Este artículo fue extraído del libro Crimen Organizado, escrito por Thomas DiLorenzo y traducido por Juan José Gamón Robres. Descarga el libro aquí.
El índice Dow Jones de valores industriales estaría varios miles de puntos por encima de no ser por las regulaciones gubernamentales que obligan a las empresas a distraer incontables recursos y a dedicar mucho tiempo a tratar con los reguladores del gobierno en vez de a crear nuevos productos y servicios y a reducir costes y precios para obtener o aumentar sus beneficios. Siendo que la futura rentabilidad esperada es el ingrediente más importante de los precios de las acciones, la regulación destruye el valor de las acciones.
La regulación estatal ha transformado a las corporaciones norteamericanas, que de ser empresas emprendedoras se han convertido en lentas burocracias monstruosas. Como escribió Ludwig Von Mises en “Liberalism”:
La burocratización de las empresas privadas que vemos hoy por doquier es puramente el resultado del intervencionismo, que las obliga a tener en cuenta factores que, si ellas pudieran determinar libremente sus propias políticas, estarían lejos de tener papel alguno en la dirección de sus negocios. Cuando el afectado debe rendir pleitesía a los prejuicios políticos y a toda clase de sensibilidades para evitar verse continuamente hostigado por varios órganos del Estado, pronto se da cuenta de que ya no se encuentra en posición de asentar sus cálculos sobre el sólido terreno de las pérdidas y de los beneficios.
Mises escribió ese pasaje en 1962 cuando el gobierno era minúsculo si lo comparamos con el Estado Leviatán omnipotente de hoy. Con la densa niebla de las normativas y regulaciones, los Tribunales y las agencias regulatorias han vaciado de contenido tres de los más importantes ingredientes del capitalismo: la propiedad privada, la libertad contractual y la libertad de asociación. Gracias a los controles derivados de las reglamentaciones, que en América afectan a todas las empresas, hoy los derechos de propiedad verdaderamente privados apenas existen ya en el mundo de los negocios.
El volumen de reglamentaciones gubernamentales que afectan a las empresas nubla la mente. Cada año, el “Competitive Enterprise Institute” (“Instituto para la competitividad de las Empresas”) de Washington D.C. publica “Ten Thousand Commandments” (“Diez mil mandamientos“) (publicado por Clyde Wayne Crews, Jr.), un inventario de las regulaciones federales. La edición del año 2011 de esa publicación mostraba que el coste económico que para las empresas suponía tener que cumplir con las normas federales se estimaba en 1.752 billones de dólares, un importe equivalente al 50 por ciento de la totalidad del presupuesto federal para ese año. Ese importe supera al beneficio empresarial acumulado antes de impuestos y equivale a casi el doble de la recaudación del Impuesto sobre la Renta de ese ejercicio fiscal. Hay más de 80.000 páginas de normativa impresa en letra pequeña listada en el Federal Register, con no menos de 58 agencias federales dedicadas a añadir diligentemente miles de nuevas reglamentaciones cada año. El gobierno estatal y los gobiernos locales han de hacer cumplir miles de páginas de nuevas regulaciones cada año.
Obviamente, las empresas norteamericanas han de dedicar mucho tiempo y tienen que gastar miles de millones de dólares para realizar el trabajo burocrático que le exige el gobierno y cumplir con sus reglas y normativas en vez de concentrarse en fabricar productos mejores y más baratos. Los beneficios se ven mermados, los puestos de trabajo destruidos, o nunca se llegan a crear, y los precios de las acciones se estancan. La inseguridad que los continuos nuevos edictos gubernamentales inducen sobre los derechos de propiedad conduce a los inversores a tener mucha menos certeza respecto del valor de los contratos que formalizan, ya que las reglas y regulaciones están cambiando constantemente y, a veces, parecen de otra galaxia.
Por lo general, las regulaciones gubernamentales logran muy poco, si es que llegan a producir beneficio alguno para los consumidores en cuyo nombre son promulgadas. Esa fue la conclusión a la que llegó el premio Nobel Ronald Coase, quien siendo profesor de Derecho de la Universidad de Chicago publicó durante muchos años el prestigioso “Journal of Law and Economics” en una época en la que la revista publicaba cientos de artículos académicos sobre los efectos de las regulaciones. Tras editar y publicar cientos de esos estudios, el Profesor Coase (en “Large Corporations in a Changing Society” que publicó J.F.Weston) concluyó que:
En los últimos quince años o así, especialmente en los Estados Unidos, se han hecho más estudios serios sobre las normas que afectan a las empresas que en todo el período anterior. Esos estudios han sido tanto cuantitativos como no-cuantitativos … la principal lección a extraer de esos estudios es clara: todos tienden a sugerir que la regulación o bien no es efectiva o bien cuando tiene un impacto apreciable, en general, el efecto producido es malo, de forma que los consumidores reciben un producto peor o uno más caro, o ambas cosas a la vez, a resultas de aquélla. En efecto, ese resultado es tan uniforme que lleva a plantear un enigma: uno esperaría encontrarse en todos esos estudios por lo menos algunos programas gubernamentales que hiciesen más bien que mal.
Las universidades que cuentan con Facultades de Ciencias Empresariales o Económicas (Escuelas de Negocios) raramente enseñan nada en especial sobre emprendimiento o acerca de las virtudes del libre mercado o, en general, del capitalismo. Pero ofrecen numerosos cursos sobre “legislación Mercantil”, “legislación Administrativa”, “Ética de los negocios” y “Responsabilidad Social Corporativa”. Todos esos cursos van destinados a enseñar a los alumnos cómo convertirse en buenos burócratas corporativos que no se limiten a lograr resultados económicos y que, en cambio, presten colaboración a la míriade de agentes del Estado. Hasta la Contabilidad se enseña según los dictados de la “Securities and Exchange Commission” (SEC). A consecuencia del dominio que los reguladores del gobierno ejercen sobre todas las empresas, cada vez un mayor número de sus altos ejecutivos tienen formación de abogados, lobistas [1] o publicistas, las herramientas de la manipulación gubernamental, en vez de una formación en fabricación e ingeniería.
La regulación también ha destruido la libertad de expresión en el mundo empresarial. Muy poca gente de las empresas se atreverá a hablar mal de las leyes por miedo a represalias en forma de nuevas regulaciones, inspecciones fiscales y otras formas de acoso gubernamental. Muchas empresas norteamericanas están tan intimidadas por el Estado regulador que donan miles de millones de dólares a grupos de activistas políticos que presionan para que se aprueben todavía más regulaciones al tiempo que defienden una todavía mayor intervención estatal. El “Centro de Investigación del Capitolio” (“Capitol Research Center”) en Washington, D.C. estimó que por cada dólar que las grandes empresas americanas gastan en fines filantrópicos y destinan a organizaciones pro-empresa como el Instituto Mises, entregan tres dólares a organizaciones que son hostiles a las empresas o anti-empresa. Algunas de ellas aparentemente creen que están “comprando” la buena predisposición de los reguladores, pero están en realidad entregándoles la “cuerda” con la que el Estado las colgará económicamente. Otras son solamente víctimas de extorsiones protagonizadas por grupos activistas de izquierda.
La burocracia federal es completamente incapaz de gestionar su propio presupuesto y menos aún las decisiones presupuestarias de las miles de empresas privadas. Es notorio que las empresas públicas son poco diligentes, ineficientes y corruptas. La idea misma de que el gobierno pueda asumir las decisiones empresariales de los miles de empresas privadas es una broma que está destruyendo el capitalismo en América.
[1] Véase la nota anterior respecto de la palabra inglesa lobby y lobbies.
Traducido del inglés por Juan José Gamón Robres – mailto: juanjogamon@yahoo.es.
