En una patente contradicción de los principios incluidos en la Constitución de Estados Unidos, el Tribunal Supremo de EEUU negó el 3 de abril peticiones de avocación de dos demandantes que se han quedado en un limbo legal durante cinco años en Guantánamo, Cuba. Al hacerlo, los jueces han añadido otro pesado vagón al largo tren de abusos que el gobierno federal ha estado poniendo en las vías de los ciudadanos de EEUU.
Los casos tenían los nombres al Odah v. United States y Boumedienne v. United States, y en ambos casos el tribunal rechazó escuchar las solicitudes de audiencias de habeas corpus. El Tribunal de Apelaciones del Circuito de DC ya había sentenciado contra los demandantes, citando las disposiciones de eliminación de habeas corpus de la Ley de Comisiones Militares aprobada por el Congreso y sancionada como ley por el presidente en 2006.[1]
Al decretar la denegación de avocación y, por tanto, de audiencias de habeas corpus, podría parecer a algunos observadores que el Tribunal Supremo de EEUU está ratificando un poder del Congreso existente desde hace tiempo para limitar la jurisdicción de los tribunales federales. El Congresolo ha hecho en numerosas ocasiones en la historia de Estados Unidos, incluyendo una ley reciente restringiendo a los tribunales federales la potestad de juzgar casos contra fabricantes de armas de fuego. Pero hay otros principios en juego en este caso, que la mayoría del tribunal, y muchos periodistas, no parecen estar dispuestos a discutir.
Perdidos en las sentencia de Odah y Boumedienne se encuentran los principios de separación de poderes entre las tres ramas del gobierno federal y la limitación constitucional contra el Congreso cediendo cualquiera de sus poderes otorgados a cualquier otro poder. Aunque estos puntos pueden parecer esotéricos a algunos, especialmente en este tiempo de supuesta “guerra”, son esenciales y fundamentales para garantizar nuestras libertades contras limitaciones por parte del gobierno.
Las raíces de la sentencia del 3 de abril se remontan a acontecimientos justamente antes de la invasión de Iraq por EEUU, cuando el entonces consejero de la Casa Blanca, Alberto Gonzales, se dirigió al Congreso y pidió a los representantes hacer algo no permitido por la Constitución de EEUU. Les pidió conceder al presidente el poder de usar el ejército sin una declaración formal de guerra. Esa declaración es el único poder concedido al Congreso para facilitar el uso de las fuerza militares de EEUU por parte del presidente. Por el contrario, la administración Bush quería que el Congreso le concediera una “resolución para el uso de fuerza militar”, lo que parece una expresión extremadamente engorrosa cuando se podría simplemente, bueno, declarar la guerra.
La razón por la que Gonzales y la administración Bush no querían una declaración formal era evidente: el gobierno de Estados Unidos es firmante de los Acuerdos de Ginebra. Según el tratado, que se encuentra fácilmente con una simple búsqueda en Internet, todos los enemigos uniformados y no uniformados capturados en tiempo de guerra en cualquier estado firmante (Iraq y Afganistán son ambos firmantes) tendrían que ser tratados de acuerdo con el Artículo Tercero de los Acuerdos. Esto garantiza ciertos patrones de comportamiento para quienes retengan prisioneros de guerra, prohibiendo la tortura y garantizando que todas las naciones firmantes darán un trato humano a sus prisioneros de guerra.
Según el derecho de EEUU antes de 2006, si las personas capturadas en el campo de batalla en esta no declarada “guerra contra el terrorismo” no eran tratadas como prisioneros de guerra, tendrían que ser juzgadas bajo el código penal de EEUU, igual que otros terroristas en el pasado. Por supuesto, esto requeriría que los tribunales dieran audiencias de habeas corpus a los arrestados, salvo que el Congreso utilizara su poder constitucional para suspender ampliamente la Ley de Habeas Corpus para todos los estadounidenses y juzgados bajo el derecho de EEUU.[2]
Por el contrario, lo que vieron los ciudadanos de EEUU entre finales de 2001 y 2004 fue un gobierno federal operando fuera tanto de la Constitución como de los Acuerdos de Ginebra, con el ejecutivo aprehendiendo y reteniendo a sospechosos terroristas durante largos periodos de tiempo, sin tratarlos ni como prisioneros de guerra ni como delincuentes bajo el código de EEUU.
Veamos el caso del Tribunal Supremo Hamdan v Rumsfeld. En 2004, Salim Ahmed Hamdan, el capturado y antiguo conductor de Osama bin Laden, reclamó una audiencia de habeas corpus en un tribunal de EEUU. Retenido sin juicio y como “combatiente enemigo”, sin la protección de los Acuerdos de Ginebra, Hamdan reclamaba lo que han recibido habitualmente otros sospechosos de terrorismo en la historia de EEUU: un juicio por el derecho de EEUU, en el que se presentaran pruebas contra él. La administración Bush luchó contra la solicitud, basándose en que revelar ciertas videncias contra Hamdan podrían poner en peligro operativos de inteligencia y soldados. Ese argumento era válido hasta cierto punto, pero obviaba la necesidad de cumplir la Constitución y los tratados internacionales firmados por el gobierno de EEUU.
En 2005, el Tribunal Supremo decidió a favor de Hamdan, poniendo en marcha una serie de acciones inquietantes y reveladoras por parte del ejecutivo y el Congreso que tendrían que alertar, incluso a los estadounidenses más desinteresados, de que el “tren de los abusos” es cada vez más largo.
Primero, cuando el Tribunal Supremo sentenció en el caso Hamdan que la administración tenía que tratar a los detenidos, o bien como “detenidos” como prisioneros de guerra o bien como delincuentes bajo el Código de EEUU y por tanto dándoles la protección del habeas corpus, el presidente, vicepresidente y secretario de defensa Rumsfeld dijeron que si tenía que cumplir los Acuerdos de Ginebra, no podrían obtener la valiosa información de sus “detenidos” que había ayudado a “salvar vidas estadounidenses”. Por muy convincentes que fueran esas declaraciones, contradecían las afirmaciones de la administración Bush un año antes, en las que los mismos hombres declararon reiteradamente que a los “detenidos” se les estaban concediendo todas las protecciones de los Acuerdos de Ginebra en su Artículo Tercero.
Las dos posturas son incompatibles. Si la sentencia del Tribunal Supremo por la que Hamdan debía enjuiciarse bajo el código penal de EEUU o como prisionero de guerra bajo las provisiones del Acuerdo de Ginebra significaba que la administración Bush ya no podría llevar a cabo los interrogatorios que había estado realizando en un momento en que los miembros de dicha administración afirmaban que estaban otorgando las protecciones de dichos acuerdos, entones está claro que la administración Bush no estaba actuando de acuerdo con ellos antes de la sentencia de Hamdan. Si los empleados del ejecutivo hubieran estado cumpliendo, la sentencia no habría tenido ningún efecto en sus procedimientos de interrogación.
A muchos estadounidenses esto podría no sonarles como algo demasiado importante. Después de todo, los “detenidos” o “combatientes enemigos”, como se los llama, son todos extranjeros sospechosos de actividades terroristas contra ciudadanos estadounidenses. Pero lo que ha de recordarse es que tenemos un sistema bajo el cual se supone que funciona este país, y el sistema se establece en la Constitución de EEUU. Eludirlo sin tratar de enmendarlo es una injusticia para los Padres Fundadores que escribieron el manual de funcionamiento de Estados Unidos y para quienes tenemos la errónea impresión de que funcionamos bajo el estado de derecho.
Aparte de estos abusos, hay otro aspecto de las acciones del Tribunal Supremo que podrían resonar aún más fuerte en algunos estadounidenses. Bajo la Ley de Comisiones Militares de 2006, aprobada por el Congreso en respuesta al caso Hamdan, y ratificado por el Tribunal Supremo el 3 de abril de 2007, cualquiera puede ser calificado como “combatiente enemigo”.
En consecuencia, los ciudadanos de EEUU puede ahora ser considerados “detenidos” y retenidos indefinidamente sin juicio ni habeas corpus, y si son llevados a juicio pueden comparecer ante tribunales cuasi-federales creados por el ejecutivo, no por el legislativo.
Por desgracia, el Congreso respondió a la sentencia de Hamdan precisamente de la forma equivocada. No aprobó leyes para tratar de impedir que la administración creara sus propios “tribunales militares” y no declarara realmente la guerra, poniendo así al ejército de EEUU en la vía apropiada y disponiendo un sistema de captura, prisión y juicio a los prisioneros de guerra según los Acuerdos de Ginebra. Respondió codificando justamente aquello contra lo que había sentenciado el Tribunal Supremo. El Congreso aprobó temerariamente la Ley de Comisiones Militares, permitiendo a la administración Bush crear tribunales militares no sancionados por los acuerdos, prohibiendo a los tribunales federal atender más casos que requieran aclaración de la situación de los “detenidos” como prisioneros de guerra o delincuentes bajo el derecho de EEUU y cediendo el poder proporcionado constitucionalmente al Congreso para suspender el habeas corpus.
Hubo un tiempo en que el Congreso no se habría dado tanta prisa en entregar su poderes a otras instituciones. Pero ahora tenemos agencias autónomas como la EPA, la OSHA y la FDA y la mayoría de los estadounidenses piensan que están justificadas, así que ¿por qué protestar por otra entrega al ejecutivo, esta vez incluyendo juicios y suspensión del habeas corpus?
Hay muchas razones para protestar. Bajo la ley y las recientes sentencias, los ciudadanos estadounidenses pueden ahora ser arrestados por el gobierno federal, ser retenidos sin juicio, interrogados bajo patrones que no permitiríamos sobre nuestros soldados si fueran capturados por otras naciones o subordinados a estas naciones y no tener nunca una audiencia para conocer las evidencias presentadas contra ellos.
Cuando Thomas Jefferson escribió la Declaración de Independencia, el “tren de abusos” de la Corona que citaba ocupaba media página. Hoy la pluma de Jefferson podría llenar libros enteros y cada abuso resulta perpetrado por políticos y burócratas que prestaron juramento de apoyar al gobierno que aquel ayudó a establecer. Es un triste comentario sobre la probabilidad de que cualquier república constitucional pueda durar mucho sin crecer hasta atacar los derechos individuales y hace que uno se pregunte por qué tendría alguien que poner su confianza ni siquiera en el más limitado de los gobiernos para empezar.
[1] A favor de la sentencia del Tribunal del Circuito estuvieron los jueces Scalia, Thomas, Alito y el juez principal Roberts, mientras que los jueces Breyer, Ginsberg y Souter estuvieron en desacuerdo.
[2] Artículo Uno, Sección Nueve: “El privilegio de habeas corpus no se suspenderá, salvo en casos de rebelión o invasión que puedan requerirlo por seguridad pública”.
Publicado el 27 de abril de 2007. Traducido del inglés por Mariano Bas Uribe. El artículo original se encuentra aquí.
