Centro Mises (Mises Hispano)

Si habéis leído algo de la filosofía política y los comentarios del renombrado intelectual anarcosindicalista Noam Chomsky, probablemente estéis familiarizados con su opinión de que las grandes organizaciones empresariales privadas son “tiranías privadas”, instituciones desmesuradas y antidemocráticas que funcionan de acuerdo con el más odioso de los principios organizativos, ¡la jerarquía! Según Chomsky:

Al desarrollarse el capitalismo de estado en la era moderna, los sistemas económicos políticos e ideológicos han sido cada vez más invadidos por enormes instituciones de tiranía privada que están más cerca del ideal totalitario que cualquier cosa que los humanos hayan creado hasta ahora.[1]

Chomsky continúa citando aprobadoramente la obra del economista político Robert Brady, que dice:

Dentro de la corporación, todas las políticas emanan del control superior. En la unión de este poder de determinar la política con su posterior ejecución, toda la autoridad procede necesariamente de arriba abajo y toda la responsabilidad de abajo arriba. Por supuesto, esto es lo contrario del control “democrático”: sigue las condiciones estructurales del poder dictatorial.[2]

¿Pero qué son las “condiciones estructurales” para un poder dictatorial? ¿Y realmente las corporaciones “están más cerca del ideal totalitario que cualquier [institución] que los humanos hayan creado hasta ahora”, como dice Chomsky? ¿Está Starbucks tan cerca del ideal totalitario como, por ejemplo, el régimen nacionalsocialista de Adolf Hitler? ¿Es Walmart tan totalitario como institución como el estado bolchevique de Vladimir Lenin? Incluso hacer estas preguntas es ver su patente absurdo. Pues aunque una dictadura esté sin duda estructurada como una jerarquía, está claro que no es una condición suficiente. Más bien la condición más básica y esencial del poder dictatorial, que destaca inconfundiblemente en regímenes verdaderamente totalitarios, es la capacidad del dictador de iniciar fuerza física para obligar a otros a hacer lo que se les dice.

Poder político y poder económico

Sin apoyo del gobierno, las grandes empresas y otras entidades empresariales jerárquicas no tienen el poder de obligar por la fuerza a nadie a obedecer sus políticas. Los directores corporativos pueden con todo derecho aplicar acuerdos contractuales a sus trabajadores y otros, como cualquier otro. Pueden insistir en que sus trabajadores obedezcan sus políticas si quieren seguir contratados. Pero no pueden encadenar a los empleados a sus mesas o amenazar con encarcelarlos si no entregan su libra de carne.

La verdad es que los trabajadores en una empresa eligen estar allí porque prefieren esto a las alternativas viables. No se les obliga por la fuerza a estar allí y no soportan ninguna amenaza de violencia si no van a trabajar y hacen su labor. Por el contrario, mucha gente elige trabajar en grandes empresas u otros negocios jerárquicos y adoptar un papel subordinado a sus jefes porque se les ofrece dinero y otros beneficios por hacerlo. En virtud de la naturaleza voluntaria de esta acción, está claro que los trabajadores consideran este acuerdo como beneficioso ex ante; si no fuera así, no actuarían así.

Además, si cambian las circunstancias y los trabajadores no prevén que las prestaciones de su empleo superarán los sacrificios correspondientes (incluyendo los costes de perder otras oportunidades) abandonarán su empleo en busca de pastos más verdes, como ocurre a menudo en el mundo empresarial.

Por supuesto, Chomsky afirmaría que los trabajadores se ven esencialmente “obligados” a obedecer a la empresa porque esta posee parte de los medios de producción que necesita el trabajador para producir bienes. Consideraría en contrato entre empresa y empleado como “esclavitud salarial”.[3]

Pero esta opinión no distingue entre poder económico y poder político, o, en términos vulgares, entre recibir un cheque o recibir un latigazo. Chomsky considera a ambos como “poder” y “control” y los trata idénticamente. Como apunta Ayn Rand, este empaquetamiento intelectual está en la raíz de muchas alabanzas estatistas:

Un desastroso paquete intelectual, que nos imponen los teóricos del estatismo, es la igualación de poder económico con poder político. Lo habéis escuchado en tópicos como “Un hombre hambriento no es libre” o “No hay ninguna diferencia en que un trabajador reciba órdenes de un empresario o de un funcionario”. La mayoría acepta estas equivocaciones, aunque saben que el trabajador más pobre de Estados Unidos es más libre y está más seguro que el comisario más rico en la Rusia soviética. ¿Cuál es el principio básico, el esencial, el crucial que diferencia la libertad de la esclavitud? Es el principio de acción voluntaria frente a la coacción o compulsión física. La diferencia entre poder político y cualquier otro tipo de “poder” social, entre un gobierno y una organización privada es el hecho de que un gobierno tiene un monopolio legal del uso de la fuerza física.[4]

La distinción entre poderes económicos y políticos es en lo que incluso las empresas más grandes y poderosas (económicamente) difieren esencialmente de los gobiernos. Estos últimos son tiranías precisamente porque inician el uso de la violencia para extraer riqueza de sus súbditos y aplicar su voluntad. Las primeras, lejos de ser tiránicas, evitan la violencia (excepto en la medida en que actúan coaligadas con el gobierno) y por el contrario obtienen su riqueza ofreciendo abundantes oportunidades de intercambios mutuamente beneficiosos a otros (sus trabajadores, proveedores, clientes y otros).

Aunque las políticas y “controles” impuestos por los directivos empresariales a sus trabjadores sean meramente un ejercicio legítimo en el intercambio mutuo, incluso la noción de que “toda la autoridad procede necesariamente de arriba abajo y toda la responsabilidad de abajo arriba” solo es cierta en el sentido más superficial e inmediato. Bajo el capitalismo de libre mercado, la autoridad del trabajador consiste en el hecho de que puede abandonar su empleo (es decir, todos los beneficios que proporciona al empresario) en cualquier momento en que se vea insatisfecho con sus condiciones de trabajo. Los directivos empresariales pierden habitualmente empleados ante quienes les hacen una oferta mejor y como el mercado libre proporciona abundantes oportunidades para el trabajo y la actividad empresarial,[5] el poder de abandonar el trabajo al servicio de un empresario es de hecho un poder formidable.[6] De hecho, la noción escuchada habitualmente de que los empresarios tienen un poder superior de negociación en estas transacciones de empleo es una completa falacia.[7]

La jerarquía empresarial y la forma corporativa

Aunque no hay de por sí nada incorrecto con las entidades empresariales privadas con una estructura jerárquica de dirección, una crítica legítima a las grandes empresas y otros negocios es que a menudo reciben privilegios especiales del gobierno y ejercitan indirectamente con ayuda del gobierno. La mayoría de las grandes empresas reciben privilegios especiales del gobierno de una manera u otra, ya sea mediante concesiones directas de financiación, contratos públicos pagados por los contribuyentes o leyes regulatorias que les ayudan a aplastar la competencia de competidores menores a través de la captura de cuerpos regulatorios.[8]

En la medida en que usen cualquiera de estos usos indirectos del poder político, el problema no se refiere a la naturaleza jerárquica de los negocios, ni a que sean de propiedad privada: el problema son los privilegios especiales concedidos s empresas, privilegios que implican una violación de los derechos de propiedad de otros y que deberían derogarse. Esos privilegios especiales son solo posibles debido al abuso del poder político por parte del gobierno.

Hay quien podrá objetar que incluso el tratamiento legal especial de las sociedades anónimas (donde a la empresa se le concede una personalidad legal distinta de los sus miembros y los miembros no son responsables de la deuda de esta) implica privilegios especiales ilegítimos, de forma que todas las empresas, en el sentido legal estricto de la palabra, son ilegítimas.[9]

Las discusiones sobre la ilegitimidad de los privilegios especiales o el ejercicio indirecto del poder político por empresas privadas no deberían confundirse con el argumento de Chomsky contra las “tiranías privadas”. Las disputas de Chomsky con las empresas privadas no se basan en ninguna alegación de iniciación de fuerza no por esas empresas ni en su favor. Más bien sostiene que es la naturaleza jerárquica de las empresas privadas y su propiedad privada lo que las hace antidemocráticas y por tanto “tiránicas”.

Aunque Chomsky, Brady y otros críticos del poder económico privado normalmente atacan a las “corporaciones” o las “empresas multinacionales”, sus argumentos se aplican igualmente a otras entidades empresariales jerárquicas que tienen propiedad privada.

La combinación de poder político y económico lleva al estatismo

Debido a su desagrado por la organización jerárquica y la propiedad privada, Chomsky alaba el control democrático de los gobiernos (en la medida en que exista ese control democrático). Y aun así, este control es simplemente la regla de la mayoría de una empresa criminal que normalmente inicia violencia contra sus súbditos como medio de control. En este contexto, el control concedido por el voto no es más que la capacidad de influir en la identidad del propio amo. Además, Chomsky no reclama la eliminación de los poderes del gobierno y las leyes reguladoras que permiten a las grandes empresas suprimir y destruir a sus competidores más pequeños y presuntos. Por el contrario, quiere que las regulaciones públicas se conserven y aumenten.[10]

A pesar de cualquier postura anarquista o pretensión antiautoritaria en contra, la igualación de poder económico y político y la creencia de que las empresas jerárquicas son “tiranías privadas” lleva directamente al apoyo al estatismo y aquí Chomsky no es una excepción. En un revelador pasaje, el “anarquista” Chomsky[11] dice:

No estoy a favor de que la gente esté enjaulada. Por otro lado, pienso que la gente tendría que estar enjaulada si hay un tigre de dientes de sable vagando ahí fuera y si salen de la jaula este la matará. Así que a veces hay justificación para las jaulas. Esto no significa que las jaulas sean buenas. El poder del estado es un ejemplo de jaula necesaria. Hay tigres de dientes de sable ahí fuera; se los llama corporaciones transnacionales y están entre las instituciones totalitarias más tiránicas que haya ideado la sociedad humana. Y hay una jaula, que es el estado, que está bajo control popular hasta cierto punto. La jaula está protegiendo a la gente de tiranías depredatorias, así que hay una necesidad temporal de mantener la jaula e incluso de ampliar la jaula.[12]

Es especialmente revelador notar que Chomsky no dice quien ha de tener las llaves de su jaula alegórica. Sin embargo, a pesar de su silencio en este tema, la respuesta está bastante clara, ya que si permitiera que esa gente supuestamente protegida por la jaula tuviera las llaves, tendría que admitir su capacidad de abandonar la jaula y elegir ocuparse del tigre de dientes de sable, algo que está claro que no quiere hacer. Solo la filosofía del capitalismo de libre mercado permite a una persona abandonar la jaula del gobierno si lo desea; si ve al supuestamente peligroso tigre de dientes de sable como benigno, puede querer salir y acariciarlo y jugar con él.

El deseo de Chomsky de mantener y ampliar las leyes regulatorias es particularmente erróneo dado que dichas leyes regulatorias han sido históricamente el medio principal por el que las grandes empresas han capturado el poder político, monopolizado o cartelizado por la fuerza sus mercados y crecido hasta ser entidades empresariales enormemente poderosas como consecuencia. Por ejemplo, en su análisis de la llamada “era progresista” en Estados Unidos (1900-1916), el historiador izquierdista Gabriel Kolko explica que

A pesar del gran número de fusiones y el crecimiento en el tamaño absoluto de muchas grandes corporaciones, la tendencia dominante en la economía estadounidense al principio del siglo [XX] era hacia una competencia creciente. Las competencia era inaceptable para muchas intereses calve empresariales y financieros y el movimiento de fusión fue en gran parte un reflejo de esfuerzos voluntarios sin éxito de empresas para mantener bajo control tendencias competitivas irresistibles. (…) Al ir apareciendo nuevos competidores e irse diluyendo en poder económico a través de una nación en expansión, resultaba evidente para muchos empresarios importantes que solo el gobierno nacional podía racionalizar la economía. Aunque las condiciones concretas variaban de un sector a otro, los problemas internos que podían resolverse solo por medios políticos eran el común denominador en aquellos sectores cuyos líderes reclamaban más regulación federal. Curiosamente, frente al consenso de los historiadores, no fue la existencia de monopolios lo que hizo que interviniera en la economía el gobierno federal, sino la falta de estos.[13]

Este alejamiento de la difusión del poder económico bajo un capitalismo (relativamente) de libre mercado nos muestra que es el mercado libre, con su rechazo de las leyes regulatorias y otros poderes políticos, el sistema que más probablemente difunda el poder económico ampliamente entre pequeñas empresas e individuos y el menos probable que sostenga altas concentraciones de poder económico. Por supuesto, la justificación para el mercado libre no se basa en esta opinión e incluso si no fuera el caso, no presentaría ninguna objeción legítima al libre mercado, ya que el eso del poder económico es perfectamente legítimo, mientras que la iniciación de la fuerza no lo es.

El poder económico de las organizaciones empresariales privadas, incluso las llamadas “tiranías privadas” se justifica por el hecho de que el uso de poder económico no implica ninguna iniciación de fuerza contra cualquier otra persona o su propiedad. El poder político, por el contrario, implica la iniciación de fuerza contra otros y por tanto no está justificado. Si quiere evitar la verdadera tiranía, Chomsky haría bien en tener en cuenta este diferencia fundamental cuando aplique su principio habitual de que cualquier relación de autoridad debe estar justificada.[14]

Publicado el 22 de enero de 2009. Traducido del inglés por Mariano Bas Uribe. El artículo original se encuentra aquí.