Las Quejas de los Populistas Socialdemócratas
Los intelectuales populistas socialdemócratas de izquierda generalmente son un grupo al que resulta maravilloso contemplar. Durante las últimas tres o cuatro décadas, no mucho tiempo en la historia de la humanidad, han lanzado, como turbulentos derviches, una serie de airadas quejas contra el capitalismo de mercado libre. Lo curioso es que cada una de estas quejas ha sido contradictoria respecto de una o más de las precedentes. Pero las contradicciones de sus quejas no parecen desconcertarlos ni moderar su petulancia –aun cuando muchas veces los que cambian sus opiniones tan rápidamente son los mismos que las han expresado–. Y estas contramarchas parecen no hacer mella en el concepto que tienen de su propia rectitud o en su confianza respecto de su posición.
Consideremos el registro de las décadas recientes:
1. Hacia fines de la década del 30 y principios de la del 40, los intelectuales socialdemócratas llegaron a la conclusión de que el capitalismo estaba sufriendo un inevitable “estancamiento secular”, una parálisis impuesta por la desaceleración del crecimiento poblacional, el fin de la antigua frontera occidental y el supuesto hecho de que ya no era posible ningún otro invento. Todo esto significaba el eterno estancamiento, el desempleo masivo permanente y, por lo tanto, la necesidad del socialismo, o de la planificación estatal minuciosa, para reemplazar al capitalismo de mercado libre. ¡Esto en vísperas del mayor auge de la historia estadounidense!
2. Durante los años 50, a pesar de la gran prosperidad de los Estados Unidos en la posguerra, continuaron con sus visiones; entonces pusieron en escena el culto al “crecimiento económico”. En verdad, el capitalismo estaba creciendo, pero no lo suficientemente rápido. Por lo tanto, había que abandonar el capitalismo de mercado libre y pasar al socialismo o a la intervención gubernamental, alimentar por la fuerza a la economía, crear inversiones y obligar a un mayor ahorro para maximizar la tasa de crecimiento, aun si el país no quisiera crecer tan rápido. Los economistas conservadores como Colin Clark criticaron este programa de los socialdemócratas denominándolo “Crecimiento Económico Planificado” (growthmanship).
3. Súbitamente, John Kenneth Galbraith apareció en la escena populista socialdemócrata con su obra The Affluent Society, de 1958, que se convirtió en un best seller. Y en forma igualmente repentina, los intelectuales socialdemócratas revirtieron sus acusaciones. Ahora el problema del capitalismo parecía ser que había crecido demasiado; ya no estábamos estancados, sino que habíamos crecido en exceso y el hombre había perdido su espiritualidad en medio de los supermercados y los automóviles. Por lo tanto, era preciso que el gobierno entrara en acción, o bien con una intervención masiva o con un ideario socialista, y gravara con fuertes impuestos a los consumidores para reducir su exagerada opulencia.
4. El culto de la opulencia excesiva tuvo su momento, y lo suplantó una preocupación contradictoria sobre la pobreza estimulada por el libro de Michael Harrington The Other America, en 1962. El problema de los Estados Unidos ya no era una opulencia desmesurada sino una pobreza creciente y abrumadora –y, una vez más, la solución era que el gobierno entrara en escena, realizara una poderosa planificación y cobrara impuestos a los ricos para beneficiar a los pobres–. Y entonces sobrevino la Guerra contra la Pobreza, que duró varios años.
5. Estancamiento; crecimiento deficiente; opulencia excesiva; pobreza agobiante; las modas intelectuales fueron cambiando como el largo de las faldas femeninas. Entonces, en 1964, el Ad Hoc Committee on the Triple Revolution (Comité Ad Hoc sobre la Triple Revolución), que felizmente tuvo corta vida, publicó su entonces famoso manifiesto, que completó el círculo, para nosotros y para los intelectuales socialdemócratas. Durante dos o tres años frenéticos nos deleitamos con la idea de que el problema de los Estados Unidos no era el estancamiento, sino todo lo contrario: en unos pocos años todas las industrias del país serían automatizadas y computarizadas, los ingresos y la producción serían enormes y superabundantes, pero todo el mundo se quedaría sin trabajo. Una vez más, el capitalismo de libre mercado llevaría al desempleo masivo, lo cual sólo podía remediarse –¡sí, lo adivinó!– mediante la amplia intervención del Estado o bien a través del socialismo liso y llano. Durante varios años, a mediados de los 60, el país sufrió lo que con justicia se llamó la “Histeria de la Automatización”.[1]
6. Hacia fines de la década de 1960 era evidente para todos que la histeria de la automatización no había tenido razón de ser, que la automatización se producía a una velocidad no mayor que la de la antigua “mecanización” y que, de hecho, la recesión de 1969 estaba haciendo declinar la tasa de aumento de productividad. En la actualidad nadie habla de los peligros de la automatización; ahora estamos en la séptima etapa de las acrobacias económicas de los socialdemócratas.
7. La opulencia ha vuelto a ser excesiva y el capitalismo de libre mercado está creciendo demasiado rápido, más de lo conveniente para la conservación, la ecología y la creciente escasez de recursos. Por supuesto, es preciso poner en marcha la planificación estatal, o el socialismo, para abolir todo crecimiento y poner en funcionamiento una sociedad y una economía de crecimiento cero – ¡para evitar el crecimiento negativo, o el retroceso, en algún momento del futuro!–. Ahora hemos vuelto a una posición super-galbraitheana, a la cual se le ha agregado la jerga científica acerca de los efluentes, la ecología y los programas espaciales, así como un acerbo ataque a la tecnología, por considerarla el principal factor de contaminación. El capitalismo trajo consigo la tecnología y el crecimiento –incluyendo el crecimiento de la población, de la industria y de la contaminación–, y se supone que el gobierno tiene que entrar en acción y erradicar estos males.
En realidad, no es inusual en absoluto encontrar a las mismas personas que sostienen una mezcla contradictoria de las posiciones 5 y 7 afirmando al mismo tiempo que a) vivimos en una era “post-escasez” en la que ya no necesitamos la propiedad privada, el capitalismo o los incentivos materiales para la producción, y b) que la codicia capitalista está agotando nuestros recursos y provocando una inminente escasez mundial. Por supuesto, la respuesta del populismo socialdemócrata a ambas cuestiones o, de hecho, a todas, es la misma: el socialismo o la planificación estatal debe reemplazar al capitalismo de libre mercado. Hace una generación, el gran economista Joseph Schumpeter describió en pocas palabras toda esta burda actuación de los intelectuales socialdemócratas: “El capitalismo soporta su juicio ante jueces que tienen en sus manos la pena de muerte. La aprobarán, cualquiera que sea la defensa que oigan; todo cuanto podría lograr una defensa exitosa sería un cambio en la acusación”.[2] Y así, los cargos, las acusaciones, pueden cambiar y contradecir cargos anteriores, pero la respuesta es constante y tediosamente la misma.
El Ataque Contra la Tecnología y el Crecimiento
El ataque en boga contra el crecimiento y la opulencia proviene claramente de adinerados y satisfechos socialdemócratas de clase alta.
A estos socialdemócratas, que disfrutan de una buena posición y de un nivel de vida jamás soñado incluso por los hombres más ricos de épocas pasadas, les resulta sencillo despreciar el “materialismo” y reclamar la suspensión de todo progreso económico ulterior.[3] Para la mayoría de la población del mundo, que aún pasa hambre, semejante pedido es verdaderamente obsceno; pero incluso en los Estados Unidos no hay muchas evidencias de saciedad y superabundancia. Los mismos socialdemócratas de clase alta no se han destacado por hacer una hoguera con sus cheques salariales como contribución a su guerra contra el “materialismo” y la opulencia.
El muy difundido ataque contra la tecnología es aun más irresponsable. Si la tecnología retrocediera hasta la era preindustrial e incluso hasta los tiempos primitivos, el resultado sería una hambruna masiva y la muerte a escala universal. La supervivencia misma de la gran mayoría de la población mundial depende de la tecnología moderna e industrial. En las épocas precolombinas vivían en Norteamérica aproximadamente un millón de indígenas, en un nivel de mera subsistencia. Ahora hay allí varios cientos de millones de habitantes, todos con un estándar de vida infinitamente superior, y esto se debe a la tecnología e industria modernas. Si las suprimimos, suprimiremos también a la gente. Por lo que sabemos, los fanáticos detractores del crecimiento demográfico considerarían como algo bueno esta “solución” al problema de la población, pero para la gran mayoría de las personas sería una draconiana “solución final”.
El ataque irresponsable contra la tecnología es otra de las volteretas de los socialdemócratas que, treinta años atrás, denunciaban al capitalismo por no poner a la tecnología moderna totalmente al servicio de la planificación estatal y reclamaban el gobierno absoluto para una elite “tecnocrática” moderna. Sin embargo, los mismos intelectuales que no hace tanto tiempo anhelaban una dictadura tecnocrática, ahora intentan privarnos de los vitales frutos de la tecnología.
Afortunadamente, los grupos de raza negra están comenzando a comprender el significado de la ideología populista socialdemócrata contraria al crecimiento. En enero de 1978, el directorio de la National Association for the Advancement of Colored People se opuso al programa energético del presidente Carter y pidió la desregulación de los precios del petróleo y del gas natural. Al explicar la nueva posición de la NAACP, la presidenta del directorio, Margaret Bush Wilson, declaró: “Nos preocupa la política de crecimiento lento del plan energético del presidente Carter. La cuestión es qué tipo de política de energía llevará a […] una economía expansiva viable, una que no sea restrictiva, porque bajo el crecimiento lento los negros sufren más que nadie”. Delaney, Paul. “NAACP in Major Dispute on Energy View.” New York Times (30 de enero de 1978).
Sin embargo, las diversas fases del pensamiento populista socialdemócrata nunca mueren del todo; y muchos de los mismos detractores de la tecnología, en un giro de 180 grados respecto de la histeria de la automatización, anuncian con total seguridad que de ahora en más se producirá un estancamiento tecnológico. Predicen muy ufanos un sombrío futuro para la humanidad en el caso de que la tecnología se paralice y no continúe su mejoramiento y su aceleración. Ésta es la técnica de predicción seudocientífica contra el crecimiento del ampliamente difundido Informe del Club de Roma. Passell, Roberts y Ross escriben, en su crítica al informe: “Si la compañía de teléfonos se viera obligada a utilizar una tecnología de fines del siglo xix, harían falta 20 millones de operadores para encargarse del volumen actual de llamadas”. O, tal como lo observó el editor británico Norman Macrae, “una extrapolación de las tendencias de 1880 mostraría a las ciudades actuales sepultadas bajo el estiércol de caballo”.[4]Además:
Mientras que el modelo del equipo [el Club de Roma] elabora hipótesis de crecimiento exponencial para las necesidades industriales y agrícolas, pone límites arbitrarios, no exponenciales, al progreso tecnológico que podría satisfacer esas necesidades […].
Thomas Malthus postuló algo similar dos siglos atrás, sin la ayuda de los resultados computarizados […]. Malthus sostenía que la población tendía a multiplicarse exponencialmente, mientras que la oferta de alimentos, en el mejor de los casos, aumentaba a una tasa aritmética constante. Esperaba que la hambruna y la guerra restablecieran periódicamente el equilibrio […].
Pero no hay, detrás de esta miopía, un criterio particular sobre el cual basar semejante especulación. Malthus estaba equivocado; la capacidad de provisión de alimentos se mantuvo al ritmo de la población. Si bien nadie lo sabe con seguridad, el progreso tecnológico no muestra signos de desaceleración. Las mejores estimaciones econométricas sugieren que en realidad está creciendo exponencialmente.[5]
Necesitamos más crecimiento económico, no menos; más y mejor tecnología, y no el imposible y absurdo intento de desechar la tecnología y retornar a la tribu primitiva. El mejoramiento tecnológico y la mayor inversión de capital llevarán a niveles de vida superiores para todos y proveerán más comodidades materiales, así como el placer de buscar el lado “espiritual” de la vida y disfrutarlo. A la gente que debe trabajar muchas horas para subsistir a duras penas, le queda muy poco tiempo disponible para la cultura o la civilización. El verdadero problema es que se está desalentando la inversión de capital productivo mediante los impuestos, las restricciones y los contratos gubernamentales para gastos improductivos y antieconómicos, incluyendo las asignaciones militar y espacial.
Además, los preciosos recursos técnicos que representan los científicos e ingenieros se están derivando cada vez más hacia la producción que interesa al gobierno, en lugar de utilizarlos para el consumo “civil”. Es preciso que el gobierno deje de interferir, que cese su carga de impuestos y gastos sobre la economía, y que los recursos productivos y tecnológicos una vez más se dediquen íntegramente a aumentar el bienestar de la masa de consumidores. Hace falta un mayor crecimiento, mejores niveles de vida y un equipamiento tecnológico y de capital que responda a los deseos y demandas de los consumidores, pero sólo podrán lograrse eliminando la pesada carga del estatismo y permitiendo que las energías de toda la población se expresen en la economía de libre mercado. Necesitamos un crecimiento económico y tecnológico que surja libremente, tal como lo demostró Jane Jacobs, de la economía de libre mercado, y no las distorsiones y desperdicios impuestos sobre la economía mundial desde que los socialdemócratas de la década de 1950 procedieron a alimentar por la fuerza a la economía. Necesitamos, en resumen, una economía verdaderamente libertaria, de libre mercado.
Conservación de los Recursos
Como lo hemos dicho, los mismos socialdemócratas que afirman que hemos entrado en la era “post-escasez” y que ya no necesitamos crecimiento económico están a la vanguardia de quienes se quejan de que la “codicia capitalista” está destruyendo nuestros escasos recursos naturales. Por ejemplo, los oscuros y apocalípticos augures del Club de Roma, mediante la simple extrapolación de las actuales tendencias de la utilización de recursos, predicen con total seguridad el agotamiento de materias primas vitales en un lapso de cuarenta años. Pero en los siglos recientes se han hecho innumerables predicciones seguras –y absolutamente erróneas– acerca del agotamiento de las materias primas.
Lo que los augures han pasado por alto es el rol vital que desempeña la economía de libre mercado en la conservación y el acrecentamiento de los recursos naturales. Consideremos, por ejemplo, una mina de cobre. ¿Por qué no se ha agotado el mineral hace tiempo debido a las inexorables demandas de la civilización industrial? ¿Por qué los mineros, una vez hallada y abierta una veta, no extraen todo el cobre inmediatamente? ¿Por qué, en vez de hacer esto, conservan la mina, le agregan capacidad y extraen el cobre en forma gradual, año tras año? Porque los propietarios de las minas saben que si, por ejemplo, triplican la producción de cobre de este año, podrían triplicar también sus ingresos en este período, pero estarían agotando la mina y, por ende, el ingreso futuro que podrían obtener. En el mercado, esta pérdida de ingreso futuro se ve inmediatamente reflejada en el valor monetario –el precio– de la mina como un todo.
Este valor monetario, reflejado en el precio de venta de la mina, y por consiguiente de las acciones individuales, se basa en el ingreso futuro que se espera ganar con la producción de cobre; cualquier agotamiento de la mina reducirá su valor, y por ende, el de las acciones. Todo propietario de una mina, entonces, debe sopesar las ventajas del ingreso inmediato por la producción de cobre contra la pérdida en el “valor de capital” de la mina y, en consecuencia, contra la pérdida en el valor de sus acciones.
Las decisiones de los propietarios de minas están determinadas por sus expectativas de rendimiento y de demandas futuras de cobre, las tasas de interés actuales y esperadas, etc. Supongamos, por ejemplo, que se prevé que el cobre quedará obsoleto en unos pocos años por la aparición de un nuevo metal sintético. En ese caso, los dueños de minas de cobre se apresurarán a producir más mineral en el presente, cuando vale más, y ahorrar menos para el futuro, cuando su valor será menor; así beneficiarán a los consumidores y a la economía en su totalidad, al producir cobre ahora, cuando la necesidad es más intensa. Pero si, por el contrario, se espera una escasez de cobre en el futuro, los propietarios de las minas producirán menos ahora y esperarán a producir más cantidad en el futuro, cuando los precios aumenten –beneficiando a la sociedad al producir más en el futuro, cuando se lo necesitará más–. Vemos así que la economía de mercado posee inherentemente un maravilloso mecanismo por el cual las decisiones de los dueños de los recursos en el presente, en contraste con la producción futura, benefician no sólo a su propio ingreso y riqueza, sino al grueso de los consumidores y a la economía en su totalidad.
Pero hay mucho más respecto de este mecanismo del libre mercado. Supongamos que se espera una creciente escasez de cobre en el futuro. El resultado es que se retendrá más cobre ahora y se lo ahorrará para la producción futura. El precio actual del cobre se incrementará. Ese aumento tendrá varios efectos “conservadores”. En primer lugar, el precio más elevado es una señal que indica a los usuarios de cobre que éste es más escaso y caro; ellos entonces “conservarán” (usarán menos) este metal más valorado. Al utilizar menos cobre, sustituyéndolo por metales o plásticos más baratos, el metal será aun más “conservado” y ahorrado para aquellos usos que no admiten un sustituto satisfactorio. Además, el mayor costo estimulará a) la exploración urgente para encontrar nuevas minas de cobre y b) una búsqueda de sustitutos menos caros, quizá mediante nuevos descubrimientos tecnológicos. Los mayores precios también incentivarán las campañas de ahorro y reciclado del metal. Este mecanismo de los precios en el libre mercado es precisamente la razón por la cual el cobre, y otros recursos naturales, no han desaparecido hace tiempo.
Passell, Roberts y Ross sostienen, en su crítica al Club de Roma:
Las reservas y necesidades de recursos naturales en el modelo están calculadas [en] […] ausencia de los precios como una variable en la proyección de los “límites” hasta donde serán utilizados los recursos. En el mundo real, el aumento de precios actúa como una señal económica para conservar los recursos escasos, suministrando incentivos para el uso de materiales más baratos en su reemplazo, estimulando los esfuerzos de investigación acerca de nuevos métodos para ahorrar en el uso del recurso y realizando renovados intentos de exploraciones más beneficiosas.[6]
De hecho, en contraste con las predicciones apocalípticas, los precios de la materia prima y de los recursos naturales se han mantenido bajos, y en general han declinado en relación con otros precios. Para los intelectuales socialdemócratas y marxistas, esto suele ser un signo de la “explotación” capitalista de los países subdesarrollados, que por lo común son los productores de las materias primas. Pero es una señal de algo completamente distinto, de que los recursos naturales no se han hecho cada vez más escasos sino más abundantes, y por eso su costo relativo es menor. El desarrollo de sustitutos menos costosos, como plásticos y fibras sintéticas, mantuvo a los recursos naturales baratos y abundantes. Y podemos esperar que dentro de algunas décadas la tecnología moderna desarrolle una fuente de energía notablemente barata –la fusión nuclear–, lo cual generará automáticamente una gran abundancia de materias primas para el trabajo que haya que realizar.
La fabricación de materiales sintéticos y la producción de energía más barata subraya un aspecto vital de la tecnología moderna que los augures del desastre han ignorado: que la tecnología y la producción industrial crean recursos que nunca antes habían existido efectivamente como tales. Por ejemplo, antes de la invención de la lámpara de querosén, y especialmente del automóvil, el petróleo no era un recurso sino un desecho indeseado, una inmensa “plaga”, líquida y negra. Sólo el desarrollo de la industria moderna lo convirtió en un recurso útil. Más aun, la tecnología actual, a través de técnicas geológicas perfeccionadas y mediante los incentivos del mercado, ha permitido encontrar nuevas reservas de petróleo a un ritmo rápido.
Las predicciones sobre el inminente agotamiento de recursos, como lo hemos señalado, no son nada nuevo. En 1908, el presidente Theodore Roosevelt, al citar a una conferencia de gobernadores acerca de los recursos naturales, advirtió respecto de su “inminente agotamiento”. En la misma conferencia, el industrial del acero Andrew Carnegie predijo el agotamiento del hierro en el Lago Superior para 1940, mientras que el magnate de los ferrocarriles James J. Hill anunció que gran parte de los recursos madereros del país se extinguirían en el curso de diez años. No sólo eso: Hill incluso predijo la inminente escasez de la producción de trigo en los Estados Unidos, donde aún se está tratando de resolver el problema de los excedentes de trigo generados por el programa de subsidios agrícolas.
Los actuales pronósticos ominosos tienen la misma base: una lastimosa subestimación de las perspectivas de la tecnología moderna y una total ignorancia sobre el funcionamiento de la economía de mercado.[7]
Es cierto que varios recursos naturales se han agotado, en el pasado y ahora. Pero en cada caso particular la razón no ha sido la “codicia capitalista” sino, por el contrario, el fracaso del gobierno, que no permitió la propiedad privada del recurso –en pocas palabras, su incapacidad de comprender suficientemente la lógica de los derechos de la propiedad privada.
Un ejemplo de esto fueron los recursos madereros. En el oeste de los Estados Unidos y en Canadá, la mayoría de los bosques pertenecen al gobierno federal (o provincial), no a propietarios privados. El gobierno arrienda su utilización a las empresas madereras privadas. En resumen, sólo se permite la propiedad privada sobre el uso anual del recurso, pero no sobre el bosque, o sea, el recurso mismo. En esta situación, las compañías madereras privadas no son poseedoras del valor del capital, y por ende no tienen que preocuparse acerca del agotamiento del recurso. Carecen de incentivos económicos para conservar el bosque, replantar los árboles, etc. Todo cuanto les interesa es cortar la mayor cantidad de árboles lo más rápido posible, dado que el mantenimiento del valor del capital del bosque no les reporta ningún beneficio económico. En Europa, donde la propiedad privada de los bosques es mucho más común, hay pocas denuncias acerca de la destrucción de los recursos madereros, dado que a los propietarios les interesa preservar y restaurar el crecimiento de nuevos árboles a medida que talan otros, para evitar el agotamiento del valor de capital del bosque.[8]
En los Estados Unidos, la mayor parte de la culpa recae sobre el Servicio Forestal del Departamento de Agricultura, que es propietario de los bosques y otorga derechos anuales para cortar la madera, con la resultante devastación de los árboles. En contraste, en los bosques de propiedad privada, por ejemplo los pertenecientes a las grandes firmas madereras como Georgia-Pacific y U.S. Plywood, la tala y la reforestación se llevan a cabo científicamente, para mantener la provisión futura de árboles.[9]
Otra lamentable consecuencia del fracaso del gobierno de los Estados Unidos en cuanto a permitir la propiedad privada sobre un recurso fue la destrucción de las praderas occidentales a fines del siglo xix. Todos los espectadores de películas del “oeste” están familiarizados con la mística del “campo abierto” y de las luchas habitualmente violentas entre los ganaderos, los pastores y los granjeros por las parcelas existentes. El “campo abierto” demostró el fracaso del gobierno federal al aplicar las leyes de protección de las tierras de colonización a las condiciones cambiantes del clima extremadamente seco al oeste del Mississippi. En el este, los 160 acres (equivalentes a 6.560 hectáreas) de tierras fiscales otorgados en forma gratuita a los granjeros colonizadores constituían una unidad tecnológica viable para el cultivo en un clima más húmedo. No ocurrió lo mismo en el oeste, donde el clima excesivamente seco no permitía organizar con éxito una hacienda para la cría de ganado vacuno u ovino en apenas 160 acres. Pero el gobierno federal se negó a aumentar la unidad de 160 acres para permitir la colonización de haciendas ganaderas más grandes. La consecuencia fue el “campo abierto”, por el cual los propietarios de ganado vacuno y ovino podían dejar que sus rebaños vagaran sin control alguno en las tierras de pastoreo de propiedad del gobierno. Esto significaba que nadie era dueño de los pastos, de la tierra misma; entonces, para todo propietario de vacas u ovejas el pastoreo representaba una ventaja económica, y debía realizarlo lo más pronto posible, porque de lo contrario lo haría otro ganadero. El resultado de esta trágica imprevisión, de esta negativa a permitir la propiedad privada de las tierras de pastoreo, fue el agotamiento de la pradera y la devastación producida por el pastoreo en etapas demasiado tempranas de la temporada: nadie restauraba o replantaba los pastos, ya que si alguien se hubiese molestado en hacerlo, no habría tardado en venir otro a hacer pastar allí su ganado. De este modo, el pastoreo excesivo en el oeste tuvo como consecuencia el surgimiento de la zona semidesértica, así como las tentativas ilegales de numerosos granjeros y propietarios de ganado vacuno y ovino de tomar la ley en sus manos y cercar las tierras transformándolas en propiedad privada, con los violentos enfrentamientos consiguientes. El profesor Samuel P. Hays, en su fidedigna descripción del movimiento conservacionista en los Estados Unidos, describe el problema de la pradera:
Gran parte de la industria ganadera del oeste dependía, para obtener forraje, del campo “abierto” que, aunque propiedad del gobierno federal, cualquiera podía utilizar a voluntad […]. El Congreso nunca promulgó legislación alguna que regulara el pastoreo o permitiera a los ganaderos adquirir esas tierras. Los animales y los dueños del ganado vacuno y ovino vagaban por las tierras públicas […]. Los ganaderos cercaban los campos para su uso exclusivo pero sus competidores cortaban los alambrados. Los dueños de vacas y ovejas “resolvían” sus disputas sobre el pastoreo de tierras por medio de la violencia, matando el ganado de sus rivales y asesinando a éstos […]. La ausencia de las instituciones más elementales del derecho de propiedad generó confusión, encono y destrucción. En medio de estos disturbios, las praderas públicas se deterioraron rápidamente. Las reservas de forraje, otrora ricas y abundantes, quedaron sujetas a una intensa presión debido al creciente uso […]. En las tierras públicas pastaban más animales que los que el campo podía mantener. Como cada ganadero temía que otros llegaran antes al forraje disponible, llevaba su ganado en épocas cada vez más tempranas del año y así no permitían que el pasto nuevo creciera y volviera a dar semillas. En semejantes condiciones, la calidad y cantidad del forraje disponible decrecieron rápidamente; los vigorosos pastos perennes dieron paso a los anuales, y los anuales, a las cizañas.[10]
Hays concluye que es posible que, debido a este proceso, se hayan agotado unos dos tercios de las tierras de pastoreo de propiedad del Estado, en comparación con su condición original.
Hay un área de vital importancia en la cual la ausencia de propiedad privada sobre los recursos ha causado, y aún causa, no sólo su agotamiento sino también la total imposibilidad de desarrollar un vasto potencial de recursos. Se trata de los océanos, cuya productividad potencial es enorme. Los océanos se encuentran bajo el dominio público internacional, es decir que ninguna persona, ninguna empresa, o incluso ningún gobierno nacional posee derechos de propiedad sobre partes de ellos. En consecuencia, continúan en el mismo estado primitivo en que estaba la tierra antes del desarrollo de la agricultura. Los hombres primitivos eran cazadores y recolectores; su sistema de producción consistía en la caza de animales salvajes y en la recolección de frutas, bayas, nueces, semillas y vegetales silvestres. El hombre prehistórico trabajaba pasivamente dentro de su entorno en lugar de actuar para transformarlo; por lo tanto, se limitaba a vivir de la tierra, sin intentar hacerla producir. Como resultado, la tierra era improductiva, y sólo algunos miembros de las tribus, relativamente pocos, se mantenían en un nivel de simple subsistencia. Recién con el desarrollo de la agricultura y la transformación de la tierra mediante el cultivo, la productividad y los niveles de vida pudieron avanzar a pasos agigantados. Sólo la agricultura pudo dar comienzo a la civilización; para que su desarrollo fuera posible debía haber derechos de propiedad privada, primero sobre los campos cultivados y las cosechas, y luego sobre la tierra misma.
Con respecto al océano, sin embargo, aún estamos en el estadio de la caza y la recolección primitiva, improductiva. Cualquiera puede capturar peces en el océano o extraer sus recursos, pero sólo al pasar, sólo como pescador y recolector. Nadie puede cultivar el océano, nadie puede llevar a cabo lo que denominaríamos acuacultura. Por lo tanto, estamos privados del uso de los inmensos recursos pesqueros y minerales de los mares. Por ejemplo, si alguien intentara cultivar el mar e incrementar la productividad de la pesca mediante fertilizantes, inmediatamente sería privado de los frutos de sus esfuerzos, porque no podría impedir que otros pescadores se apoderaran de los peces.
En consecuencia, nadie intenta fertilizar los océanos del modo en que se fertiliza la tierra. Además, no hay ningún incentivo económico –en realidad, todos los incentivos son negativos– para llevar a cabo una investigación tecnológica sobre las formas y medios de mejorar la productividad de la pesca, o sobre la extracción de los recursos minerales de los océanos. Tal incentivo existirá cuando haya plenos derechos de propiedad sobre las partes del océano, como los hay sobre la tierra. Incluso ahora se dispone de una técnica sencilla pero efectiva que podría utilizarse para aumentar la productividad pesquera: partes del océano se podrían alambrar electrónicamente, y mediante este alambrado electrónico, ya disponible, se podría separar a los peces por tamaño. Al impedir que los peces grandes se comieran a los más pequeños, la producción pesquera podría aumentar muchísimo. Y si se permitiera la propiedad privada sobre partes del océano, asistiríamos a un vasto florecimiento de la acuacultura que crearía y multiplicaría los recursos oceánicos de maneras que aún no podemos prever.
Los gobiernos nacionales han intentado vanamente resolver el problema del agotamiento de los peces al imponer restricciones irracionales y antieconómicas sobre la magnitud total de la pesca, o sobre la duración de la temporada en que está autorizada. En los casos del salmón, el atún y el mero, los métodos tecnológicos de pesca se han mantenido en un nivel primitivo y poco productivo al acortar indebidamente la temporada y perjudicar la calidad de la pesca, y al estimular la sobreproducción –y la subutilización durante el año– de las flotas pesqueras. Por supuesto, esas restricciones gubernamentales no contribuyen a estimular el crecimiento de la acuacultura. Los profesores North y Miller escriben:
Los pescadores son pobres porque están obligados a utilizar equipamiento ineficiente y a pescar sólo durante una pequeña parte del tiempo [debido a las regulaciones gubernamentales], y, por supuesto, hay demasiados pescadores. El consumidor paga un precio mucho más alto por el salmón rosado que lo que sería necesario si se utilizaran métodos eficientes. A pesar de las limitaciones impuestas por las siempre crecientes e intrincadas regulaciones, la preservación del desove del salmón aún no está asegurada.
La raíz del problema descansa en la actual inexistencia de derechos de propiedad. A ningún pescador individual lo preocupa la perpetuación del salmón. Todo lo contrario: su interés es pescar tanto cuanto sea posible durante una temporada.[11]
En contraste con esta situación, North y Miller destacan que los derechos de propiedad privada del océano, que permitirían al propietario emplear tecnología menos costosa y más eficiente, y preservar y hacer más productivo el recurso, son hoy en día más factibles que nunca: “La invención del moderno equipamiento de sensores electrónicos ha hecho ahora que la supervisión de grandes cuerpos de agua sea relativamente barata y sencilla”.[12]
Los crecientes conflictos internacionales sobre partes del océano no hacen otra cosa que subrayar aun más la importancia de los derechos de propiedad privada sobre esta área vital. En efecto, a medida que los Estados Unidos y otras naciones afirman su soberanía hasta 200 millas de sus costas, y que las empresas privadas y los gobiernos se disputan las mismas áreas del océano –con barcos pesqueros rastreadores, redes de pesca, perforaciones en busca de petróleo y excavaciones del lecho marino en procura de minerales–, los derechos de propiedad adquieren cada vez mayor importancia. En palabras de Francis Christy:
[…] el carbón se extrae de yacimientos submarinos, el petróleo, mediante plataformas fijadas al fondo del mar y que se elevan por sobre la superficie del agua, y los minerales pueden ser dragados en el lecho oceánico […]; los organismos que viven en las profundidades sobre las cuales están tendidos los cables telefónicos son arrancados de sus hábitat o atrapados en trampas o redes; las especies que viven a profundidad media pueden ser capturadas con anzuelos y líneas o mediante redes que ocasionalmente obstaculizan a los submarinos; a las que nadan más cerca de la superficie se las atrapa con redes o con arpones; la superficie misma se utiliza para el transporte y los navíos participan en la extracción de recursos.[13]
Este creciente conflicto lleva a Christy a predecir que “los mares se encuentran en un estado de transición. Están pasando desde la condición en la que los derechos de propiedad son casi inexistentes a otra en la cual esos derechos se harán, de algún modo, apropiados y disponibles”. “Eventualmente”, concluye Christy, “a medida que los recursos marítimos se tornen más valiosos, se adquirirán los derechos exclusivos”.[14]
La Contaminación
Aun si se lograra esa total propiedad privada sobre los recursos, y el libre mercado conservara y creara recursos de un modo mucho más eficiente que la regulación gubernamental, ¿qué ocurriría con el problema de la contaminación? ¿No experimentaríamos una contaminación agravada por la “codicia capitalista”, que estaría fuera de control?
Ante todo, hay un hecho completamente empírico: ha quedado demostrado que la propiedad gubernamental, e incluso el socialismo, no ha dado solución alguna al problema de la contaminación. Incluso los partidarios más convencidos de la planificación gubernamental aceptan que el envenenamiento del lago Baikal en la Unión Soviética es un testimonio de la imprudente contaminación industrial de un valioso recurso natural. Pero hay mucho más que eso. Veamos, por ejemplo, las dos áreas cruciales en las cuales la contaminación se ha convertido en un problema importante: el aire y los cursos de agua, en particular, los ríos. Sin embargo, éstas son precisamente dos de las vitales áreas en la sociedad en las que no se permite el funcionamiento de la propiedad privada.
En primer lugar, los ríos. Éstos, y una parte de los océanos, son poseídos por el gobierno; no se ha permitido la propiedad privada sobre el agua, al menos la propiedad privada absoluta. En esencia, entonces, el gobierno es el propietario de los ríos. Pero la propiedad gubernamental no es una verdadera propiedad, porque los funcionarios, si bien son capaces de controlar el recurso, no pueden obtener su valor de capital en el mercado. No pueden vender los ríos ni acciones sobre ellos. Por ende, no tienen ningún incentivo económico para preservar su pureza y su valor. Como, en un sentido económico, los ríos “carecen de propietario”, el gobierno ha permitido que sus aguas fueran corrompidas y contaminadas. Cualquiera puede arrojar basura y desperdicios en ellas. Pero consideremos qué sucedería si los ríos y lagos pudieran ser de propiedad privada. Si una empresa privada fuera propietaria del lago Erie, por ejemplo, cualquiera que arrojase residuos en el lago sería debidamente demandado ante la justicia por su agresión contra la propiedad privada, y el tribunal lo obligaría a pagar los daños y a desistir de cualquier agresión similar en el futuro. Por lo tanto, sólo los derechos de propiedad impedirán que continúe la invasión contaminante de los recursos. Como los ríos no pertenecen a nadie, no hay quien se preocupe por defender su precioso recurso contra los ataques. Si, por el contrario, cualquiera arrojara basura o elementos contaminantes a un lago de propiedad privada (como lo son muchos lagos pequeños), no se le permitiría hacerlo por mucho tiempo, ya que su dueño saldría de inmediato en su defensa.[15]
El profesor Dolan sostiene:
Si hubiera una General Motors propietaria del río Mississippi, podemos estar seguros de que se harían severas acusaciones a las industrias y a las municipalidades por el vertido de efluentes en sus costas, y el agua se mantendría lo suficientemente limpia como para maximizar las ganancias provenientes de los permisos otorgados a empresas interesadas en el uso de agua potable, en la recreación y en la pesca comercial.[16]
El gobierno, como propietario, ha autorizado la contaminación de los ríos, pero también ha sido el principal contaminador activo individual, especialmente el gobierno municipal, como responsable de la eliminación de las aguas servidas. Existen retretes químicos de bajo costo que pueden quemar los desechos cloacales sin contaminar el aire, el suelo o el agua; pero ¿quién invertirá en retretes químicos cuando los gobiernos locales eliminan las aguas servidas en forma gratuita?
Este ejemplo destaca un problema similar al caso de la obstaculización al desarrollo de la tecnología relacionada con el agua debido a la ausencia de derechos de propiedad privada: si los gobiernos, como propietarios de los ríos, permiten la contaminación de las aguas, entonces la tecnología industrial se convertirá –y de hecho, así ha sido– en una tecnología contaminante del agua. Si los procesos de producción pueden contaminar los ríos sin control de sus propietarios, entonces tendremos esa clase de tecnología productiva.
Si el problema de la contaminación de los acuíferos puede solucionarse con derechos de propiedad sobre el agua, ¿qué ocurre con la contaminación del aire? ¿Qué solución proponen los libertarios para este grave problema? ¿Con seguridad, no puede haber propiedad privada en el aire? Pero la respuesta es que sí puede haberla. Ya hemos visto que las frecuencias radiales y televisivas pueden ser de propiedad privada; también podrían serlo las rutas de las aerolíneas. Por ejemplo, en el caso de las aerolíneas comerciales, no es necesario que una Junta Civil de Aeronáutica determine –y restrinja– las rutas entre diferentes ciudades. Pero en el caso de la polución del aire ya no se trata de la propiedad privada del aire sino de la protección de la propiedad privada de nuestro organismo, nuestros campos y nuestras huertas. El hecho fundamental respecto de la polución del aire es que quien la realiza envía contaminantes indeseados y no pedidos –desde humo de cigarrillo hasta dióxido de azufre o precipitación radiactiva en la atmósfera, como consecuencia de las explosiones nucleares– al aire y a los pulmones de víctimas inocentes, así como también a su propiedad material. Todas esas emanaciones que dañan a la persona o la propiedad constituyen una agresión, semejante a la de incendiar la propiedad de otro o herirlo físicamente. La polución del aire que perjudica a otros es lisa y llanamente una agresión.
La principal función del gobierno –de los tribunales y de la policía– es detener la agresión, pero no ha cumplido esta tarea y ha fracasado terriblemente en el ejercicio de su función de defensa contra la contaminación del aire.
Es importante darse cuenta de que este fracaso no ha sido puramente una cuestión de ignorancia, una simple demora para reconocer un nuevo problema tecnológico y enfrentarlo. En efecto, si bien algunos de los nuevos contaminantes se han descubierto hace muy poco tiempo, el humo producido por las fábricas y muchos de sus malos efectos eran conocidos desde la Revolución Industrial, conocidos hasta el punto de que los tribunales estadounidenses, a fines del siglo xix –e incluso podemos remontarnos a sus comienzos–, tomaron la decisión deliberada de permitir que los derechos de propiedad fueran violados por el humo industrial. Para lograrlo, debían cambiar y debilitar sistemáticamente las defensas a la propiedad privada inherentes al derecho común anglosajón, y así lo hicieron. Antes de mediados y fines del siglo xix, cualquier contaminación perjudicial del aire se consideraba un agravio, un daño por el cual la persona damnificada podía hacer una demanda y obtener una orden para que cesara cualquier invasión ulterior a sus derechos de propiedad. Pero a fines del siglo xix, los tribunales alteraron de manera sistemática las leyes que penaban la negligencia y el perjuicio para permitir toda contaminación del aire que no fuera inusitadamente mayor que la de cualquier empresa fabril similar, cuyo alcance no fuera más amplio que lo acostumbrado por las demás fábricas contaminadoras.
En la medida en que se construían las fábricas y comenzaban a emitir humo, destruyendo las huertas de los granjeros vecinos, éstos demandaban a sus propietarios por daños y solicitaban la intervención de los tribunales para evitar una mayor invasión a sus propiedades. La respuesta de los jueces era: “Sabemos que, lamentablemente, el humo industrial (es decir, la contaminación del aire) invade y lesiona sus derechos de propiedad. Pero hay algo más importante que los meros derechos de propiedad, y es la política pública, el ‘bien común’. El bien común decreta que la industria y el progreso industrial son algo bueno, y por lo tanto sus simples derechos de propiedad privada deben ser abrogados en nombre del bienestar general”. Y ahora todos nosotros pagamos el amargo precio de este atropello a los derechos de propiedad, en forma de enfermedades pulmonares y otras innumerables dolencias. ¡Y todo por el “bien común”![17]
Este principio que guió a las cortes de justicia durante la “era del aire” bien puede verse en la decisión de los tribunales de Ohio en el proceso Antonik vs. Chamberlain (1947). Los residentes de un área suburbana cercana a Akron iniciaron juicio a los propietarios de un aeropuerto privado para impedir su funcionamiento.
Los fundamentos de la demanda consistían en que el ruido excesivo lesionaba los derechos de propiedad. Al rechazarla, el tribunal declaró:
Nosotros, constituidos como corte de justicia, en nuestra tarea de juzgar este caso no sólo debemos tomar en consideración el conflicto de intereses entre el propietario del aeropuerto y los propietarios vecinos, sino además reconocer la política pública de la generación en la que vivimos. Debemos reconocer que el establecimiento de un aeropuerto […] es de gran interés para el público, y si ese aeropuerto resultara eliminado, o se impidiera su establecimiento, las consecuencias no sólo serían un serio daño al dueño del aeropuerto sino que podrían significar la grave pérdida de un valioso activo para toda la comunidad.[18]
Como remate a los crímenes de los jueces, las legislaturas federal y estatales cimentaron la agresión al prohibir que los damnificados por la polución del aire entablaran “demandas de clase” contra los contaminadores. Obviamente, si una fábrica contamina la atmósfera de una ciudad donde hay decenas de miles de personas, resulta poco práctico que cada una de ellas inicie un litigio para resarcirse por su daño particular (aunque el requerimiento judicial de una sola víctima resultaría efectivo). Por lo tanto, el derecho común reconoce la validez de las “demandas de clase”, en las cuales una o algunas víctimas pueden enviar a juicio al agresor no sólo en su nombre, sino en nombre de toda la clase de víctimas similares. Pero en los casos de contaminación las legislaturas impidieron sistemáticamente las “demandas de clase”. Por este motivo, un damnificado puede demandar “por daño privado” a un contaminador que lo perjudica individualmente, y ganar el pleito. ¡Pero la ley le prohíbe actuar contra un contaminador masivo que está dañando a un gran número de personas en un área dada! Como lo expresa Frank Bubb, “es como si el gobierno le dijera que lo protegerá (intentará hacerlo) de un ladrón que le roba sólo a usted, pero no lo protegerá si el ladrón también roba a todos los demás vecinos […]”.[19]
También el ruido es una forma de contaminación del aire. El ruido es la creación de ondas sonoras que se desplazan por el aire e invaden a las personas y a sus propiedades. Recientemente los médicos comenzaron a investigar los efectos perjudiciales del ruido en la fisiología humana. También en ese caso, un sistema legal libertario permitiría que se entablaran juicios por daños y demandas de clase contra el ruido excesivo y perjudicial: contra la “contaminación sonora”.
El remedio contra la contaminación del aire es sumamente claro, y no tiene nada que ver con los multimillonarios programas paliativos del gobierno a expensas de los contribuyentes, que ni siquiera comprenden cuál es la verdadera cuestión. La solución consiste simplemente en que los tribunales retomen su función de defender los derechos de la persona y la propiedad contra la invasión y, por ende, impidan toda introducción de contaminantes en el aire. Pero ¿qué ocurrirá con los defensores del progreso industrial partidarios de la contaminación? ¿Y qué decir de los mayores costos que tendría que pagar el consumidor? ¿Y qué pasaría con nuestra actual tecnología contaminante?
El argumento de que una prohibición semejante contra la contaminación incrementaría los costos de la producción industrial es tan reprensible como el que se esgrimía antes de la Guerra Civil según el cual la abolición de la esclavitud aumentaría los costos del cultivo del algodón, y que por lo tanto la abolición, aunque moralmente correcta, era “impráctica”. Esto implica que los contaminadores tienen el derecho de imponer los altos costos de la contaminación a aquellos cuyos pulmones y derechos de propiedad se les ha permitido invadir impunemente.
Además, el argumento del costo y la tecnología pasa por alto el hecho vital de que si se permite que la contaminación del aire continúe sin castigo, no habrá ningún incentivo económico para desarrollar una tecnología que no contamine. Por el contrario, el incentivo sería cada vez menor, como sucedió durante un siglo, precisamente del modo contrario. Supongamos, por ejemplo, que en los tiempos en que se comenzaba a utilizar automóviles y camiones, los tribunales hubieran emitido el siguiente fallo: “Normalmente, nos opondríamos a que los camiones pasaran por los jardines, por ser esto una invasión a la propiedad privada, e insistiríamos en que se limitaran a circular por las rutas, pese a la congestión del tránsito que esto implicaría. Pero los camiones son de vital importancia para el bienestar público, y por lo tanto decretamos que deben poder cruzar cualquier jardín siempre que consideren que esto solucionará sus problemas de tránsito”. Si las cortes hubiesen fallado de esta manera, ahora tendríamos un sistema de transporte en el cual los jardines serían sistemáticamente destruidos por los camiones. Y cualquier intento por detener esto sería desacreditado ¡en nombre de las necesidades del transporte moderno! La cuestión es que ésta es precisamente la forma en que los tribunales fallaron acerca de la contaminación del aire, que es mucho más perjudicial para todos que arrasar los jardines. De esta manera el gobierno le dio luz verde, desde el comienzo, a la tecnología contaminante, y no es extraño, entonces, que sea precisamente ésta la que tenemos. El único remedio es obligar a los contaminadores a detener su invasión y, por lo tanto, a redireccionar la tecnología a canales no contaminantes o incluso anti-contaminantes.
Hasta en este estadio necesariamente primitivo de la tecnología anti-contaminante se han desarrollado técnicas para combatir la polución aérea y sonora. En las máquinas que producen ruidos intensos se pueden instalar amortiguadores que emiten ondas sonoras contra-cíclicas a las que emiten las máquinas, y de este modo se anulan los ruidos. Los desechos eliminados por las chimeneas pueden ser recuperados y reciclados para convertirse en productos útiles para la industria. Así, el dióxido de azufre, uno de los mayores contaminantes del aire, puede reciclarse para producir ácido sulfúrico, económicamente valioso.[20] El motor de explosión, sumamente contaminante, deberá ser modificado mediante nuevos dispositivos o reemplazado por motores no contaminantes como los diesel, los que funcionan con gas o con vapor; una alternativa son los automóviles eléctricos. Y, como señala Robert Poole, Jr., un ingeniero de sistemas libertario, los costos de instalar la tecnología no contaminante o anti-contaminante serían entonces “sobrellevados en última instancia por los consumidores de los productos de la empresa, es decir, por aquellos que deciden asociarse con la firma, en lugar de gravitar sobre terceros inocentes en forma de contaminación (o de impuestos)”.[21]
Una buena definición de la contaminación es la de Robert Poole, que la considera “como la transferencia de materia o energía perjudicial para la persona o la propiedad de otro, sin el consentimiento de éste”.[22] La solución libertaria –la única definitiva– al problema de la polución del aire consiste en recurrir a los tribunales y a la estructura legal para combatir y prevenir esa invasión. En los últimos tiempos se observan signos de que el sistema jurídico está comenzando a cambiar en esta dirección: nuevas decisiones judiciales y la revocación de las leyes que prohibían las demandas de clase. Pero éste es sólo el comienzo.[23]
Los conservadores –en contraste con los libertarios– dan dos respuestas al problema de la polución del aire que en última instancia son similares. Una de ellas, la de Ayn Rand y Robert Moses, entre otros, niega la existencia del problema y atribuye toda la agitación a la izquierda que quiere destruir el capitalismo y la tecnología en nombre de una forma de socialismo tribal. Si bien parte de esta crítica puede ser correcta, al negar la existencia del problema se niega a la ciencia misma y se brinda un aval importantísimo a las acusaciones de la izquierda según las cuales los defensores del capitalismo “ponen los derechos de propiedad por encima de los derechos humanos”. Además, al defender la polución del aire estos conservadores ni siquiera defienden los derechos de propiedad; por el contrario, otorgan su aprobación a los devotos de la industrialización a ultranza que violan los derechos de propiedad de la masa de la ciudadanía.
Una segunda y más sofisticada respuesta conservadora es la de los economistas de libre mercado, como Milton Friedman. Los seguidores de Friedman aceptan la existencia de la contaminación del aire pero proponen enfrentarla, no con una defensa de los derechos de propiedad, sino más bien con un supuesto cálculo utilitario de “costo-beneficio” realizado por el gobierno, que entonces tomaría una “decisión social”, de cumplimiento obligatorio, respecto de qué grado de contaminación permitir. Esta decisión se aplicaría de dos maneras: una de ellas sería el otorgamiento de permisos a las empresas para emitir una cantidad dada de contaminación (“derechos de contaminación”), determinada por una escala graduada de impuestos que gravarían los excesos; la otra consistiría en un pago de los contribuyentes a las empresas para que no contaminaran. Estas propuestas no sólo le darían al gobierno un enorme poder burocrático en nombre de la salvaguardia del “libre mercado”, sino que seguirían permitiendo el avasallamiento de los derechos de propiedad con el pretexto de una decisión colectiva aplicada coercitivamente por el Estado. Esto está lejos de cualquier “mercado libre” genuino y revela que, como en muchas otras áreas de la economía, resulta imposible defender verdaderamente la libertad y el libre mercado sin insistir en proteger los derechos de propiedad privada. La grotesca afirmación de Friedman de que los habitantes urbanos que no deseen contraer un enfisema deberían mudarse al campo, recuerda estrictamente la famosa frase de María Antonieta: “Déjenlos comer torta”, y revela la falta de sensibilidad con respecto a los derechos humanos y de propiedad. La manifestación de Friedman, de hecho, contiene la declaración típicamente conservadora, “Si no le gusta este lugar, váyase”, que implica que el gobierno justamente es dueño de toda el área terrestre de “este lugar”, y que cualquiera que se oponga a sus decisiones debe irse. La crítica libertaria de Robert Poole a las propuestas de Friedman ofrece un contraste reconfortante:
Lamentablemente, es un ejemplo del más serio fracaso de los economistas conservadores: en ninguna parte de la propuesta se mencionan los derechos. Es la misma falla que ha debilitado a los defensores del capitalismo por 200 años. Incluso hoy, el término laissez-faire evoca imágenes de las ciudades fabriles inglesas del siglo xviii, sumergidas en humo y sucias de hollín. Los primeros capitalistas estaban de acuerdo con los tribunales en que el humo y el hollín eran el “precio” que se debía pagar por los beneficios de la industria […]. Sin embargo, el laissez-faire sin derechos es una contradicción en términos; la posición del laissez-faire se basa en los derechos de propiedad y deriva de ellos, y sólo puede perdurar cuando los derechos se mantienen inviolados. Ahora, en una era en la cual se toma cada vez más conciencia del medio ambiente, esta antigua contradicción vuelve a acechar al capitalismo.
Es cierto que el aire es un recurso escaso [como dicen los partidarios de Friedman], pero entonces hay que preguntarse por qué es escaso. Si lo es debido a un sistemático atropello de los derechos, entonces la solución no es aumentar el precio del statu quo, sancionando así las violaciones a los derechos, sino afirmar los derechos y exigir que sean protegidos […]. Cuando una fábrica emite una gran cantidad de moléculas de dióxido de azufre que entran en los pulmones de alguien y le causan un edema pulmonar, los dueños de la fábrica han agredido a esa persona tanto como si le hubiesen roto una pierna. Hay que enfatizar esta cuestión porque resulta vital para la posición libertaria de laissez-faire. Un contaminador partidario del laissez-faire es una contradicción en términos y debe ser identificado como tal. Una sociedad libertaria sería una sociedad de plena responsabilidad, en la que todos son responsables de sus acciones y de cualquier consecuencia perjudicial que éstas puedan causar.[24]
Además de traicionar su supuesta función de defender la propiedad privada, el gobierno contribuyó a contaminar el aire en un sentido más positivo. No hace mucho tiempo, el Ministerio de Agricultura roció masivamente grandes áreas con DDT utilizando helicópteros, en contra de los deseos de los agricultores individuales que no estaban de acuerdo con la medida. Aún continúa esparciendo toneladas de insecticidas venenosos y cancerígenos por todo el sur, en un caro y vano intento de erradicar la hormiga colorada.[25] Y la Comisión de Energía Atómica, mediante la realización de pruebas atómicas, contaminó el aire y el suelo con desechos radiactivos. Las plantas municipales de agua y energía eléctrica, y las compañías monopólicas de servicios públicos con licencia gubernamental, contaminan excesivamente la atmósfera. En consecuencia, una de las principales tareas del Estado en esta área consiste en poner fin al envenenamiento de la atmósfera que él mismo está llevando a cabo.
Cuando ponemos al desnudo las confusiones y la filosofía defectuosa de los ecologistas modernos, encontramos un importante y sólido argumento para denunciar el sistema existente, pero no en contra del capitalismo, la propiedad privada, el crecimiento o la tecnología per se, sino en contra del fracaso del gobierno en cuanto a defender los derechos de propiedad contra la invasión. Si se defendieran plenamente estos derechos, tanto de la violación privada como de la gubernamental, descubriríamos, como en otras áreas de la economía y de la sociedad, que la empresa privada y la tecnología moderna no serían una maldición para la humanidad, sino su salvación.
[1] Irónicamente, el economista conservador Dr. George Terborgh, quien había escrito la principal refutación de la tesis del estancamiento una generación antes (The Bogey of Economic Maturity [1945]), escribió ahora la más importante impugnación de la nueva ola, The Automation Hysteria (1966).
[2] Schumpeter, Joseph A. Capitalism, Socialism, and Democracy. Nueva York, Harper & Bros., 1942, p. 144.
[3] Cf. la interpretación en Tucker, William. “Environmentalism and the Leisure Class.” Harper’s (diciembre de 1977), pp. 49-56, 73-80.
[4] Meadows, D. et al. The Limits of Growth. Nueva York, Universe Books, 1972; Passell, P. Roberts, M. y Ross, L. “Review of The Limits to Growth.” New York Times Book Reviews (2 de abril de 1972), p. 10.
[5] Passell, Roberts y Ross, op. cit., p. 12.
[6] Passell, Roberts y Ross, op. cit., p. 12.
[7] Sobre estos pronósticos equivocados, véase Nolan, Thomas B. “The Inexhaustible Resource of Technology.” En: Jarret, H. (ed.). Perspectives on Conservation. Baltimore, Johns Hopkins Press, 1958, pp. 49-66.
[8] Sobre la conservación de los recursos madereros, y en general, véase Scott, Anthony. Natural Resources: The Economics of Conservation. Toronto, University of Toronto Press, 1955, pp. 121-125 passim.
Sobre las maneras en las cuales el propio gobierno federal ha estado destruyendo los recursos madereros en lugar de conservarlos, desde la construcción de autopistas hasta la de represas y otros proyectos del Cuerpo de Ingenieros del Ejército, realizados en forma indiscriminada, véase Dolan, Edwin G. TANSTAAFL. Nueva York, Holt, Rinehart & Winston, 1971, p. 96.
[9] Véase Poole, Robert, Jr. “Reason and Ecology.” En: James, D. (ed.). Outside, Looking In. Nueva York, Harper & Row, 1972, pp. 250-251.
[10] Hays, Samuel P. Conservation and the Gospel of Efficiency. Cambridge, Harvard University Press, 1959, pp. 50-51. Véase también Peffer, E. Louise. The Closing of the Public Domain. Stanford, Stanford University Press, 1951, pp. 22-31 passim.
[11] North, Douglass C. y Miller, Roger LeRoy. The Economics of Public Issues. Nueva York, Harper & Row, 1971, p. 107.
[12] Ibíd., p. 108. Véase también Crutchfield, James A. y Pontecorvo, Giulio. The Pacific Salmon Fisheries: A Study of Irrational Conservation. Baltimore, Johns Hopkins Press, 1969. Sobre una situación similar en la industria del atún, véase Christy, Francis T., Jr. “New Dimensions for Transnational Marine Resources.” American Economic Review, Papers and Proceedings (mayo de 1970), p. 112; y sobre la industria del mero del Pacífico, véase Crutchfield, James A. y Zellner, Arnold. Economic Aspects of the Pacific Halibut Industry. Washington, D.C., U.S. Dept. of the Interior, 1961. Para una propuesta imaginativa en cuanto a la propiedad privada sobre partes del océano incluso antes del advenimiento del alambrado electrónico, véase Tullock, Gordon. The Fisheries – Some Radical Proposals. Columbia, S.C., University of South Carolina Bureau of Business and Economic Research, 1962.
[13] Christy, loc. cit., p. 112.
[14] Ibíd., pp. 112-113. Para una discusión definitiva, económica, tecnológica y jurídica sobre todo el problema del océano y de la pesca oceánica, véase Christy, Francis T., Jr., y Scott, Anthony. The Common Wealth in Ocean Fisheries. Baltimore, Johns Hopkins Press, 1965.
[15] Las leyes de “apropiación” existentes en los estados occidentales de la Unión ya proveen las bases para la total instauración de derechos de propiedad sobre los ríos. Véase un análisis completo en Hirshleifer, Jack, Dehaven, James C. y Milliman, Jerome W. Water Supply; Economics, Technology, and Policy. Chicago, University of Chicago Press, 1960, cap. IX.
[16] Dolan, Edwin G. “Capitalism and the Environment.” Individualist (marzo de 1971), p. 3.
[17] Véase Roberts, E. F. “Plead the Ninth Amendment!” Natural History (agosto-septiembre de 1970), pp. 18 ss. Para una historia y un análisis definitivo del cambio en el sistema legal hacia el crecimiento y los derechos de propiedad en la primera mitad del siglo xix, véase Horwitz, Morton J. The Transformation of American Law, 1780-1860. Cambridge, Harvard University Press, 1977.
[18] Citado en Katz, Milton. The Function of Tort Liability in Technology Assessment. Cambridge, Harvard University Program on Technology and Society, 1969, p. 610.
[19] Bubb, Frank. “The Cure for Air Pollution.” The Libertarian Forum (15 de abril de 1970), p. 1. Véase también Dolan, TANSTAAFL, pp. 37-39.
[20] Véase Jacobs, Jane. The Economy of Cities. Nueva York, Random House, 1969, pp. 109 ss.
[21] Poole, op. cit., pp. 251-52.
[22] Poole, op. cit., p. 245.
[23] En tal sentido, véase Dolan, TANSTAAFL, p. 39, y Katz passim.
[24] Poole, op. cit., pp. 252-253. La afirmación de Friedman puede encontrarse en Maiken, Peter. “Hysterics Won’t Clean Up Pollution.” Human Events (25 de abril de 1970), pp. 13, 21-23. Una presentación más completa de la posición de Friedman puede hallarse en Crocker, Thomas D. y Roggers III, A. J. Environmental Economics. Hinsdale, Ill., Dryden Press, 1971; y se encuentran posturas similares en Dales, J. H. Pollution, Property, and Prices. Toronto, University of Toronto Press, 1968, y en Ruff, Larry E. “The Economic Common Sense of Pollution.” Public Interest (primavera de 1970), pp. 69-85.
[25] Garvin, Glenn. “Killing Fire Ants With Carcinogens.” Inquiry (6 de febrero de 1978), pp. 7-8.
