Una marea fiscal carmesí

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Si habéis visitado alguna vez mi parte del país, habréis oído una polémica perenne sobre impuestos ocupacionales y el derecho del condado más poblado de mi país a imponerlos.

El estado sería Alabama y ese condado sería el condado de Jefferson, establecido con medios violentos, fuera del mercado en 1819 y aun así bautizado con el nombre de un radical contra los impuestos que acabó convirtiéndose en el tercer presidente de Estados Unidos. Aunque Thomas Jefferson moriría cinco años después, su condado epónimo sigue con nosotros.

Como condado, Jefferson fue, por suerte, irrelevante a lo largo de la mayoría de su historia. No fue hasta la década de 1950 cuando el condado llegó a las noticias internacionales por su grosera aplicación de la segregación pública ordenada por el estado. El condado ha pagado un severo precio económico por estos episodios. En 1960, Birmingham, Alabama, era similar en tamaño y características socioeconómicas a Atlanta y podía haberse desarrollado de una forma comparable en las siguientes décadas.

Pero mientras Atlanta criaba a empresarios como Carlyle Fraser, George y Robert Woodruff, Ted Turner y Oz Nelson y atraía capital y mano de obra de los estados norteños con más impuestos y regulaciones, Birmingham se hacía famosa por Bull Connor y el archipopulismo que protegía a la industria de acero dominada por los sindicatos y en general hacía menos seguros capital y empleo.

Como consecuencia, muchos residentes veteranos del condado lamentan lo que podría haber sido este.

Esta presión archipopulista trajo la creación de un amplio impuesto ocupacional al condado de Jefferson en 1988. Aunque muchas jurisdicciones fiscales locales en Estados Unidos tienen impuestos ocupacionales en el contexto de someras tasas de licenciamiento para propietarios de negocios (que ya son bastante malas, porque aumentan el coste de empezar un negocio y obstaculizan el proceso de creación de riqueza), el condado de Jefferson decidió ir más allá y requerir el pago de impuestos ocupacionales a todos los trabajadores que no estuvieran ya sujetos a las tasas existentes de licenciamiento a nivel local o estatal. La ley decía:

Será ilegal que una persona ejerza cualquier profesión, ocupación, oficio o profesión (…) dentro del Condado [de Jefferson] a partir del 1 de enero de 1988, sin pagar tasas de licenciamiento al Condado por el privilegio de ejercer dicha profesión, ocupación, oficio o profesión, dichas tasas de licenciamiento se establecen en un medio por ciento (1/2%) de los ingresos brutos de dicha persona.[1]

Aquí están de nuevo los días felices, al menos para los que creen que se vive mejor mediante mayores niveles de saqueo legal. Sin embargo, mirando atrás, la experiencia de Jefferson con el impuesto ocupacional ilustra la diferenciación de Henry Hazlitt entre buenos y malos economistas. En particular, Hazlitt señalaba que mientras los buenos economistas ven las consecuencias a largo plazo de políticas y acciones, los malos economistas se centran únicamente en los efectos inmediatos.[2] Los efectos inmediatos de un impuesto ocupacional ampliamente definido han sido buenos para el condado en su ingreso fiscal. Se abrió un nuevo grifo de ingresos que permitió nuevas vías de gasto y expansión del número de personas que se convirtieron en económicamente dependiente en el condado. También benefició a los intereses especiales favorecidos por los líderes políticos de Jefferson.

Con el tiempo, el impuesto ocupacional creció en importancia para la financiación general del condado. En el último año fiscal que estuvo en práctica, recaudó más de 70 millones de dólares, equivalentes a un cuarto de la financiación general.

A Hazlitt no le hubiera sorprendido que los efectos a largo plazo hayan resultado devastadores. Los negocios atraídos por la región han desdeñado el condado de Jefferson en favor de condados adyacentes con menores impuestos. Muchos negocios con una larga historia en el condado de Jefferson se han trasladado a otros lugares, representados por la decisión de 2009 de la Red Diamond Coffee Company de irse de Birmingham (donde había estado durante más de 100 años) a la cercana Moody, en el condado adyacente de St. Clair. Entretanto, la inversión creadora de riqueza ha evitado el condado de Jefferson hacia lugares de costes inferiores tanto en el estado como en el sudeste en general. Mientras Alabama en general ha conseguido atraer inversiones, este éxito ha eludido el condado de Jefferson en favor de lugares como Tuscaloosa (Mercedes), Talladega (Honda), Madison (Toyota y Boeing) y Montgomery (Hyundai), todos los cuales deben agradecer el impuesto ocupacional de Jefferson.

En 2011, el Tribunal Supremo de Alabama declaró unánimemente inconstitucional el impuesto debido a problemas procedimentales en ofrecer advertencia pública de sus probables efectos. Después de que el condado declarara la mayor bancarrota municipal de la historia (basada principalmente en su capacidad de devolver el dinero tomado prestado antes para financiar un sistema de alcantarillado ordenado federalmente), comenzó el proceso de reimponer el impuesto a través de su delegación legislativa al parlamento del estado. (En Alabama, esos impuestos del condado deben aprobarse a nivel estatal).

Lo que pasó a continuación fue divertido de ver. Este pasado 9 de mayo, aparecieron noticias de que el jefe de la Comisión del Condado de Jefferson había enviado un correo electrónico airado e incrédulo a miembros de la delegación en respuesta a rumores de que algunos de ellos en realidad estaban cabildeando para el rechazo del impuesto ocupacional. Una vez se hizo evidente que varios miembros de la delegación que apoyaban el impuesto en público estaban trabajando clandestinamente entre bambalinas para abolirlo, el parlamento nunca llegó a votarlo, permitiéndole esencialmente morir.

El mensaje básico del correo era de sorpresa de que políticos mentirosos y riñas internas pudieran condenar realmente el impuesto ocupacional y todo el gasto en intereses especiales que hace posible, ofreciendo a cambio apoyo financiero y político en el futuro. Son esos intereses especiales que ganan con la función redistributiva del gobierno del condado de Jefferson (a través del cual se extrae por la fuerza la riqueza de los productivos para repartirla entre los bien relacionados políticamente), los que están sorprendidos (¡sorprendidos!) al descubrir que la política realmente produjo el fin de su querido impuesto ocupacional.

En el otro lado de esta pelea, hay legisladores que realmente se oponen al impuesto debido a la (agarraos) oposición popular al impuesto de electores dentro y fuera del condado y a un deseo de obligar a un cambio a largo plazo, después de la quiebra, de la estructura fiscal del gobierno de Jefferson que no incluya un impuesto ocupacional. Ese cambio haría a Jefferson más competitiva fiscalmente con los condados de Mobile y Madison, que han tenido ambos más éxito en atraer capital y generar crecimiento económico y oportunidades a lo largo de las dos últimas décadas.

Sin embargo, los defensores del impuesto y de los intereses que se benefician del mismo ven este episodio como una declaración de guerra. El Birmingham News calificó a los legisladores en contra del impuesto como los peores enemigos del condado de Jefferson (¿una especie de versión local de los insurgentes de Afganistán?) como si mantener y afinar un sistema que ha acabado en bancarrota fuera de interés público. En el News, John Archibald, un columnista popular, considera a los legisladores actuando fuera de los controles del establishment como Fredo Corleone, de El padrino: un traidor a la familia que acaba siendo asesinado.

En realidad, la polémica ha expuesto una división entre quienes quieren dirigir el país como si todavía fuera 2005 y quienes ven que el mundo ha cambiado y reclamar que el condado se adapte a los tiempos o muera. Perdido entre los jadeos sobre legisladores traidores hay algunas muy buenas razones por las que el condado de Jefferson debería haberse librado de este impuesto hace mucho tiempo.

Primera, es un impuesto. No olvidemos que los impuestos son intercambios involuntarios de rentas realizados bajo la amenaza de violencia legal y son por tanto inconsistentes con el objetivo de la libertad humana. Tomar la riqueza de otros sin su permiso es incorrecto, una violación del derecho natural. El que tengamos impuestos demuestra que la mayoría de la gente asiente a dichas tomas, y en el caso del impuesto ocupacional del condado de Jefferson, este asentimiento duró unas dos décadas. Pero hay un punto de inflexión en el que el asentimiento general ya no existe, incluso cuando el asentimiento se base principalmente un una decisión prudente de tolerar el impuesto, aunque solo sea para evitar conflictos con el gobierno.

Aun así, impedir el bandolerismo es algo bueno, incluso cuando el delincuente sea un bandido inmóvil. En la medida en que se impida, es más probable que los recursos se dirijan hacia sus usos más valorados, comparados con los usos elegidos por cargos públicos que gastan el dinero de otros.

Segunda, es un impuesto al trabajo. ¿Estamos en un mercado laboral débil, con tasas de desempleo históricamente altas, en su mayor parte explicadas por la salida de trabajadores desanimados del mercado laboral local en los últimos tres años y los políticos del establishment quieren reinstaurar un impuesto al trabajo? Son los mismos pensadores “progresistas” que defienden los impuestos al tabaco para desanimar su consumo.

Tercera, penaliza a los negocios en el condado de Jefferson respecto de otros condados. Si te encuentras en un sector competitivo obligado a operar tu negocio en el norte del centro de Alabama, el impuesto ocupacional hace al condado de Jefferson menos deseable respecto de los seis condados que le rodean. El resultado: Los habitantes con talento del condado de Jefferson se van en busca de mejores oportunidades en otro lugar, mientras que los pobres son los que más sufren. No hay forma de posicionar al condado de Jefferson como un jugador importante en la lucha por los flujos de capital en una economía global competitiva.

Finalmente, permite a os políticos retrasar un día más las decisiones duras. Hace mucho tiempo que los líderes del condado debieron examinar los costes asociados con prestaciones sociales, sindicatos del sector público, edades de jubilación de funcionarios y leyes de salarios prevalentes. Pero el ingreso del impuesto ocupacional les permite evitar cualquier discusión seria acerca de estos asuntos estructurales que pueden haber tenido sentido para la economía hace 40 años, pero que hoy cuestan millones al condado cada año.

No sorprende que lamenten el abandono del impuesto ocupacional.

¿Quiénes no lo lamentan? La lista es larga, pero grupos importantes, que incluyen

  • Empleados que ahora encuentran más asequible su oferta laboral
  • Empresarios que ahora pueden arriesgarse en empresas más intensivas en mano de obra
  • Empresas que ahora encuentran que han bajado los precios mínimos que necesitan para cubrir sus costes y
  • Consumidores que ahora encuentran precios más bajos y un mayor poder adquisitivo

Todos ellos estarían de acuerdo con esta paráfrasis de Thomas Jefferson: una pequeña rebelión fiscal es buena de vez en cuando.


[1] Condado de Jefferson, Alabama, Ordenanza 1120, § 2 (29 de septiembre de 1987).

[2] Del Capítulo 1 del clásico de Hazlitt Economics in One Lesson (Auburn, Alabama: Ludwig von Mises Institute, 2008), p. 4 [La economía en una lección]:

El economista malo solo ve lo que salta inmediatamente a la vista; el economista bueno también ve más allá. El economista malo solo ve las consecuencias directas de una acción propuesta; el economista bueno ve también las consecuencias más lejanas e indirectas. El economista malo solo ve el efecto que ha tenido o tendrá una política en un grupo concreto; el economista bueno investiga también qué efecto tendrá la política en todos los grupos.


Publicado el 21 de junio de 2012. Traducido del inglés por Mariano Bas Uribe. El artículo original se encuentra aquí.

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