El intento de los políticos de ser reelegidos ha impulsado un frenesí en los medios acerca de la “gobernanza corporativa”, aprovechando las quiebras de una serie de empresas como Enron y Worldcom. La nuevas reglas de reporte contable de la industria y el sector financiero se están imponiendo con insensato abandono en Washington.
Pero la clase política que busca asegurarse un nuevo poder que se imponga al sector privado le falta la más mínima comprensión básica de los negocios.
En especial produce temor que un grupo de personas cuya habilidad principal son las peroratas vagas y la zafia recaudación de fondos se consideren cualificados para juzgar los escándalos contables empresariales. Todos los miembros del Congreso son participantes directos en el mayor fraude contable en marcha (el gobierno federal) y nunca han levantado un dedo para ponerlo bajo control.
Ya sea poniendo una enorme cantidad de valores de la Seguridad Social “fuera del presupuesto”, perdiendo miles de millones de dólares en ayuda a Rusia y otros gobiernos extranjeros o gestionando mal cuentas de fondos de inversión para nativos americanos, los federales parecen tener una incapacidad congénita para ser honrados en asuntos financieros públicos.
El propio gobierno es culpable de malversación y corrupción financiera masivas. Incluso las agencia sociales empresariales más responsables de apoyar a Enron (el Ex-Im Bank y la Overseas Private Investment Corp) parecen olvidadas en la actual caza de brujas asociada con la responsabilidad corporativa. La SEC, se nos dice, tiene que ser recompensada con más dinero, personal y poder para dejar de hacer un trabajo desmañado de nuevo.
La misma banda en la capital de la nación que no pudo disciplinar el mal comportamiento ético de Bill Clinton o Gary Condit se digna ahora reestructurar la forma en que todos las empresas disponen sus apuntes financieros. Aun así, durante las audiencias del Congreso sobre Worldcom, resultó evidente que pocos políticos saben algo en absoluto respecto de los negocios.
Un político ignorante, durante su pontificación disfrazada de pregunta, se trabó alpensar en el nombre de cualquier quiebra de alto nivel aparte de Enron (dijo la palabra “y” unas 10 veces antes de renunciar). Otra parecía estar bajo la impresión de que Worldcom había perdido 3.800 millones de dólares, al describir equivocadamente esos 3.800 millones de gastos de operación como gastos de capital. “¿Sabe ahora dónde fue ese dinero?”, preguntaba repetidamente el congresista, mientras el testigo le miraba con asombro.
Todo el comité de la Cámara creía erróneamente que el analista de telecomunicaciones de Salomon Smith Barney, Jack Grubman, ayudó a Worldcom a crear una contabilidad fraudulenta, llamándole como testigo e interrogándole junto a cargos de la empresa. Los analistas de Wall Street no desempeñan ningún papel en preparar declaraciones financieras para empresas. Un político preguntó a Grubman si había aconsejado alguna vez a un inversor vender acciones de Worldcom, sin entender que los analistas investigadores no aconsejan a inversores individuales.
Además, los políticos parecían confusos al descubrir que el propósito principal de los bancos de inversión es conseguir dinero para las grandes empresas, así que generalmente dicen a los inversores qué comprar, no qué vender. Cuando Grubman trató de explicar su trabajo al comité, los confusos congresistas se encolerizaron y le acusaron de eludir sus preguntas. La titubeante congresista Maxine Waters (D-Calif.) se refirió erróneamente a la empresa de Grubman como “Salomon Barney Frank”, mezclando su nombre con el del representante de Massachusetts.
La misma gente que no puede recordar los nombres de grandes empresas pretende saber de contabilidad mientras se pavonean ante las cámaras de televisión. Si estos Solones supieran realmente lo equívoca que era la contabilidad empresarial, indudablemente habrían actuado para corregir el problema antes.
La realidad es que están tan sorprendidos como todos por los escándalos contables que han tenido lugar en meses recientes. No aprueban leyes porque realmente no entienden muy bien la contabilidad. Su mayor ilusión es tener el poder de obligar a las empresas a ser “veraces”.
Los políticos han reclamado que la grandes empresas presenten sus cuentas financieras en “blanco y negro”, sin reconocer ninguna área gris en el reporte de los beneficios de la empresa. Pero en la práctica la contabilidad está llena de áreas grises. Esta es la definición de libro de contabilidad devengada. Implica contabilizar las consecuencias esperadas en caja de actividades de negocio en forma de ingresos o gastos. Si se usara una contabilidad de caja más “precisa”, las empresas no serían capaces de comparar sus rendimientos económicos en distintos periodos. Su información contable sería más precisa, pero sería inútil para la gente externa.
El “principio de correlación” de la contabilidad dice que los gastos deberían reconocerse en el periodo en que se reconoce el ingreso que generan, salvo que los gastos no puedan estarse razonablemente aún. A veces, el valor de los gastos es difícil de definir o el valor se extiende durante varios periodos contables. Los activos empresariales se están haciendo cada vez más difíciles de valorar, ya que consisten en intangibles, como contenido intelectual, fondos de comercio y ventajas de red. ¿Quién si no es la dirección puede estimar razonablemente esas cosas?
Ignorantes de las realidades de la contabilidad, los afectados políticos están ahora tratando de controlar centralizadamente los estándares contables corporativos. Ya con estándares contables abiertamente rígidos (producto de esfuerzos reformadores públicos pasados) han creado los problemas que vemos ahora. En el pasado, los reportes financieros se basaban en principios amplios, que eran relativamente fáciles de aplicar. Los estándares contables internacionales y británicos se siguen basando en principios amplios que rigen las situaciones básicas. Lo hacen bajo la teoría de que las reglas detalladas son demasiado fáciles de eludir. La contabilidad basada en principios funciona bien, pero la proliferación de demandas, combinada con el celo regulatorio de la SEC, ha hecho que los auditores abandonen esa aproximación.
La SEC trata ahora de imponer normas para tratar con casi toda situación ambigua, para evitar cualquier fraude o representación equívoca posibles. El gobierno ha presionada al Financial Accounting Standards Board (FASB), un cuerpo regulatorio supuestamente privado, para adaptar normas excesivamente complejas y confusas.
Igual que las leyes que prohíben el alcohol, las normas contables excesivamente rígidas se eluden con facilidad. Algunas empresas las eluden para mejorar la precisión, mientras que otras lo hacen para inflar artificialmente sus ganancias. Par lo bueno y para lo malo, alterar ligeramente la naturaleza de una transacción puede generar una serie única de circunstancias no cubiertas por las normas contables exageradamente concretas. Esto explica por qué apuntes financieros equívocos pueden cumplir totalmente con los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados (PCGA).
La discreción directiva asegura que la contabilidad siempre será inexacta. Aun así, recortar la discreción directiva solo puede generar menos contabilidad informativa. Algunas empresas se crean una reputación por su capacidad de previsión. Otras desarrollan una reputación por “perder” sus números. A veces, la precisión en la previsión no se hará evidente durante varios trimestres o incluso años. Para reguladores y políticos, pretender otra cosa es una completa tontería.
Como el gobierno de EEUU está aumentando la regulación de los estándares contables, la calidad de las ganancias sufrirá en la realidad. Con la amenaza de investigaciones y demandas de la SEC, ninguna empresa será capaz de hacer previsiones o suposiciones arriesgadas en sus informes financieros. Por tanto, las previsiones y suposiciones internas que la empresa use realmente en su planificación interna estarán completamente excluidas de la explicación y análisis directivos de sus propias cuentas. La información que es potencialmente valiosa para inversores tenderá a no divulgarse, para que las previsiones no estén ligeramente defectuosas o se hagan a destiempo. Los CEO no quieren ser perseguidos penalmente por posibles errores de sus empleados.
La clase dirigente está lista para amasar tremendos nuevos poderes sobre la contabilidad. Como no entiende de contabilidad ni aplica a sí misma ningún tipo de estándares contables, ni siquiera se da cuenta de cómo sus reglas no harán sino empeorar las cosas. Cuando aparezcan las consecuencias no deseadas, cabe esperar que los políticos hagan demagogia sobre el tema y propongan controles regulatorios aún más estrictos. Entienden poco de negocios, pero sí entienden que más regulación equivale en definitiva a más contribuciones a sus campañas.
Publicado el 31 de julio de 2002. Traducido del inglés por Mariano Bas Uribe. El artículo original se encuentra aquí.
