El rescate de 1.500 millones de dólares del sistema bancario de Uruguay por parte de la administración Bush reclama una explicación. Si ha habido algo en lo que la administración ha sido bastante buena, es en rescates internacionales. Hay grabados muchos comentarios del estilo de los del Secretario de Tesoro, Paul O’Neill, de que estos rescates son un desperdicio, destructivos y generan un riesgo moral. Incluso ha sugerido que los fondos del rescate probablemente se los apropien las élites gobernantes y se trasladen a cuentas bancarias secretas. En otras palabras, él, y probablemente Bush, están al tanto.
¿Por qué lo hacen entonces? Podríais decir que son muy mala gente y no tienen reservas morales en saquear miles de millones en propiedades de otros para recompensara a sus amigos del sector financiero. Incluso si esto fuera cierto, ciertamente no es la forma en que Bush y compañía piensan de sí mismos. En todas sus concesiones frente a los principios, creen que se dedican a la dirección política y económica del mundo real, lo que requiere cierto sentido de la conveniencia, aunque duden de que lo que hagan sea correcto en último término.
También es posible que Bush haya imaginado peores consecuencias para Latinoamérica si no se hubiera rescatado a Uruguay. Así es como han entendido la hipocresía de Alan Greenspan los defensores de éste. Han comparado su imprudente política en la Fed con un camión de bomberos que debe circular por dirección prohibida en una calle de sentido único para apagar un incendio. Y es verdad que para esta clase de políticos, un arreglo a corto plazo es mucho más importante que la salud económica a largo plazo. Es la explicación habitual de la conveniencia para su comportamiento y es bastante real, hasta cierto punto.
¿Y aún así por qué es la clase política tan dada a la conveniencia y por qué siempre debe el público pagar el precio de esta conveniencia? Hay muchas cosas que son convenientes para el pueblo en la vida real para hacer lo que no hacemos. Podría sernos conveniente tener una gran deuda en la tarjeta de crédito, más allá de lo que podamos pagar, pero por lo general se nos impide. Podría sernos conveniente tener segundas hipotecas y comprar acciones en mercados a la baja, pero no lo hacemos porque nos preocupan las implicaciones a largo plazo. ¿Por qué estamos tan limitados o al menos consideramos cuidadosamente las consecuencias de decisiones financieras drásticas, mientras que la clase política no lo hace? La explicación de la conveniencia no se ocupa de este punto.
Otra explicación del comportamiento de la administración Bush podría recurrir al argumento de la Elección Pública: Rescatar a Uruguay interesaría más a Bush y a la burocracia que permitir que se desplomara su sistema bancario. Sí, Bush sabía que era una mala idea, pero le preocupaban sus encuestas. Tal vez piense que más inestabilidad financiera dañaría a los republicanos en otoño. Tal vez Bush tenga muchos contribuidores a su campaña que tengan deuda uruguaya colgada en su balance.
No cabe duda de que el propio interés es nefasto en manos políticas. La gente de la Elección Pública argumenta que por esto necesitamos constituciones: porque imponen reglas que limitan a los bandidos políticos. El libro de Hoppe, Democracy: The God that Failed, incluye una maravillosa explicación de las mentiras de las constituciones. Demuestra que no acaban restringiendo al estado, ni ahora ni nunca e incluso más profundamente, como un hecho real, que las constituciones no se instituyeron para limitar el gobierno sino más bien para aumentar el poder político de una élite que busca atrincherarse.
Pero lo que quiero destacar aquí es cómo un aspecto de la visión del mundo de Hoppe va mucho más allá explicando algo como el rescate uruguayo (y asimismo las políticas proteccionistas de Bush, el gran gasto, y otras traiciones a sus principios declarados) que sus argumentos convencionales relativos a la inmoralidad, la conveniencia, la Elección Pública o cualquier otra alternativa.
Repito que la Elección Pública coloca al interés propio como explicación de las malas políticas y prescribe leyes para restringir ese comportamiento. Pensemos en esto. Hay multitud de cosas socialmente malas que suponen un interés propio y no están restringidas por ley y aún así no las hacemos. De hecho, si éste fuera realmente un mundo en el que lo único que hubiera entre nosotros y el puro interés fuera la policía, el caos estaría a la orden del día, porque en el mundo real, la ley supone muy poca restricción. No hay policías patrullando constantemente mi barrio. No hay policías en el club de campo para asegurarse de que la gente no robe ni saquee.
Las leyes se diseñan principalmente para disuadir al “hombre malo” del juez Oliver Wendell Holmes, la persona que hará el mínimo necesario para evitar las consecuencias materiales negativas de su comportamiento. Esto no describe a la mayoría de la gente, que, en general, normalmente evita dañar a otros. Si no fuera así, la civilización no sería posible.
¿Por qué el endémico interés propio no lleva por lo general a la destrucción salvo si se ejerce a través del gobierno? ¿Por qué se canaliza generalmente el interés propio hacia el bien social, mientras que el interés político propio lleva a toda forma de horror? La escuela de la Elección Pública, al no distinguir claramente entre una empresa y el gobierno, y al no querer ocuparse de cuestiones fundamentales de la propiedad, no puede realmente ofrecer una explicación de por qué es así.
Vamos con el modelo de Hoppe, que se ocupa del asunto más importante: la cuestión de los derechos de propiedad. Tanto en el caso del trabajo como del hogar, tenemos un incentivo para mantener el valor de la propiedad de la cosa en cuestión precisamente porque ambos son propiedad privada. Junto con este incentivo aparece una visión clara de la evaluación: como los mercados privados proporcionan precios que permiten el cálculo, tenemos una brújula a seguir para ejercitar nuestro propio interés. La propiedad privada es el marco institucional que nos da tanto una razón para aumentar el valor de las cosas que poseemos como los medios para mostrarnos cómo hacerlo.
No hay nada de especial en esta idea aislada. Desde Aristóteles, se ha observado que la gente se preocupa más por la propiedad privada que por la propiedad poseída socialmente. Lo que ha observado Hoppe en su nuevo libro se relaciona con el carácter peculiar de la democracia frente a los estados personales de los antiguos: representa un intento de crear un gobierno de propiedad social, un gobierno público en el que ningún individuo, ni dinastía, ni grupo ejercita derechos de propiedad sobre propiedades públicas.
¿Cuáles son las consecuencias de esto? Significa que los líderes de una nación democrática están más o menos en la situación de un ocupante ilegal que se apropia de la casa de otro en el verano mientras éste está fuera del pueblo. Suponiendo que no les pillarán, los ocupantes tienen todos los motivos para saquear y robar y rebajar el valor del lugar tanto como sea posible y dejar el problema al próximo. Sí, puede ser un error. Hacerlo es algo dañino privada y socialmente. Pero al final, no hay una buena razón para que los ocupantes no lo hagan, porque no tienen ninguna inversión personal en el valor de la propiedad que controlan.
Hoppe escribe:
Alguien con un cargo en democracia no afronta ningún obstáculo lógico para la redistribución de propiedad privada. En lugar de implicarse en la preservación y mejora de los valores del capital, se preocupará principalmente por la preservación y mejora de su propia posición (…) Este tipo de legitimidad de los cargos no se basa en la legitimidad de la propiedad privada. Se basa en la legitimidad de la propiedad “social” o “pública”. Así, si toma la propiedad de una persona y la da a otra, como cargo no contradice sus propios fundamentos ideológicos. Más bien, afirma la supremacía del distinto principio de la propiedad social. Por consiguiente, bajo condiciones democráticas, el derecho privado (el derecho de propiedad y contractual subyacente a la sociedad civil) desaparece como dominio independiente del derecho y es absorbido por un derecho público (hecho por el gobierno) omnicomprensivo (legislación) (…) Como los cargos no poseen las existencias de capital del país, los efectos contraproducentes de la redistribución de rentas y riqueza les preocupan poco o nada. Sin embargo, las repercusiones a largo plazo de las medidas redistributivas no les importan, mientras que sí lo hacen los efectos inmediatos y a corto plazo.
La administración Bush es una especie de cargo-ocupante en la gestión de asuntos económicos internacionales, por ejemplo. No posee Estados Unidos y no tiene ninguna razón importante para ocuparse de su salud financiera a largo plazo. No posee Uruguay y no tiene ningún interés por su valor, ni tampoco le preocupa mucho si las políticas que impone son realmente buenas para esa nación. Respecto de los 1.500 millones de dólares que volaron del Tesoro de EEUU, tampoco son propiedad de nadie ¿Qué buena razón (que no sea la honradez económica y el buen gobierno y otros ideales tan pasados de moda) tiene la administración Bush para no rescatar a Uruguay?
La fortaleza del libro de Hoppe reside en que analiza cómo funciona el gobierno moderno, el gobierno democrático, en términos de relaciones de propiedad que están implícitas en la completa falta de verdadera propiedad sobre cualquiera de sus recursos, entre los cuales Hoppe incluye a sus ciudadanos, sus economías y sus políticas. Demuestra que la política pública sensata es siempre elusiva bajo el control democrático, porque la política sensata, ya sea en la moral privada o en la gestión empresarial o en cualquier otra cosa, presupone la existencia de propiedad privada. Eliminemos ésta y desaparece todo.
Por supuesto, hay muchas otras razones por las que se ha rescatado a Uruguay, pero la teoría de Hoppe se ocupa del asunto principal de cómo se dedica la clase política no sólo a esto, sino a una inacabable serie de traiciones de la confianza del público y es previsible que sea así. Al no ser los propietarios de las cosas que controlan y no haber sido contratados por propietarios que actuar como gestores responsables, hay poca o ninguna restricción a lo que hacen. En todo caso, les falta la restricción clave que opera constantemente en los mercados privados: la voluntad de preservar y mejorar el valor de los recursos.
¿Hay otro modelo de economía política que tenga más poder explicativo? No lo creo. Aunque la Elección Pública ve síntomas y los explica bastante bien. Hoppe ha visto la causa. Aunque los constitucionalistas han propuesto restricciones en el papel, Hoppe ve que, sin líneas claras de propiedad privada, no hay forma a largo plazo de detener el saqueo y el crecimiento del estado.
Así que, incluso dejando aparte las prescripciones políticas de Hoppe (que la propiedad privada tendría que caracterizar toda la sociedad, la economía y el gobierno, mientras que debería prohibirse toda propiedad pública al ser una forma de robo), la tesis de éste ofrece un marco altamente fructífero para entender los asuntos políticos diarios. Explica por qué la administración Bush desafía a sus propios principios y por qué, al hacerlo, está haciendo precisamente lo que esperaríamos de un grupo de directores sociales que no sufren ninguna pérdida por el destrozo que causan.
Publicado el 6 de agosto de 2002. Traducido del inglés por Mariano Bas Uribe. El artículo original se encuentra aquí.
