A los conservadores les encanta defender el libre mercado. A menudo se apresuran a defender a las empresas frente al aumento en de la regulación y los impuestos y generalmente se oponen a la intervención en el mercado. Sin embargo, en el caso de trabajadores indocumentados, estos librecambistas se convierten de repente en fervientes defensores de la planificación económica centralizada.
En este caso condenan a quienes contratan “ilegales”, reclaman que se cierren sus empresas, se les impongan fuertes multas y otras medidas draconianas. Esta discusión en un reciente debate en el Partido Republicano demuestra que actitud que prevalece entre la derecha respecto del asunto.
La primera explicación es que los inmigrantes ilegales están violando la ley. Argumentan que no podemos tener gente eludiendo el sistema porque socava el estado de derecho. Pero las leyes son legítimas solo cuando protegen los derechos naturales de otros. Todo lo demás es sencillamente malum prohibitum [“malo porque está prohibido”], un artimaña del estado que se basa solo en ejercer control sobre un comportamiento no violento. En una sociedad libre, los dueños individuales de la propiedad decidirían a quién se le deja entrar y a quién no.
El segundo argumento que presentan los conservadores contra los llamados inmigrantes ilegales se refiere al desempleo. La protesta perenne es que si no “nos quitaran los empleos”, entonces los laboriosos estadounidenses podrían volver a trabajar. Esto es falso por dos razones. La primera y más importante es que los trabajos no pueden robarse. El empresario es dueño del puesto y solo él o ella puede decir quien lo ocupará. El segundo problema con esta visión es que no explica el desempleo de los trabajadores cualificados: la mayoría de los inmigrantes “ilegales” realizan trabajos no cualificados.
El único impacto significativo que tienen los inmigrantes en el mercado laboral es aumentar la oferta de mano de obra, que tiende a presionar a la baja los salarios. En igualdad de condiciones, la única forma de que un inmigrante sea contratado prefiriéndolo a un trabajador nacional es que esté dispuesto a aceptar un salario inferior. Para maximizar los beneficios, los dueños de empresas buscan pagar el salario más bajo posible sin que les afecte la productividad marginal. Si un inmigrante está dispuesto a trabajar por menos y es suficientemente productivo, solo tienen sentido elegir la mano de obra de menor coste. Miles de millones de personas en el mundo toman esta misma decisión diariamente al comprar bienes y servicios: se llama búsqueda de gangas.
Cuando propietario y empleado llegan a un acuerdo, simplemente realizan un intercambio voluntario. Así es como funcionaría el mercado en ausencia de coacción. Son simplemente humanos actuando sobre dos de los deseos más básicos: supervivencia económica y mejora de la propia condición. Ninguno ha violado los derechos naturales de ninguna otra persona, así que no se ha cometido ningún delito real y no han causado desempleo.
La intervención del gobierno en el mercado laboral lleva al desempleo y esto incluye las restricciones a quienes podría permitírsele trabajar en Estados Unidos. “Ser duros” con la inmigración ilegal sin duda nos perjudica a todos. La tasa de desempleo aumentaría, los salarios reales disminuirían debido a una baja en la productividad y se produciría una rebaja general de los patrones de vida. Ya somos testigos de los efectos de la legislación que se dirige contra los inmigrantes ilegales. Se ha informado recientemente que, gracias a una ley aprobada en abril, los granjeros de Georgia han tenido que dejar que cosechas por valor de 75 millones de dólares se pudran en sus campos debido a la escasez de mano de obra. Las empresas que despidieron a trabajadores indocumentados por miedo a perder sus negocios podían contratar a trabajadores con documentos pero probablemente no fueron capaces de reemplazar a ninguno. De otra forma, resulta razonable que lo hubieran hecho desde el principio y se habrían mantenido dentro de la legalidad.
No está claro cuál sería el porcentaje, pero suponiendo que en algunos sectores se puede contratar a tres inmigrantes ilegales en el lugar de dos ciudadanos legales, cuando se despide a los primeros para acomodar a los segundos, vemos que previamente había dos trabajadores en paro pero ahora hay tres. Si la firma tuvo alguna vez la capacidad productiva de tres trabajadores, ahora tiene la de dos. Obligar a las empresas a despedir empleados debido a sus estatus inmigratorio difícilmente parece un medio efectivo para rebajar las tasas de desempleo y aumentar la riqueza real.
Tal vez la única protesta razonable que hacen los conservadores es que han estado pagando al sistema toda su vida y es injusto que los inmigrantes vengan aquí ilegalmente y reciban prestaciones. Pero ése no es un tema de política de inmigración: es un problema de políticas públicas sociales. En una sociedad libre, los individuos pagarían directamente por las cosas que necesitaran y el problema del polizón desaparecería.
Un efecto de echar a los trabajadores inmigrantes ya en el país es que probablemente se produzca un aumento en los delitos reales, como explica Stefano R. Mugnaini. Estos individuos probablemente no sean repatriados inmediatamente, dados los costes. Muchos probablemente se dediquen al mercado negro, recurriendo al crimen real para poder sobrevivir. De nuevo vemos que una mayor intervención probablemente solo cause más problemas.
Muchos han dirigido su ira erróneamente hacia los inmigrantes ilegales o las empresas que los contratan. En su lugar, esta ira debería dirigirse a donde corresponde realmente: al estado. En lugar de insistir en más intervenciones como una tarjeta de identidad o el E-Verify, los conservadores deberían reclamar una reducción del papel del gobierno. Alexis de Tocqueville hizo una aguda observación cuando dijo “los estadounidenses están tan enamorados de la igualdad que preferirían ser iguales en la esclavitud a ser desiguales en la libertad”. Es hora de que los estadounidenses se den cuenta de que más de lo mismo (es decir, más esclavitud) no puede producir más prosperidad.
Está claro que los problemas actuales pueden atribuirse directamente a la interferencia del estado en el mercado. Si se dejara a empresario y empleado negociar contratos sin intervención del gobierno, todos tendrían de verdad una oportunidad igual ante las empresas y sin duda se conseguiría la mejor calidad al mejor precio. Esta libertad económica está en el centro de una sociedad libre y solo cuando el mercado se separe del estado se alcanzará su máximo potencial.
Publicado el 4 de noviembre de 2011. Traducido del inglés por Mariano Bas Uribe. El artículo original se encuentra aquí.
