[Capítulo 13, The Market for Liberty]
Mucha gente pregunta: “¿Pero cómo podría una sociedad de laissez faire ocuparse de agresiones por parte de naciones extranjeras, alno haber gobierno que la protegiera?” Detrás de esta pregunta hay dos supuestos no expresados: primero, que el gobierno es una especie de entidad extra-social con recursos propios (recursos que solo pueden dedicarse a la defensa por la acción del gobierno) y, segundo, que el gobierno defiende de hecho a sus ciudadanos.
En realidad el gobierno debe tomar todos sus recursos de la sociedad sobre la que gobierna. Cuando una sociedad controlada gubernamentalmente lleva a cabo una acción defensiva contra una agresión por parte de una potencia extranjera, ¿de dónde obtiene los recursos necesarios para llevar a cabo esa acción? Los hombres que luchan son individuos privados, normalmente reclutados al servicio del gobierno. Los armamentos los fabrican individuos privados haciendo su trabajo. El dinero para pagar esos armamentos y las miserias entregadas a los reclutas, así como el dinero para pagar los salarios de la pequeña minoría que comprende a los demás miembros de las fuerzas armadas, se confisca a individuos privados por medio de impuestos.
La única contribución del gobierno es organizar todo el esfuerzo por el uso de la fuerza: la fuerza del reclutamiento, los impuestos y otras coacciones menores, como racionamiento, topes de salarios y precios, restricciones de movimientos, etc. Así que mantener que el gobierno es necesario para defender a una sociedad de una agresión extranjera es mantener que es necesario usar agresión interna contra los ciudadanos para protegerlos de una agresión extranjera.
A pesar de la evidente inmoralidad de obligar a los hombres a protegerse a sí mismos contra la fuerza, algunos todavía mantienen que una defensa obligatoria es más eficiente que una voluntaria y es, por tanto, permisible e incluso necesaria en una situación de emergencia como una guerra. Un breve examen demostrará la falacia de esta variación de la dicotomía moral/práctica.
El éxito de cualquier empresa, incluyendo la guerra, depende de la cantidad de pensamiento y esfuerzo aportado por los implicados. Bajo la presión de la fuerza, se puede inducir a un hombre a poner una gran cantidad de esfuerzo e incluso un poco de pensamiento, pero sus esfuerzos reticentes espoleados por el miedo no pueden compararse en eficacia y productividad con los esfuerzos ambiciosos e incansables de un hombre libre luchando por lograr algo que realmente quiere que se haga. El hombre que trabaja con entusiasmo no solo trabaja más eficazmente, sino que también usa su mente para descubrir formas nuevas y mejores de alcanzar el objetivo y esa innovación es la clave del éxito.
Además, un sistema de fuerza siempre desperdicia recursos, porque cuanto menos dispuesta esté la víctima de la fuerza, más energía hay que desviar para mantenerle en línea y menos queda para realizar la tarea. Los hombres a los que se obliga a hacer lo que no quieren hacer (o ano hacer lo que quieren hacer) son asombrosamente buenos en idear formas enrevesadas y complicadas de engañar al sistema que los esclaviza. Por eso incluso el más totalitario de los gobiernos descubre que no puede iniciar una guerra sin enormes esfuerzos de propaganda dirigidos a convencer a su propio pueblo sobre la justicia y necesidad de la guerra.
La libertad no es solo tan moral como inmoral es la esclavitud gubernamental, es tan práctica como impráctico es el gobierno. Es absurdo suponer que los hombres no se organizarían para defenderse y lo harían eficazmente, si no se les obligara a hacerlo. Los hombres no son tan ciegos como para no entender el valor de la libertad, ni tan indiferentes ante la vida como para no defender sus valores. Ni son tan estúpidos como para necesitar políticos, burócratas y generales del Pentágono para que les digan cómo organizarse y qué hacer. Cuando más libres son los pueblos, más eficazmente actúan. Siendo esto verdad, un sistema de defensa de libre mercado contra agresiones extranjeras puede esperarse que sea muy eficaz, frente al sistema público de tamaño, recursos y madurez comparables.
La creencia en que la sociedad no podría defenderse sin un gobierno también supone que el gobierno protege en realidad a la sociedad a la que gobierna. Pero cuando se entiende que el gobierno no tiene nada que no sea lo que toma por fuerza a sus ciudadanos, resulta evidente que no puede proteger al pueblo, porque no tiene los recursos para hacerlo. De hecho, el gobierno, sin los ciudadanos a los que parasita, ¡no podría protegerse a sí mismo!
A lo largo de la historia, se ha dicho a los pueblos que se sometan a las tiranías de sus gobiernos, porque, se les ha dicho, su gobierno era vitalmente necesario para protegerles de las depredaciones aún más terribles de otros gobiernos. Los gobiernos, después de poner su propaganda, procedían a adular y coaccionar a sus ciudadanos ¡para protegerlos!
Los gobiernos nunca defienden a sus ciudadanos: no pueden. Lo que hacen es hacer que los ciudadanos les defiendan, normalmente después de que sus políticas estúpidas e imperialistas hayan agraviado o amenazado a otro gobierno hasta el punto del conflicto armado. La protección gubernamental contra la agresión extranjera es un mito (pero un mito en el que, es triste decirlo, cree realmente la mayoría de la gente).
El gobierno no puede defender a sus ciudadanos y es un absurdo y un sacrificio para los ciudadanos defender un monopolio coactivo que no solo les esclaviza, sino que genera una práctica de provocación de conflictos con otros monopolios coactivos, es decir, con otros gobiernos. Sobre la agresión extranjera, el gobierno es mucho más un pasivo que un activo y la gente estaría mucho mejor con un sistema de defensa de libre mercado.
Los medios de defensa del libre mercado frente a la agresión extranjera diferirían en ámbito e intensidad, pero no en principios de los medios de defensa del libre mercado frente a la agresión interna (como una banda de matones locales). En ambos casos, el principio es que cada hombre tiene tanto la libertad como la responsabilidad de defender sus propios valores en el grado que él considere que sea de su propio interés. Moralmente, no puede impedirse a ningún hombre que se defienda a sí mismo y a sus valores, ni puede obligársele a defenderlos si no quiere hacerlo.
Si alguna de la gente en una zona cree que uno de sus vecinos no está “asumiendo su porción justa de la carga de defensa” son libres de usar persuasión racional para tratar de convencerle de que le interesaría asumir su propia responsabilidad de autodefensa. Sin embargo no pueden extorsionarle para que cumpla con ningún uso o amenaza de fuerza… ni siquiera si están claramente en mayoría. Tampoco les sería práctico hacerlo. Un hombre que es obligado a defender a sus vecinos frente a un agresor extranjero puede decidir emplear parte de sus esfuerzos en defenderse por el contrario de sus coactivos vecinos.
En una sociedad de laissez-faire, la defensa frente a una agresión extranjera estaría a la venta en el mercado libre, igual que cualquier otro tipo de defensa. Debido a conexión natural cercana entre empresas de seguros y agencias de defensa, probablemente sea más viable vender defensa frente a agresión extranjera en forma de pólizas de seguro. Es decir, las empresas de seguros venderían pólizas acordando defender a sus asegurados contra agresión extranjera e indemnizarles por pérdidas resultantes por dicha agresión (por supuesto, el contrato sería nulo si los asegurados provocaran el conflicto por sus propias acciones agresivas). Las empresas de seguros verían para ello que se proporcionaran las defensas que fueran necesarias para impedir las pérdidas y se asegurarían de que se hiciera un trabajo muy eficaz de defensa, ya que cualquier pérdida les costaría enormes cantidades de dinero.[1]
Los críticos han cuestionado si las empresas de seguros podrían permitirse pagar todas las indemnizaciones causadas por la extensa destrucción de una guerra moderna, si sus defensas se vieran superadas. Por supuesto, si se perdiera la guerra, ni el personal de la aseguradora ni sus asegurados estarían en disposición de llevar a cabo acuerdos financieros normales. Si se ganaran, las aseguradoras tendrían o bien que pagar o ir a la quiebra. Al determinar si una empresa de seguros sería financieramente capaz de pagar, hay dos consideraciones importantes: el grado e intensidad del daño y el nivel de los activos de la aseguradora.
La cantidad de daño es imposible de predecir en la situación real, pero no hay razón para suponer que sería necesariamente tan severa como para incluir la total destrucción de todas las grandes ciudades. Los gobiernos normalmente inician guerras de destrucción solo contra zonas que, debido a las acciones de sus propios gobiernos, plantean una amenaza para el atacante. Una sociedad de laissez-faire, al no tener ningún gobierno para crear amenazas imperialistas, sería improbable que se convirtiera en objetivo de una guerra de destrucción.
Un gobierno extranjero podría decidir enriquecerse anexionándose el territorio libre, pero intentaría hacerlo por una guerra de conquista en lugar de una guerra de destrucción. Las guerras de conquista son mucho menos devastadoras y reclaman el uso restringido de armas convencionales en lugar del uso de armas nucleares. La sencilla razón de esto es que los conquistadores consiguen mucho menos beneficio de escombros y cadáveres que de fábricas y esclavos.
Otra razón para suponer que una guerra contra una sociedad de laissez-faire no sería totalmente destructiva para esa sociedad es que indudablemente pueden idearse defensas efectivas contra la guerra moderna. El hecho de que los gobiernos no hayan ideado aún esas defensas solo prueba que los gobiernos al tiempo son profundamente ineficaces y están más interesados en conseguir poder imperialista que en defender a sus ciudadanos. Dada la eficacia del mercado libre y el incentivo del beneficio (porque la gente estaría dispuesta a pagar por material eficaz de defensa si se le permitiera comprarlo), los innovadores sin duda crearán muchos dispositivos defensivos muy superiores a la maquinaria bélica militar que ahora nos imponen.
La segunda consideración para determinar la capacidad de pago de indemnizaciones de las compañías de seguros derivadas de la agresión extranjera es el nivel de sus activos. Incluso en nuestra sociedad, donde están incapacitadas por regulaciones públicas, estas consiguen gestionar activos grandes y variados, extendidos por diversas áreas financieras y geográficas. También tienen la práctica de dividir grandes riesgos entre diversas empresas, de forma que una cantidad repentina y grande de destrucción pueda pagarse sin hacer quebrar a ninguna de ellas. Esta es la razón por la que las aseguradoras pueden pagar millones de dólares en indemnizaciones que derivan de grande huracanes, tornados, seísmos, etc. y pueden hacerlo una y otra vez sin quedar fuera de los negocios.
En una sociedad de laissez-faire, las aseguradoras deberían tener una base financiera aún mejor de la que tienen en nuestra economía obstaculizada por el gobierno. Esto significa que un atacante tendría que conseguir apropiarse de una gran porción de los activos de toda la sociedad para sacar del negocio a las compañías de seguros. Pero no hay razón para suponer que un gobierno extranjero ataque toda la zona libre al tiempo (ya que, sin gobierno, no sería una sola entidad política) o que tenga éxito en destruir la mayoría de ella. Aunque no hay garantía absoluta de que las empresas de seguros sean financieramente capaces de pagar las indemnizaciones que deriven de un ataque de una potencia extranjera, las posibilidades de hacerlo son muy buenas.
La defensa real de una sociedad de la llevarían a cabo empresas de defensa (tanto independientes como las que sean filiales de aseguradoras). Estas defensas consistirían en el personal y material militar necesario para derrotar a las fuerzas de cualquier nación que amenace (o amenace potencialmente) a los asegurados. Esas defensas variarían en tamaño y tipo de acuerdo con la amenaza planteada y podrían incluir cualquier cosa, de espías y soldados de infantería a redes de radares y misiles defensivos.
Como del desarrollo y mantenimiento de armamento moderno es bastante caro, solo las mayores compañías de seguros probablemente pongan esfuerzos y recursos bajo presión competitiva para proporcionar la mejor protección posible con el coste más bajo. Por las mismas razones de eficacia, tendrán a comprar todas sus necesidades de defensa ante agresión extranjera a unas pocas empresas importantes, que podrían cooperar de cerca entre sí. La competencia entre empresas de defensa para entrar en ese rentable negocio estimulará el desarrollo de los sistemas de defensa más poderosos y eficaces que puedan conseguirse racionalmente. Las innovaciones tecnológicas que ahora son imprevisibles actualizarán constantemente su seguridad y eficacia. Ningún sistema público, con sus miles de normas y politiqueos, subvenciones a amigos, manejo de hilos y toma de poder podría siquiera aproximarse a la potencia y eficacia generada naturalmente por las fuerzas del libre mercado (que siempre se mueven para atender la demanda).
Quienes duden de que “el sector privado” de la economía pueda soportar el gasto de un sistema de defensa de libre empresa harían bien en considerar dos hechos. Primero, “el sector público” obtiene su dinero de la misma fuente que “el sector privado”: la riqueza producida por individuos. La diferencia es que “el sector público” toma su riqueza por la fuerza (lo que es un robo legal), pero no tiene así acceso a una mayor cantidad de recursos. Por el contrario, al drenar la economía con impuestos y dificultarla con restricciones, el gobierno en realidad disminuye la oferta total de recursos disponibles.
Segundo, el gobierno, al ser como es, hace a la defensa mucho más cara de lo que tendría que ser. La basta ineficacia y el habitual desperdicio de un monopolio coactivo que obtiene sus ingresos por la fuerza y no teme ninguna competencia, dispara los costes. Además, el insaciable deseo de políticos y burócratas por ejercitar poder en todo rincón remoto del mundo multiplica los ejércitos caros, cuyo principal efecto es cometer agresiones y provocar guerras. La pregunta no es si “el sector privado” puede pagar los costes de defender a personas, sino durante cuánto tiempo más pueden las personas pagar el temible y peligroso coste de la “defensa” pública coactiva (que, en realidad, es defensa del gobierno, para el gobierno… por los ciudadanos).
Una porción importante del coste de defensa frente a la agresión extranjera en una sociedad de laissez-faire recaería originalmente en negocios e industrias, ya que los propietarios de plantas industriales evidentemente tienen una inversión mucho mayor a defender que los dueños de pequeñas casas en los suburbios. Si hubiera alguna amenaza real de agresión por parte de una potencia extranjera, los empresarios estarían todos muy motivados para contratar seguros contra esa agresión, por la misma razón por la que se aseguran contra incendios, aunque puedan ahorrar dinero a corto plazo si no lo hacen.
Una consecuencia interesante de este hecho es que el coste de defensa acabaría tendiendo a extenderse entre toda la población, ya que los costes de defensa, junto con los gastos de estructura y otros similares, tendrían que incluirse en los precios pagados por bienes por consumidores. Así que no tiene sentido la preocupación de que aparezcan “aprovechados” sin pagar su propia defensa dependiendo parasitariamente de las defensas pagadas por sus vecinos. Se basa en un error de cómo operaría el sistema de libre mercado.
El papel de los negocios y la industria como grandes consumidores de seguros ante agresión extranjera operaría unificando el área libre ante cualquier agresión. Por ejemplo, una fábrica de automóviles en Michigan podría tener una fuente vital de materias primas en Montana, una fábrica de repuestos en Ontario, una fábrica filial en California, almacenes en Texas y tiendas en toda Norteamérica. Cada una de estas instalaciones es importante en algún grado para la dirección de esa fábrica de Michigan, así que querrá que se defiendan todas, cada una en la medida de su importancia. Añadamos a esto la preocupación de los dueños y directores de estas instalaciones por sus propios negocios y por todos los demás negocios de los que dependen a su vez y aparece una red enorme y múltiple de sistemas de defensa entremezclados.
La implicación de las compañías de seguros, con sus existencias financieras diversificadas y sus amplios mercados reforzaría enormemente esta red defensiva. Esa red múltiple de sistemas de defensa entremezclados está muy lejos del retrato común, pero erróneo de pequeñas ciudades, negocios y personas sin protección de un gobierno, cayendo uno a uno ante una horda enemiga que avanza.
Advirtamos sin embargo que esa red de defensa no obligaría a ninguna persona a contribuir con dinero o esfuerzo a ninguna acción defensiva en la que no se amenazara sus posesiones. Bajo el actual sistema público de defensa colectivista dentro de límites arbitrarios, un hombre de California se vería obligado a sacrificar sus valores y posiblemente su vida para defender el Estado de Maine, aunque no tenga interés alguno en ello. Al mismo tiempo, un hombre a pocos kilómetros de allí en Quebec, como está al otro lado de un río concreto, tendría que quedarse de brazos cruzados, salvo que su propio gobierno decida realizar alguna acción.
Esto pasa porque la defensa pública, como cualquier otra acción pública, es y debe ser colectivista por naturaleza. Con un sistema de defensa de libre mercado, cada hombre actúa para defender sus propios valores en el grado en que quiere que se defiendan, independientemente de qué pieza inmobiliaria resulte estar ocupando. A ningún hombre se le obliga a sacrificarse por la defensa del sistema colectivo de una banda coactiva llamada gobierno.
Un sistema de defensa de libre mercado también haría muy difícil para un atacante obtener una rendición. Igual que una sociedad de laissez-faire no tendría un gobierno para empezar una guerra, no tendría ningún gobierno para capitular. Los defensores lucharían mientras, y solo mientras, creyeran que les interesara. Ni siquiera las empresas de seguros y agencias de defensa podrían negociar una rendición, porque sus contratos no pueden obligar a nadie salvo a quienes realmente los firmaron. Es interesante especular sobre lo que podría hacer una nación extranjera agresiva si se enfrentara a esta situación.
En un sistema de defensa de libre mercado, el tamaño de los ejércitos y el gasto en armamentos se regularían automáticamente de acuerdo con la necesidad de los mismos. Los consumidores, informados de la situación mundial por los medios de comunicación y los anuncios de los seguros, contratarían más seguros cuando amenazara agresión y menos cuando se rebajaran las tensiones. Esto sería particularmente cierto cuando las grandes empresas e industrias constituyen los principales clientes de las aseguradoras. Serían muy previsores en su contratación de seguros contra agresión extranjera, igual que deben ser previsores en todos sus demás acuerdos.
Además, la competencia obligaría a mantener bajos los costes de defensa, de forma que todos los armamentos tendrían que dedicarse a usos defensivos necesarios o eliminados, ya que no valdría la pena mantener armamentos ociosos. Ningún ejército podría crecer más allá de lo que apoye el mercado y el mercado nunca apoyaría un ejército más grande que el que sea realmente necesario para la defensa, porque la fuerza es un gasto no productivo de energía.
Esta respuesta automática de las armas a la situación mundial, con una limitación a la construcción de armas, ofrecería varias ventajas importantes. Primero, evitaría el drenaje económico de mantener ejércitos permanentes más grandes de los necesarios, pero aun así permitiría un rápido aumento en las armas cuando se necesitara. Segundo, pondría fin a las peligrosas irritaciones y provocaciones a naciones extranjeras que siempre llevan a mantener grandes ejércitos imperialistas en todo el mundo y, así, eliminaría una fuente importante de hostilidad y tensión. Tercero, impediría las diversas intromisiones, agresiones y “guerras a pequeña escala” que resultan de tratar de jugar a ser el “policía del mundo” y regular los asuntos de todos en el planeta. Y cuarto, garantizaría que toda maquinaria militar excesiva no pudiera nunca ser tomada por un aspirante a dictador y utilizada contra el propio pueblo de la sociedad de laissez-faire (una garantía que ninguna constitución puede dar).
Un sistema de defensa de libre mercado también acabaría permanentemente con el peligro de que algún político descuidado o loco por el poder pudiera “pulsar el botón” y llevar a los indefensos ciudadanos toda la violencia de represalias del “otro bando”. Un negocio de libre mercado no conseguiría el poder “pulsando el botón”: perdería una tremenda cantidad de activos. Consecuentemente, cualquier acción militar por parte de las agencias de protección del libre mercado sería estrictamente defensiva y asumida solo cuando todos los demás medios de atender la amenaza hubieran fallado.
Y, junto con todas sus demás ventajas, un sistema de defensa de libre mercado acabaría permanentemente con la inmoralidad de un servicio militar manchado de sangre. Las fuerzas voluntarias profesionales de defensa del mercado serían muy superiores a las fuerzas del servicio militar público. Los ejércitos de recluta son terriblemente caros de mantener debido a la constante necesidad de formar a nuevos reclutas para ocupar las plazas de esa gran y sensata mayoría que se va tan pronto como acaba el servicio. Además, los reclutas son luchadores notablemente ineficaces e indispuestos, comparados con los voluntarios, por razones obvias. Otra vez la aproximación moral es la práctica.
Muchos agoreros han proclamado que no puede haber defensa contra una guerra moderna con misiles. En realidad, el peligro de una guerra así es uno de los principales argumentos aportados a favor de un gobierno fuerte. Se dice que solo manteniendo un gobierno fuerte podemos esperar detener un ataque enemigo o recibirle adecuadamente cuando llegue. Y como ya hay cientos de misiles apuntando a diversas partes del planeta y no parece probable que se desmantelen en un futuro previsible, se nos dice que es mejor que planeemos mantener fuerte ese gobierno durante mucho tiempo en el futuro y no soñemos con experimentar con formas radicales de mejorar nuestra sociedad, como la libertad.
Como la vida no da ninguna garantía automática de seguridad y éxito, es verdad que incluso un sistema de defensa de libre mercado podría verse superado por un completo ataque atómico-biológico-químico, si puede lanzarse un ataque así. Pero lo mismo podría hacer una sistema de “defensa” público, así que esta declaración no dice realmente nada acerca de los méritos relativos de la defensa de libre mercado frente a la “defensa” pública.
Un examen de la “defensa” pública demuestra que depende del uso de fuerza iniciada contra sus propios ciudadanos y de mucha propaganda acerca de los “peligros” extranjeros inventados por el gobierno y obliga a los ciudadanos a sacrificarse por lo que los cargos públicos consideren que es el bien “público”. El libre mercado permite a cada hombre defender sus propios valores, usa fuerza no iniciada y no obliga a ningún sacrificio a sus clientes y penaliza a quienes rechazan llevar vidas no coactivas.
La “defensa” pública es inevitablemente derrochadora y una rémora para los recursos de la sociedad. Es asimismo ineficaz en proteger al ciudadano contra la guerra moderna y probablemente siga así, porque sin competencia y la motivación del beneficio, no tiene incentivos suficientes como para innovar eficazmente. En el libre mercado, la competencia obliga a las empresas a recortar costes y eliminar el gasto inútil y también provee continuas mejoras en eficacia mediante innovación tecnológica al luchar las empresas por “mantenerse en cabeza de la competición”.
Pero peor que este desperdicio e ineficacia, la “defensa” pública en realidad es poco más que una excusa para el imperialismo. Cuando más “defiende” el gobierno a sus ciudadanos, más provoca tensiones y guerras, ya que ejércitos innecesarios holgazanean descuidadamente en países lejanos y funcionarios públicos, de arriba abajo, ponen todo su empeño en obtener poder incansablemente y de forma provocadora. La maquinaria bélica creada por gobiernos es peligrosa tanto para extranjeros como para sus propios ciudadanos, y dicha maquinaria puede operar indefinidamente sin ningún control eficaz que no sea el ataque de una nación extranjera.
Si a esa maquinaria de guerra no se le oponen los ejércitos de otras naciones, casi inevitablemente se usa para promover un imperialismo desenfrenado. Pero si se le opone una maquinaria de guerra de igual fuerza y letalidad, se produce un equilibrio de terror, con la amenaza constante de un holocausto. Los negocios en un libre mercado no pueden derrochar el efectivo en esas peligrosas locuras, porque ganan clientes ofreciendo valor para hombres libres en lugar de amenazar por la fuerza contra súbditos desarmados.
Los gobiernos no defienden realmente a sus súbditos-ciudadanos en absoluto. Por el contrario, provocan guerras y luego obligan a los ciudadanos a sacrificar su dinero, su libertad y a menudo sus vidas para defender al gobierno. ¡Esa “defensa” es peor que no tener ninguna defensa!
S verdad que los misiles, los productos químicos letales y las plagas de la guerra moderna constituyen una amenaza muy real. Pero estos productos de destrucción masiva fueron construidos por orden de gobiernos y estos mismos gobiernos están creando continuamente armas nuevas y más letales. Decir que debemos tener un gobierno para protegernos mientras estos productos del gobierno están a nuestro alrededor es como decir que un hombre debería mantener su tumor canceroso hasta algún momento en el futuro en que se encuentre mejor, porque sería demasiado peligroso extirparlo ahora.
Si e colectivismo ha demostrado ser ineficiente, derrochador y peligroso en áreas como el transporte y la medicina, indudablemente el peor lugar de todos para tenerlo es en el área vital de la defensa contra la agresión extranjera. Guerras y muchas otras formas menos destructivas de conflictos humanos son la consecuencia natural de institucionalizar la violencia del hombre en forma de gobiernos.
[1] Esto es similar a la relación que prevalecería en una sociedad de laissez-faire entre aseguradoras de incendios y empresas de extinción de incendios. Las aseguradoras venderían seguros de incendios y, o bien mantendrían sus propias instalaciones para eliminar incendios, o bien contratarían los servicios de empresas independientes de extinción de incendios para sus asegurados (y todo el que quiera pagar una tarifa por los servicios cuando se usen). Debido a que las diversas aseguradoras encontrarían conveniente tener acuerdos contractuales para contratar los servicios de extinción de incendios de las demás cuando sea más viable que usar los propios, no sería necesario tener estaciones de bomberos para cada aseguradora en cada zona.
Publicado el 4 de febrero de 2010. Traducido del inglés por Mariano Bas Uribe. El artículo original se encuentra aquí.
