El lince Ibérico es uno de los felinos más amenazados del mundo. Sus poblaciones han ido descendiendo año tras año desde la década de los 70 hasta nuestros días. Se tiene constancia de que a principios de la segunda mitad del siglo XX se encontraba distribuido por gran parte de la península ibérica, con poblaciones que se extendían mayoritariamente por el noroeste peninsular. Hoy día su estado de conservación es crítico, solo manteniendo dos pequeños núcleos de población en Andalucía, los cuales ya no mantienen una relación natural entre ellos, al estar muy distantes uno de otro, lo que agrava aún más su conservación por problemas de consanguinidad.
El principal problema que los científicos han señalado como causante de la desaparición de la mayoría de poblaciones de lince Ibérico es un descenso o desaparición de las poblaciones de conejo. Tal desaparición estaría provocada por dos enfermedades: la mixomatosis y la enfermedad hemorrágica vírica. El conejo es considerado la pieza esencial en la dieta del lince y, por tanto, la merma de su población, junto con una multitud de factores secundarios (venenos, carreteras, caza ilegal…etc.), sería lo que habría llevado al lince a una situación al borde de la extinción.
Hoy día, desde la administración española se trabaja en proyectos de recuperación financiados a través de lo que se conoce como programa LIFE, el cual gasta millones de euros en la recuperación de especies protegidas desde el año 1992. Desde la administración se justifica el gasto que supone la recuperación del lince ibérico, señalando que dicha especie es un emblema de la fauna española y su pérdida supondría una grave tragedia medioambiental, lo que casi nadie suele poner en duda.
Parece difícil imaginar un día en el que el lince no necesite de la ayuda pública para poder sobrevivir. Cada vez se tratan de justificar proyectos más y más costosos, y cada vez más regiones y grupos ecologistas quieren entrar a formar parte de ese privilegiado grupo que recibe ayudas europeas para “salvar al lince”.
Pero, ¿es que tales medidas están teniendo resultados adecuados? ¿No podrían dichos problemas tener una solución más económica? Como siempre nos encontramos ante el problema de que la administración pública no responde ante una cuenta de pérdidas y ganancias y que, por ello, jamás habrá cálculo económico en un organismo público, con todo el derroche y malgasto que ello implica. Además, está la cuestión de que aunque el proyecto fracase siempre se dirá que no hubo suficiente inversión, negando cualquier tipo de responsabilidad.
Es difícil imaginar una solución de mercado en la situación actual, ya que cualquier grupo ecologista o técnico de medio ambiente a cargo de la administración la tomará por descabellada. Un posible argumento utilizado por un ecologista podría ser que el mercado no se interesaría por el lince y que, por tanto, su desaparición quedaría asegurada. Esto podría ser verdad. Si a nadie le interesara salvar al lince, hoy día podría estar condenado a desaparecer, ¿pero es cierto que a nadie le interesa esto? La respuesta parece clara: en absoluto. La prueba es que un gran número de personas, entre ellos grupos ecologistas, “luchan” por su salvación. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que no están dispuestos a asumir los costes por ellos mismos y que con el argumento de que la salvación del lince es en aras del bien común justifican una intervención por parte de la administración pública.
Por tanto, una situación pura de mercado permitiría ver cuáles son los verdaderos intereses de la gente, al conllevar la privatización de los recursos naturales, y posibilitaría el reclamo de responsabilidades en caso de daños por terceros, cosa que en la actualidad no es posible.
Así que el mercado daría las mejores soluciones a nivel general y, en el caso de que a alguno de sus miembros le interesara la recuperación del lince, plantearía soluciones que, aunque hoy día puedan parecer impensables, superarían con creces en efectividad a los proyectos públicos de recuperación que gastan millones de euros y que siguen sin dar una solución real a los problemas.
Agustín Olmo Cejudo es estudiante del máster de economía austriaca en la URJC.
