Es una vieja historia. Una planta manufacturera en un pequeño pueblo anuncia su inminente cierre, amenazando con devastar la economía local y a las muchas familias que dependen de ella. Se produce pánico e intervienen los políticos. Hay en el aire una sensación de injusticia. ¿Puede hacerse algo?
Aunque esta obra se representa muchas docenas de veces en el cinturón industrial conocido como Rust Belt, se puso en escena la pasada semana en el noroeste de Alabama con el anuncio de que International Paper planeaba cerrar su mayor fábrica en el mundo: una fábrica papelera enorme, de 42 años, en Courtland, con más de 1.100 empleados, incluyendo trabajadores de mantenimiento, con salarios que van de los 20$ a los 32$ la hora. Eran buenos empleos… si podías entrar en el sindicato y si la demanda de papel era suficiente para mantener a esos trabajadores suficientemente productivos como para justificar el salario sindical.
El problema es que la demanda ha caído al hacerse la comunicación más electrónica, haciendo que un modelo de negocio propio de la década de 1970 se convierta en inoperativo en la de 2010. Hay mucho que aprender de este caso y por mucho que lo sienta por la gente del condado de Lawrence cuyas vidas dependen de ello, me temo que no se prestará atención a las lecciones.
La primera lección se aplica a las nefastas influencias de las oficinas de desarrollo económico que existen en todos los estados y compiten entre sí por grandes empresarios manufactureros. La intrépida ODE de este estado, la Alabama Development Office, es considerada por muchos el patrón oro en esta zona, dejando a estados como Nueva York y California a la altura del betún al conseguir que empresas como Airbus, ThyssenKrupp, Mercedes y Hyundai establecieran grandes bases de operaciones en regiones políticamente favorecidas del estado.
La compensación es que los millones de dólares e incentivos que van a estas empresas provienen de fondos requisados que de otra forma se habrían dirigido privadamente en forma de inversión o consumo. Estos efectos que no se ven incluyen proyectos perdidos (tal vez en el propio condado de Lawrence) para financiar las políticas redistributivas de la ODE. Obligar a los contribuyentes a financiar el desarrollo económico, frente a permitir a los ahorradores dirigir sus recursos a proyectos que crean que reflejarán su uso más valorado, destaca el contraste entre medios violentos del gobierno y los medios pacíficos del mercado. Las operaciones de compinches, como las de las oficinas de desarrollo económico, existen a costa de estos últimos.
Añadiendo el insulto a la injuria, las EDO también crean una sensación de derecho, incluso por parte de aquellas entidades no favorecidas por los jugadores políticos que las dirigen. Estamos viendo esto en Alabama, donde trabajadores y políticos ha reclamado que intervenga el estado para impedir que cierre International Paper, argumentando que si el capital requisado financió parcialmente la fábrica de Honda en Lincoln, ¿por qué no puede también salvar los trabajos de la papelera en el noroeste de Alabama? Sin embargo olvidan que International Paper no existe para maximizar el empleo o los salarios, sino para satisfacer la demanda del consumidor y que las tumbas corporativas están llenas de empresas que perdieron su enfoque en esto último.
La segunda lección se aplica a la fuerza laboral sindical que permite a sus empleados ganar más en salario de lo que contribuye su productividad individual en forma de ingresos para la empresa. Cuando ocurre esto, las empresas pierden dinero empleando a esa mano de obra y como las leyes laborales apoyan abrumadoramente al trabajador por encima de la dirección, las empresas a menudo no tienen otro recurso que cerrar operaciones cuando las fuerzas económicas se vuelven contra ellas.
¿Permanecería abierta la fábrica de Courtland si se permitiera a los trabajadores aceptar una reducción de la jornada laboral o de los salarios más en línea con la demanda de su producto? Nunca lo sabremos.
La última lección es que cualquier economía, y especialmente las pequeñas economías locales, nunca debería convertirse en dependiente de uno o unos pocos empresarios. El problema es que las grandes operaciones sindicalizadas, como las de la International Paper, a menudo tienen el efecto de ahuyentar las inversiones de capital a lo largo del tiempo.
Como consecuencia, las economías se hacen menos diversificadas y proporcionan pobres oportunidades laborales para futuras generaciones de trabajadores. Este fenómeno explica, no solo por qué la llegada de International Paper a Courtland en 1971 puede haber resultado su sentencia de muerte en 2013, sino asimismo por qué existen las Rust Belts.
Qué diferente podrían ser hoy las cosas para los empleados de International Paper si tuvieran otras opciones laborales en el valle del Tennessee y sus alrededores. (El mensaje de los posibles efectos a largo plazo del trabajo sindicalizado en el condado de Tuscaloosa es evidente).
Dolorosas lecciones como esta son evitables cuando los planes y políticas empresariales no violan las leyes económicas, cuando los gobiernos evitan favorecer ciertas formas de capital o trabajo en perjuicio de otras y cuando las empresas son libres de ajustar sus operaciones en respuesta a cambios en la economía en general. Cuando sea el caso, viejas historias como la que viene de Courtland se contarán mucho menos frecuentemente.
Publicado el 16 de octubre de 2013. Traducido del inglés por Mariano Bas Uribe. El artículo original se encuentra aquí.
