Cuando la policía del gobierno no proporciona protección apropiada, la gente busca seguridad privada. Pero cuando la seguridad privada se convierte en incómoda para el monopolio de la fuerza de seguridad (es decir, el estado), se castiga a los compradores de seguridad privada.
Recientemente los departamentos públicos de policía en el área de Des Moines, Iowa, han estado acusando a empresas y propietarios privados de viviendas por responder a falsas alarmas, es decir a alarmas generadas por sistemas de seguridad en negocios u hogares que no eran resultado de aparente actividad criminal. Por ejemplo, una alarma puede activarse cuando el polvo sopla en un detector de movimiento y el departamento local de policía es notificado y responde.
De acuerdo con The Des Moines Register, ha estado pasando muy a menudo recientemente. La policía de Des Moines respondió a 3.806 alramas el pasado año y más del 90% de ellas fueron falsas; la policía del oeste de Des Moines respondío igualmente con un porcentaje de alarmas falsas del 95% y en Urbandale (parte del área metropolitana de Des Moines) la policía tuvo un porcentaje de alarmas falsas del 91%.
Quizá no sea una sorpresa que a los departamentos locales de policía no les gusten estas cifras.
“Es algo que tratamos de gestionar porque las alarmas son buenas en teoría y sí detectan a ladrones y cacos y se nos notifica más rápido. Pero por otro lado gastamos mucho tiempo en camino hacia falsas alarmas”, decía el policía de Urbandale Lt. Rob Johansen. “Para nosotros es una especie de trampa-22”.
Como consecuencia, ahora se multa por falsas alarmas. Por ejemplo, en Des Moines la primera falsa alarma tiene una multa de 500$ y 750$ por cada falsa alarma después de esa. Ha reportado a la ciudad unos 700.000$ desde 2008, cuando empezaron a imponerse multas. Otras ciudades cercanas aprobaron multas más bajas por alarmas falsas, pero la idea es la misma: ¡las falsas alarmas te van a costar!
Para el observador casual, esto parece tener sentido: ¿por qué deberían los agentes de policía desperdiciar su tiempo con estas alarmas falsas? La típica alarma falsa requiere de 20 a 40 minutos del tiempo de un agente. Este tiempo se pierde en patrullas o respondiendo a delitos en cualquier otro lugar.
La aplicación del derecho público, que todos estamos obligados a apoyar con impuestos, es un servicio que tiene un amplio apoyo de la mayoría de la gente y trasfondos políticos. En una encuesta, el 83% de los estadounidenses apoyaban dar a la policía más poder para detener y registrar a gente que pareciera terrorista. Después de la bomba en la maratón de Boston, el 91% de los residentes de Massachusetts estaban a favor de que la policía cerrara partes de la ciudad para buscar al segundo sospechoso, a quien arrestaron después de que se le notificara la localización de sospechoso por parte de un ciudadano privado.
Lo que indica todo este apoyo es la necesidad humana básica de seguridad. Como el alimento y el alojamiento, la gente necesita seguridad. La sociedad requiere la protección de la propiedad, que puede complementarse con fuerzas profesionales de seguridad. Hoy en día, estas son casi siempre departamento de aplicación de derecho público que responden a informes de quebrantamiento de ley. Sin embargo es interesante apuntar recientes situaciones en las que la gente ha buscado seguridad privada debido a sistemas inadecuados de seguridad pública. (Ver aquí, aquí, aquí, aquí, aquí).
Esto indica un par de cosas: primero, existen alternativas a los departamentos de policía financiados públicamente, incluyendo sistema privados de monitorización de seguridad para empresas y hogares, patrullas humanas que alerten a fuerzas orden público y agencias de seguridad contratadas para vigilar empleados y propiedades. Pinkerton es quizá el ejemplo más conocido de esto. Segundo, al menos en algunas áreas, la aplicación del derecho público se considera inadecuada por la población local; es decir, la gente siente la necesidad de contratar servicios extra de seguridad además de los que se ve obligada a pagar mediante impuestos y aun así, cuando estos servicios privados entran en conflicto con las fuerzas de seguridad del estado, los ciudadanos privados se encuentran pagando aún más.
Esto plantea la pregunta de por qué debería la gente pagar dos veces por la misma cosa. En un área concreta, si la policía no mantiene el orden, ¿por qué no debería permitirse a la gente elegir cualquier servicio que la proteja en el grado que esté dispuesta a pagar?
Parece que algunas empresas de la zona de Des Moines no estaban obteniendo la seguridad que necesitaban de los departamentos públicos de policía y buscaron seguridad extra. Para empeorar las cosas, las alarmas falsas ahora costarán más a las empresas debido a las multas, 1.000$ por hora o más. Los propietarios de empresas se ven gravados dos veces. Indudablemente, a un precio tan alto, los sistemas de seguridad totalmente privados serían una opción mucho más atractiva.
Aquí encontramos el desgraciado resultado de mezclar seguridad privada con las fuerzas obligatorias y monopolísticas de seguridad del estado. Los ciudadanos están obligados a pagar por servicios que no bastan en su caso y luego son además penalizados cuando sus sistemas privados de seguridad molestan al proveedor público de servicios de seguridad.
Si se les diera la oportunidad, los sistemas de seguridad variarían ampliamente de una región a otra, según las necesidades de los consumidores. En algunos lugares, podría no hacer falta ninguna seguridad formal, mientras que en otros se crearía algo parecido a un departamento público de policía (quizá para grandes ciudades y empresas). Pero en caso de quiebra del sistema actual en cualquier lugar concreto, la situación podría cambiarse relativamente fácil reteniendo fondos o recursos pagados al proveedor de servicios privados de seguridad.
No hay nada mágico en la protección de personas y propiedades. El hecho de que los departamentos de aplicación del derecho público utilicen un modelo para todo y se parezcan entre sí dondequiera que vayas, aparte de las realidades locales, es el resultado de los monopolios estatales de servicios de seguridad y del desafortunado apoyo público a la policía del gobierno incluso cuando no logra proteger o servir.
Publicado el 1 de octubre de 2013. Traducido del inglés por Mariano Bas Uribe. El artículo original se encuentra aquí.
