Jason McBride es un vendedor de gasolina de Aliceville, Alabama, que ha tenido el valor de cobrar 3,69$ por galón de gasolina normal en su gasolinera, mientras que su competencia estaba cobrando de 2,49$ a 2,79$. ¿Quién se ha creído que es?
No lo sé, pero sí sabemos qué es ahora. Un delincuente.
McBride fue arrestado la pasada semana por violar la Ley de Precios Desmesurados de Alabama. Esta ley “anti-precios exagerados” y hace delincuentes a los propietarios de gasolineras que “cobren de forma generalizada un precio que sea un 25% superior al medio durante los últimos 30 días antes de [una] emergencia declarada, salvo que sea atribuible a factores razonables de coste”. El pobre McBride aumentó sus precios el 31 de agosto, el día en que el Huracán Katrina visitó nuestro estado, y dos días antes de que el gobernador Bob Riley declarara el estado de emergencia. Vaya.
La idiotez económica de estas leyes ha sido objeto de muchos comentarios en semanas recientes. Entorpecen la capacidad del sistema de precios de enviar señales a consumidores y productores. Promueven el uso de recursos de formas que son un desperdicio. Permiten a los políticos ganar puntos por la ignorancia económica de las masas. En medio de una situación de desastre, causan escasez, ralentizan el proceso de recuperación y extienden el sufrimiento.
Pero hay otra objeción que, en mi opinión, se impone a todas estas.
También violan los derechos de propiedad de propietarios de recursos escasos, como la gasolina. Los propietarios de gasolineras, no las autoridades públicas, son los que arriesgan su capital para satisfacer a los clientes. Son los que contratan mano de obra, cierran contratos con proveedores y organizan los recursos para proporcionar bienes a clientes mediante intercambio voluntario. Deberían poder cobrar los precios que quieran.
Por eso Jason McBride debería haber podido cobrar 5,00$ o más por un galón de gasolina si quisiera. O podría haberlo dado gratis. O podrían haberlo apilado en latas de un galón, poner un mantel por encima y hacer un picnic. Después de todo, era su propiedad.
Sin embargo, no es su propiedad cuando algún otro, utilizando la amenaza de fuerza, le dice cómo puede usarla. Esto debilita sus derechos de propiedad y aumenta el riesgo que deriva de poseer propiedades. Cuando el gobernador de Alabama o su fiscal general amenazan con violencia por cobrar lo que consideran que es un precio inapropiado, asumen una posesión parcial de esa propiedad, independientemente de quién tenga el título legal.
Esta distinción se olvida con un gran coste. Los derechos de propiedad deben establecerse y respetarse para proporcionar a los propietarios incentivos para utilizar la propiedad de maneras que sean socialmente óptimas: aquellas en las que no se incurra en sanciones del mercado, al menos a largo plazo. Si creemos en la Ley de la Demanda, podemos suponer que McBride perdió negocio cuando aumentó el precio que cobró por la gasolina ese día y que recibió quejas de los clientes que la compraron y descubrieron posteriormente que estaba disponible en otros lugares a un precio mucho más bajo.
Si el hecho de que cobrara precios en el mercado por encima de las condiciones de oferta y demanda que había (factores que los funcionarios del estado no tienen forma de conocer), ¿no basta con las sanciones del mercado? ¿Debería ser ilegal el error empresarial?
No para condenar la condena de la desmesura en el precio. ¿Existe incluso? Después de todo, el ajuste de una persona a las condiciones de oferta y demanda es el precio desmedido de otra persona. Y si no existe, los consumidores lo penalizan continuamente cuando alteran sus compras relativas o se dedican a las prácticas habituales de mercado de la comunicación y la salida. Lo que sí debería condenarse es el derecho de los cargos públicos a condenar la desmesura en el precio. En ese caso, abunda la ironía y la arrogancia.
Ved cuánto se os cobra para conseguir una carnet de conducir o, si poseéis un negocio, pagar la cuota anual para que se os permita operar legalmente. En mi ciudad, los votantes rechazaron un aumento de 9 millones en impuestos la pasada primavera y la respuesta ha sido un acusado aumento en impuestos a la propiedad este otoño. En mi estado, el gobernador propuso (y los votantes rechazaron sonoramente) un aumento en los impuestos de 1.200 millones de dólares (meses después de ganar las elecciones basándose en un conservadurismo fiscal). A nivel federal, la desmesura se produce en torno al 15 de abril de cada año con la esperanza de que los votantes en noviembre se olviden del daño producido. Los federales son desmesuradores especialmente astutos. También pueden hacerlo hinchando la moneda.
¿Así que quién es el verdadero desmesurador? Jason McBride puede estar ponderando esto mientras paga por estar fuera de prisión, por el acto de poner precio a su propiedad de maneras que no servían a los intereses del estado. Pero, por alguna razón, no me siento más seguro sabiendo que fue atrapado. Después de todo, muchos personajes aduladores se dedican a la desmesura de precios. El problema es que la mayoría operan fuera del mercado.
Publicado el 21 de octubre de 2005. Traducido del inglés por Mariano Bas Uribe. El artículo original se encuentra aquí.
