[Publicado originalmente el 15 de octubre de 1970 en The Libertarian Forum]
La indiferencia que parece prevalecer en muchos círculos libertarios respecto de las recientes leyes de control de armas (leyes que probablemente forjen los últimos eslabones de los grilletes puestos al ciudadano medio estadounidense) es peligrosamente sorprendente. Aparentemente, nadie percibe la importancia de lo que ha ocurrido.
Pocos se dan cuenta de los extremos grilletes impuestos a los poseedores reales o potenciales de armas de fuego por los actos agravados por la Ley de Control de Armas de Fuego de 1968 (Ley Pública 90-1968). Para comprar un arma de fuego, uno debe realizar una declaración jurada de identidad, que se envía al jefe local de policía, que decide si el solicitante puede poseer un arma basándose en si es un ciudadano “cumplidor de la ley” (es decir, si obedece todas las órdenes de la élite en el poder). La posesión de armas de fuego se niega a delincuentes convictos, veteranos degradados deshonrosamente, extranjeros que estén ilegalmente en EEUU y antiguos ciudadanos que hayan renunciado a su ciudadanía, es decir, todos los opositores potenciales al establishment. Usuarios de “drogas peligrosas”, como la marihuana, menores de 21 años, así como muchos tienen negado el derecho de poseerlas. La propiedad de armas completamente automáticas, de gran calibre u otras armas de fuego está absolutamente prohibida para todos excepto para el Estado.
Incluso los autorizados a tener un arma están obstaculizados por el registro total, un hecho desconocido por el gran público. Aparte del registro directo de armas de fuego recién compradas, el “registro por la puerta de atrás” de todas las demás armas de fuego se produce debido al requisito de que los comerciantes registren el nombre, dirección, etc. de todos los compradores de munición. Estos registros están a disposición de la policía y los agentes federales. Todos los fabricantes y vendedores están asimismo mismo sometidos a altas tasas de licencia y otros abusos.
Algunos gobiernos estatales y locales se han enfurecido aún más. En muchas zonas, quien posea un arma está bajo constante acoso de la policía. Un registro completo, así como el cobro de tasas de licencia atrozmente altas, no ha dejado a muchos más alternativa que la entrega de sus armas de fuego. Los estados de Nueva York, Nueva Jersey e Illinois son particularmente opresivos a este respecto.
A nivel local, la situación de Miami parece un capítulo de 1984. Para solicitar la propiedad de un arma de fuego, uno debe proporcionar a la policía una amplia información personal. Aunque en este punto no han llegado tan lejos como Rhodesia, donde 32 negros fueron sentenciados recientemente a muerte por el “delito” de poseer armas de fuego, todo el que sea detenido portando un “arma peligrosa” sin aprobación de la policía tiene un mínimo de 6 meses o 1.000$ de multa. Para ayudar a aplicar esta represión, se paga una recompensa de 100$ a quien esté dispuesto a delatar a su vecino por violación en la posesión de armas de fuego. Otras ciudades siguen el mismo camino.
El objetivo final de la estructura del poder es la abolición total de la propiedad privada (de la clase no dirigente) de armas de fuego. A mediados de enero de 1969, la Academia de Criminología de Illinois hablaba favorablemente de este objetivo y cientos de otros grupos e individuos admitían abiertamente ambiciones similares. Lo mínimo que aceptarían es un control policial completo de todas las armas de fuego como en el caso de la Rusia soviética.
A las masas se las enseña a creer la mentira de que esas leyes reducirán los delitos. Nada más lejos de la verdad, porque la propiedad de las armas por la población general sencillamente no causa delitos. En 1966, había el doble de armas de fuego por hogar en Canadá en comparación con EEUU y aun así la tasa de homicidios de la primera era una quinta parte de la segunda (American Rifleman, Agosto de 1968, p. 46). E indudablemente, si uno quiere matar a otro la ausencia de un arma de fuego no actuará como salvaguarda: en Japón, donde están prohibidas las armas de fuego a los civiles, la tasa de asesinatos sin armas de fuego es casi el doble de alta que la tasa de EEUU sin armas de fuego (American Rifleman, Noviembre de 1968, p. 17).
Por el contrario, la propiedad de armas de fuego por la inmensa mayoría sirve para prevenir el delito. Los delincuentes se lo piensan dos veces antes de matar y robar a individuos pacíficos que puedan estar armados. Pero no vacilan cuando confían en que sus víctimas estén indefensas. Como los criminales siempre tendrán armas (ningún criminal registrará sus armas de fuego y, además, las armas caseras son fáciles de fabricar), es necesario que las víctimas potenciales sean capaces de armarse para evitar el delito. Cada mes, American Rifleman, bajo el título “El ciudadano armado” cita numerosos ejemplos en los que armas privadas han impedido delitos.
Así que el objetivo declarado del control de armas de fuego por el Estado es falso. ¿Cuál es entonces la razón real por la que la élite del poder quiere dejar indefensa a la gente?
Ya se ha observado que las armas de fuego son necesarias para que los individuos pacíficos se protejan de los delincuentes. ¿Pero quién ha sido el delincuente más feroz en la historia? Es evidente: ¡el Estado!
El gobierno de EEUU, aunque se haya confiado el mayor arsenal que haya conocido el mundo, incluyendo de todo, desde napalm y M-16 a tanques y bombas H, no confía en sus esclavos con revólveres de calibre 22. ¿Por qué no existe esta confianza? La gente quiere ser libre, un gran número de negros, así como mucho blancos que no son de la clase dirigente, desean la autodeterminación y el establishment debe frustrar estos movimientos. Se teme el laissez faire en la posesión de armas de fuego por la misma razón que Hitler habría temido a una población judía poseedora de armas de fuego o Stalin a un grupo de ucranianos con pistolas. El Estado conoce bien el dicho de Mao: “el poder político nace del cañón de un arma”. Los gobernantes saben que la única forma de retener el control sobre el pueblo es monopolizar las armas de fuego. Los que mandan ven que el pueblo nunca podrá ejercitar su derecho a ser libre si no tiene poder para ser libre. Así que es en parte por el control de las armas de fuego como el Gran Hermano perpetúa su hegemonía.
Aparte de los ya mencionados, uno de los pasos más importantes dados por el Leviatán de EEUU ha sido prohibir la importación a EEUU de rifles militares sobrantes. Los fabricantes estadounidenses de armas de fuego, incluyendo Winchester-Western, Remington y Savage, dieron un tremendo apoyo a la aprobación de esta ley para impedir la competencia de armas extranjeras de bajo coste pero fiable. El motivo del Estado también es evidente: estas armas baratas estarían al alcance económico de todos y prohibir más importaciones impiden a los muchos que no pueden comprar las caras armas estadounidenses adquirir un medio de autodefensa.
Al entender la utilidad política (o más bien antipolítica) de las armas de fuego para la gente, resulta deplorable que la policía pueda saber quién posee qué armas de fuego. Pero, salvo que se invierta la tendencia actual, estas armas cuasi-privadas no estarán por ahí preocupando: serán confiscadas, dejando a la gente sin ninguna protección.
Hay pocos métodos disponibles para impedir esto. La Asociación Nacional del Rifle ha sido bastante eficaz cabildeando en el Congreso para mantener la libertad de la Segunda Enmienda de tener y portar armas, pero es probable que esos esfuerzos solo retrasen la confiscación. El mejor método disponible parece ser el empleado por la gente de Chicago el pasado otoño: solo un tercio de las 1.200.000 armas de fuego estaban registradas de acuerdo con la ordenanza que requería el registro total y de los dos millones de poseedores de armas en Illinois, menos de una cuarta parte obtuvo la licencia requerida (American Rifleman, Diciembre de 1968, p. 6). Solo la desobediencia civil masiva puede impedir que el Gran Hermano desarme totalmente a sus siervos.
Publicado el 18 de diciembre de 2012. Traducido del inglés por Mariano Bas Uribe. El artículo original se encuentra aquí.
