En 1978, Michael Jensen y William Meckling, escribiendo en el Financial Analysts Journal, ofrecía una predicción extraordinariamente sombría para el futuro del capitalismo: “El periodo más espectacular de crecimiento económico en nuestra historia se ha acabado”, escribían, porque “el gobiero está destruyendo dos instrumentos vitales de este crecimiento: el sistema de derechos contractuales y las grandes empresas”. Las restricciones constitucionales y electorales a la opresión política se han mostrado ineficaces, escribían Jensen y Meckling, ya que tribunales, políticos y reguladores han revocado o atenuado los derechos de propiedad y contrato y han atacado también la libertad de asociación, “especialmente en el campo de los derechos civiles”.
Con respecto al mercado bursátil, Jensen y Meckling prevén que a causa de la inestabilidad de los derechos de propiedad causados por la intervención pública, los inversores están mucho menos seguros de que cualquier contrato que hoy realicen esté sujeto a las mismas normas y regulaciones en el futuro. Una primera consecuencia de la erosión de los derechos de propiedad sería una reducción de los valores capitalizados de las acciones de las empresas, con mucha siendo capaces de mantenerse en el negocio solo si pueden financiar sus operaciones con flujos de caja generados internamente o con subvenciones [públicas].
Su argumento esta realmente justificado. Los reguladores externos ejercen una enorme influencia sobre todo el poder ejecutivo en las grandes empresas respecto de la contratación, despido, promoción y remuneración de sus empleados, por no mencionar las relaciones con los sindicatos. Hay varios miles de regulaciones de la SEC en EEUU, la Comisión Federal de Comercio reclama “autoridad” para regular prácticamente toda práctica empresarial, desde cómo debe etiquetarse el zumo de naranja a los tipos de contratos que debe realizar un negocio con sus proveedores. Todo bufete de abogados que se dedique al derecho laboral debe tener acceso a cientos de miles de páginas de leyes y regulaciones que afectan a todos los aspectos de la relación laboral y debe gastar decenas de miles de dólares anualmente solo para estar al día en las nuevas leyes y regulaciones.
El llamado Departamento de Justicia debe ser “consultado” en todas las fusiones y adquisiciones y Hacienda reclama montañas de contabilidad, incluso para los negocios más pequeños.
La Occupational Safety and Health Administration, sobre la que los investigadores en general reconocen que no ha tenido ningún efecto apreciable en la seguridad laboral (que no sea empeorarla) tiene más de 4.000 regulaciones que aplica, que llegan a incluir el tamaño admisible de las tazas de retrete y la altura de las escaleras.
Muchas empresas están absolutamente aterrorizadas por los poderes dictatoriales de la Agencia de Protección Medioambiental, la mayor burocracia del mundo ahora que ya no existe la Unión Soviética. El uso de los terrenos está restringido y regulado por gobiernos federales, estatales y locales y la FDA reclama que se le pida permiso antes de que se ponga en el mercado cualquier nueva medicina. La Fed, la FDIC y el Controlador de la Moneda regulan todos los aspectos de la banca y operan una trama de extorsión conocida como la “Ley de Reinversión en la Comunidad” (explicada más adelante) que obliga a los bancos a hacer malos préstamos y avales a “grupos comunitarios” bien relacionados políticamente.
La regulación pública estatal y local es frecuentemente más omnipresente y onerosa que la regulación federal. En el condado de Montgomery, Maryland, por ejemplo, están prohibidos incluso “gestos inapropiados con la mano” cuando se conduce un automóvil.
Toda esta regulación existía en 1978, cuando Jensen y Meckling emitieron por primera vez sus sombrías advertencias y ha empeorado desde entonces. En 1980, los presupuestos para agencias regulatorias federales en EEUU sumaban alrededor de 6.200 millones de dólares, pero se han triplicado hasta 18.500 millones en 1999. Es un aumento del 57% en dólares constantes (de 1982). Hoy hay 10.000 reguladores federales más de los que había en 1980.
El Índice Industrial Dow Jones está unas 15 veces más alto de lo que estaba en 1978, cuando Jensen y Meckling emitieron sus sombrías advertencias. Pero eso no significa que se equivocaran acerca de los efectos del estado regulatorio estadounidense en los precios de las acciones. El índice Dow Jones estaría aún más alto si no fuera por el alto grado de control gubernamental de los medios de producción que se ejercita mediante regulación. Y el mercado bursátil es sin duda mucho más volátil debido a las grandes incertidumbres creadas por multitud de “ataques furtivos” regulatorios. No cabe descartar que los reguladores con exceso de celo puedan incluso hacer que el mercado se estrelle. Como se explica a continuación, fueron las propuestas de regulación e impuestos sobre absorciones empresariales las que probablemente precipitaron el desplome bursátil de EEUU en 1987.
Emprendimiento político
Aunque normalmente se les echa la culpa a los reguladores por el daño económico y social infligido por la regulación, son los políticos los responsables en definitiva. El Departamento de Trabajo de EEUU puede aplicar, por ejemplo, la ley del salario mínimo, pero fue el Congreso el que la aprobó. Y son el Congreso y el ejecutivo los que nos han dado a los estadounidenses la Ley de Discapacidades, que ha obligado a la contratación de mecánicos de autobús de 180 kilos que no caben debajo de los autobuses, conductores de autobuses escolares medio ciegos, entrenadores de tercera base en silla de ruedas en ligas infantiles y a la construcción de rampas para sillas de ruedas en clubes de striptease, por si acaso una strrpper discapacitada pide un empleo. Los políticos, no los burócratas, son los principales responsables del estado regulatorio que sufrimos todos.
La regulación es solo otra forma de política de “pork-barrel” por la que los políticos dispensan favores regulatorios a grupos de intereses especiales, a costa del resto de la sociedad. Las empresas son particularmente susceptibles de ataques por parte de políticos complaciendo a grupos de intereses especiales por el hecho de que la propiedad corporativa es relativamente invisible, está ampliamente dispersa y está dispersa políticamente, en general. Además, la bolsa es tan volátil y compleja que los propietarios de las empresas (es decir, los accionistas) encontrarían difícil, si no imposible, identificar declives en los valores de sus activos para acciones concretas del gobierno. Por el contrario, los grupos de intereses especiales están, por definición, más centrados y políticamente bien organizados.
Los políticos no simplemente mirones pasivos que realizan “giras para escuchar” a sus electores y luego aplican fielmente lo que quiere el público. Son “emprendedores” que son expertos en crear crisis económicas y sociales genuinas o en la percepción de crisis y en ofrecer luego sus “servicios” para resolverlas. El ejemplo más evidente de este fenómeno es la guerra. La guerra proporciona a los políticos multitud de justificaciones para controlar y regular la actividad económica y poco de los controles se abandonan una vez que se acaba la guerra.
Por eso los políticos se inclinan a calificar todas sus políticas domésticas locales como “guerras” (contra las drogas, la pobreza, el desempleo, conducir bebido, etc., etc.) y a afirmar siempre que la nación está en medio de una “crisis”. El expresidentes Jimmy Carter llegó a declarar que había una “crisis de confianza” cuando se quedó sin crisis que sonaran más realistas sobre las que hablar.
Para los políticos, perder una de estas “guerras” políticas es realmente un éxito. Pues cuanto peor se ponen las cosas (por ejemplo, cuanto mayores sean las tasas de pobreza y desempleo), mejor les va a los políticos, pues utilizan sus políticas fallidas como razones para aún más impuestos, gasto público y regulación para “resolver” los problemas que han creado con sus intervenciones anteriores.
Por supuesto, los políticos nunca admiten que ellos sean el origen de los problemas. Normalmente echan las culpas a las empresas en concreto o al capitalismo en general. Así que somos testigos de un constante recital de “crisis” fabricadas por el estado y de las que se culpa al capitalismo. Por ejemplo, en el sector agrícola, ha sido una política pública desde la administración Hoover pagar simultáneamente a los granjeros para cultivar más (respaldando precios) y menos (asignando acres) y subvencionar miles de empresas agrícolas quebradas con políticas sociales rurales en forma de préstamos y avales a bajos tipos de interés. El sector agrícola se hace así más débil y volátil, lo que por supuesto se refleja en los precios de las empresas cotizadas en el sector agrícola y derivados. La intervención del gobierno es el origen de estos problemas, pero la culpa siempre recae en los “mercados agrícolas”.
El Departamento de Comercio de EEUU publica estadísticas fraudulentas de pobreza para hacer que ésta se vea peor de lo que es realmente y para “justificar” políticas tan destructivas económicamente como los aumentos en el salario mínimo y el aumento de impuesto bajo el supuesto propósito de redistribuir la renta entre los “pobres”. Por ejemplo, se ha publicado que las estadísticas de pobreza del Departamento de Comercio no restan los impuestos de la renta indicada de los estadounidenses más ricos, aumentándola artificialmente, sin contar al mismo tiempo las prestaciones sociales con renta de los “pobres”, lo que la rebaja artificialmente. Tal vez esto pueda explicar por qué el mismo gobierno que afirma que hay una crisis de pobreza en Estados Unidos firma que hay una crisis de obesidad… especialmente entre los menos ricos.
En el campo medioambiental, se ha echado la culpa a incontables ogros capitalistas de cualquier cosa, desde el cáncer a la destrucción del planeta. La lista de falsos terrores ecológicos es tan larga, que cualquier persona racional y que piense debería suponer habitualmente que todo los que dicen las organizaciones ecologistas organizadas y políticas es una mentira. Entre los más infames falsos “terrores” ecológicos se encuentran la lluvia ácida, el amianto, el DDT, el agujero de la capa de ozono (que siempre ha estado allí), el calentamiento global, el enfriamiento global, el conservador de frutas Alar, los campos electromagnéticos, los celulares que “causan cáncer”, el cloro que, según el Discovery Channel y grupos ecologistas como el Sierra Club, ha causado una “crisis” que encoge los penes de los caimanes (no es una broma: primero los caimanes, luego nosotros, es el mensaje) y cientos de otros productos químicos beneficiosos.
El gobierno federal ha estado advirtiendo acerca de una inminente crisis energética desde la aparición de la industria petrolífero (hacia 1866). En ese año, la Comisión de Ingreso de EEUU advertía de que la nación podía quedarse sin petróleo en cualquier momento. En 1885, la encuesta geológica de EEUU pronosticaba que no había ninguna posibilidad de que se descubriera petróleo en California; desde entonces se han extraído unos diez mil millones de barriles. En 1914, la Oficina de Minas de EEUU calculaba que solo quedaban 5.700 millones de barriles de petróleo; desde entonces se han extraído más de 50.000 millones de barriles. En 1947, el Departamento de Estado de EEUU advertía de que “no puede encontrarse suficiente petróleo en Estados Unidos”; en 1948 se descubrieron más de 4.000 millones de barriles, el mayor descubrimiento en la historia hasta entonces y el doble del volumen del consumo de EEUU. En 1951, el Departamento de Interior de EEUU pronosticaba que las reservas de petróleo solo durarían hasta 1964.
Todas estas predicciones sombrías (y falsas) estaban (y están) acompañadas por propuestas de más control público del sector energético para “garantizar” un tipo de desarrollo más adecuado.
El efecto fundamental de este régimen regulatorio y de propaganda en los mercados bursátiles es convencer a más y más inversores de que los derechos de los gestores empresariales a usar los activos de las compañías en interés de accionistas y acreedores (es decir, para buscar el objetivo de la maximización de beneficios) es mínimo, si es que no ha desaparecido completamente. La politización de la toma de decisiones corporativas a través de la regulación ocasiona un declive general en los valores del capital ya que las decisiones corporativas están cada vez más pensadas para atender los caprichos de políticos y burócratas en lugar de satisfacer consumidores y obtener ingresos para los accionistas.
El chantaje político y el mercado bursátil
La regulación pública es a menudo una forma burda de chantaje. Por ejemplo, los reguladores federales se presentan periódicamente en las oficinas de las grandes empresas y les acusan de incumplir regulaciones que ningún humano podría cumplir. La EPA obliga a las empresas que manejan “materiales peligrosos” (que incluyen hasta el Windex, según la EPA) deben guardar un registro escrito de dónde está ubicado todos y cada uno de los envases en cada momento. El anterior comisionado de protección medioambiental del estado de Nueva York, Thomas Jorling, describía esta práctica regulatoria concreta como “una especie de extorsión”. Los reguladores de la EPA entrarían en una oficina corporativa e impondrían enormes multas a empresas que no podrían mantener la enorme carga burocrática de la EPA, ni aunque quisieran. La amenaza de cargos penales garantiza el pago de las multas.
En un libro reciente publicado por la Harvard University Press, el profesor de derecho de la Universidad de Cornell, Fred McChesney, ha argumentado que el chantaje y la extorsión son características propias del moderno proceso regulatorio. En resumen, los “emprendedores” políticos amenazan con legislación y regulación que o bien impone controles de precios o bien aumenta los costes (ambas cosas reducirían los márgenes de beneficio), salvo que las empresas e industrias “objetivo” compensen al los políticos con contribuciones de campañas u otros tipos de pagos privados (por ejemplo, “honorarios” por discursos, trabajos para parientes, viajes subvencionados a centros de vacaciones de lujo, etc.).
Los políticos llaman a la legislación que busca extorsionar a empresas o industrias para que hagan contribuciones a campaña, “leyes ordeñadoras” o “vacas de efectivo”. Como explicaba un legislador de California, un político “que necesite contribuciones a su campaña, hace que se presente una propuesta que empuje a algunos electores a pedir [al legislador] que trabaje duro para su derrota (fácilmente lograda), llevando fondos a sus cofres de campaña”.
Otro nombre que han dado los políticos a esa legislación es el de “leyes exprimidoras”, ya que están pensadas para “exprimir” dinero de los cofres corporativos a cambio de no dañar a la empresa con la legislación y regulación propuestas. También se las llaman “leyes de obtención” por ser capaces de “obtener” montones de dinero para campañas.
El representante Jim Leach presentó sigilosamente una proposición de ley hace unos pocos días dirigida a reducir la especulación en los futuros financieros. Apenas 24 horas después, el Iowa Republican supo que los intermediarios de materias primas de Chicago estaban disparando a matar contra su propuesta. El representante Leach dijo que un político de Illinois le dijo que la propuesta tenía el aspecto de una clásica “ley de obtención”… Efectivamente, uno de los primeros en defender al intermediario fue la representante Cardis Collins, de Illinois, receptora de 24.500$ de los comités de acción política del sector de los futuros.
Ejemplos de chantaje político
Un ejemplo reciente en EEUU de una regulación propuesta que parece haber sido diseñada únicamente para “obtener” contribuciones perpetuas para las campañas es la batalla por la reducción del contenido legal de alcohol en la sangre de 0,10 a 0,08. La Oficina de Prevención del Abuso de Sustancias del gobierno federal ha declarado que su objetivo es acabar teniendo 0,04 como límite legal, que puede alcanzarse por un hombre adulto que consuma una o dos cervezas. El Congreso no aprobó esa ley en 1998; sin embargo, la ley que aprobó crea un fondo de reptiles de dinero concedido a las carreteras que puede utilizarse para sobornar a los estados para que aprueben leyes que reduzcan el nivel legal de alcohol en la sangre. Sin embargo, hay que renovar la ley cada año, lo que garantiza que el sector de las bebidas alcohólicas se verá obligado a hacer contribuciones a campañas eternamente para echar abajo esta legislación neo-prohibicionista.
En 1992, el Congreso autorizó a la Comisión Federal de Comunicaciones a imponer controles de precios a la televisión por cable. Desde entonces, el sector del cable ha entregado anualmente en Washington millones de dólares a contribuciones de campañas en un esfuerzo aparentemente infructuoso por eliminar los controles de precios.
Uno de los ejemplos más notorios de chantaje político en años recientes implicaba las propuestas de la administración Clinton de imponer controles de precios a doctores, hospitales y el sector farmacéutico como parte de su fracasado plan de medicina socializada. Una vez se propusieron los controles de precios, informaba el New York Times, los miembros del Congreso y el presidente estaban… recibiendo enormes contribuciones de campaña del sector médico, una cantidad aparentemente sin precedentes para un año sin elecciones. Aunque sigue sin quedar claro quién se beneficiaría y a quién perjudicaría bajo cualquier plan sanitario que se acabe adoptando, es evidente que los primeros ganadores son los miembros del Congreso. El representante Jim Cooper, que propuso una legislación que era ligeramente menos onerosa que la de Clinton, recibió casi 1 millón de dólares en contribuciones de campaña en los primeros cuatro meses de 1994; en total, las contribuciones de campaña en 1993 fueron alrededor de un tercio más altas que en el año no electoral previo de 1991.
También se informó ampliamente en su momento de que los encargados del fondo no tan ciego de Hillary Clinton vendían a corto sus acciones farmacéuticas cada vez que hacía un discurso público demonizando al sector farmacéutico, caso que hacía bastante a menudo. En su libro, In Defense of the Corporation, Robert Hessen explicaba como Ralph Nader hace tiempo que sigue la misma práctica, vendiendo a corto las acciones de empresas a las que denuestan periódicamente sus numerosos think tanks y organizaciones con “estudios” altamente publicitados que alegan maldades empresariales.
Durante el fracaso del plan sanitario de Clinton de 1993-1994, el valor de las acciones farmacéuticas bajo en más de 40.000 millones de dólares. Después de que el sector farmacéutico entregara millones de dólares a las arcas de los políticos de Washington, se derrotó el plan de control de precios.
Los políticos desempeñan también un papel que esencialmente no es diferente del desempeñado por el crimen organizado al reclamar a las empresas dinero a cambio de “protección” ante robos o palizas de matones. Sin embargo, en lugar de amenazar con romper las rodillas de alguien, los congresistas reclaman frecuentemente contribuciones de campaña y pagos personales a cambio de la concesión de una licencia de negocio.
Por ejemplo, después de que el acceso de los mercados telefónicos a larga distancia estuvieran cerrados a las “Baby Bells”, las empresas gastaron casi 10 millones de dólares en contribuciones de campaña durante el periodo 1984-1993 y “contrataron decenas de antiguos cargos federales” como cabilderos para ayudarles a obtener el permiso del gobierno para competir en el mercado telefónico de la larga distancia.
El “acuerdo del tabaco” alcanzado entre los fiscales generales de los estados, el gobierno federal y las empresas, bien podría considerarse como la madre de todas las sacudidas políticas. A cambio de permitírseles seguir en el negocio, las empresas estadounidenses de tabaco se ven forzadas a pagar casi 250.000 millones de dólares a abogados y gobiernos federales, estatales y locales. Los medios de comunicación ya han empezado a informar de cómo las primeras entregas de este dinero se están empleando en unas cosas y otras por los gobiernos estatales y locales, no solo en “costes de atención sanitaria” como se prometió.
Sin embargo puede que se bata este registro algún día, si el gobierno consigue destruir la Microsoft Corporation. Hace unos pocos años, el Washington Post escribía artículos desdeñosos acerca de lo ingenuo que era Bill Gates por creer que podía centrar sus energías solo en fabricar mejores productos informáticos sin ser un “jugador” en Washington, es decir, cayendo en la red de extorsión legalizada del establishment de Washington. Desde entonces, Gates ha contratado a docenas de cabilderos y abogados de Washington y ha gastado los millones solicitados en contribuciones de campaña.
La regulación quizá se utilice más eficazmente como herramienta de extorsión cuando amenace con aumentar radicalmente los costes de hacer negocios, cosa que siempre hace. Repito que el juego para los políticos es proponer la emisión de regulaciones que aumenten drásticamente los costes (y consiguientemente reduzcan los beneficios) en compañías de éxito con “bolsillo profundos”.
Por ejemplo, el sector bancario gastó millones en “contribuciones” de campaña para detener un requisito regulatorio de 1982 de retener impuestos en intereses y dividendos (una pesadilla burocrática para los bancos). En 1983 y 1984, el sector asegurador gastó más de 2 millones de dólares en derrotar una iniciativa que les hubiera obligado a prohibir la concesión de tarifas y prestaciones basadas en el género.
Durante la mayoría del siglo XX, los legisladores periódicamente han aceptado sobornos (es decir, “contribuciones” de campaña) del sector de las bebidas alcohólicas amenazando con aumentarles los impuestos. La multitud de empresas que se dedican hoy al comercio electrónico están indudablemente preocupadas por todas las propuestas de gravarlo y desviarán cada vez más parte de sus beneficios a Washington en el futuro, si es que no lo están haciendo ya.
Durante 1986, el año de una histórica “reforma fiscal”, los miembros del Comité de Métodos de la Cámara triplicaron sus “ingresos” respecto del año anterior, cuando los grupos del sector buscaron defenderse de un tratamiento fiscal punitivo.
Tal vez el ejemplo más egregio de todo el chantaje regulatorio es la aplicación de la llamada Ley de Reinversión en la Comunidad (CRA, por sus siglas en inglés) en EEUU. La CRA fue aprobada en 1978 bajo una justificación patentemente falsa: que los bancos hacían menos préstamos a residentes de los barrios de rentas bajas, no porque hubiera allí menos prestatarios dignos de confianza, sino por la supuestamente dominante “discriminación” contra los residentes de esos barrios, principalmente residentes negros.
Los bancos “discriminan” (deben hacerlo) a los prestatarios menos dignos de crédito, pero al hacerlo corren el riesgo de una extorsión regulatoria. Ha aparecido todo un sector de “grupos comunitarios” a veces financiado federalmente, con nombres como “Centro para el Cambio Comunitario” y la Asociación del Grupos Comunitarios para una Reforma Ahora (ACORN, por sus siglas en inglés), que esencialmente extorsionan a los bancos con la siguiente treta: Siempre que un banco propone una fusión, expansión o creación de una nueva sucursal, está sujeto regulación por la Fed, el Controlador de la Moneda y la FDIC. Si cualquiera presenta una queja ante cualquiera de estas agencias acusando al banco de realizar demasiados pocos préstamos CRA, la fusión o expansión se detiene. Los llamados grupos comunitarios frecuentemente presentan estas quejas y no las retiran hasta que los bancos les dan a ellos o a otros grupos grandes sumas de dinero, a veces de decenas de millones de dólares.
Por ejemplo, la “Neighborhood Assistance Corporation of America” (NACA), liderada por el autocalificado como “terrorista urbano”, Bruce Marks, ha “conseguido” compromisos de préstamos por un total de 3.800 millones de dólares de Bank of America Corp., First Union Corp., Fleet Financial Group y otros. Este dinero se entrega a prestatarios favorecidos por Mr. Marks y su organización normalmente consigue una tarifa al contado o un porcentaje de cada préstamo. NACA planea operar en los 50 estados en 2001, cuando espera que su presupuesto anual esté en el rango de los 80 millones de dólares.
La extorsión regulatoria mediante la CRA se mostró en la televisión nacional durante la “gira de la pobreza” de Bill Clinton del verano de 1999. Uno de los ejecutivos corporativos que acompañó a Clinton en su gira de las áreas económicamente deprimidas fue el CEO de NationsBank, que estaba entonces en proceso de fusión. Antes de otorgar permiso a NationsBank para fusionarse, Clinton pidió al banco que comprometiera 150 millones de dólares en préstamos a bajo interés a personas y empresas en áreas no escogidas por el banco, sino por su administración. Uno puede estar seguro de que las áreas elegidas para ese trato favorable serán aquéllas en las que Al Gore necesite votos para sus aspiraciones presidenciales.
Un miembro del personal del Comité Bancario del Senado de EEUU me dijo recientemente que se habían concedido aproximadamente 100 mil millones de dólares en “préstamos” CRA en los últimos veinte años y que hay actualmente un trabajo concertado de cabildeo para extender el CRA a cooperativas de crédito y el sector asegurador.
La CRA es un programa social, financiado por extorsión regulatoria (legal). Está condenado a tener un efecto negativo en los valores del capital y los precios bursátiles de los bancos en particular y de toda la economía en general, porque socializa una parte de los mercados de capitales. El principal efecto negativo es el desvío de capital de lo económicamente sensato a lo políticamente popular, aunque económicamente de dudosa utilidad. Se crea además un problema de riesgo moral, ya que se envía una señal a la gente de rentas bajas de que uno no tiene que ser necesariamente digno de crédito (trabajando regularmente, pagando facturas y ahorrando parte de tus ingresos, por ejemplo) para tener acceso al mismo, sino más bien estar políticamente conectado.
La administración Clinton ha estado presupuestando más de 100 millones de dólares al año en subvenciones federales a “bancos de desarrollo comunitario”, que son otra forma (similar) de préstamo politizado. Esto, junto con la expansión de la CRA, posiblemente a cooperativas de crédito y sector asegurador, es una receta segura para otro desastre financiero en el futuro del tipo del de las cajas de ahorro.
La regulación y el crash bursátil de 1987
Los economistas Mark Mitchell y Jeffrey Netter han proporcionado evidencias convincentes de que los ataques regulatorios furtivos fueron responsables del crash bursátil de EEUU de 1987, en el que el Índice Industrial Dow Jones cayó 508 puntos (un 22,6%) el 19 de octubre de este año. Su tesis es que los cambios propuestos en el tratamiento fiscal de las transacciones de fusiones corporativas, que habrían hecho mucho más costosas dichas transacciones, habrían disparado el crash.
Es importante reconocer la importancia de la economía del mercado para el control corporativo o el mercado de fusiones. El mercado es la piedra angular de cualquier economía capitalista, pues es el mismo medio por el que el capital se reasigna continuamente a quines harán mejor uso de él. Un mercado de capitales vital y libre, en opinión de Ludwig von Mises, es la piedra angular del capitalismo y lo que más distingue una economía capitalista de una que no lo sea. Por desgracia, es asimismo por eso por lo que los políticos están siempre proponiendo cada vez más control regulatorio del mismo.
Las leyes y regulaciones que restringen las fusiones corporativas son lisa y llanamente proteccionistas. La idea esencial detrás de una fusión corporativa es que un grupo de inversores ha determinado que una empresa concreta no está bien gestionada. Buscan, mediante una batalla de representantes u otro medio, tomar el control del consejo de dirección y, por consiguiente, de la dirección. Pueden despedir a algunos o a todos los directores existentes y que estén haciendo una mala gestión, reemplazarlos con mejores gestores y obtener más beneficios para ellos y los demás accionistas.
Nadie puede predecir a la perfección, así que muchas fusiones no funcionan. Pero sin embargo la única forma de saber quién puede hacer el mejor uso de los recursos corporativos es permitir que el libre mercado nos lo diga, incluyendo del libre mercado del control corporativo.
Las leyes y regulaciones que restrinjan fusiones o las hagan prohibitivamente costosas serán invariablemente el resultado de esfuerzos cabilderos de directivos que hayan sobornado a políticos para aprobar disposiciones proteccionistas (disposiciones que solo benefician a los directivos afectados a costa de sus accionistas y los consumidores de sus productos).
A principios de octubre de 1987, el Congreso lanzó un ataque a gran escala contra las fusiones corporativas:
- Eliminando deducciones por gastos en intereses que excedan de los 5 millones de dólares anuales en deuda incurrida para adquirir una mayoría de acciones de otra empresa;
- Eliminando la capacidad de una empresa adquirente de usar filiales para disponer de los activos de la empresa objetivo sin un reconocimiento de ganancias a nivel corporativo;
- Prohibiendo la deducción de intereses de cualquier deuda usada para financiar un intento hostil de absorción de más del 20% de las acciones o activos de un objetivo;
- Obligando a una empresa adquirente a tratar una adquisición de acciones como una compra de activos con un reconocimiento corporativo inmediato gravable de la diferencia entre la base del objetivo en sus activos y el precio de compra e imponiendo un impuesto especial no deducible del 50% sobre beneficios de pagos “greenmail”.
Mitchell y Netter calcularon que estas provisiones legales fiscales habrían reducido el valor de adquirir una empresa mediante una absorción en alrededor del 25%, lo que causaría asimismo una bajado en el precio de las acciones de la empresa compradora. Normalmente, el precio bursátil de una compañía adquirente aumenta en un 25%-35% como consecuencia de una fusión. Además, esta propuesta radical contra las fusiones habría reducido los precios de las acciones al debilitar en general el mercado del control corporativo, una fuente importante de eficiencia en los mercados de capitales.
El muy cuidadoso análisis de Mitchell y Netter, publicado en la prestigiosa Journal of Financial Economics, llegaba a la siguiente conclusión:
El crash de la bolsa del 19 de octubre de 1987 empezó en los tres días laborables precedentes, del 14 al 16 de octubre, cuando el mercado cayó más de un 10%, la mayor caída en tres días desde 1940 (…) proporcionamos evidencias de que la propuesta de impuestos a las fusiones presentada en la tarde del 13 de octubre por los demócratas en el Comité de Medios de la Cámara tuvo un importante impacto en los precios de los títulos.
Encontramos una reacción negativa de la bolsa a la noticia de que la propuesta estaba prosperando y una reacción positiva del mercado a la noticia de que el Congreso estaba rechazando la propuesta (…) las empresas implicadas eran más sensibles que el mercado en general a las noticias acerca del progreso de la propuesta [y] los mercados de EEUU se movieron notablemente cuando se hizo la propuestas [mientras que] los mercados internacionales no lo hicieron. Esto (…) sugiere que un factor propio de EEUU afectó al comercio en las fechas de los acontecimientos”.
El ataque regulatorio a Microsoft y los precios de las acciones
En un próximo artículo en el Journal of Financial Economics, Thomas Hazlett y George Bittlingmayer demuestran que, en los últimos siete años, los inversores internacionales han estado constantemente a favor de Microsoft y en contra de la Comisión Federal de Comercio de EEUU y el Departamento de Justicia de EEUU en sus ataques regulatorios a Microsoft. Estos autores supervisaron todos los artículos que anunciaban noticias de las investigaciones/litigios publicadas en el Wall Street Journal de 1991 a 1997 y midieron la reacción de la bolsa a estás.
Los críticos de Microsoft, como Janet Reno, afirman creer que lo que es malo para Microsoft (es decir un juicio antitrust) es bueno para el resto del sector informático y viceversa, debido a las prácticas supuestamente “excluyentes” de éste. Supuestamente, Microsoft es “una amenaza para todos en el sector”, según Alan Ashton, presidente de WordPerfect, que ha perdido casi toda su porción de mercado ante Microsoft Word.
Pero Hazlett y Bittlingmayer han descubierto que esto es un mito. Calificando todas las noticias acerca del ataque regulatorio a Microsoft como “positivas”, “negativas” o “ambiguas” durante un periodo de siete años, han descubierto que:
Cuando Microsoft recibe buenas noticias, sus accionistas experimentan beneficios medios ajustados al mercado de un 2,4%. Pero la noticia es también buena para el sector en conjunto, que ve beneficios medios del 1,2% en las mismas fechas. (Ambos beneficios son significativamente superiores a cero en niveles estándar de significación estadística). Durante acontecimientos negativos (…) los accionistas de Microsoft obtienen beneficios negativos de -1,2% por acontecimiento, mientras que la cartera informática que no incluye a Microsoft pierde un -0,6%.
Los beneficios de unas pocas empresas, como Netscape, que lidera el ataque cabildero y de relaciones públicas a Microsoft, disfrutan de aumentos en los precios de sus acciones siempre que la noticia es mala para Microsoft, lo que explica por qué instigan el ataque político a su rival. Simplemente intentan conseguir mediante política lo que no han logrado en el mercado competitivo.
Los resultados obtenidos por Hazlett y Bittlingmayer no son en absoluto inesperados. Tras el ataque antitrust a Standard Oil al principio del siglo XX, el índice bursátil de Standard & Poors cayó un 38%. Cuando Theodore Roosevelt inició 44 casos antitrust el mercado bursátil no volvió a su nivel de 1908 hasta 1924.
Los burócratas del gobierno también se benefician de los ataques político-regulatorios como el de Microsoft. Varios fiscales generales de estados, que todos quieren todos ser alguien en los gobiernos, han presentado su propia demanda contra la compañía, lo que les dará notoriedad y publicidad. Los reguladores federales, como Joel Klein, el jefe de la División Antitrust del Departamento de Justicia de EEUU, tienden a ser egomaníacos en busca de publicidad, demandando a la empresa estadounidense de mayor éxito del siglo XX para satisfacer sus impulsos.
Tal vez lo que sea más significativo es que la persecución regulatoria de Microsoft no sea más que otro ejemplo de extorsión o chantaje regulatorio. El establishment político está ocupado extrayendo “dinero de protección” a Microsoft a cambio de promesas de permitir existir a la compañía.
Conclusiones: ¿La tabaquización de la industria?
El llamado “acuerdo” del sector del tabaco entre gobiernos estatales, gobierno federal, abogados y el sector tiene lamentables implicaciones para todos los sectores (y consumidores). El modo de operar del movimiento antitabaco estadounidense ya ha sido utilizado en ataques a otros sectores, especialmente en la fabricación de armamento y la venta al por menor. El modelo es un ataque financiado por el gobierno a sectores concretos, completado con tomos de mala ciencia y cabilderos financiados por los contribuyentes que buscan prohibiciones de publicidad y otras regulaciones que hagan difícil vender un producto, junto con impuestos especiales más altos. La gestión del sector se demoniza y se los retrata como forajidos corporativos. La idea de la responsabilidad personal (al fumar, beber, conducir peligrosamente, usar armas, etc.) se abandona completamente al socializar la “responsabilidad”. Una vez se ha hecho esto y establecido que nadie es responsable de su propio comportamiento irresponsable, es relativamente sencillo atacar a voluntad un sector mediante el método de “gravar mediante litigios”.
Florida, Vermont y Maryland realmente reescribieron las leyes para impedir al sector del tabaco utilizar defensas de derecho común establecidas desde hace mucho, lo que garantizaba que los estados podían vencer en sus demandas contra dicho sector. No hay razón para creer que los políticos no harán lo mismo con otros sectores ahora que se ha establecido un precedente. Los gobiernos estatales contrataron astutamente a abogados privados para llevar los casos y pagarles sumas enormes (de decenas de millones de dólares cada uno en algunos estados).
Los abogados de pleitos están ahora ofreciendo planes para utilizar el modelo de litigio y extorsión del tabaco contra los fabricantes de pinturas al plomo, medicinas, cerveza, vino y licores, aditivos químicos, comidas grasas, todoterrenos y multitud de otros productos. Estos sectores serán demonizados, se les impondrá restricciones regulatorias cada vez más severas e impuestos especiales y sus acciones caerán. Ningún sector está libre de la avariciosa mano de la extorsión regulatoria.
[Presentación preparada para la conferencia del Instituto Mises en Toronto en los días 16-17 de septiembre de 1999]
Publicado el 16 de septiembre de 1999. Traducido del inglés por Mariano Bas Uribe. El artículo original se encuentra aquí.
