Es muy difícil la asignación efectiva de derechos de propiedad sobre las aguas en general y sobre las subterráneas en particular. A diferencia de otros tangibles, separar y acotar las aguas resulta peculiarmente difícil con el nivel de tecnología actual, y ello es relevante ya que desde hace más de cincuenta años está aumentando de manera considerable el consumo de aguas subterráneas. La creciente demanda hace que las extracciones superen el volumen de las reposiciones naturales en casi todas las cuencas subterráneas.
Pero asignar los derechos de propiedad sobre las aguas subterráneas, haciéndolas privadas en su totalidad y permitiendo, por tanto, que cada propietario pueda disponer de su cuota, tanto para utilizarla como para intercambiarla en un mercado libre, acabaría con la tragedia de los bienes comunales que se da hoy en día en el consumo de un bien escaso tan importante para la vida como es el agua.
Este pilar básico en una economía de mercado, acabaría con el problema actual del fracking y permitiría a todos los consumidores en su conjunto, y no a unos pocos, decidir qué es más valorado hoy: o el uso de energía extraída con esta técnica o el uso del agua subterránea sin ningún riesgo de contaminación.
Esta técnica de extracción de gas pizarra hace que podamos considerar un importante aumento de las reservas mundiales de energía. Sin embargo, por la propia dificultad técnica de la extracción, no se pueden evitar hoy por hoy ciertos colaterales como la contaminación de aguas subterráneas por fugas en las tuberías, el elevado consumo de agua para llevar a cabo la extracción, la contaminación atmosférica por emisión de gases con efecto invernadero, los terremotos inducidos por las explosiones, la contaminación acústica y el impacto paisajístico.
Por tanto, la pregunta es si debe primar el “beneficio público” que quieren imponer desde el gobierno, atendiendo a los intereses personales de unos cuantos, sea la decisión tanto de extraer como de no extraer, y sin que efectivamente los perjudicados vean compensación alguna. O si en su lugar existe una solución de mercado por medio de los derechos de propiedad y los precios libres.
Esta segunda opción, pese a su dificultad técnica, permitiría acabar con la tragedia de los bienes comunales.
Por un lado, los propietarios no se verían tentados a utilizar la mayor cantidad posible a la mayor velocidad posible, pues serían los perjudicados por su propia sobreexplotación.
Por otro lado, los afectados por sus acciones contaminantes podrían defenderse y obtener una compensación.
Además, el riesgo de tener que pagar indemnizaciones constituiría un coste que influiría en el precio del producto. Esto significa que serían los consumidores los que finalmente, ejerciendo su libertad de comprar o no a dicho precio, mostrarían a los productores a través de las señales de pérdidas o ganancias empresariales si tal negocio es en última instancia rentable o no.
En otras palabras, los derechos de propiedad desincentivan tanto la sobreexplotación como las externalidades, al tiempo que muestran a sus titulares cuáles son los verdaderos usos rentables de su recurso. En el caso del fracking ello no sería diferente.
