La polémica sobre si el Gobierno Federal debería prohibir a los ciudadanos la posesión de ciertos tipos de armas de fuego, o de todos los tipos, ha ido yendo y viniendo durante mucho tiempo. Recuerdo que de niño veía las noticias de horribles actos de violencia con armas de fuego. Recuerdo también la aparentemente inacabable “conversación nacional” que seguía inevitablemente a estos acontecimientos. Parecía, y sigue pareciendo, excitar las emociones de la gente de una forma que consiguen pocas otras cosas. Mis padres, como la mayoría de mis amigos, apoyaban firmemente la legislación de control de armas, lo que significaba que yo también lo hacía. Cuando tenía diez años, nuestro Buick LeSabre mostraba una pegatina contra la NRA en el parachoques trasero. Lo sé: yo la puse allí.
Desde entonces las cosas no han cambiado mucho. Hace mucho que desapareció el LeSabre, pero continúan ocasionalmente los tiroteos masivos, cada uno seguido por otra ronda amargada de autoflagelación y debate. La primera vez que las armas de fuego aparecieron en la portada de Time Magazine fue en 1968. Pusieron de nuevo la misma portada en 1998.
Los argumentos, a favor y en contra del control de armas tampoco parecen ser distintos bajo Barack Obama de los que eran bajo Lyndon Johnson. Entonces, como ahora, eran:
- Justificaciones basadas en derechos de propiedad a favor de la propiedad de armas de fuego (por ejemplo, las armas de fuego son como cualquier otra propiedad y por tanto cualquier puede poseerles, siempre que no se usen para violar la persona o propiedad de otros), así como para la prohibición de armas de fuego (excepto como candelabro decorativo, un AK-47 parece improbable que se use para otro fin que no sea violar la persona y propiedad de otros).
- Razones utilitaristas para una prohibición (aumentaría la seguridad al reducir el número total de armas de fuego en la sociedad) y también para el laissez faire (la prohibición en el mejor de los casos desarmaría solo a los ciudadanos pacíficos, haciéndolos presa fácil para criminales creando al tiempo otro mercado negro lucrativo para el crimen organizado).
- Argumentos basados en la libertades civiles para dejar libres a los ciudadanos (tengo derecho a defenderme) y para regularlos (tengo derecho a andar por la calle sin miedo a que me disparen).
Y hoy, cuatro décadas y media y nueve portadas de Time relacionadas con armas de fuego después, aquí estamos de nuevo, aún sacudiendo nuestras cabezas sin creer la violencia que vemos a nuestro alrededor y aún haciendo la misma pregunta: ¿quién tiene razón?
Mi postura, como anarquista libertario, es que todos tienen razón. No hay una solución perfecta al problema del uso de armas de fuego para fines criminales y hay puntos válidos en ambos lados del debate. Es una de las razones por las que este asunto nunca ha sido ni será resuelto mientras acudamos al estado para que lo resuelva en lugar de hacerlo nosotros mismos.
La ley federal por naturaleza impone una solución a todos los miembros de la sociedad. Si se impone una prohibición sobre todas las armas de fuego a todos los ciudadanos, o solo algunos tipos de armas, o solo algunas categorías de ciudadanos, todos debemos vivir bajo las mismas reglas. Pero como solo son posibles soluciones imperfectas y como las preferencias individuales se basan en juicios subjetivos de valor, la aplicación de una sola política a todas las partes por la fuerza de la ley debe crear conflicto social. La única forma de salir de este impasse es abolir el monopolio del estado en la producción y aplicación del derecho y reemplazarlo con un sistema legal cooperativo, o, más apropiadamente, con la enorme y compleja matriz de acuerdos contractuales voluntarios conocido como la sociedad de ley del mercado.
Un análisis de todos los posibles tipos de instituciones y contratos que podrían aparecer en una sociedad así para la resolución de disputas queda fuera del ámbito de este artículo.[1] Nos centraremos por el contrario en dos puntos menos técnicos: (1) cómo el monopolio del estado en la aplicación del derecho promueve activamente la propiedad de armas de fuego incluso entre quienes, ceteris paribus, preferirían no tenerlas y (2) cómo una aplicación del derecho competitivo rectificaría esta problema de una manera que satisfaría en gran parte tanto a “progresistas” como a “conservadores”.
Cómo influye en los patrones de posesión de armas de fuego el monopolio de la aplicación del estado
Hay al menos dos maneras por las que la arrogación del poder de policía del estado, con exclusión de todos los competidores potenciales, anima a poseer armas de fuego a individuos que de otra manera no lo harían. La primera en este grupo es la gente que o se considera mal atendida (o, en el peor de los casos, no atendida en absoluto) por sus departamentos de policía estatales o locales o desconfían o temen a la policía. No es sorprendente que esta gente se concentre en áreas urbanas pobres en las que la policía pueden no estar inclinada a patrullar regularmente y, en algunos casos, puede incluso no responder a demandas de auxilio. (Curiosamente, también tienden a ser las áreas más plagadas por violencia derivada de la prohibición de las drogas por el estado).
Bajo esas condiciones, es inevitable que algunos individuos recurran a la posesión de armas de fuego como única alternativa viable para una protección policial adecuada. Dado que son personas de medios modestos que en caso contrario probablemente no querrían poseer armas de fuego, es asimismo improbable que muchos sean reticentes o financieramente incapaces de recibir formación en puntería y seguridad en las armas y tenderán a evitar gastos adicionales como candados de gatillos o cajas para armas. El resultado debe ser un acusado aumento tanto del robo de armas de fuego como de disparos accidentales, afectando estos últimos a menudo a niños. Es curioso que esos incidentes se invoquen a menudo como justificación para el desarme forzoso de los ciudadanos por el estado, cuando son precisamente los mercados negros creados por la persecución del estado de los delitos sin víctima (por ejemplo, el uso de drogas), junto con su ofrecimiento de servicios de seguridad de baja calidad, los que dirigen la demanda de propiedad privada de armas de fuego en primer lugar.
La segunda forma en que el gobierno promueve la propiedad de armas de fuego deriva del hecho de que, como único proveedor de servicios de seguridad dentro de su jurisdicción, sus cargos no pueden estar en todas partes a la vez. Generalmente no saben que un delito se está produciendo hasta que lo notifica alguien que ya esté en ese lugar. Esto produce un una demora significativa en la respuesta.
Esto no quiere decir que la policía sea necesariamente lenta en responder. Por ejemplo, en 1996 el New York Times informaba de que los tiempos de respuesta la policía de Nueva York eran de 6 a 11 minutos, dependiendo del barrio: no está mal, considerando el tamaño y congestión de la Gran Manzana. Sin embargo, un bien presente se prefiere, en igualdad de condiciones, a un bien futuro, y ser raptada, violada o robada a punta de pistola tiende a aumentar la preferencia temporal de protección policial de una persona bastante rápidamente. Por muy impresionante que resulte una respuesta en 6 minutos, para la víctima del delito violento resulta ser una eternidad. Cuando mayor sea la probabilidad percibida de convertirse en víctima, mayor será el descuento sobre el valor presente de servicios policiales que, desde el momento en que aparece por primera vez su necesidad, no estarán disponibles hasta (al menos) 6 minutos en el futuro. El incentivo será entonces mucho mayor para suplantar los servicios descontados futuros con una Magnum 357 actual.
Por supuesto, también es verdad lo contrario: la misma existencia de las fuerzas de seguridad del gobierno tenderá a desanimar la propiedad de armas de fuego entre quienes viven en áreas más ricas y con menos delincuencia y quienes por lo general confían en la eficacia y profesionalismo de la policía. Aquí podemos ver individuos que se convertirían en propietarios de armas de fuego si no hubiera ninguna policía pública, pero que, debido a que en realidad sí existen tales fuerzas (y porque se ven obligados a pagarlas a pesar de su utilidad marginal relativamente baja), deciden renunciar al gasto adicional de prepararse para la autodefensa. No es sorprendente que la mayoría de los defensores del control de armas entren en esta categoría Sin embargo, como el tiempo de respuesta de la policía sigue existiendo incluso para ellos y nunca puede reducirse a cero, el efecto puede ser inducir una falsa sensación de seguridad entre esa gente, dejándoles sin estar listos para aquellos raros casos de delito violento que se produzcan. Algunos de los más recientes tiroteos masivos pueden citarse como ejemplos.
Prohibir o no prohibir: Armas de fuego y aplicación de la ley del mercado
Como la preocupación real de todos es la seguridad, lo que se necesita es una serie de acuerdos sociales voluntarios que equilibren las ampliamente divergentes y a veces mutuamente exclusivas condiciones bajo las que la distinta gente se siente “segura”. Como quienes se identifican como conservadores en general tienden a asociar seguridad con propiedad de armas de fuego, esos acuerdos tendrían que permitir la propiedad privada de armas de fuego. Sin embargo, como los “progresistas” tienden a verse amenazados por prácticamente cualquiera (excepto el gobierno) que posea un arma de fuego, estos mismos acuerdos tendrían que promover asimismo condiciones bajo las cuales los más hoplofóbicos se encuentren generalmente cómodos, a pesar de vivir entre muchos vecinos potencialmente armados.
Creo que solo una aproximación de la ley del mercado a este problema tiene alguna perspectiva razonable de alcanzar este equilibrio. Hay varias razones para ello, de dos de las cuales me ocuparé aquí.
Monopolio frente a competencia
El primer resultado de acabar con el monopolio de la protección policial del estado y reemplazarlo con un mercado competitivo compuesto por múltiples empresas de seguridad privada sería una mejora inmediata y radical de la calidad del servicio. No solo habría pocas razones para que uno temiera el acoso o la brutalidad de los empleados de las empresas de seguridad privada, que dependerían para sus ingresos de la contratación voluntaria de los consumidores, sino asimismo, en claro contraste con la policía pública, los mayores mercados para esas empresas estarían donde el crimen fuera más prevalente, es decir, el interior de las ciudades. De hecho, muchas empresas de seguridad bien podrían ser “propiedad del vecindario” y especializarse en servir (y contratar allí) a aquellas áreas más olvidadas por la policía pública.
Además, la introducción de competencia y transparencia en los precios llevaría necesariamente a una asignación mucho más eficiente de recursos de capital. Como consecuencia, no es pensable que la mayoría o incluso todos los costes (ahora inferiores) de servicios de seguridad residencial puedan recaer, no en los propios residentes, sino en negocios de la zona, ya que las ganancias económicas que obtendrían de una mejora en la protección compensarían fácilmente los costes de suscripción a un servicios de seguridad del que se beneficiarían todos. Igual que hoy los negocios a menudo pagan por la edición “prémium” de un programa de software, financiando así la versión “básica” gratuita para uso doméstico, los dueños de tiendas restaurantes y otros negocios urbanos podrían pagar encantados una prima por una mejor seguridad (por ejemplo, patrullas más frecuentes, policías fijos en el lugar, sistemas sofisticados de supervisión y comunicación, etc.) que cubrirían al menos la mayor parte del coste de las mismas empresas patrullando en barrios residenciales. Esto, a su vez, reduciría significativamente los tiempos de respuesta, haciendo de esto el más fácil de los “problemas del free rider” que se hayan dado nunca.
Todo esto junto se sumaría en una marcada reducción en la demanda de armas de fuego entre individuos privados, especialmente los menos competentes para utilizarlas de manera segura. La gente en la izquierda que reclama actualmente leyes de armas más estrictas estaría por tanto doblemente satisfecha: primero, por tener mejores servicios de protección (y las resultantes tasas criminales más bajas) y segundo por la disminución general en la posesión de armas. Entretanto, los conservadores tradicionales podrían seguir manteniendo una postura estricta de no entregar las armas si lo desean, sin temor a verse desarmados por la fuerza por el celo colectivista de sus vecinos. Pero ya no tendrían mala policía o una amenaza inminente de tiranía estatal como justificación para hacerlo.
En resumen, bajo las condiciones de una competencia sin obstáculos entre empresas privadas de seguridad, todas las partes contratantes obtendrían al menos algo de que quieren e igualmente importante sería que todos podrían reclamar tener “razón” en cierto modo. El resultado definitivo sería una disminución del conflicto social y un aumento en la tendencia entre la población en general a recurrir a la toma cooperativa de decisiones en lugar de la coacción unilateral como medio principal para llegar a soluciones de problemas sociales complejos.
Conclusión
Solo aceptando la responsabilidad para resolver un problema puede uno esperar resolverlo. Esa es en definitiva la razón de por qué el mercado funciona y la confianza en la legislación no. Las soluciones del mercado a cualquier problema social requieren una investigación honrada y una participación voluntaria extendida en un proceso inmensamente complejo y que evoluciona espontáneamente de prueba y error hasta que aparece una serie de disposiciones que funciona, hasta donde es posible, satisfaciendo a todos. También requiere que las provisiones a las que se llegue se adapten continuamente para cumplir con las demandas de un mundo siempre cambiante.
Las soluciones legislativas requieren que alguien dé una orden y que otro la aplique bajo amenaza de represalia violenta. Y si los resultados no son favorables, es el mundo el que se espera que se adapte a la legislación y no al contrario.
Si debemos tener otra “conversación nacional” más sobre el asunto de las armas de fuego la violencia, debería tratar de esto. De otra manera, me temo que Time seguirá publicando la misma portada por tercera vez en 2028.
[1] Para un tratamiento excelente sobre este tema, ver el ensayo “Private Law” en Chaos Theory, de Robert Murphy
Publicado el 25 de febrero de 2013. Traducido del inglés por Mariano Bas Uribe. El artículo original se encuentra aquí.
