En respuesta a la subida de precios del petróleo y la gasolina, el Presidente Obama ha decidido seguir un guión muy trillado: buscar ventajas políticas pretendiendo proteger a los votantes de los males del mercado. Sin embargo, este intento de retratarse como defensor en jefe del consumidor no es más que una calculada pretensión.
En un acto en el ayuntamiento de Reno, el Presidente Obama dijo:
El mes pasado, pedí a mi fiscal general que revisara si había casos de inflar precios, para poder asegurarnos de que nadie se aprovecha en las gasolineras. Hoy vamos un paso más allá. El fiscal general está creando un equipo cuya labor será desentrañar cualquier caso de fraude o manipulación en los mercados petrolíferos que pueda afectar a los precios de la gasolina, y eso incluye el papel de intermediarios y especuladores. Vamos a asegurarnos de que nadie se aprovecha del pueblo estadounidense en su propio beneficio a corto plazo.
Esta declaración se vio reforzada por un memorándum de Eric Holder a la Financial Fraud Enforcement Task Force, indicando:
Juntos, continuaremos estando vigilantes en monitorizar cualquier irregularidad con respecto a los aumentos de precio del petróleo o la gasolina, de forma que los estadounidenses puedan estar seguros de que no pagan ni un penique de más de los que deberían en la gasolinera, y de que no hay violación de la ley federal o estatal, colusión o fraude con respecto al precio de la gasolina del que tan vitalmente depende nuestra economía.
Un problema es que la acusación implícita de hinchado, manipulación y colusión realizado contra el comportamiento en el mercado implica términos legalmente ambiguos o indefinidos. ¿Qué evidencia, que no sea una simple afirmación, podría probar que se están hinchando precios? ¿Qué se considera una manipulación perseguible? Y no solo la colusión es ya ilegal (así que las autoridades deberían ya haber estado vigilantes respecto de ella, sin que hiciera falta un anuncio o equipo de trabajo especiales), una larga lista de pasadas investigaciones en el sector no han encontrado prueba ninguna de ella. Estas palabras son solo vagas acusaciones, pero de aspecto ominoso que pretenden distraer cualquier culpa o ira que pudiera dirigirse a la administración contra otros que puedan convertirse en chivos expiatorios.
Pensemos en el hinchado de precios. ¿Cómo podría definirse? Los intentos políticos de una definición normalmente se hacen en términos de cobrar precios “excesivos” o no cobrar precios “justos” o “razonables”. Por ejemplo, en 2007, la Cámara de Representantes, entonces controlada por los demócratas aprobó una ley que podía implicar sanciones de hasta 3 millones de dólares diarios por hinchar precios en la gasolina, definida como cobrar un precio que “exceda de forma significativa el precio medio (…) ofrecido a la venta por esa persona durante los 30 días anteriores” o “exceda excesivamente el precio al que la misma o similar gasolina (…) era inmediatamente obtenible en la misma área de otros vendedores en competencia”. Por desgracia, ninguno de esos adjetivos o adverbios tiene un significado claro.
Sin embargo, desgraciadamente las investigaciones o leyes construidas sobre esos términos indefinidos no cumplen el propósito básico del estado de derecho. El propósito es dejar claro de antemano qué no está permitido, de forma que quienes tomen las decisiones conozcan los límites a sus acciones y sepan que dentro de estos límites pueden buscar acuerdos voluntarios sin necesidad de preocuparse acerca de extorsiones o acusaciones políticas.
La cooperación social efectiva solo puede construirse sobre reglas claras que limiten la arbitrariedad del gobierno así como los abusos de otros. Pero una potencial persecución del gobierno por violar una ley esencialmente indefinida deja toda decisión sobre la legalidad de algo al capricho de un juez o funcionario del ejecutivo, que se ejercita después del hecho. Nadie puede saber qué acciones están libres de persecución. Y combinar arbitrariedad con sanciones potencialmente enormes es una invitación al abuso del gobierno.
La amenaza de persecución por supuesto hinchado debería rechazarse categóricamente: aumenta la exposición de los estadounidenses a actos arbitrarios, incluyendo la persecución selectiva, en lugar de ofreciendo protección contra ellos. Lo que es peor, estos actos arbitrarios están respaldados por el poder coactivo del gobierno, que excede con mucho cualquier supuesto “poder de mercado” que esté supuestamente combatiendo: el “poder de mercado” tiene que ganarse continuamente a través de interacciones voluntarias en medio de la competencia.
Como el hinchado no está definido, cualquier persecución por ello crearía en la práctica ley después del hecho y se aplicaría a un comportamiento previo. La injusticia, así como la arbitrariedad, de aplicar reglas retroactivamente es evidente. ¿Que ocurriría si los árbitros deportivos pudieran cambiar las reglas de un juego tras el hecho? ¿Qué pasaría si los que se gana en el casino puede cambiarse por la baca después de que se detiene la ruleta? ¿Qué pasaría si tu empresa pudiera rebajarte retroactivamente tu salario del año pasado?
No solo es que hacer a la ley retroactiva sea injusto de por sí, también viola el texto del Artículo I, Sección 9 de la Constitución. Esa sección prohíbe las leyes ex post facto, reflejando la “Federalist 44”, en la que James Madison las describe como “contrarias a los primeros principios del pacto social y a cualquier principio de legislación sensata (…) todas ellas están prohibidas por el espíritu y ámbito de estos fueros fundamentales”.
¿Por qué haría el presidente una exhibición pública de dureza utilizando una postura y términos que incumplen los patrones básicos de la lógica, la justicia y la constitucionalidad? Porque le da poder sin responsabilidad.
Con patrones para la persecución que nunca se explicitan, la administración puede manipular el comportamiento de las empresas amenazando con ella (lo que es siempre muy costoso para las acusadas): el estado puede así presentarse como un defensor del “pueblo” sin verse sometido a un control o limitación efectivo. Después de todo, como los patrones se desconocen, las maquinaciones políticas no pueden apuntarse con facilidad como la causa.
Esta posición funciona de la misma forma que la legislación de los derechos civiles. Sus defensores negaban rotundamente que crearan cuotas y las creó: las empresas no sabían a qué se le calificaría como ilegalmente discriminatorio, así que para protegerse de la incertidumbre y los costes de litigar, a menudo empezaron a confiar en las cuotas.
Las acusaciones y sanciones que pueden esencialmente criminalizar el comportamiento que es legal hasta que, después del hecho, se redefina selectivamente como ilegal no puede redundar en el bienestar general de los estadounidenses. Es un enorme abuso del poder del gobierno que revela su torpe incompetencia en otra área más de nuestras vidas.
Reclamar investigaciones sobre si precios más altos de la gasolina reflejan manipulación o colusión es solo un ejemplo de impostura política.
Sin una conspiración in fraganti, que ya es ilegal, por no decir imposible si el gobierno estaba realmente protegiéndonos, la manipulación o colusión no puede probarse con los precios actuales. La razón es que las múltiples fuerzas políticas y del mercado, con efectos imposibles de cuantificar, están empujando al alza los precios, así que no hay forma de saber cuáles serían los precios competitivos, especialmente porque los costes relevantes suponen mirar más bien al futuro que al pasado. Sin ese conocimiento, no puede demostrarse que alguna jugada tramposa ha aumentado artificialmente los precios actuales.
Particularmente crítica para las acusaciones de manipulación o colusión, y especialmente las acusaciones realizadas para echar la culpa a especuladores que supuestamente cambian precios sin ninguna base económica real, es la incertidumbre acerca del futuro suministro de petróleo. Una refinería que planee mantenerse en marcha debe reemplazar el petróleo usado en la producción actual de gasolina. El coste relevante de ese petróleo es, por tanto, no lo que costara comprar en el pasado, o incluso en el presente, sino lo que costará reemplazarlo en el futuro.
Sin embargo, nadie puede saber cuál será “realmente” ese coste a la vista de la presente incertidumbre, con la complicación del aumento de los desórdenes en muchas las naciones productoras de petróleo añadido a las del crecimiento económico en otras partes del mundo, las leyes sobre el etanol y la disminución del valor del dólar en relación con otras divisas. Sin toda esa información, no hay forma de demostrar el hinchado o la colusión.
Antes California cambió del MTBE al etanol y su única “receta” de una gasolina más limpia es un ejemplo histórico. Nadie sabe exactamente cuánto deberían subir los precios por galón para cubrir los miles de millones de costes añadidos. Dependen de varias variables, incluyendo cuántos galones se venderían, el riesgo y por tanto el beneficio que las empresas “deberían” obtener por sus inversiones, en cuánto aumentarían los costes las futuras regulaciones, etc.
Los efectos de estas cosas sobre los precios “competitivos” de la gasolina necesitarían cuantificarse apropiadamente antes de que nadie pudiera demostrar una manipulación o colusión probando que los precios son “demasiado altos”. Sin embargo, esto no puede hacerse.
Pero eso no impide los chicos expiatorios políticos de las “grandes petroleras”. La mera acusación está pensada para trasladar la carga de la prueba a empresas e intermediarias en el mercado del petróleo, que no pueden obtener cifras que desmientan definitivamente las acusaciones. Por supuesto, en el proceso se olvida el hecho de que los acusadores tampoco pueden probarlas. Pero la postura obtiene votos de ciudadanos ignorantes.
¿Qué deberíamos hacer con las cazas de brujas de hinchados, manipulaciones y colusiones del gobierno que no pueden en modo alguno probar lo que supuestamente están buscando? ¿Qué pasa cuando esos chivos expiatorios se combinan con una serie de políticas públicas que aumentan sustancialmente los precios del petróleo y la gasolina (por ejemplo, políticas inflacionistas que han rebajado el valor de intercambio del dólar y aumentado así el precio del petróleo, restricción a la perforación y el desarrollo, exacciones medioambientales que impiden la creación de nuevas refinerías, impuestos de disminuyen los beneficios obtenidos por las “grandes petroleras”, etc.)?
Deberíamos darnos cuenta de que el gobierno no nos protege contra los males del mercado y de que su pose retórica como defensor del consumidor es a la vez poco honrada y peligrosa. Por el contrario, lo que necesitamos es una mayor confianza en el mercado para protegernos contra los males de las desaconsejables políticas públicas y la verborrea política.
Publicado el 10 de mayo de 2011. Traducido del inglés por Mariano Bas Uribe. El artículo original se encuentra aquí.
