[Publicado originalmente en The Free Market (septiembre de 1985) e incluido en Making Economic Sense]
Era una escena familiar para cualquier nostálgico: colas toda la noche esperando a que abrieran los bancos (primero en Ohio, luego en Maryland); garantías pomposas pero mentirosas de los banqueros de que todo estaba bien y que la gente debería irse a su casa; una terca insistencia de los depositantes en sacar su dinero y el consiguiente cierre de los bancos por el gobierno, al mismo tiempo que se permitía a los bancos seguir existiendo y recaudar las deudas que les debían sus prestatarios.
En otras palabras, el gobierno, en lugar de proteger la propiedad privada y aplicar contratos voluntarios, violó deliberadamente la propiedad de los depositantes al prohibirles recuperar su dinero de los bancos.
Por supuesto, todo esto era una repetición de lo que pasó al principio de la década de 1930: la última época de corridas bancarias masivas. Superficialmente, la debilidad era el hecho de que los bancos quebrados estuvieran avalados por agencias públicas de garantía de depósitos, mientras que los bancos que resistieron con facilidad la tormenta estaban avalados por el gobierno federal (FDIC para los bancos comerciales; FSLIC para bancos de ahorro y préstamo).
¿Pero por qué? ¿Cuál es el elixir mágico poseído por el gobierno federal que ni las empresas privadas ni los estados pueden exhibir? Los defensores de las agencias privadas de garantía advirtieron que estaban técnicamente en mejor forma financiera que la FSLIC o la FDIC, ya que tenían mayores reservas por dólar en depósito garantizado. ¿Cómo es que las empresas privadas, tan superiores al gobierno en todas las demás operaciones, deban ser tan defectuosas en esta área? ¿Hay algo único en el dinero que requiera control federal?
La respuesta a este acertijo reside en las angustiadas declaraciones de los bancos de ahorro y préstamo en Ohio y en Maryland, después de que cayeran los primeros debido a préstamos tremendamente insensatos. “¡Qué pena”, se quejaban, en efecto, “que la quiebra de este banco insensato deba arrastrar con él a los bancos sólidos!”
¿Pero en qué sentido es un banco “sólido” cuando un rumor de condena, una duda de la confianza pública, debe echar rápidamente por tierra al banco? ¿En qué otro sector un mero rumor o indicio de duda echa raudamente abajo una empresa poderosa y aparentemente sólida? ¿Qué tiene la banca para que la confianza pública deba desempeñar un papel tan decisivo y abrumadoramente importante?
La respuesta reside en la naturaleza de nuestro sitema bancario, en el hecho de que tanto los bancos comerciales como los bancos de ahorro (mutualidades y cajas de ahorro) se han estado dedicando sistemáticamente a la banca de reserva fraccionaria: es decir, tienen a mano mucho menos efectivo que los derechos de reclamación de efectivo existentes. Para los bancos comerciales, la fracción de reserva está ahora en torno al 10%; para los de ahorro, es mucho menor.
Esto significa que el depositante que piensa que tiene 10.000$ en un banco se equivoca; en un sentido proporcional hay solo, digamos, 1.000$ o menos allí. Y aun así , tanto el depositante a la vista como el ahorrador piensan que pueden sacar su dinero en cualquier momento a demanda. Evidentemente, ese sistema que se considera un fraude cuando lo practican otros negocios, se basa en un truco de confianza: es decir, solo puede funcionar mientras la mayoría de los depositantes no se asusten y traten de sacar su dinero. La confianza es esencial, también equivocada. Por eso una vez que el público lo entiende y empiezan las corridas bancarias, son irresistibles y no pueden detenerse.
Ahora vemos por qué la empresa privada funciona tan mal en el negocio de las garantías de depósitos. La empresa privada solo trabaja en un negocio que sea legítimo y útil, donde haya que atender necesidades. Es imposible “asegurar” a una empresa, menos aún a un sector que es inherentemente insolvente. Los bancos de reserva fraccionaria, al ser inherentemente insolventes, no son garantizables.
¿Cuál es entonces la poción mágica del gobierno federal? ¿Por qué todos confían en la FDIC y la FSLIC aunque sus porcentajes de reserva sean inferiores a los de las agencias privadas y aunque también tengan solo una muy pequeña fracción de los depósitos totales asegurados en efectivo para atender cualquier corrida bancaria? La respuesta es en realidad bastante simple: porque todo el mundo sabe, y sabe correctamente, que solo el gobierno federal, y no los estados o las empresas privadas, puede imprimir dólares de curso legal. Todos saben que, en caso de una corrida bancaria, el Tesoro de EEUU simplemente ordena a la Fed imprimir efectivo suficiente para rescatar a cualquier depositante que lo desee. La Fed tiene un poder ilimitado para imprimir dólares y es este poder ilimitado para inflar el que se encuentra detrás de actual sistema de banca de reserva fraccionaria.
Sí, la FDIC y la FSLIC “funcionan”, pero solo porque el poder ilimitado de monopolio para imprimir dinero puede “funcionar” para rescatar cualquier empresa o persona en la tierra. Pues eran precisamente las corridas bancarias, al ser tan graves, las que, antes de 1933, mantenían bajo control el sistema bancario e impedían cualquier aumento sustancial en la inflación.
Pero ahora las corridas bancarias (al menos para la abrumadora mayoría de los bancos bajo la garantía federal de depósitos) se han acabado y hemos estado pagando y continuaremos pagando el horrendo precio de salvar a los bancos: una inflación crónica e ilimitada.
Poner fin a la inflación requiere no solo la abolición de la Fed sino asimismo la abolición de la FDIC y la FSLIC. Finalmente, los bancos serían tratados como cualquier empresa en cualquier otro sector. En resumen, si no pueden atender sus obligaciones contractuales se les obligará a irse a pique y liquidarse. Sería instructivo ver cómo sobrevivirían muchos bancos si se eliminaran finalmente las ayudas públicas masivas.
Publicado el 25 de marzo de 2013. Traducido del inglés por Mariano Bas Uribe. El artículo original se encuentra aquí.
