La sentencia reciente del Tribunal Supremo sobre rezar en reuniones del gobierno me recuerda que la “temporada” del Tribunal Supremo está a punto de empezar y durante los siguientes dos meses aproximadamente, podemos esperar que el tribunal decida sobre una serie de casos que pueden tener impactos profundos en las vidas tanto de ciudadanos como de no ciudadanos. La sentencia del tribunal en Town of Greece vs. Galloway ha producido un montón de comentarios en ambos bandos, con mucha discusión acerca de la dinámica entre jueces y cómo el juez Kennedy debe haber estado de talante pro-reos ese día, ya que sus sentencias parecen realizarse sobre diversos caprichos irreconocibles.
Casi todos estos comentarios incluyen la suposición de que es perfectamente normal y probablemente laudable, que el Tribunal Supremo tenga el poder de sentenciar la legalidad de prácticamente todo bajo el sol, desde la pena de muerte a dónde pueden construir centros comerciales los ayuntamientos.
Si hubo alguna vez alguna duda de que la escuela pública ha sido un inmenso éxito en lo que se refiere a condicionar a los niños a aceptar ciegamente incluso los mitos más increíbles del gobierno, solo tenemos que mirar el pedestal en el que mantienen la mayoría de los estadounidenses al Tribunal Supremo. El hecho de que nueve reyes filósofos modernos hayan sido nombrados para juzgar toda ley y costumbre estadounidense, llegando hasta si se puede o no en una reunión del ayuntamiento, en un pueblo que prácticamente ningún estadounidense podría encontrar en el mapa, incluir algún tedioso tiempo para orar. No preocupa a ningún niño en la escuela que se enseñe en un momento que la democracia es la fuente de legitimidad para todos los gobiernos y que un momento después se le diga que debería confiar completamente en nueve juristas con togas en Washington para que tengan la última palabra sobre derecho para 300 millones de estadounidenses.
La idea de que nueve personas deban decir a 300 millones de personas qué tipo de leyes deberían tener es bastante ridículo superficialmente, pero la justificación se basa en buena parte en la afirmación de que los jueces están en cierto modo por encima de la política y toman decisiones basadas casi en una pura razón. Los politólogos y la mayoría de la gente con experiencia en derecho sin duda saben que esto no tiene sentido, pero el estadounidense medio es mucho más probable que acepte el perdurable mito de que el tribunal es una especie de malla de protección que impide que se permita existir leyes estadounidenses “malas”. “Sin duda”, podrían decir, “el Congreso y el presidente, que están infectados por la vulgar política, pueden hacer cosas horribles, pero el Tribunal Supremo las evaluará desapasionadamente y sentenciará estrictamente sus valores legales”.
Esta visión del tribunal es por supuesto desesperadamente imaginativa y la verdadera naturaleza política del tribunal está bien documentada. Su política puede tomar muchas formas. Para un ejemplo de su papel en el patronazgo político, no tenemos que ir más allá de Earl Warren, en un tiempo candidato a la presidencia y gobernador de California, que fue nombrado para el tribunal por Dwight Eisenhower. Está ampliamente aceptado que el nombramiento de Warren fue un pago por su no oposición a la nominación de Eisenhower en la Convención Republicana de 1952. La idea de que de alguna manera Warren se transformó de político en Pensador Profundo después de este nombramiento es en el mejor de los cosas poco convincente. O podríamos señalar al famoso “cambio a tiempo que salvó a nueve” en el que el juez Owen Roberts invirtió completamente su postura legal sobre el New Deal en respuesta a amenazas políticas de la administración de Franklin Roosevelt. De hecho, los jueces del Tribunal Supremo son políticos, que se comportan de la forma en que deberían comportarse según nos dice la teoría de la elección pública. Buscan conservar y expandir su propio poder.
El tribunal, celoso de su poder y reticente a legar sentencias que podrían hacer que le hagan perder prestigio, a veces tiene cuidado de reflejar la opinión mayoritaria independientemente de lo atroz que pueda ser. Para verlo, no tenemos que ir más lejos que a la sentencia de Korematsu vs. The United States, en la que el tribunal declaraba perfectamente legal arrestar a ciudadanos estadounidenses y echarlos a campos de concentración.
El tribunal intenta siempre equilibrar cuidadosamente tanto con el público y con las demás ramas del gobierno federal en las que aumenta continuamente los límites del poder federal sin fastidiar hasta el punto de poner en cuestión su legitimidad entre la mayoría de la población. Naturalmente, el Congreso y la presidencia, ambos en busca de un poder federal ilimitado, no tienen problemas con la mayoría de esto en la mayoría de las ocasiones, excepto quizá en los detalles.
Sin embargo, extrañamente, el tribunal se las arreglado para cultivar una reputación como limitador del poder del gobierno y de que los jueces controlarán al estado porque están obligados, aunque sea de forma imperfecta, para con la Constitución de Estados Unidos. Esto es sin embargo un pensamiento ilusorio llevado al extremo, ya que la Constitución no es más que lo que el Tribunal Supremo dice que es y esto ha quedado bien claro desde que el juez Marshall introdujo por primera vez la revisión judicial en las sentencias del tribunal. Si la Constitución se pensó para evitar el gobierno de los jueces (que puede ser el caso o no), realmente fracasó en su misión. Más aun, el tribunal actuando insertando legitimidad intelectual en leyes y políticas que se crean únicamente por cabildeo de grupos de interés, sobornos políticos e incluso abierta corrupción. Una vez estas leyes reciben el imprimatur del Tribunal Supremo, dejan de ser actos políticos, cuestionables en origen y pasan a tener la vida de una ley y precedente perpetuamente establecidos.
La deferencia del público con el tribunal y sus sentencias es el factor clave en el inmenso poder de este y el mito del tribunal como protector que lo que queda de la Constitución es especialmente poderoso. Pero, como señalaba Ludwig von Mises en Liberalismo, como agente del gobierno federal, idea del tribunal como amigo del gobierno limitado es absurda:
La tendencia a imponer restricciones opresivas a la propiedad privada, a abusar del poder político y a rechazar respetar o reconocer cualquier esfera libre fuera o más allá del dominio del estado está demasiado profundamente arraigada en la mentalidad de quienes controlan el aparato gubernamental de compulsión y coacción como para que puedan ser alguna vez capaces de resistirla voluntariamente. Un gobierno liberal en una contradictio in adjecto. Los gobiernos deben ser forzados a adoptar el liberalismo por el poder de la opinión unánime del pueblo; no puede esperarse que se conviertan voluntariamente en liberales.
Naturalmente, el tribunal no se limita a sí mismo en absoluto, pero sabe sin embargo que está limitado por la opinión pública al menos tanto como cualquier otro. Los arduos esfuerzos del tribunal para mantener un aura de majestad y nobleza intelectual pueden verse en su rechazo a permitir cámaras de televisión en sus sagradas salas o cualquier tipo de observación directa por el público en general. Los jueces visten togas académicas y se sientan en sus altos sillones. Podrían hacer igual de bien su trabajo vestidos de traje, sentándose a la misma altura que cualquier otro. Por supuesto, si fuera así, los jueces solo parecerían los glorificados comisionados de condado que son y la propaganda de guerra del tribunal contra el público es esencial para mantener su inmunidad casi total frente a cualquier supervisión sensata por parte de cualquiera.
Publicado el 13 de mayo de 2014. Traducido del inglés por Mariano Bas Uribe. El artículo original se encuentra aquí.
