza de un lugar a otro.
Sin embargo, las cámaras parecen creer que en estos casos la mera acción de gravar el dinero y tomarlo por la fuerza, añade mágicamente más riqueza a la economía que aquellos fondos que sencillamente quedan en manos del sector privado.
La vanidad de pensar que el dinero privado puede gastarse mejor una vez convertido en dinero público está detrás de una de las falacias expuestas por el economista francés Frédéric Bastiat en “Lo que se ve y lo que no se ve”.
Los recursos gastados por ciudadanos privados es lo que no se ve. Se gasta e invierte en multitud de formas empresariales y creativas y en formas descentralizadas que se ajustan a familias, comunidades locales e individuos. Como las cámaras y otros cárteles empresariales no pueden verlos y aparentemente no pueden ver cómo les benefician, piden que se grave con impuestos y que mediante esta prerrogativa en el gasto y la inversión se transfiera el dinero a una ubicación más segura: el tesoro público.
Así puede gastarse tranquilamente el dinero en lo que se ve: carreteras públicas, escuelas públicas, obras públicas y subvenciones a las empresas. Como puede verse, debe ser superior en las mentes de la comunidad empresarial.
Es una visión simple y nada compleja de la economía, por supuesto. Lo que hace esta vulgar reasignación de riqueza procedente de los consumidores no es sino aplastar la innovación, el emprendimiento y la inversión que hubieran tenido lugar en ausencia de la intervención de la cámara.
De nuevo se supone que el sector privado empleará mal los recursos mientras que el gobierno lo hará bien. ¿Sobre qué base se hace esta afirmación? Indudablemente no sobre la ciencia económica, ya que los economistas austriacos han probado una y otra vez que las economías se hacen eficientes con individuos respondiendo a las señales de los precios y con las decisiones voluntarias de mercado de millones de actores en dichos mercados.
Aún así, las cámaras quieren eliminar esas señales de los precios y transferir la toma de decisiones al estado.
El resultado final es la ineficiencia y la mala asignación. Es también contrario a la libre empresa, a pesar de las poco convincentes afirmaciones en contrario de las cámaras.
¿Quién puede decir qué innovaciones, qué crecimiento económico y qué capital serán sacrificados en nombre de los programas de las cámaras? Las cámaras indudablemente no pueden, porque no pueden ver lo que no se ve.
Es significativo que mientras que una abrumadora mayoría de estadounidenses se oponía a los rescates del TARP a milmillonarios que habían dirigido tan ineficientemente sus empresas hasta la ruina, la Cámara de Comercio de EEUU apoyara el TARP como el último programa de ayuda corporativa masiva pensado para subvencionar a sus miembros.
Se agradece que la cámara ejerza su libre expresión reclamando que se grave a los ciudadanos para subvencionar los costes empresariales. No pretendamos que tenga algo que ver con la libre empresa.
Traducido del inglés por Mariano Bas Uribe. El artículo original se encuentra aquí.
