El nuevo libro del investigador asociado James T. Bennett, Unfunded Mandates: How Congress Forces States and Localities to Do Its Bidding and Pay for the Privilege, explora las muchas maneras en que el gobierno de Estados Unidos ha expandido el derecho federal en muchos asuntos en un tiempo considerados estrictamente locales. El Dr. Bennett habló recientemente con el Instituto Mises acerca de su investigación.
¿Qué son los mandatos federales?
James Bennett: Un mandato federal obliga a gobiernos estatales o locales a llevar a cabo alguna acción que los políticos federales consideran deseable. Los mandatos no financiados se producen cuando el gobierno federal proporciona financiación inadecuada o nula para llevar a cabo los dictados federales, de forma que los políticos estatales y locales deben hacer lo que manda el Congreso y pagar por el privilegio.
¿Es algo nuevo que hacen los federales o ha venido ocurriendo desde el principio?
James Bennett: El uso de mandatos federales para guiar la política estatal fue en todos los sentidos una innovación del siglo XX que creció al mismo tiempo que el estado central. Al expandirse Washington hasta un tamaño y ámbitos previamente inimaginables con la “Gran Sociedad”, lo mismo hizo su poder de ordenar a jurisdicciones inferiores. Antes se aceptaba genéricamente una presunción en contra de mandatos federales coactivos impuestos a estados y localidades por parte de políticos de todo tipo.
¿Cómo se han implicado los grupos de interés en la creación de mandatos?
James Bennett: Los grupos de interés están siempre agitando la agenda política para promover sus ideas e imponerlas a todos los demás. Por ejemplo, aumentando la edad para consumir bebidas alcohólicas hasta los 21 años fue algo defendido por el Insurance Institute for Highway Safety, Mothers Against Drunk Driving, el National Safety Council, la American Medical Association, y la PTA. Después de todo ¿quién podría defender conducir estando borracho?
Usted menciona REAL ID como ejemplo de un intento fracasado en un mandato.
James Bennett: REAL ID es el intento post-11-S del gobierno federal de nacionalizar en la práctica la responsabilidad histórica estatal de emitir permisos de conducir. Los federales ofrecieron concesiones modestas e inapropiadas a los estados para cubrir el coste de cumplir los nuevos requisitos nacionales para la emisión de permisos de conducir. Pero REAL ID es asimismo y ejemplo de resistencia con éxito a nivel estatal ante un mandato federal no financiado. Aunque no ha sido derogado, una vigorosa acción anti-REAL ID por defensores de la privacidad, así como de opositores a los mandatos no financiados ha dejado la ley por ahora en una especie de limbo operativo. La ley sigue en los códigos, pero ha sido básicamente ignorada, a pesar de amenazas y sanciones que nunca han sido impuestas.
¿Qué han dicho los tribunales acerca de estos mandatos?
James Bennett: Algunos mandatos se basan en una “ayuda condicional”. Es decir, los estados deben obedecer las órdenes del Congreso o renunciar a la generosidad federal (por ejemplo, un porcentaje de su dinero federal en carreteras). La ayuda condicional generalmente ha tenido un pase en los tribunales federales. Después de todo, como han observado lo jueces federales, los estados siempre podrían rechazar aceptar la ayuda federal, en cuyo caso no están obligados por las condiciones asociadas a ella. (Pero trata de encontrar un estado cuyos políticos rechacen realmente dólares federales). Sin embargo, más recientemente, los tribunales federales han mostrado destellos de simpatía por los argumentos descentralistas basados en la Décima Enmienda de la Constitución.
¿Cómo se implantan los mandatos? ¿Son una forma de huir del federalismo?
James Bennett: La legislación, a menudo defendida por grupos de interés, es aprobada por el Congreso. Estas leyes requieren que los gobiernos estatales obedezcan las directivas del Congreso o se atengan a las consecuencias; por ejemplo, rebajar los límites de velocidad a 55 millas por hora o perder financiación para carreteras. Así se impone una “solución” federal de talla única en toda la nación para algún “problema” percibido. Aunque un límite de velocidad de 55 m/h podría funcionar razonablemente bien en Rhode Island, en general, en estados con baja densidad de población (Montana y Wyoming, por ejemplo), un límite como ese es ridículo. La Décima Enmienda de la Constitución reserva a los estados individuales todos los poderes no otorgados específicamente al gobierno federal. Así que los mandatos no financiados violan la Décima Enmienda.
La cláusula de gasto dentro del Artículo 1, Sección 8, ha proporcionado mucha de la cobertura necesaria para la vasta expansión del ámbito federal, incluyendo su uso de mandatos. Reza: “El Congreso tendrá poder de dictar y recaudar impuestos, tasas y contribuciones, de pagar las deudas y proporcionar la defensa común y bienestar general de Estados Unidos, pero todos los impuestos, tasas y contribuciones deberán ser uniformes en todo Estados Unidos”. Fíjese bien: la “cláusula de gasto” no usa en ninguna parte la palabra gasto. Se dice que ese poder está implícito. Pero las interpretaciones cautelosas de esto en la primera república impedían que el gobierno federal asumiera actividades como la subvención de canales, puentes y caminos. Desde la década de 1960, una interpretación amplia ( de hecho, prácticamente infinitamente elástica) de lo que puede hacer el gobierno federal para promover el “bienestar general” ha disminuido los derechos de los estados y transferido el poder al gobierno federal.
¿Ha habido casos en que la resistencia a los mandatos haya ocasionado una derogación?
James Bennett: El gobierno federal, a través de la Ley Nacional de Seguridad en Carretera de 1966, condicionaba la financiación federal de carreteras a una adopción estatal de un casco obligatorio para los motociclistas. Aquellos estados que no adoptan la medida perderían el 100% de sus fondos federales de seguridad en carretera y un 10% de sus fondos federales para la construcción de carreteras. Los motociclistas, hablando a través de la American Motorcycle Association (la otra AMA) y la más poderosa A Brotherhood Against Totalitarian Enactments (ABATE), protestaron por la imposición del mandato nacional. Condujeron en masa hacia la capital de la nación en junio y septiembre de 1975 para presionar para la abolición del mandato nacional del casco en motocicletas. Los motociclistas, siguiendo una acción directa y llevando la lucha directamente a los mandatarios, demostraron la potencial de una manifestación anti-mandato. El Congreso derogó el mandato legal del casco en motocicletas con la Ley de Seguridad en Carretera de 1976. Luego llegaron las derogaciones, estado por estado. Algunos tribunales estatales acabaron con las leyes del casco. Actualmente, 19 estados y el Distrito de Columbia obligan a llevar a casco a a todos los motociclistas, mientras que 28 estados obligan a algunos motoristas (normalmente los de 17 años o menos) a llevar casco y 3 estados (Illinois, Iowa y New Hampshire) no requieren el uso de casco.
Publicado el 8 de julio de 2014. Traducido del inglés por Mariano Bas Uribe. El artículo original se encuentra aquí.
